COP 29: otro fracaso de la diplomacia ambiental y un retroceso histórico para Argentina
La nueva edición de la Conferencia de Cambio Climático resultó un fracaso en su objetivo de incrementar los fondos de los países desarrollados para la acción climática y abrió las puertas a las empresas para avanzar en falsas soluciones como los mercados de carbono. Las propuestas campesinas e indígenas quedaron de lado. Argentina retiró su delegación y marcó la agenda negacionista, a contramano de la región.
La edición 29 de la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP29) emitió un documento final calificado como “fracaso” por parte de las organizaciones de la sociedad civil, por haber sellado un acuerdo de financiamiento de acción climática para los países subdesarrollados muy por debajo de lo solicitado. Las negociaciones sí resultaron un paso adelante para las empresas y Estados del Norte global que impulsan las “soluciones basadas en la naturaleza” y en “mercados de carbono”; dos formas de ampliar los negocios sin modificar el modelo de acumulación y explotación sobre el Sur global. La mirada campesina e indígena, la solución mediante el cuidado de la biodiversidad y la agroecología quedaron marginadas del debate.
Por su parte, el presidente Javier Milei dejó su marca al retirar a la delegación argentina de las negociaciones, en un hecho que las organizaciones socioambientales del país marcaron como “un retroceso histórico en materia de política ambiental y climática”. En un documento firmado por más de medio centenar de organizaciones socioambientales, le exigieron a la Casa Rosada “cumplir de manera plena con los compromisos asumidos tanto a nivel nacional como internacional con el Acuerdo de París, el cual ha sido ratificado mediante Ley Nº 27.270, y rechazamos cualquier intento o iniciativa que implique el apartamiento del mismo”.
La COP 29 se desarrolló en Bakú, capital de Azerbaiyán. Por ser anfitrión, el país asiático presidió las negociaciones, con la particularidad de que su economía depende abiertamente de la explotación de petróleo –más del 80 por ciento de sus exportaciones–. La reducción drástica del uso del combustible fósil es el objetivo principal que hace años señala el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para evitar quebrar la barrera de superar en un 1,5 °C la temperatura global, en relación a la era preindustrial, para evitar un espiral drástico de fenómenos climáticos que ya ocurren: sequías, inundaciones, olas de calor, aumento del nivel del mar. Una paradoja similar ocurrió el año pasado en la COP 28, presidida por Emiratos Árabes, una monarquía petrolera.
Respecto del rol cumplido por el país anfitrión, la organización Amigos de la Tierra denunció que el cierre de la COP 29 resultó “un acuerdo ‘in extremis’, bajo la presidencia azerí que ha hecho halago de una falta de democracia imperante desde el primer día, con el beneplácito de los países del Norte Global”. Y agregó: “resulta inadmisible que los mismos países que se han opuesto a una financiación acorde a las necesidades de los países del sur global y a las responsabilidades diferenciadas, están alimentando el genocidio en Palestina, con un gasto militar exacerbado”.
Para la Campaña Global ‘Demandando Justicia Climática’ –según la crónica compartido desde Bakú por Comunidad Planeta, proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) e integrado por la agencia IPS– “los países desarrollados han demostrado que prefieren financiar guerras, conflictos, genocidios y subsidiar combustibles fósiles antes que proveer el urgente dinero para el clima”.
Financiamiento en cuentagotas para los países subdesarrollados frente a la crisis climática
La COP 29, que finalizó oficialmente el sábado 23, había sido calificada como la de la “financiación climática”. El principal objetivo que se esperaba era alcanzar un acuerdo, entre los 200 países integrantes del Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático —creado en 1992—, sobre un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG) que ampliara los 100 mil millones anuales que los países desarrollados —responsables del 80 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)— deben aportar para paliar los efectos de la crisis climática en los países subdesarrollados.
Desde el Acuerdo de París, en 2015, la base de financiamiento para la acción climática es de 100 mil millones de dólares anuales y, en Bakú, la expectativa de los países subdesarrollados, en particular los de América Latina y África, era multiplicarlo diez veces; para alcanzar la cifra de 1,3 billones de dólares. La cifra, según datos del Fondo Monetario Internacional, coincide con las subvenciones a la producción y el consumo que tuvieron los combustibles fósiles en 2022.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado en el documento final fue de 300 mil millones anuales para 2035, con el objetivo de “hacer esfuerzos” para llegar a los 1,3 billones. La COP 29 debía finalizar el viernes 22, pero los negociaciones se extendieron porque los países desarrollados habían ofrecido primero 200 mil millones y luego ascendieron a 250 mil millones; hasta llegar al acuerdo final de 300 mil millones anuales, sin asegurar que se contará con ese monto a partir del año próximo, si no hasta 2035.
La reacción más compartida por los negociadores de los distintos países del Sur global la dio el Diego Pacheco, delegado de Bolivia: “¿Es un chiste?”, lamentó al conocer las cifras en danza para el que había sido señalado como el principal objetivo de la conferencia y la reacción se transformó en meme entre los negociadores de la conferencia, según reportaron PxP y la agencia IPS. Carola Mejía, coordinadora de justicia climática de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latinidadd), graficó otro punto crítico del acuerdo: “Para muchos países vulnerables, esperar hasta 2035 podría significar la diferencia entre supervivencia y devastación”.
“Fracaso”, “débil”, “míope”, “desilusión” fueron algunos de los calificativos de las organizaciones de la sociedad civil tras la firma del documento final en el estadio Olímpico de Bakú. “Es como aceptar que alguien necesita un depósito lleno de agua para sobrevivir, darle un cuentagotas y decirle: ‘¡Buena suerte!’”, graficó Fred Njehu, estratega político panafricano de Greenpeace África, según reportó la agencia alemana DW.
Por su parte, la responsable de Política Climática de la argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Camila Mercure, sentenció: “Los países en desarrollo ya se enfrentan a los impactos de la crisis climática y no están en condiciones de hacer frente a las pérdidas y los daños, ni a las medidas de adaptación, sin una financiación de buena calidad y en cantidades adecuadas. Muchos países del Sur global ya están endeudados y no están en condiciones de financiar la adaptación a una crisis climática que ellos mismos no han provocado”.
Desde la organización Amigos de la Tierra, en el comunicado emitido tras conocer el documento final, sentenciaron: “El texto final destruye la noción de responsabilidad histórica de los grandes países contaminantes, pilar del Acuerdo de París, además de impulsar la financiación privada. Esta última endeudará todavía más a los países del Sur global, que quedan desamparados ante los efectos más devastadores de una crisis que no han provocado”, sentenció la organización Amigos de la Tierra en un comunicado al cierre del encuentro, al que calificó de “vergonzoso”.
En ese mismo tono, el jefe de la delegación de Greenpeace en la COP29, Jasper Inventor, calificó de “decepcionante” y un “fracaso” el resultado final, por lo que aseguró que “la gente está harta, desilusionada”. Sin embargo, sostuvo la expectativa de poder “corregir” las metas en la COP 30, que ocurrirá el año próximo en Belem, Brasil.
Mercados de carbono y otras falsas soluciones
En sus conclusiones finales sobre el acuerdo alcanzado en la COP 29, Amigos de la Tierra denunció: “criticamos las medidas adoptadas en materia de mercados de carbono y responsabilizamos a los países del Norte Global de llevar a las comunidades del Sur hacia el colapso”. La organización precisó que este acuerdo quedó sellado con la plena operatividad del artículo 6 del acuerdo, sobre mercados de carbono, que habilita a los gobiernos “a cumplir sus objetivos en materia de mitigación a través de falsas soluciones, en vez de reducir de forma real sus emisiones, y a las empresas contaminantes sus objetivos corporativos de lavado verde mientras continúan con sus emisiones fósiles”.
La organización marcó la responsabilidad de la Unión Europea a la hora de ceder ante “las presiones de Estados Unidos y dar rienda suelta a las peticiones de grandes corporaciones”. “Estas falsas soluciones van desde proyectos de geoingeniería como los sistemas de captura y almacenamiento de carbono tanto terrestre como en los océanos, así como ciertos tipos de soluciones basadas en la naturaleza”, denunció Amigos de la Tierra.
Respecto de los proyectos que podrían avanzar a partir de este acuerdo alcanzado en Azerbaiyán, Amigos de la Tierra apunta que se trata de un total de 1.700 proyectos anteriores, a través del Protocolo de Kioto, la mayoría de ellos cuestionados por la propia Comisión Europea y subraya: “Todos ellos serán llevados a cabo en los países del Sur”.
Como saldo positivo, desde Greenpeace se valoró que “se haya reafirmado el compromiso del año pasado por el que se pedía a todos los países una transición para dejar atrás los combustibles fósiles”. Aunque, a diferencia de lo que ocurrió con los mercados de carbono y la “soluciones basadas en la naturaleza”, esta ratificación ocurrió “sin avances”, sinceró la organización ambiental.
Un punto central en el compromiso para dejar atrás los combustibles fósiles estaban en las negociaciones sobre los llamados “minerales críticos”, se denomina así al litio, el cobre, el níquel, el cobalto y las tierras raras, codiciadas por los países desarrollados en su carrera hacia la “transición energética” y la industria de la movilidad eléctrica. Otra vez, el modelo de transición es impuesto por los países del Norte global, mientras que el Sur global, América Latina y África, son los países que cuentan con los grandes yacimientos de estos minerales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó en la capital azerí un informe que contiene una serie de principios que buscan asegurar que los países y las comunidades locales que poseen estos minerales se beneficien “económicamente e incluyan valor local, al mismo tiempo que se protegen los derechos sociales y ambientales de esas comunidades”.
Sin embargo las preocupaciones de las comunidades del Sur global por el avance de la “transición energética” estuvieron representadas en la Zona Azul del Estadio Olímpico de Bakú, por los delegados de la sociedad civil, las comunidades indígenas y campesinas, mientras que en la Zona Verde, continuaron tomando decisiones los delegados gubernamentales. Un contrapunto que fue bien cronicado por la agencia IPS para hacer oír las voces de los pueblos latinoamericanos que reclamaron en la COP 29 por una transición justa.
“Nos preocupa que haya una desconexión entre la transición energética de los países desarrollados y los territorios que les proveen minerales críticos”, explicó a IPS Camila Mercure, especialista en Cambio Climático de la argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y advirtió: “Las comunidades de Argentina donde se extrae litio para las baterías dependen de los combustibles fósiles para tener electricidad. Eso no puede seguir pasando. La transición energética que propone el combate al cambio climático sólo puede tener éxito si es justa”.
Las soluciones campesinas e indígenas, otra vez silenciadas en la COP 29
“El resultado final ha sido una puerta abierta de par en par a tecnologías arriesgadas y no probadas que no reducirán emisiones, sino que causarán estragos en las comunidades campesinas e indígenas con mayor impacto en la vida y cuerpos de las mujeres”, sentencia el comunicado de Amigos de la Tierra sobre el avance en mercados de carbono y otras soluciones “basadas en la naturaleza” sin escuchar los reclamos de las comunidades.
Como ejemplo, la organización ambiental señala que “la aprobación de los esquemas de compensación de carbono significa acaparamiento de tierras, expulsión las comunidades campesinas y pueblos indígenas, violación de derechos humanos, violencia de género, pérdida de biodiversidad y amenaza a la soberanía alimentaria”.
Desde PxP también señalaron esta “ausencia sin aviso” y subrayaron que la conferencia de la partes de Azerbaiyán pareció olvidar rápidamente los diálogos diplomáticos alcanzados en Colombia, durante la COP 16 de la Biodiversidad, que finalizó tan solo dos semanas antes. “La biodiversidad, la alimentación y los derechos de los pueblos indígenas están llamativamente ausentes en el texto. Una decisión difícil de entender en un año en que no sólo está habiendo negociaciones climáticas, aquí en Bakú, sino en que antes tuvo lugar la COP16 de Biodiversidad”, marcaron.
“En los últimos textos sobre el clima no se mencionan prácticamente los ecosistemas ni los sistemas alimentarios. Los sistemas alimentarios son casi un tercio de las emisiones, y la naturaleza podría ser el 40 por ciento de la solución de mitigación para 2030. No hay Acuerdo de París sin acción sobre la alimentación y la naturaleza,” apuntó Oscar Soria, director de Iniciativa Común, citado por PxP.
En esa línea, La Vía Campesina también hizo pie en la COP 29 para marcar posición y recordar las propuestas que desde el campesinado y las comunidades indígenas existen para hacer frente al cambio climático. “Para abordar la crisis climática de manera significativa, debe haber un cambio radical en cómo se organizan las políticas climáticas globales. Esto significa desmantelar el control corporativo de la agenda climática y asegurar que se escuchen y respeten las voces de los Pueblos Indígenas, los pequeños productores y otras comunidades marginadas”, denunciaron.
El pronunciamiento de La Vía Campesina no se queda solo en la denuncia sobre la diplomacia ambiental que favorece a los países del Norte global y las iniciativas empresariales, si no que recuerda: “Promovemos y practicamos la agroecología como un sistema agroalimentario sostenible capaz de producir alimentos saludables en armonía con la Madre Tierra para todas las personas, como una ciencia arraigada en el conocimiento ancestral y popular, como un movimiento social donde nos organizamos colectivamente con disciplina en la diversidad que nos reconoce, y como una forma de vida donde nos aseguramos de estar fundamentados en principios y valores que respetan los modos y leyes de la Naturaleza”.
Milei, a contramano de la posición latinoamericana sobre cambio climático
La COP29 no tuvo gran presencia latinoamericana. Los presidentes de la región no asistieron a Bakú, cuando la cumbre comenzó el 11 de noviembre y solo participaron algunos ministros de Ambiente, como la de Brasil, Marina Silva; la de Colombia, Susana Muhamad; el de Costa Rica, Franz Tattenbach; y el de Uruguay, Robert Bouvier. Las ausencias de los jefes de Estado de Colombia, Gustavo Petro; y de Brasil, Lula Da Silva —que sostienen, con debates y contradicciones, discursos y políticas para hacer frente al cambio climático y las asimetrías Norte-Sur— quedaron matizadas por su presencia en otros dos encuentros internacionales que ocurrieron en la previa o en simultáneo.
Petro fue el anfitrión de la COP 16 de la Biodiversidad, en Cali; donde el país sudamericano logró acuerdos e impulsó compromisos a futuro. Entre los logros, con bemoles, se anotó el Fondo de Cali; un mecanismo que establece que las empresas de la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria que utilizan información de secuenciación digital (DSI) en sus productos deben contribuir con el 1 por ciento de sus beneficios o el 0,1 por ciento de sus ingresos anuales al fondo. Este mecanismo busca compensar a los países en desarrollo, y en particular a los comunidades indígenas como guardianas de los ecosistemas, de donde se extraen el material genético de plantas, animales y microorganismos; pero solo se consiguió que sea de forma “voluntaria” y para empresas con altos ingresos.
Otro punto evaluado como positivo por la diplomacia ambiental fue la incorporación, con posición permanente, para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el grupo de trabajo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). En tanto, Colombia impulsó junto a La Vía Campesina la realización de la Segunda Conferencia de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR +20), en 2026; y se comprometió a presentar en la COP 30, un un Acuerdo Global para la Trazabilidad y Comercialización en la Cadena de Suministro de Minerales.
Por su parte, Lula fue anfitrión del G20 en Río de Janeiro –entre el 18 y 19 de noviembre–, donde propuso la creación de un Consejo de Cambio Climático en la ONU, exigió el reconocimiento del rol del pueblos indígenas y las comunidades campesinas; como preámbulo a lo que será la COP 30 en Belém, puerto de ingreso al Amazonas. “La COP30 será nuestra última oportunidad para evitar una ruptura irreversible en el sistema climático”, sostuvo el jefe de Estado brasileño durante su intervención en el G20.
Entre la diplomacia y la realidad de una crisis climática presente; Petro tuvo que suspender su viaje a Azerbaiyán por el “colapso climático” ocurrido en el departamento colombiano de Chocó, donde las lluvias del 10 de noviembre dejaron al 80 por ciento de su territorio bajo el agua. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia precisaría, al menos, 159 millones de dólares para atender a las familias damnificadas.
Los jefes de Estado de la región que sí estuvieron en la COP 29 fueron varios de los pequeños estados insulares del Caribe, amenazados por la realidad del incremento del nivel del mar. Entre ellos, el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, quien como reportó la agencia IPS, hizo su descargo en Azerbaiyán: “¿Para qué volvemos a estos foros año tras año con los mismos llamados, sólo para escuchar promesas que luego no se cumplen? ¿Por qué todavía estamos hablando en vez de actuar? Nuestros pueblos están perdiendo la paciencia. Estamos exhaustos por la inacción”.
A contramano de estas realidades, de estos debates diplomáticos internacionales, se posicionó el gobierno argentino.
Retroceso ambiental histórico y otro papelón diplomático
El presidente Javier Milei decidió retirar a la delegación argentina de Bakú, pero la particularidad estuvo en el contexto elegido para acelerar el negacionismo. La representante argentina elegida para el viaje fue la subsecretaria de Ambiente, Ana Vidal Lamas; quien sí había participado de la COP 16 en Calí, donde Argentina incluso presentó su Estrategia y Plan de Acción. Incluso, cuando Milei asumió el 10 de diciembre de 2023, mantuvo a la delegación argentina en la COP 28, que finalizó dos días después.
La COP 16 de la Biodiversidad ocurrió en Cali hasta el 1 de noviembre, cuando Lamas le confirmó al medio Dialogue Earth, que asistiría a Bakú: “No vamos a ser súper proactivos, pero cumpliremos con lo que hay que cumplir”. El 6 de noviembre, en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales. En su primer mandato, entre 2016 y 2020, Trump retiró a su país del Acuerdo de París, de acuerdo a su negacionismo climático, y prometió hacerlo nuevamente. Desde entonces, Milei avanzó en soledad –incluso sin Estados Unidos, aún bajo la presidencia de Joe Biden– en su batalla cultural contra los acuerdos en la ONU e imponiendo su agenda para la derecha internacional.
El 11 de noviembre, fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General sobre el compromiso de proteger y promover los derechos de las comunidades indígenas en acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas. Tres días después, la Cancillería, en manos de Gerardo Werthein, repitió su oposición única a una resolución que expresaba la preocupación por la creciente utilización de los medios y plataformas digitales para socavar los derechos de las mujeres y niñas.
Las decisiones parecen marcar un camino de acción en el que no se descarta acompañar a Trump en su apartamiento del Acuerdo de París. En ese sentido, tras el anuncio de que Argentina se retiraba de la COP 29, el comunicado de las organizaciones socioambientales argentinas advirtió ese camino posible y le recordó a la Casa Rosada, que el Acuerdo de París fue ratificado por ley en el Congreso.
En la carta pública, también marcan que la decisión de abandonar las negociaciones climáticas, además de no haber sido explicada, constituye “una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (Ley 27.520/19) votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el artículo 41 de la Constitución Nacional”.
“Argentina es un país que sufre de manera directa las consecuencias que produce el cambio climático con eventos cada vez más severos y frecuentes como las sequías, los incendios, inundaciones y la destrucción de bosques y de biodiversidad, que han generado pérdidas de vidas humanas y daños de todo tipo, principalmente en la población más vulnerable”, apuntaron en el comunicado conjunto organizaciones como Amnistía Internacional, Abogados Ambientalistas, Consciente Colectivo, Fundeps, Fundación Vida Silvestre, Plurales, Tierra Nativa, Redaf, entre otras.
El camino a seguir por la Argentina podrá comprobarse en febrero –con Trump ya sentado en la Casa Blanca–. Según los plazos acordados en el Acuerdo de París, el país deberá presentar la tercera ronda de su NDC. Incluso si Milei permanerciera dentro del Acuerdo de París, el cumplimiento del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a 2030, presentado durante la COP27 por la gestión de Alberto Fernández, es un documento sin certeza sobre su implementación; según denunció FARN que tiene presentado un pedido de acceso a la información para saber sobre el grado de aplicación.
Si está en duda la presentación y cumplimiento de sus compromisos ambientales, a nivel nacional, la Casa Rosada ni siquiera está comprometida en que el Congreso trate el Presupuesto 2025 y amaga con prorrogar al del 2023, lo que le daría mayor discrecionalidad en el manejo de las partidas. Si se votara el proyecto 2025, tal como fue presentado, el análisis hecho por FARN para lo que se espera en materia ambiental no es para nada esperanzador: la participación de la Subsecretaría de Ambiente representará apenas un 0,066 por ciento del total del Presupuesto.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/cop-29-otro-fracaso-de-la-diplomacia-ambiental-y-un-retroceso-historico-para-argentina/ Imagen de portada: Foto: cop29.az
