Refundación sojera


Entrevista con Carlos Vicente de la organización GRAIN
Varias iniciativas legales a nivel regional tendientes a reglamentar la producción, conservación, desarrollo e intercambio de semillas configuran para Carlos Vicente, de la organización Grain, una “refundación de la República Unida de la Soja” en los territorios del Cono Sur liderada por la multinacional Monsanto.
La aplicación de las normas de UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) en Chile y Colombia, fuertemente resistida por las comunidades campesinas, indígenas y grupos de agricultores; la “aprobación express” de nuevos eventos transgénicos de esa empresa en Paraguay tras el golpe de estado contra Fernando Lugo; el impulso de una nueva ley de semillas que el Ministro de Agricultura de Argentina anunciara como forma de facilitar el “retorno” de las inversiones de Monsanto a ese país y la firma de un acuerdo entre el principal instituto público de investigación agraria de Uruguay (INIA) y la trasnacional con sede en el estado de Misuri (EEUU), son claras muestras de ello.
“Detrás del golpe de Estado en Paraguay está muy claramente el agronegocio, algunos de cuyos sectores controlan directamente espacios de decisión bajo el régimen de Federico Franco, presidente ilegítimo. Para pocos días después del derrocamiento de Fernando Lugo, el 22 de junio, estaba previsto un ‘tractorazo’ de la Unión de Gremios de la Producción que recibe apoyos de Monsanto y Cargill… La misma no llegó a realizarse, de modo que no hay muchas dudas”.
La reflexión es de Carlos Vicente, integrante de Grain, organización que monitorea información sobre el comportamiento de estas trasnacionales a nivel regional, de América Latina y también global.
En Argentina, en tanto, el Ministro de Agricultura Norberto Yauhar anunció días atrás la presentación de un proyecto de ley de semillas que fomente la aplicación de normas muy estrictas de propiedad intelectual y el cobro de regalías a los agricultores.
Asimismo, Argentina aspira a posicionarse con fuerza en el mercado de exportación de semillas transgénicas de soja y otros cereales, negocio que necesariamente remite a las principales multinacionales que concentran esos desarrollos y sus patentes asociadas.
Monsanto anunció a inicios de los años 2000 su retirada de Argentina por carecer dicho país, señaló de “seguridad jurídica”. Sin embargo este mismo año la presidenta argentina anunció en visita oficial a EEUU el retorno de las inversiones de esa empresa a Argentina. La nueva ley de semillas sería uno de los elementos para restablecer la “seguridad jurídica” añorada por la multinacional, explica Vicente.
“Esta ley de semillas no es para la soja exclusivamente, sino para todas las semillas, por lo cual es un paso más en la privatización de la vida y en su apropiación por parte de las multinacionales”, agrega Carlos Vicente.

Sobre las regulaciones de UPOV, Vicente señala que sus normas establecen los derechos de “obtención” de una variedad vegetal que es el “monopolio” sobre determinadas variedades, desconociendo el proceso milenario de adaptación, conservación y mejoramiento de esas especies por parte de los agricultores campesinos e indígenas.
En 1978 se crea la norma UPOV 78 que aplica el derecho de obtención aunque se reconoce el derecho de uso propio: es decir el derecho de los agricultores de conservar parte de su cosecha para futuros cultivos. En 1991, sin embargo, la denominada normativa UPOV 91 -que se impulsa actualmente en América Latina-, avanza en el sentido privatizador limitando el derecho de uso propio y aún de investigación. “Así, una empresa puede monopolizar una semilla y si otro la quiere utilizar para realizar investigaciones, debe pagar a la empresa”, manifestó Vicente.
Asimismo, el activista e investigador subrayó la colonización por parte de las multinacionales de espacios públicos de investigación y desarrollo que se reitera mediante acuerdos, transferencia de fondos y otros compromisos tanto en Argentina como en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
Escuche en audio adjunto la entrevista de Radio Mundo Real con Carlos Vicente de Grain.
(CC) 2012 Radio Mundo Real
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Ocupa Monsanto convoca a manifestación mundial contra la toxicorporación
El movimiento Ocupa Monsanto anunció una serie de protestas por todo el mundo contra la corporación estadounidense de agroquímicos Monsanto y el uso de organismos y productos con modificaciones genéticas en general. Las manifestaciones se celebrarán en la ciudad sede de la corporación Monsanto y en numerosas ciudades de todo el planeta.
El principal escenario de las protestas será la ciudad de San Luis (Misuri, EEUU) donde se encuentra la sede de Monsanto Corporation. En la página oficial del evento se confirma la participación de otras 60 ciudades más en Argentina, Alemania, Canadá, Filipinas y otros muchos países.
El objetivo de los activistas de Ocupa Monsanto es hacer que los productos modificados genéticamente “regresen a los laboratorios”, según establece una nota del sitio del movimiento.
“La gente está preocupada por la evidencia de que los alimentos transgénicos afectan a la salud humana”, dice Rica Madrid, de Ocupa Monsanto. Pero “los políticos y las empresas ignoran la protesta pública contra los productos con modificaciones genéticas para proteger sus grandes beneficios”, añade.
“Hay algo raro en que el mismo productor de químicos que creó el ‘agente naranja’ controle ahora el suministro de alimentos”, sostiene la ecologista Jaye Crawford. Con estas palabras Crawford se refiere al producto empleado durante la Guerra de Vietnam (1964-1975), en la que el Ejército estadounidense contaminó con esa sustancia tóxica a millones de personas y grandes extensiones de tierras.

Tomado de RT
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Escrito por Sergio Federovisky   

Tras la fiebre desatada a finales del gobierno de George W. Bush a favor de los biocombustibles, proliferaron a nivel internacional cientos de informes y estudios desacreditando ese producto como viable desde el punto de vista ambiental y descartando que tuviera efectos positivos en la batalla contra el calentamiento global. NI hablar de la competencia desleal que supone respecto de la producción de materias primas para alimentación. Sin embargo, como tiene buena sonoridad y representa un formidable negocio, se lo sigue citando como si tuviera alguna incidencia ambiental positiva o como si expresara compromiso ambiental de algún tipo de parte de las empresas y gobiernos involucrados.
De ahí que todo lo derivado del “combustible verde” deba ser mirado con varios ojos, dado que en su ecuación no ingresa necesariamente la pertinencia ambiental como motivación de su producción. Y si además, detrás de su promoción está Monsanto, se debe ser excesivamente cuidadoso. Lo que sigue es un chivo escandaloso del diario La Nación, cuyo periodista autor al menos nos aclara que los datos provienen de una gira de periodistas bancada justamente por Monsanto por los Estados Unidos para disfrazar de “inversiones” la derivación de miles de hectáreas destinadas a cultivos genuinos hacia la producción de etanol de maíz con semillas que, sólo casualmente, proveerá la empresa afincada en Saint Louis, Estados Unidos. Vale la pena leer la nota, sólo para que alguna autoridad se entere y promueva lo contrario.
La nota, además, no debe leerse ajena a la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de  amigarse” con Monsanto y, a cambio de la promesa de inversión en una planta de productos transgénicos que instalará en Córdoba, otorgarle todos los beneficios exigidos, entre ellos la autorización para ingresar al país una nueva variedad de soja alterada genéticamente.
Nota en La Nación
Después de la fiebre de inversiones que hubo en plantas de biodiesel a base de soja en la Argentina, el próximo turno será para el etanol de maíz. Ya hay una veintena de proyectos de plantas que suman inversiones por US$ 1500 millones. Se estima que este biocombustible podría hacer crecer en poco tiempo 10% el área con maíz y demandar con las plantas a pleno entre 3 y 4 millones de toneladas.
El dato lo saben en la compañía de semillas Monsanto, que organizó una gira con periodistas por los Estados Unidos para visitar, entre otras cosas, plantas de etanol y analizar el estado actual de esta industria.
En los Estados Unidos funcionan entre 220 y 250 plantas de etanol, que demandaron una inversión de entre 100 y 130 millones de dólares cada una. En total, para poner en marcha toda esta industria, localizada en los estados productores de maíz como Illinois, Iowa e Indiana, entre otros, se invirtieron más de US$ 30.000 millones desde 2003.
Hoy, 110 millones de toneladas de maíz (el 40% de la cosecha total norteamericana) van a las plantas de etanol, que, además de elaborar este biocombustible también producen un subproducto utilizado para la alimentación animal, conocido como DDGS. De hecho, este subproducto les reporta un 20 por ciento de su ganancia.
Para Monsanto, el desarrollo del etanol en la Argentina podría seguir un camino tan importante como en los Estados Unidos, beneficiar a los productores, generar inversiones en el interior y traccionar una suba de la superficie sembrada, aunque sin necesariamente provocar una fuerte suba de los precios del cereal, como sí ocurrió en este país.
En la Argentina, la superficie sembrada con maíz ronda, entre grano comercial y ganadería, los 4,8 millones de hectáreas. Para los expertos, el etanol puede generar más superficie sin generar una tensión en los precios ni con otras actividades que consumen maíz, como la avicultura y los feedlots.
"En los Estados Unidos cada planta de etanol demanda entre 60.000 y 70.000 hectáreas. En la Argentina se calcula que la demanda de cada planta va a estar en 20.000/25.000 hectáreas", explica Patricio Gunning, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto Argentina.
Se estima, además, que por los proyectos en marcha el rango de inversión de cada planta irá de 50 a 130 millones de dólares, con un promedio cercano a los 70 millones.
Al menos cinco de esos proyectos están en una etapa avanzada. Uno de ellos es Bio4, en Río Cuarto (Córdoba), que fue el primero en obtener un cupo para proveer 50.000 metros cúbicos de etanol por año al mercado interno. Esta empresa fue creada por 24 productores de maíz que invirtieron US$ 28 millones, y será la primera, en septiembre próximo, en colocar este biocombustible en la plaza local.
Por ley, la nafta debe cortarse en una proporción del 5% con etanol. Hasta ahora, quienes capitalizaron eso, aunque sin cubrir todo ese porcentaje establecido, fueron los ingenios azucareros, que empezaron a hacer etanol con el cultivo de caña de azúcar.
Además de Bio4, el grupo Porta, una tradicional familia de Córdoba, también se volcará al etanol. Y lo mismo hará la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), 6la mayor cooperativa agrícola del país que tiene proyectado iniciar sus operaciones en diciembre de 2013, luego de construir en Villa María, Córdoba, una planta de 125.000 metros cúbicos. Mientras tanto, en Alejandro Roca (Córdoba), el grupo AGD, de Roberto Urquía, empezará a operar en 2013 con una planta de 135.000 metros cúbicos. Esa planta demandaría unos US$ 200 millones.
Por su parte, la aceitera Vicentin desarrolló un proyecto en Avellaneda, Santa Fe, con una inversión de 35 millones de dólares para 50.000 metros cúbicos. Estos y otros emprendimientos representan inversiones por más de 500 millones de dólares. Si se suma GreenPampas, otro proyecto por US$ 400 millones, el monto total llega a 900 millones. Pero hay más iniciativas que acercarían la inversión de los primeros 20 proyectos a 1500 millones de dólares.
Publicado en: medioymedio.com.ar

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