lunes, 2 de noviembre de 2015

El territorio uruguayo a merced de la minería depredadora


Aunque extraer hierro hoy sea económicamente inviable, Aratirí y otras empresas, con el apoyo del gobierno nacional, pueden retener los títulos mineros por años y siguen ultimando sus proyectos con el fin de tenerlos listos ante la primera ocasión favorable. En esta situación, un cuarto del territorio uruguayo queda cautivo de la especulación financiera internacional.

El auge de la minería en Uruguay que hizo que desembarcaran en el país proyectos extractivos de una escala sin precedentes, como el de Aratirí, era circunstancial. Ese auge llegó a su fin porque se sustentaba en una coyuntura de alza excepcional del precio de los metales, iniciada en 2008 y que en 2012 comenzó a bajar inviabilizando económicamente estos proyectos.
El gobierno nacional no reconoció nunca que el proyecto de Aratirí respondía a una coyuntura especulativa extraordinaria ni que Zamin Ferrous era una empresa típica creada para armar un negocio y desaparecer. Las autoridades defendieron el proyecto a pesar del rechazo de amplios sectores del país y sin que tuviera las autorizaciones ambientales requeridas.
Al final, Zamin Ferrous abandonó el proyecto porque no obtuvo la aprobación con la celeridad que pretendía. Necesitaba comenzar las obras a mediados de 2011 y esto fue imposible, tanto por el trámite en la Dinama como por el rechazo social a la minera. Con la prolongación de los plazos, como era previsible el precio cayó y el proyecto dejó de ser negocio para Aratirí.
Mientras tanto, el gobierno se comprometió con cambios de la legislación y emprendió obras de infraestructura para adaptarse a Aratirí. Ninguna de estas obras se sostenía por si misma y, si se hubieran iniciado las minas y el puerto de aguas profundas, hoy estarían paralizados con las consecuencias negativas que acarrean, como lo muestra la regasificadora.
Las últimas informaciones dicen, por un lado, que Aratirí pagará el despido a sus empleados, luego de casi cuatro años en el Seguro de Paro, pero por otro lado están llegando decenas de nuevos pedimentos mineros en varios departamentos. Paralelamente, se anuncia que un grupo financiero de la India se interesó por Aratirí y que el proyecto sigue adelante.
¿Adónde fue a parar el amor de Zamin Ferrous por Uruguay? Desapareció igual como el negocio que inventó. Según ha trascendido, pagará el despido a sus funcionarios "en cuotas" y ya habría traspasado los títulos y el proyecto minero al grupo Aurum Ventures.
¿Quién es Aurum Ventures? Es un fondo de inversión internacional con sede en la India. Puede ser una firma diferente, un socio o un simple testaferro de Zamin Ferrous, pero ninguna de esas posibilidades modifica el hecho sustancial de que se trata de inversionistas en busca de la máxima rentabilidad en el rubro que más les convenga y en cualquier parte del mundo.
En el corto y mediano plazo, no existen perspectivas de que el precio del hierro registre otra alza espectacular. En estas condiciones, ninguna empresa puede pasar a la fase de extracción en Valentines, pero esto no significa que esta historia haya terminado. Las mineras hibernan cuando los precios están bajos y pueden esperar muchos años a que vuelvan a subir.
Es por esto que Aratirí sigue atendiendo el trámite de evaluación ambiental del proyecto en la Dinama, tiene adquiridas más de nueve mil hectáreas de tierras en la zona del distrito minero y, además de procurar conservar los títulos del proyecto, no devolvió la mayoría de los títulos de prospección y exploración ya obtenidos y ha hecho nuevas solicitudes.
Si el próximo 24 de noviembre no se ha firmado el contrato de inversión, Zamin Ferrous deberá entregar los títulos mineros a la Reserva de Vacancias. Pero por la ley 19.126, tendrá prioridad para presentar un posible interesado, durante los siguientes 90 días y, en este caso, dispone de un plazo de 120 días más, no prorrogables, para alcanzar un acuerdo.
Esto quiere decir que, si Aurum Ventures es el nuevo interesado y el gobierno lo aceptó, como es lo más probable, el plazo para la firma del contrato de inversión podría ser prorrogado por siete meses más. Y aún, suponiendo que al final de este plazo tampoco lleguen a firmar el contrato, el gobierno puede habilitarlos a adquirir esos títulos y prosigue el cuento.
Los títulos mineros, aunque no sirvan para realizar efectivamente la explotación minera, son igual de gran utilidad para las firmas de fondos de inversión extranjeras porque les permiten especular en el mercado financiero de negocios a futuro y con las tierras cautivas de los mismos. Los predios con títulos mineros pierden valor, ya que no se les conceden créditos e invertir resulta peligroso porque la minería arrasa con todo. Esto hace que muchos se vean obligados a vender sus tierras facilitando también de esa manera la especulación inmobiliaria.
¿Cuál es la conclusión para el país a corto y a largo plazo? Que con las normas y las políticas mineras vigentes más de un cuarto del territorio nacional está a merced de una actividad minera depredadora y, mientras esto no ocurra, de la especulación financiera internacional.
La minería metalífera a cielo abierto no es una actividad apropiada para impulsar la diversificación de la matriz productiva del Uruguay, ni a corto ni a largo plazo, en un territorio constituido en casi la totalidad por un ecosistema privilegiado, de tierras fértiles y aguas superficiales y subterráneas, especialmente apto para la producción y la industrialización de alimentos.
La especulación con títulos mineros también destruye, a corto y a largo plazo, las posibilidades productivas del país porque las tierras quedan en manos de capitales extranjeros que se rigen solo por la máxima ganancia de sus inversiones. Esto significa pérdida de la soberanía al perder el país la capacidad de dirigir la producción nacional según nuestros intereses.
Sea con Aratirí u otra empresa similar, la única manera de evitar estos proyectos y la especulación que la acompaña es prohibir estas actividades en todo el territorio nacional.
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería propone realizar un plebiscito nacional para incluir esa norma en la Constitución y, con esa finalidad, seguiremos recogiendo firmas.

Contactos: Ana Filippini  098407572; Carlos Anido  099494679; Raúl Viñas  099648685; Rosina Masqueroni  09856986; Víctor L. Bacchetta  098 935317