lunes, 15 de agosto de 2016

Chile: ONGs envían su carta de renuncia a participar en la “Mesa Participativa de Hidroelectricidad Sustentable”


Sr. Máximo Pacheco Ministro de Energía
Estimado Sr. Ministro:
Por medio de la presente acusamos recibo, y agradecemos, su invitación a participar en la “Mesa Participativa de Hidroelectricidad Sustentable”. Sin embargo, en representación de las organizaciones no gubernamentales Chile Sustentable, Fundación Terram, y Ecosistemas  queremos comunicarle que hemos decidido no participar en dicha mesa por los siguientes motivos:
1. El Ministerio de Energía ha decidido priorizar el desarrollo de la gran hidroelectricidad, tanto  en la Agenda Energética, como en la propuesta Energía 2050, sin consulta ciudadana nacional (o sin considerar lo que muchas organizaciones ciudadanas expresamos en las mesas de trabajo sobre hidroelectricidad). Tampoco se consideró participación ciudadana regional, ni evaluación ambiental, o territorial estratégica, ni las Estrategias de Desarrollo Regional vigentes.
2. El Ministerio de Energía estima el potencial  hidroeléctrico nacional en base a todos los derechos de agua no-consuntivos que desde la dictadura militar se  entregaron gratuitamente y a perpetuidad a unas pocas empresas y personas naturales -derechos que consideramos ilegítimos- otorgados sin que haya mediado ninguna evaluación de cuencas, ni condiciones de caudal ecológico, ni respeto a los derechos y necesidades de las comunidades locales. Han pasado 35 años sin que los sucesivos gobiernos enfrenten y reviertan esto, lo que es sin duda demasiado tiempo. Además, muchos de estos derechos son ‘de papel’, no corresponden a los caudales existentes. Todo ese proceso deficitario en información y nada transparente de otorgamiento de derechos de agua ha llevado a que en la mayoría de las cuencas importantes de nuestro país los derechos de agua están absolutamente sobre-otorgados, y otras cuencas han sido declaradas ‘secas’ porque los cuantiosos derechos de agua de empresas eléctricas impiden el acceso al agua en esos ríos. Es difícil entender dónde se encuentra el 10% de derechos de agua que se pretende tutelar de mejor manera con la limitada reforma de modificación del Código de Aguas que tramita el gobierno.
3. Los hechos evidencian la decisión gubernamental de promover la utilización de las cuencas del país --la mayoría, ya intervenidas y degradadas en forma grave-- como territorios para un nuevo tipo de extractivismo. El extractivismo hidroeléctrico para la exportación de electricidad que solo beneficia a los actuales poseedores de derechos de agua en desmedro de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de los derechos de las poblaciones locales  y sus opciones de  desarrollo. Las encendidas discusiones ocurridas recientemente entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo a propósito de la creacion de “polos de desarrollo energético”, y de líneas de transmisión desde estos polos, muestran claramente  la tensión que genera esta opción de extractivismo hidroeléctrico en la sociedad chilena.
4. Más aún, la propuesta del Ministerio de Energía durante la tramitacion de la reciente Ley de Transmisión, ha sido desplazar las Energias Renovables No Convencionales (ERNC) por las grandes hidroeléctricas. En las minutas del Ministerio distribuidas a los parlamentarios, se expresa  la inconveniencia de incluir las ERNC en los polos de desarrollo energético, y se argumenta justamente que ello  reduciría la generación hidroeléctrica.  O sea, se privilegia la gran hidroelectricidad por sobre las ERNC. Así mismo, tanto en las minutas, como en las declaraciones del Ministro de Energía ante la Sala de la Cámara, como ante la prensa, se declara que el plan del gobierno es utilizar 96 cuencas con potencial hidroeléctrico entre Santiago y Puerto Montt, para generar 15.000 MW. Esto delata la verdadera política hidroeléctrica del actual gobierno, con la cual diferimos totalmente. Tenemos la convicción de que sobre estas premisas no es posible establecer estándares de sustentabilidad.
5. Al respecto, en la carta-invitación que recibimos, donde se nos informa que esta es una consultoría adjudicada a la Universidad Católica y al Consensus Building Institute para generar estándares de sustentabilidad hidroeléctrica, no es posible identificar una estrategia diferente a la manifestada por el propio Ministro,  pues ambos la política declarada, y la legislación sobre transmisión y polos de desarrollo recientemente aprobada, apuntan a maximizar  la explotación  hidroeléctrica de todas las cuencas del país. ¿Podrá una consultoría sobre estándares de sustentabilidad  hidroeléctrica cambiar en algo la politica vigente  desde 1981 sobre  la propiedad  y gestión de los derechos de agua,  y la política reciente de establecer como zonas de sacrificio hidroeléctrico las 96 cuencas escogidas entre Santiago y Puerto Montt? No lo creemos.
6. De hecho, nos parece arriesgado y engañoso hablar  de hidroelectricidad sustentable, cuando ésta opción de generación ha degradado gravemente valiosos ecosistemas en Chile, y en todo el mundo. El 60% de los grandes ríos en nuestro planeta están hoy fragmentados con obras hidráulicas con graves consecuencias ecológicas globales, incluyendo la profundización del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y graves consecuencia sociales y económicas a nivel local. Dudamos que los resultados de esta mesa de trabajo puedan mejorar sustantivamente en nuestro país la situación de los territorios en relación al desarrollo hidroeléctrico, así como su orientación, pues existen profundos problemas estructurales que deben ser abordados y resueltos antes de poder empezar a hablar de hidroelectricidad sustentable, entre los cuales podemos mencionar la carencia de una ley de ordenamiento territorial y de planes de manejo integrado de cuencas hidrográficas, la desconfianza social generalizada respecto del sistema de evaluación de impacto ambiental, la farsa de los procesos de participación ciudadana, el escaso o nulo resguardo a los ecosistemas, flora y fauna, dadas las inexistentes regulaciones en materia de  biodiversidad, sumado a lo que ya se ha dicho sobre los derechos de agua.
7. Tenemos la profunda convicción que las cuencas hidrográficas del país deben ser protegidas, conservadas, y en muchos casos restauradas. Solo quedan cuencas prístinas en las zonas australes de nuestro país. Las cuencas son órganos vitales de la biosfera que prestan y pueden seguir aportando innumerables servicios ambientales a las comunidades humanas y cumplen funciones ecológicas vitales para el planeta. Si se trata de mitigar y adaptarse, e incluso revertir el cambio climático, las cuencas hidrográficas y los ecosistemas fluviales sanos e íntegros son importantísimos emisores de oxígeno y sumideros de carbono naturales, además de ser reguladores del ciclo hidrológico. Los ríos alimentan los ecosistemas litorales de los que depende la pesca, y la salud de los océanos,  y contribuyen a la regulación de la salinidad y ph marino. Por el contrario los grandes embalses destruyen vegetación, provocan la muerte bio-ecológica de los ríos, degradan la cadena trófica fluvial hasta los estuarios, afectando negativamente los ecosistemas litorales y los mares interiores. Todos los embalses emiten metano, 30 veces más pernicioso que el bióxido de carbono como gas de efecto invernadero.
8. El grave desprestigio social y técnico del sistema de evaluación de impacto ambiental no se resuelve con los resultados de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del SEA, y menos aún con esta “Mesa Participativa de Hidroelectricidad Sustentable”. La calificación ambiental de proyectos es parte clave de la discusión sobre el desarrollo hidroeléctrico, y en estos momentos, el Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA) no da garantías en términos de su capacidad de realizar evaluaciones ecuánimes (no intervenidas por los titulares de los proyectos), que sean eminentemente técnicas, y que aborden la alta complejidad de proyectos hidroeléctricos de mediana a gran escala. Es inaceptable seguir abordando estos temas política y sectorialmente, y en forma reduccionista, cuando los ecosistemas  fluviales y las cuencas hidrográficas son sistemas integrales sumamente complejos.
9. Adicionalmente, independientemente de los resultados que genere esta Mesa de Hidroelectricidad, el Ministerio está, en los hechos, obligado a respetar las leyes eléctricas y ambientales, así como el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, por tanto no puede realmente priorizar proyectos o rechazarlos administrativamente por considerarlos insustentables, si estos aparentemente cumplen con la ley vigente. Lo que sí hace este gobierno, así como lo han hecho los anteriores, es dar fuertes señales políticas a favor de ciertos proyectos y ciertos inversionistas, bordeando en la ilegalidad. Basta recordar la ‘caravana de la muerte’ energética (fast trackers) en el anterior gobierno de Bachelet, el Comité de Apoyo a la Inversión en el gobierno de Piñera, la agenda Pro-Inversión del actual gobierno y el  Equipo de Monitoreo de Inversiones que hoy opera en el propio Ministerio de Energía. Esta forma de actuar de ministros y gobiernos de turno ha  sido causa de graves impactos socio-ambientales, genera profunda desconfianza en la ciudadania, y desnaturaliza los procesos de evaluación ambiental y de participación ciudadana.
10. Al respecto, nos preocupa lo que está pasando en la Comisión Regional para el Desarrollo Energético de Aysén, en el marco de la elaboración de la Política Energética Regional. Desde las organizaciones locales se ha denunciado constantemente una operación por parte del Ejecutivo, aplicado por el Ministerio de Energía, para imponer visiones que apuntan a mega proyectos hidroeléctricos, e interconexión nacional e internacional.  Además de una serie de irregularidades en la forma en que se han definido tanto la gobernanza de dicho espacio como las metodologías de trabajo, que no responden a los estándares que legitiman este tipo de procesos.  A esto se suma que nos parece incoherente que mientras se discute la Política Energética Regional se autorice el proyecto Energía Austral, en enero de 2016, el cual por diversas razones no puede ser considerado “hidroelectricidad sustentable”. Del mismo modo, Colbún, probablemente envalentonado por las señales del Ministerio de Energia, plantea abiertamente resucitar HidroAysén, y litiga, en la Corte de Apelaciones para obtener derechos de agua adicionales para ese proyecto, los que le fueron negados por la Direccion General de Aguas. También litiga en el Tribunal Ambiental, para recuperar la Resolucion de Calificacion Ambiental invalidada por el Consejo de Ministros. Si las señales del gobierno y  del Ministerio de Energía fuesen claras respecto de la inconveniencia para el país y para la Patagonia chilena de construir este proyecto, esto no estaría sucediendo. También nos parece sintomático el apoyo del Ministerio, y el suyo propio,  al proyecto Alto Maipo, que pone en riesgo el agua potable y de riego, entre otros múltiples servicios ambientales y funciones ecológicas que entrega la cuenca del río Maipo a toda la Región Metropolitana; así como la autorización del proyecto hidroeléctrico Mediterráneo en la cuenca del río Puelo que dañaría una zona prístina de valiosa y única biodiversidad.
11. También fundamenta nuestras razones para no participar de esta Mesa de Hidroelectricidad Sustentable, nuestra desconfianza ante diversas  metodologias y gestiones del gobierno para  legitimar con una  supuesta participación ciudadana distintas políticas y propuestas relacionadas con medio ambiente, energía/electricidad, recursos hídricos, protección de glaciares. Actualmente no existen las condiciones mínimas para que en estos debates se vea representada apropiadamente la visión de las ONGs y de los movimientos sociales nacionales y locales. No basta con la mezquina garantía de incluir las posturas o argumentos de los representantes de la ‘sociedad civil’ como disidentes en un informe final. El Ministerio debe asumir seriamente la brutal desigualdad y asimetría existente, por ejemplo, entre el sector gubernamental y las empresas eléctricas, por un lado, y las comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, por el otro, en términos de recursos humanos, financieros, influencia, acceso a información, medios de comunicación,  movilidad, etc. Esta misma situación se repite en relación a las empresas mineras, forestales y pesqueras. Actualmente, las posibilidades de realizar debates y consultas informadas con actores locales de la sociedad civil, respetando su cultura, sus formas de vida y sus capacidades de interlocución con el Estado y las empresas, no existe. No queremos ser parte de una burocracia y una ‘elite’ que toma decisiones en nombre de todo Chile a puertas cerradas,  y que no se hace responsable de las graves consecuencias de éstas en los territorios y para las comunidades.
En síntesis, vemos que el Ministerio de Energía, liderado por Ud., está orquestando la reivindicación y un retorno intensivo y extensivo del desarrollo hidroeléctrico a Chile, incluyendo grandes centrales, encubriéndolo con argumentos de “ciencia y sustentabilidad” por entidades tales como la International Hydropower Association, que sabemos muy bien representa al sector corporativo privado del mega-negocio hidroeléctrico. Nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices de un proceso de maquillaje ‘ciudadano’ de la politica de desarrollo hidroeléctrico que hoy está promoviendo mediáticamente, e implementando el gobierno. De hecho, lo que está haciendo el Ministerio es profundizar el nefasto modelo heredado de la dictadura del cual la gran mayoría de los chilenos y chilenas quieren y necesitan liberarse.
Cabe preguntarse por qué hoy el Ministerio de Energia impulsa esta forma la hidroelectricidad, incluyendo grandes centrales, justo cuando finalmente despegan las ERNC, particularmente abundantes en nuestro país, y justo cuando, tanto el SIC, como el SING, están funcionando con excedentes nunca vistos en las redes eléctricas nacionales. Estos excedentes permitirían darnos el tiempo para una reflexión profunda sobre el desarrollo energético, con un debate realmente democrático que incluya a todas las regiones del país. 
Queremos un país social, ecológica y políticamente sustentable, con eficiencia energética y 100% de ERNC en las próximas décadas. 
Sabemos que se puede, y seguiremos trabajando denodadamente para ello.
Atentamente,
Sara Larraín - Chile Sustentable
Flavia Liberona – Fundación Terram
Juan Pablo Orrego - Ecosistemas


Imagen: ‪kthulu.cl‬