ARGENTINA: La década extractiva
ComAmbiental
Soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas.
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.
Soja
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones.
No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas.
El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”.
“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.
Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas.
Monocultivo de árboles
La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen fiscal de las compañías).
El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas.
Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento).
Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA.
Petróleo
Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.
El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del noventa”, afirmó Di Risio.
No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.
La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción con la técnica de "fractura hidráulica" (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.
El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores.
YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias.
La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero.
Minería
La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó el aumento de la exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas --luego se supo que era un militante del PJ--) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
“En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.
Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes". Y destacó que la premisa del Gobierno es "profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”.
Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.
La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros.
En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja).
Leyes
En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.
En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas.
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).
La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”, denunció la AGN.
La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley.
La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento.
En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”.
El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.
A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que --en base a datos oficiales-- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs.
El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.
Corporaciones
“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”.
Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos.
Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos.
Modelo
Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los '90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación 'público-privada' por terratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.
Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el (término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades: "Si bien se han recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas”.
Resume al extractivismo como la “combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”.
Pueblos originarios
En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio.
Un año después, se conoció el audio de esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad.
Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (...) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute las leyes”.
A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por 'ganada' y otros por 'perdida'. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.
Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.
En julio pasado, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia.
En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura.
El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero.
Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.
Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos.
En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé --beba de 10 meses-- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta.
Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html - Imagenes:www.taringa.net -www.ucr.org.ar-redaf.org.ar
