Nos adherimos al llamamiento contra la criminalización de la protesta climática

Era el 7 de octubre de 2019. Tras llevar a cabo diversas asambleas deliberativas y analizar diferentes escenarios, un grupo de activistas de lo que por aquel entonces se dio en llamar Extinction Rebellion, decidieron ocupar de forma pacífica la calzada que transcurre por el puente que salva la Castellana de Madrid uniendo las calles de Raimundo Fernández Villaverde y Joaquín Costa.

Aquella fue una más de las numerosas acciones de desobediencia civil llevadas a cabo en España por la citada organización, y lo hacía de forma simultánea a las protestas que se sucedían en Londres, Melbourne, Amsterdam y otras muchas ciudades de una y otra parte del mundo. La razón era una, clara y justa: denunciar la criminal inacción de los gobiernos frente al caos climático. Carece de sentido señalar aquí las condiciones adversas a las que se enfrenta la Humanidad a causa de esa inacción, pero sí queremos compartir una pequeña reflexión.

En los meses de febrero y marzo de 2016, esto es, tres años y medio antes de que se produjeran las protestas antes mencionadas, la anomalía térmica global media se mantuvo por primera vez por encima de 1,5 ºC. Esta misma situación se mantuvo sin interrupción desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, para repetirse nuevamente en los meses de octubre y noviembre de ese mismo año y en los meses de enero y marzo de 2025. Con respecto a 2026 las previsiones ya apuntan a que será uno de los años más calurosos desde 1850[1].
Partiendo de estos datos, nos preguntamos: ¿de qué han servido los "esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales"? Más aún, dando por hecho constatado que el límite de los 1,5 ºC ya se ha superado ¿cómo se ha de entender aquello de "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales"? ¿Bastaría con dejarlo en 1,6 ºC? ¿Quizás en 1,7 ó 1,8? Y, ya puestos, ¿bajo qué formas de gobierno sería aceptable dar la vuelta a ese "muy por debajo" y dejarlo una décima por encima o incluso tres o cuatro?[2]
No hablamos de la desaparición de los glaciares ni de la acidificación de los océanos. Tampoco de la subida del nivel del mar. No hablamos del debilitamiento de la AMOC ni de la cada vez más frecuente irrupción de fenómenos atmosféricos adversos y extremos. Tampoco de los incendios de sexta generación. Ni de las pandemias, la inseguridad alimentaria, la amenaza nuclear, la contaminación química o la sexta extinción en marcha... Hay quienes piensan que son asuntos que se borran fácilmente de la memoria y a cuyas consecuencias nos terminaremos adaptando con el tiempo. Otros muchos, por el contrario, pensamos que la inacción climática de los gobiernos se ha tornado en acción contra la vida misma. En sus formas de actuar replican, sin decirlo, las políticas de otros gobiernos que nunca dejaron de actuar en ese sentido.
¿Nos quedamos de brazos cruzados?

Acción del 7 de octubre de 2019 en Madrid. Foto: Rebelión por el Clima/Pedro Armestre.

Pero retomemos el hilo que justifica este artículo. Decíamos que el 7 de octubre de 2019 un grupo de activistas de Extinction Rebellion decidieron, en acto de protesta, cortar el tráfico ocupando el madrileño puente de Raimundo Fernández Villaverde. Eran unas 300 personas las que, de manera completamente pacífica, se sentaron o tumbaron en la calle rebelándose contra la inacción climática de los gobiernos. Rebelarse significa, aquí, desobedecer. Desobedecer y, de ese modo, negar su apoyo a unas instituciones que ponen el interés económico por delante del derecho a la vida. Desobedecer y, por lo tanto, reclamar a quienes gobiernan y a los gobernados una reflexión profunda sobre los caminos a seguir para evitar la catástrofe climática y social a la que las actuales políticas nos tienen abocados. Desobedecer y, por lo tanto, afirmar que de poco sirve desalojar la calzada, pues no es en la calzada dónde se encuentra la solución.
La solución se encuentra, tal como la misma Extinction Rebellion defendía en su declaración de rebelión noviolenta, en decir la verdad acerca de lo fatídica que es la situación y en revertir todas las políticas no acordes con esa posición, en la drástica reducción de gases de efecto invernadero y la formulación de nuevos objetivos que basados en la solidaridad y la cooperación permitan limitar la huella ecológica por debajo de la biocapacidad de los territorios, y en la constitución de asambleas ciudadanas en las que decidir de forma democrática, directa y participativa, cómo abordar tales objetivos[3].

Foto: Rebelión por el Clima/Pedro Armestre

Conscientes de todo ello y para tal fin, los que ocuparon aquel 7 de octubre el puente de Raimundo Fernández Villaverde mantuvieron una disciplina no violenta, y así permanecieron hasta que a eso de las doce de la mañana llegó la policía y forzaron su desalojo. No había delito. Por eso hubieron de imaginarlo.
El próximo 26 de mayo tres activistas participantes de aquella protesta —Paco Del Pozo, Marina Martínez y Jorge Riechmann— serán juzgados acusados de "resistencia grave a la autoridad". Por tal motivo podrían ser condenados a penas de cárcel, algo que evidentemente debemos impedir. Por eso esta revista, junto con miles de personas y organizaciones, se adhiere al llamamiento contra la criminalización de la protesta climática que manifiesta su solidaridad con las personas encausadas y exige su absolución.
Tal como finaliza el llamamiento mencionado, afirmamos que "[e]n lo que va siendo un mundo en llamas, no podemos castigar a los avisadores del fuego". Y quienes son precisamente los corresponsables de dicho incendio (por acción u omisión) son los menos legitimados para hacerlo.

Foto de la acción del día 7 de octubre de 2019. Fuente: Tratarde.org.

Llamamiento, enero de 2026
En los últimos años, en todo el mundo, se suceden oleadas de protestas y actos de desobediencia civil para señalar la extrema gravedad de la crisis ecológico-social y climática en la que seguimos adentrándonos. En muchas de ellas, específicamente, se denuncia la inacción de los gobiernos y su complicidad con los intereses de grandes empresas, así como su filosofía extractivista. Sin embargo, la respuesta de bastantes gobiernos ha sido una fuerte represión, aplicando el Código penal y una legislación endurecida contra la protesta ciudadana y con ello perjudicando a sus propias sociedades. Pues al criminalizar la protesta no violenta, una sociedad se daña a sí misma (y por partida doble si es una sociedad democrática): se priva de medios para detectar problemas y conflictos y resolverlos con justicia de forma temprana, antes de que se agraven y enquisten. Tanto más cuando la protesta trata de hacer frente a una verdadera amenaza existencial, como es aquí el caso: afrontamos nada menos que la creciente inhabitabilidad de la Tierra.
En concreto, está cerca el juicio penal contra tres personas detenidas tras el corte de tráfico en el puente de la calle Joaquín Costa, en Madrid (Nuevos Ministerios), el 7 de octubre de 2019. En esta acción de desobediencia civil pacífica participaron unos trescientos manifestantes. Hubo tres detenciones, efectuadas de manera aleatoria, con afán de atemorizar. El próximo 26 de mayo de 2026, a las 9:30, se juzgará en Madrid a estas tres personas, acusadas de resistencia grave a la autoridad (castigada con penas de prisión de tres meses a un año o multas de 6 a 18 meses; Fiscalía pide en concreto diez meses de prisión). Su “resistencia” consistió sólo en tratar de no ser dañadas cuando la policía las separaba agresivamente del grupo de activistas abrazadas entre sí y sentadas sobre el asfalto. Éste es uno de los casos de represión, y ahora el más inmediato en nuestro país, pero muchos otros se van produciendo mientras continuamos dirigiéndonos hacia la catástrofe ecológico-social.
Las personas y organizaciones que firmamos este texto de apoyo rechazamos esa política de criminalización de la protesta, afirmamos nuestra solidaridad con las personas encausadas y exigimos su absolución en éste y en todos los procesos judiciales abiertos contra las protestas climáticas. En lo que va siendo un mundo en llamas, no podemos castigar a los avisadores del fuego.

Para aderir a este llamamiento: https://norepresionprotestaclimatica.org
Notas
[1] Los datos sobre la anomalía térmica a lo largo del tiempo pueden consultarse en NCEI NOAA: Climate at a Glance. En cuanto a las previsiones para 2026, véase el artículo publicado por la Agencia Meteorológica del Reino Unido (MetOffice).
[2] Las frases entrecomilladas se han extraído íntegramente del artículo 2.1 letra (a) del Acuerdo de París, al que siguen vinculados 193 países junto a la Unión Europea.
[3] La Rebelión Noviolenta de Extinction Rebellion se inició el 15 de abril de 1919 en base a una declaración que contenía tres demandas: 1) decir la verdad sobre la situación climática; 2) alcanzar el cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero en 2025; y 3) crear asambleas ciudadanas en las que acordar cómo abordar esos objetivos. Al cabo de unos meses se añadió una cuarta demanda: Justicia Climática.
Fuente: https://www.15-15-15.org/webzine/2026/02/12/nos-adherimos-al-llamamiento-contra-la-criminalizacion-de-la-protesta-climatica/

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