Organizaciones ciudadanas califican de "fraudulento" e "ilegal" a HidroAysén


El Consejo de Defensa por la Patagonia Chilena, integrado por diversas organizaciones ambientales, sociales y ciudadanas, cuestionó duramente la ofensiva que HidroAysén, sociedad de Colbún y Endesa, ha emprendido en la región y el país en contra de los órganos del Estado con competencia ambiental que emitieron duras críticas al estudio de impacto que presentó la empresa, a través de sus informes técnicos de evaluación. Esto, luego de conocer que su proyecto de cinco represas en los ríos Baker y Pascua que contempla, además, múltiples impactos por mega rellenos sanitarios, aumento de la población en miles de trabajadores donde sólo viven cuatro mil personas, líneas eléctricas y yacimientos de áridos y escombreras. Los ecologistas recordaron que el total de los 31 servicios públicos que han hecho observaciones cuestionaron el estudio mediante un análisis técnico y con pleno conocimiento de los aspectos sociales y ecológicos de la Región de Aysén, once de los cuales concluyeron rotundamente que el estudio de impacto ambiental adolece de información relevante y esencial para efectos de calificar el proyecto, principalmente en materia de inundación y cartografía. En ese sentido, el abogado ambientalista Felipe Meneses afirmó que de acuerdo a los antecedentes el proyecto es ilegal y, por lo tanto, no debería llevarse a cabo bajo las actuales condiciones. "Cuando un tercio de los servicios públicos consultados dicen que el estudio carece de información relevante y esencial para ser evaluado y cuando uno de ellos además plantea que el proyecto es derechamente ilegal, creemos que no existe piso para que la autoridad haga otra cosa que rechazar el proyecto. Esto no tiene que ver con un capricho del sector ambientalista, son las leyes que el Estado se ha dado para evaluar estos proyectos", afirmó el abogado. En tanto, la directora de la organización Chile Sustentable, Sara Larraín, calificó el estudio de impacto ambiental de las hidroeléctricas como "un verdadero fraude de la empresa" y aclaró que la sociedad civil no debe visar la ejecución de un proyecto de estas características. "La empresa ha presentado un estudio fraudulento que impide la evaluación por parte de los servicios públicos, pero la empresa no contaba con que hoy día el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) es electrónico, por lo tanto, las observaciones de los servicios públicos están ante todos los chilenos y ante todas las autoridades, por lo tanto, el campo no es tan oscuro como ocurría en el pasado donde las presiones y el lobby se hacía en un descampado donde no existía la información. Hoy día la información es pública, está en SEIA y la verdad q los servicios que hicieron el trabajo por meses, lo hicieron bien", aseveró la ecologista. Desde la perspectiva internacional, el agente chileno de la organización ambiental Greenpeace, Rodrigo Herrera, sostuvo que debido a los desaciertos que ha tenido el proyecto de HidroAysén, nuestro país ha ganado una mala imagen en cuanto a sus instituciones y la protección de su biodiversidad. Es por ello que solicitó a la autoridad tomar medidas para evitar que suceda lo mismo que en el caso Ralco. "Creemos que hay un escenario político y económico que pensamos que la empresa debería estar evaluando muy seriamente para efectos de su continuidad. No queremos que en Chile vuelva a suceder lo pasó en Ralco, cuando todos los servicios públicos dijeron que no y el Presidente de esa época dijo que sí", subrayó el ambientalista. De acuerdo a una investigación de la Universidad de Chile, de materializarse el proyecto causaría un impacto en la zona que se estima en 40 millones de dólares al año las pérdidas netas para las regiones. Fuente: http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=47941

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