La propuesta de Resolución del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para regular la comercialización de semillas no certificadas constituye, en la práctica, un ataque directo al patrimonio de agricultores campesinos, comunidades indígenas y huertos urbanos, según denuncian ANAMURI, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida y RAP Chile. El texto establece un nuevo registro obligatorio con requisitos imposibles de cumplir para la agricultura familiar, como la exigencia de homogeneidad varietal –contraria a la naturaleza evolutiva de las semillas tradicionales– y costos de etiquetado, envasado e inscripción que hacen inviable el intercambio. Además, crea la figura del «representante de una variedad» sin exigir vínculo con su producción, abriendo la puerta a que empresas semilleras se apropien de semillas campesinas por vía administrativa. Según las organizaciones, el proyecto lleva el sello de ANPROS, gremio que agrupa a trasnacionales como Bayer, Syngenta y Corteva, y que históricamente...
Carlos Duarte es miembro del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos. Afirma que está en marcha una política global para despojar de sus tierras a pueblos indígenas, agricultores familiares y campesinos. Es una plan que ya se ejecuta en países de América Latina y que tiene a los gobiernos como los mejores aliados de las corporaciones. "Los recursos naturales están privatizados", denuncia. La reforma agraria como respuesta popular para la soberanía alimentaria. Por Nahuel Lag La decisión del gobierno de Javier Milei de buscar estrategias jurídicas —DNU 70/2023, Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada— para derogar la Ley de Tierras y la decisión de la Corte Suprema de validar la derogación sin revisar su constitucionalidad, no son un fenómeno aislado. Carlos Duarte, miembro por América Latina del Grupo de Trabajo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop, por sus siglas en inglés), lo identifica dentro de ...
Con una licitación a medida, y con la complicidad del gobierno nacional y del Poder Judicial, la corporación de Bélgica se adueña del río Paraná durante 25 años. Sin escuchar a las poblaciones locales y sin estudios de impacto ambiental, Jan de Nul vulnera leyes locales y controla la vía navegable por donde transita el 80% de las exportaciones del país. Extractivismo y pérdida de soberanía. Por Cintia Balaudo y Gretel Falkenmeyer* Momentos antes de ser suspendido como juez (por estar involucrado en dos casos de corrupción y coimas), el magistrado federal Gastón Salmain dictó sentencia definitiva en la causa caratulada “Centro de Protección a la Naturaleza y Otros c/ Estado Nacional, Poder Ejecutivo”. Fue el 5 de junio y la denuncia había sido iniciada por organizaciones ambientalistas que buscaban proteger la integridad del río Paraná frente a la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal conocida popularmente como Hidrovía Paraná-Paraguay, un sistema navegable de más de 3.000 kilóme...