Los proyectos de megarrepresas y deforestación de la selva golpean la región argentina de Misiones
CEDSALA organiza una jornada para informar de la amenaza que se cierne sobre uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta
Más de un millón de turistas llegan todos los años a la provincia argentina de Misiones para disfrutar de las cataratas de Iguazú, uno de los principales destinos turísticos del mundo. Muchos de ellos desconocen que se encuentran en uno de los territorios del planeta más ricos en biodiversidad. Tal vez por ello, la región de Misiones –ubicada en la “triple frontera” entre Argentina, Brasil y Paraguay- es una pieza codiciada por las trasnacionales, que ven los cinco ríos de su entorno y su millón de hectáreas de selva como una buena oportunidad de negocio.
A analizar esta problemática ha dedicado una jornada el Centro de Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA) de Valencia. El acto ha contado con la presencia de Raúl Aramendy, director de CEMEP-ADIS, organización que lleva más de una década trabajando en la agroecología, la defensa de la selva misionera y la educación y comunicación popular. Su principal iniciativa ha sido la creación de una “Multiversidad Popular”, la única de Argentina que impulsa una carrera de Técnico Superior en Agroecología para campesinos, indígenas y sectores populares.
Según Raúl Aramendy, “la provincia de Misiones se halla, si hablamos de geopolítica, en uno de los puntos calientes del planeta”. De entrada, por la presencia del acuífero Guaraní (la tercera reserva mundial de agua dulce). El hecho de que muchas de las nuevas guerras tendrán los recursos hídricos como motor y que sólo el 3% del agua del planeta sea dulce otorga a este reservorio un gran valor estratégico. Así lo percibe Estados Unidos. El comando sur del ejército norteamericano está presente de manera cíclica en la triple frontera, donde también ha establecido una base militar de inteligencia. La gran industria europea del agua ha puesto asimismo su mirada en el acuífero.
Una de las principales amenazas ambientales que pende sobre Misiones es la construcción de megarrepresas, con la coartada de aumentar la producción de energía eléctrica. Más de 40 grandes embalses se localizan en el territorio misionero y su entorno. Destaca, entre todas, la de Itaipú, en el río Paraná (la tercera del mundo tras las Tres Gargantas china y Assuán en Egipto). Pero lo más grave es que hay otras 15 en proyecto en el ámbito de la triple frontera. Las principales, conectadas, son Garabí y Panambí, ambas con abrumadora repulsa popular, que además tienen como fin satisfacer las necesidades de áreas industriales emplazadas fuera de Misiones.
Si los impactos ambientales y territoriales de las represas son bien conocidos, estas grandes infraestructuras llevan asociadas patologías que trascienden en menor medida y que se vinculan a la alteración del régimen de los ríos. Por ejemplo, la Leismaniasis, que afecta principalmente a los cánidos y a través de los mosquitos puede contagiarse a los humanos. La Esquistosomiasis, también denominada “enfermedad de las represas”, es otra patología incurable que llegó a América Latina junto con los grandes embalses y cuya propagación ha llegado hasta la frontera de la provincia misionera.
Tres ríos tan notables como el Paraná, el Uruguay y el Iguazú –en los que desembocan no menos de 800 cursos permanentes de agua- no podrían pasar inadvertidos a las grandes trasnacionales. De ahí que los ríos se hayan convertido en grandes hidrovías para transportar las materias primas (incluida el agua) extraídas de la región. Los productos de la agroindustria, los monocultivos como el te y el tabaco o la madera que resulta de la explotación forestal encuentran su medio de transporte en las hidrovías, que además requieren obras de adaptación de gran impacto ambiental.
Misiones cuenta con un 35% de superficie selvática sobre el total del territorio. Sin llegar a los extremos de la amazonía brasileña, la deforestación salvaje (entre 17.000 y 25.000 hectáreas anuales) está poniendo en serio riesgo la selva del Paraná, la quinta reserva de biodiversidad del planeta. Las talas arrasan la selva para el desarrollo del sector primario (agrícola y ganadero) y, sobre todo, para la industria maderera, que los capitalistas argentinos del sector han convertido en una actividad puramente extractiva, depredadora y muy lucrativa.
No menos nociva para la selva misionera es la plantación de pinos por dos razones. Porque se trata de una especie exótica, que amenaza la biodiversidad autóctona; y, sobre todo, por los intereses que esconde: la obtención de pasta de celulosa para la producción de papel. ¿Quién está detrás del negocio? La multinacional chilena Arauco, principal terrateniente además de la provincia de Misiones con cerca de 350.000 hectáreas.
Pero más allá de los impactos ambientales y sobre el territorio, estos métodos extractivos generan una tragedia social. “En una zona de riqueza natural incalculable, explica Raúl Aramendy, conviven la miseria y la maximización de beneficios empresariales; los más pobres entre los pobres son los indígenas guaranís; hay niños de esta etnia que aún mueren por desnutrición”. Organizados en 75 comunidades, los cerca de 7.000 guaranís Mby’a conservan en Misiones la “propiedad comunitaria” de la tierra, aunque para defender sus derechos tengan que embarcarse en batallas épicas. Como la que mantienen actualmente contra la Universidad de La Plata por la propiedad de 6.000 hectáreas de tierra. Su modo tradicional de vida, basado en la caza, la pesca y la recolección, está a punto de extinguirse en paralelo a la destrucción de la selva.
Un escalón por encima en la pirámide social se sitúan los obreros rurales y campesinos. Aunque ello no les exima de la pobreza extrema. Vale como ejemplo el monocultivo del tabaco, sector en el que trabajan 15.000 familias de Misiones, de las que 13.000 viven en situación paupérrima. El sector lo controlan en régimen de monopolio Philip Morris y la British American Tobacco a las que, si poco importan las condiciones laborales del proletariado agrícola, menos aún su estado de salud: el uso de herbicidas tóxicos ha producido en Misiones el índice de malformaciones congénitas más elevado de Argentina, entre otras razones, por los efectos del glifosato, un agrotóxico creado por la Monsanto. En esta coyuntura, los conflictos laborales, huelgas y cortes de ruta están a la orden del día.
¿Cuál es la respuesta de las organizaciones populares en una provincia que, pese a ser la penúltima de Argentina en extensión, cuenta con tanto valor estratégico? Hay motivos para la esperanza. A juicio de Aramendy, “está produciéndose una creciente articulación de los movimientos sociales a escala regional –Brasil, Argentina y Paraguay- que plantean la agroecología como alternativa al agronegocio y a la destrucción tanto de la selva del Paraná como del acuífero Guaraní”. Han tenido lugar ya dos grandes foros regionales en este sentido.
La campaña contra la construcción de la macrorrepresas de Garabí y Panambí centra buena parte de los esfuerzos. Hasta el momento se han recogido 50.000 firmas para exigir al gobierno de Misiones un plebiscito sobre su ejecución (el 88% de la población ya dijo que “no” a la construcción de la represa de Corpus). Pero los gobiernos de Brasil y Argentina manifiestan un fuerte empeño en desarrollar el proyecto de Garabí-Panambí, que en aún se halla en la fase de estudio de viabilidad. “Dilma Roussef y Cristina Kirchner han de cambiar una política que nos conduce al desastre; deben reflexionar y dejar de asumir el discurso empresarial que promueve las grandes represas en función de supuestas carencias energéticas”, concluye Raúl Aramendy.
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El impacto de las represas hidroeléctricas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra
"Los impactos de las represas hidroeléctricas son múltiples. Uno de los más graves es que su construcción ha provocado el desplazamiento forzado de entre cuarenta y ochenta millones de personas en todo el mundo. Estas obras, además, fragmentan y transforman los ríos del mundo, destruyen los ecosistemas y reducen dramáticamente los recursos pesqueros."
Contexto
En los últimos años, la construcción de mega represas o centrales hidroeléctricas se ha convertido en una fuente permanente de conflicto social. Hace cerca de dos meses, las desafortunadas declaraciones del Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, cuestionando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno del Brasil, respecto a suspender la construcción de la represa Belo Monte hasta que se realice la consulta con los pueblos afectados, causaron indignación general. Y más recientemente, el gobierno del Perú canceló el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari.
Lo que dijo el señor Insulza es que las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas no son equiparables a las torturas, desapariciones o asesinatos. Un funcionario de tan alto cargo internacional debe saber que los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en instrumentos internacionales que forman parte del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas[1]. Son de cumplimiento obligatorio por los Estados, como lo son las recomendaciones de la CIDH para los países que integran la OEA, en virtud del Pacto de San José de Costa Rica.
¿Coincide el señor Insulza con el presidente saliente del Perú Alan García en que los hombres y mujeres de los pueblos indígenas no somos “ciudadanos de primera categoría”? Sus declaraciones son gravísimas en boca de quien, como Secretario General de la OEA, tiene el deber precisamente de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales por los Estados que integran el organismo panamericano.
La hidroeléctrica Belo Monte sería mayor que el Canal de Panamá, inundando por lo menos 400.000 hectáreas de selva, expulsando 40.000 indígenas y población local y destruyendo un hábitat precioso de innumerable especies, todo esto para generar lo que podría ser fácilmente obtenido con mayor eficiencia energética.
En cuanto a la Central Hidroeléctrica de Inambari, sus impactos hubieran alcanzado a tres regiones del sur del Perú: Cusco, Puno y Madre Dios. Esta central hidroeléctrica formaba parte de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), en los que Brasil tiene enormes inversiones que lo están posicionando como el subimperialismo en Sudamérica.
El 14 de junio, el gobierno peruano publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial 265-2011-MEM/DM que dispone la cancelación definitiva del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari, tras la reunión con los dirigentes y autoridades municipales de la provincia puneña de Carabaya, que habían llegado la víspera a Juliaca, ciudad puneña fronteriza con Bolivia, en marcha de sacrificio de cerca de cuatro mil pobladores.
Al término de la reunión, el Viceministro de Energía Luis González Talledo anunció la publicación de la norma y aseguró que las concesiones sólo se realizarán con el aval de la población en las consultas previas: "No se dará ninguna concesión temporal ni definitiva mientras no exista la Consulta Previa de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, declaró.
¿Por qué las centrales hidroeléctricas generan tantos conflictos? En este texto mostraremos sus impactos reales sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, que son sistemáticamente vulnerados en nombre de un “desarrollo” depredador que además nunca nos alcanza.
Expansión de las represas hidroeléctricas
Una central hidroeléctrica es un conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética y potencial del agua en energía utilizable, como es la electricidad. Esta transformación se realiza a través de la presión que el agua ejerce sobre una turbina hidráulica, la que da movimiento rotatorio a un generador eléctrico.
La construcción de estas centrales se justifica, como siempre, en el paradigma del “desarrollo”, concebido como la multiplicación de obras de infraestructura que, en la práctica, benefician a los ya privilegiados y empobrecen más a los excluidos. Es decir, agrandan las brechas de inequidad entre los cada vez más ricos y los cada vez más pobres.
Aunque la construcción de represas se remonta a por lo menos hace cinco mil años[2], es en el siglo XX, con la gran demanda de electricidad, que éstas se multiplican con el objetivo ya no de garantizar reservas de agua para la agricultura y el consumo humano, sino de satisfacer la demanda de energía eléctrica de las industrias.
En 1949, debido al crecimiento económico posterior a la II Guerra Mundial, se habían construido cinco mil represas hidroeléctricas. De ese número, las tres cuartas partes se ubicaban en los países industrializados. Hoy hay más de 45 mil, casi la mitad de los ríos del mundo tiene una represa, la tercera parte de todos los países depende de la energía hidráulica, las grandes represas generan el 19% de la electricidad mundial y de todas las existentes, dos tercios están en los países pobres.
La energía hidráulica es fuente del 90% de electricidad en 24 países. Ocupan los primeros lugares de esta dependencia: Noruega con el 99%, Zaire con el 97% y Brasil con el 96%. Y la construcción de centrales hidroeléctricas se concentra hoy en los países de Latinoamérica y el Sudeste Asiático.
Graves impactos
Los impactos de las represas hidroeléctricas son múltiples. Uno de los más graves es que su construcción ha provocado el desplazamiento forzado de entre cuarenta y ochenta millones de personas en todo el mundo. Estas obras, además, fragmentan y transforman los ríos del mundo, destruyen los ecosistemas y reducen dramáticamente los recursos pesqueros.
Otro de los impactos es que multiplican el endeudamiento de los países pobres y la distribución de sus costos y beneficios es totalmente inequitativa.
Sus impactos en el medio ambiente producidos por movimientos del suelo y su interferencia directa en el ciclo del agua, principalmente, van desde la contaminación acústica, el aumento de material particulado en el aire, la inundación de tierras aptas para la agricultura y el pastoreo y de bosques naturales, hasta el desequilibrio total de los ecosistemas. Todo ello es lo que causa el desplazamiento masivo de pueblos indígenas cuyo modo de vida se sustenta precisamente en la relación armónica con la naturaleza.
La edificación de grandes represas, en suma, interfiere de manera directa en el ciclo del agua y causa graves impactos territoriales. Esto se traduce en impactos directos para el modo de vida de los pueblos indígenas, cuya cosmovisión del territorio como un todo integral (suelo, agua, cielo y subsuelo) lo define como el espacio donde desarrollan sus actividades productivas, su economía, su organización política, su cultura. Su pasado, presente y futuro. Su identidad.
La construcción de las grandes represas está también relacionada con la privatización del agua, porque generalmente es encargada, tanto la propia construcción como su administración, a empresas multinacionales.
Desigualdad
Como siempre, las reglas son distintas para los países de origen de esas empresas y para los países pobres. En algunos países del norte no se construyen más represas hidroeléctricas e incluso han empezado a desmantelarlas. Estados Unidos detuvo el funcionamiento de 63 de ellas en el año 2002. En cambio, en los países del Sur se programan más cada año, porque representan un enorme negocio para las grandes empresas y sus socios locales.
Durante años se ha presentado a las represas como sinónimo de desarrollo. Pero la mayoría de los usuarios de las hidroeléctricas vive lejos de las áreas impactadas. Y estas obras son construidas en territorios indígenas o de comunidades pobres, con escasa posibilidad de ser escuchados por las comunidades nacionales.
El Banco Mundial ha establecido una serie de criterios para definir si un proyecto es negativo: desplazamiento de poblaciones, conflictos por la incursión de nuevos habitantes, pérdida de propiedad cultural, de infraestructura y de tierras agrícolas, reemplazo de los usos indispensables del agua. Las represas causan todos estos impactos, pero el Banco Mundial sigue financiándolas[3].
Es sabido ya que el impacto más grave es el desplazamiento de ochenta millones de personas, a las que se suman las millones de personas que viven río abajo de las represas y han perdido sus medios de subsistencia.
Solo en Filipinas, el promedio de personas afectadas por la construcción de represas es de siete millones. En la India, el 50 por ciento de las personas reasentadas eran comunidades indígenas.
Calentamiento global
Se ha comprobado que la energía hidroeléctrica contribuye a la destrucción del medio ambiente y al calentamiento global, sobre todo en las zonas tropicales. Por medio de procesos de crecimiento y descomposición, los suelos, los bosques y los humedales consumen y emiten altas cantidades de dióxido de carbono y de metano.
Las represas afectan también la salud, por la alteración de la calidad del agua. En Camboya, una represa construida sobre las cataratas del Yali ocasionó la muerte de 952 personas en cuatro años, debido a esta alteración de la calidad del agua. También se perdieron miles de cabezas de ganado que bebieron agua del río.
En síntesis, se ha comprobado que la descomposición de materia orgánica en los embalses creados por las represas genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero (metano, óxido nitroso y CO2). Las emisiones de metano derivadas de las represas representan por lo menos un 4% del impacto de las actividades humanas en el calentamiento global y constituyen la mayor fuente de metano de origen antropogénico.
Además, la construcción de represas genera una represión violenta de las protestas sociales. También otros impactos en la salud, como problemas respiratorios y oculares debido al polvo producido durante su construcción. Y contaminación de recursos hídricos, con agotamiento de poblaciones locales de peces y sus impactos en los medios de vida y alimentación de los pueblos.
Notas:
[1] Principalmente el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
[2] Las primeras evidencias arqueológicas de represas datan del año 3000 AC en Mesopotamia, Jordania y Egipto.
[3] La cartera de inversiones del BM en grandes represas y combustibles fósiles representa cerca de dos tercios de sus inversiones totales en energía.
En los últimos años, la construcción de mega represas o centrales hidroeléctricas se ha convertido en una fuente permanente de conflicto social. Hace cerca de dos meses, las desafortunadas declaraciones del Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, cuestionando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno del Brasil, respecto a suspender la construcción de la represa Belo Monte hasta que se realice la consulta con los pueblos afectados, causaron indignación general. Y más recientemente, el gobierno del Perú canceló el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari.
Lo que dijo el señor Insulza es que las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas no son equiparables a las torturas, desapariciones o asesinatos. Un funcionario de tan alto cargo internacional debe saber que los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en instrumentos internacionales que forman parte del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas[1]. Son de cumplimiento obligatorio por los Estados, como lo son las recomendaciones de la CIDH para los países que integran la OEA, en virtud del Pacto de San José de Costa Rica.
¿Coincide el señor Insulza con el presidente saliente del Perú Alan García en que los hombres y mujeres de los pueblos indígenas no somos “ciudadanos de primera categoría”? Sus declaraciones son gravísimas en boca de quien, como Secretario General de la OEA, tiene el deber precisamente de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales por los Estados que integran el organismo panamericano.
La hidroeléctrica Belo Monte sería mayor que el Canal de Panamá, inundando por lo menos 400.000 hectáreas de selva, expulsando 40.000 indígenas y población local y destruyendo un hábitat precioso de innumerable especies, todo esto para generar lo que podría ser fácilmente obtenido con mayor eficiencia energética.
En cuanto a la Central Hidroeléctrica de Inambari, sus impactos hubieran alcanzado a tres regiones del sur del Perú: Cusco, Puno y Madre Dios. Esta central hidroeléctrica formaba parte de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), en los que Brasil tiene enormes inversiones que lo están posicionando como el subimperialismo en Sudamérica.
El 14 de junio, el gobierno peruano publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial 265-2011-MEM/DM que dispone la cancelación definitiva del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari, tras la reunión con los dirigentes y autoridades municipales de la provincia puneña de Carabaya, que habían llegado la víspera a Juliaca, ciudad puneña fronteriza con Bolivia, en marcha de sacrificio de cerca de cuatro mil pobladores.
Al término de la reunión, el Viceministro de Energía Luis González Talledo anunció la publicación de la norma y aseguró que las concesiones sólo se realizarán con el aval de la población en las consultas previas: "No se dará ninguna concesión temporal ni definitiva mientras no exista la Consulta Previa de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, declaró.
¿Por qué las centrales hidroeléctricas generan tantos conflictos? En este texto mostraremos sus impactos reales sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, que son sistemáticamente vulnerados en nombre de un “desarrollo” depredador que además nunca nos alcanza.
Expansión de las represas hidroeléctricas
Una central hidroeléctrica es un conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética y potencial del agua en energía utilizable, como es la electricidad. Esta transformación se realiza a través de la presión que el agua ejerce sobre una turbina hidráulica, la que da movimiento rotatorio a un generador eléctrico.
La construcción de estas centrales se justifica, como siempre, en el paradigma del “desarrollo”, concebido como la multiplicación de obras de infraestructura que, en la práctica, benefician a los ya privilegiados y empobrecen más a los excluidos. Es decir, agrandan las brechas de inequidad entre los cada vez más ricos y los cada vez más pobres.
Aunque la construcción de represas se remonta a por lo menos hace cinco mil años[2], es en el siglo XX, con la gran demanda de electricidad, que éstas se multiplican con el objetivo ya no de garantizar reservas de agua para la agricultura y el consumo humano, sino de satisfacer la demanda de energía eléctrica de las industrias.
En 1949, debido al crecimiento económico posterior a la II Guerra Mundial, se habían construido cinco mil represas hidroeléctricas. De ese número, las tres cuartas partes se ubicaban en los países industrializados. Hoy hay más de 45 mil, casi la mitad de los ríos del mundo tiene una represa, la tercera parte de todos los países depende de la energía hidráulica, las grandes represas generan el 19% de la electricidad mundial y de todas las existentes, dos tercios están en los países pobres.
La energía hidráulica es fuente del 90% de electricidad en 24 países. Ocupan los primeros lugares de esta dependencia: Noruega con el 99%, Zaire con el 97% y Brasil con el 96%. Y la construcción de centrales hidroeléctricas se concentra hoy en los países de Latinoamérica y el Sudeste Asiático.
Graves impactos
Los impactos de las represas hidroeléctricas son múltiples. Uno de los más graves es que su construcción ha provocado el desplazamiento forzado de entre cuarenta y ochenta millones de personas en todo el mundo. Estas obras, además, fragmentan y transforman los ríos del mundo, destruyen los ecosistemas y reducen dramáticamente los recursos pesqueros.
Otro de los impactos es que multiplican el endeudamiento de los países pobres y la distribución de sus costos y beneficios es totalmente inequitativa.
Sus impactos en el medio ambiente producidos por movimientos del suelo y su interferencia directa en el ciclo del agua, principalmente, van desde la contaminación acústica, el aumento de material particulado en el aire, la inundación de tierras aptas para la agricultura y el pastoreo y de bosques naturales, hasta el desequilibrio total de los ecosistemas. Todo ello es lo que causa el desplazamiento masivo de pueblos indígenas cuyo modo de vida se sustenta precisamente en la relación armónica con la naturaleza.
La edificación de grandes represas, en suma, interfiere de manera directa en el ciclo del agua y causa graves impactos territoriales. Esto se traduce en impactos directos para el modo de vida de los pueblos indígenas, cuya cosmovisión del territorio como un todo integral (suelo, agua, cielo y subsuelo) lo define como el espacio donde desarrollan sus actividades productivas, su economía, su organización política, su cultura. Su pasado, presente y futuro. Su identidad.
La construcción de las grandes represas está también relacionada con la privatización del agua, porque generalmente es encargada, tanto la propia construcción como su administración, a empresas multinacionales.
Desigualdad
Como siempre, las reglas son distintas para los países de origen de esas empresas y para los países pobres. En algunos países del norte no se construyen más represas hidroeléctricas e incluso han empezado a desmantelarlas. Estados Unidos detuvo el funcionamiento de 63 de ellas en el año 2002. En cambio, en los países del Sur se programan más cada año, porque representan un enorme negocio para las grandes empresas y sus socios locales.
Durante años se ha presentado a las represas como sinónimo de desarrollo. Pero la mayoría de los usuarios de las hidroeléctricas vive lejos de las áreas impactadas. Y estas obras son construidas en territorios indígenas o de comunidades pobres, con escasa posibilidad de ser escuchados por las comunidades nacionales.
El Banco Mundial ha establecido una serie de criterios para definir si un proyecto es negativo: desplazamiento de poblaciones, conflictos por la incursión de nuevos habitantes, pérdida de propiedad cultural, de infraestructura y de tierras agrícolas, reemplazo de los usos indispensables del agua. Las represas causan todos estos impactos, pero el Banco Mundial sigue financiándolas[3].
Es sabido ya que el impacto más grave es el desplazamiento de ochenta millones de personas, a las que se suman las millones de personas que viven río abajo de las represas y han perdido sus medios de subsistencia.
Solo en Filipinas, el promedio de personas afectadas por la construcción de represas es de siete millones. En la India, el 50 por ciento de las personas reasentadas eran comunidades indígenas.
Calentamiento global
Se ha comprobado que la energía hidroeléctrica contribuye a la destrucción del medio ambiente y al calentamiento global, sobre todo en las zonas tropicales. Por medio de procesos de crecimiento y descomposición, los suelos, los bosques y los humedales consumen y emiten altas cantidades de dióxido de carbono y de metano.
Las represas afectan también la salud, por la alteración de la calidad del agua. En Camboya, una represa construida sobre las cataratas del Yali ocasionó la muerte de 952 personas en cuatro años, debido a esta alteración de la calidad del agua. También se perdieron miles de cabezas de ganado que bebieron agua del río.
En síntesis, se ha comprobado que la descomposición de materia orgánica en los embalses creados por las represas genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero (metano, óxido nitroso y CO2). Las emisiones de metano derivadas de las represas representan por lo menos un 4% del impacto de las actividades humanas en el calentamiento global y constituyen la mayor fuente de metano de origen antropogénico.
Además, la construcción de represas genera una represión violenta de las protestas sociales. También otros impactos en la salud, como problemas respiratorios y oculares debido al polvo producido durante su construcción. Y contaminación de recursos hídricos, con agotamiento de poblaciones locales de peces y sus impactos en los medios de vida y alimentación de los pueblos.
Notas:
[1] Principalmente el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
[2] Las primeras evidencias arqueológicas de represas datan del año 3000 AC en Mesopotamia, Jordania y Egipto.
[3] La cartera de inversiones del BM en grandes represas y combustibles fósiles representa cerca de dos tercios de sus inversiones totales en energía.
Área de Comunicaciones, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI - www.minkandina.org
Fuente: ALAI
Biodiversidadla.org
