Aprobada la privatización de la costa en España
El aumento de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)
Ecologistas en Acción rechaza rotundamente la modificación de la Ley de Costas aprobada en el Consejo de Ministros de hoy. La ley reduce peligrosamente la protección del litoral existente hasta ahora, favorece la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte de la costa y establece infinidad de excepciones sin justificación. Se trata de una ley aprobada sin la necesaria participación social, hecha a la medida de intereses particulares, que olvida el cambio climático y su efecto sobre la costa.
El aumento de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a 75 años supone tener en propiedad una zona pública de por vida, abriendo paso a la especulación. Los intereses privados se ponen por delante de los públicos, de los de toda la ciudadanía.
Además, Ecologistas en Acción critica que se excluyan del DPMT un total de 11 zonas asociadas a la costa sin ningún criterio científico ni justificación técnica. Es una medida que abunda en la privatización del litoral y en su desprotección.
La reducción de la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas y a la previsible subida del nivel del mar derivada del cambio climático. Ignorar esta realidad acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones asociadas a las costas y a las rías.
Ecologistas en Acción subraya que la reforma aprobada no trae soluciones, sino que genera nuevos problemas por el cambio de rumbo que supone con respecto a la anterior ley. Tampoco incrementará la seguridad jurídica, pese a lo que argumente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que recoge tendrá el efecto contrario: la incertidumbre jurídica.
Si el contenido de la reforma es censurable, también lo es el modo en el que se ha llevado a cabo su aprobación, sin la necesaria participación social. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se adquirió hace pocas semanas el compromiso verbal de debatir la reforma con organizaciones ecologistas y dar espacio para recoger sus alegaciones. Esta promesa ha sido incumplida con la inesperada aprobación de hoy en el Consejo de Ministros.
Ecologistas en Acción teme que el Ministerio de Medio Ambiente pretrenda desmantelar la legislación ambiental. El primer paso es la modificación de la Ley de Costas de 1988, privando a la sociedad de un uso público de la costa y de la protección de la misma.
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Ley de protección y uso sostenible del litoral, historia de un ‘fraude’ anunciado
Lo que hasta ahora era un borrador de anteproyecto de nueva Ley de Costas, pasa a las Cortes para su debate parlamentario bajo el incoherente nombre de "Ley de protección
Greenpeace considera que el proyecto de Ley de Costas aprobado hoy en el Consejo de Ministros es un engaño, al proclamar la protección del litoral y a la vez, excluir construcciones ilegales y reducir el deslinde del dominio público marítimo terrestre. La organización ecologista demanda al Gobierno cuáles son los criterios para ese uso "sostenible" de la costa que impedirán las ya habituales atrocidades urbanísticas en nuestro litoral.
Lo que hasta ahora era un borrador de anteproyecto de nueva Ley de Costas, pasa a las Cortes para su debate parlamentario bajo el incoherente nombre de "Ley de protección y uso sostenible del litoral" que modifica la Ley de Costas de 1988. En la exposición de motivos de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha tratado la costa como un recurso de inversión y desarrollo turístico en vez de como un bien y un patrimonio natural público. El propio ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha expresado que "las excesivas limitaciones a las obras restan competitividad al turismo español" sin pronunciar los daños que dichas obras han causado al medio ambiente.
La tramitación de esta Ley de alta incidencia ambiental no ha contado desde el principio con las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación. En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente. Además si no es por la protesta conjunta en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de sindicatos, ecologistas o Cofradía Nacional de Pescadores el anteproyecto no se hubiese abierto a alegaciones públicas. No sólo los grupos ecologistas, también las comunidades autónomas como Andalucía tampoco han tenido acceso al mismo.
"El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como ha entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades lucrativas en la costa", ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. "Con mayoría absoluta en las Cortes el PP deja a futuros decretazos la regulación de la costa", subraya.
Por otro lado, al permitir que se ocupe el territorio durante 75 años extra y en zonas inundables que no se hayan inundado por lo menos cinco veces durante los últimos 10 años, sumado a la exclusión del dominio público de humedales como las salinas se está aumentando exponencialmente el gasto de dinero público en mantenimiento artificial de la costa (espigones de control, regeneración de playas o reconstrucción de paseos marítimos).
Por tanto, la Ley de Costas no responde a la supuesta austeridad anunciada por el Gobierno, sino a la venta del suelo público. Esta argumentación queda clara al conocer que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 el presupuesto para el mantenimiento de la costa se reduce a la mitad, pasando de los 104 millones del 2012 a los 48,8 millones en 2013.
"Sin presupuesto, con la costa privatizada y permitiendo la peligrosa permanencia de industrias y viviendas en la franja costera, quedan claras las intenciones del Gobierno, vender la costa al mejor postor", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
