Argentina / Buenos Aires: Rechazo a la modificación de la "Ley Basura Cero" que habilita la incineración

Organizaciones sociales y ambientales manifestaron su rechazo a la modificación a la Ley de Basura Cero enviada hoy por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que busca habilitar la incineración, prohibida por la ley vigente desde hace años.

“Las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo a la habilitación de la incineración de residuos –también llamada bajo el eufemismo “valorización energética de residuos”- para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires”, manifestaron en un comunicado desde la Coalición Ciudadana Antiincineración, muchos de cuyos miembros pertenecen a su vez, a RENACE.


¿Otra vez humo en Buenos Aires?
La ley N°1854, conocida como “Ley de Basura Cero”, fija metas progresivas de reducción de la disposición final de residuos sólidos urbanos y prohíbe la combustión de los residuos de la ciudad, tanto dentro como fuera de su jurisdicción, al menos hasta que se alcance la meta de reducción del 75%. Dicho precepto tiene un fundamento válido y aún vigente: garantizar que la reducción de la disposición final se lleve a cabo desarrollando y fortaleciendo la separación en origen, la reutilización, el reciclaje, el compostaje y demás medidas de recuperación previstas por la ley. Siguiendo el principio orientador de la norma, la reducción de la disposición final no puede realizarse de cualquier manera, sino creando y fortaleciendo circuitos de recuperación con inclusión social. Tal es el espíritu de la Ley de Basura Cero.                 
“La prohibición a incinerar”, dicen las agrupaciones, “garantiza que los recursos destinados al manejo de residuos se inviertan precisamente en los circuitos de recuperación, y no en tecnologías que permitirían reducir las toneladas dispuestas más rápidamente, pero por un camino equivocado y contrario a la jerarquía de manejo de residuos”.
De acuerdo con los cómputos de CEAMSE, en 2017 la ciudad dispuso 1.101.202 toneladas de RSU en el relleno sanitario (sin contar generadores privados). Esto es sólo un 26% de reducción, incumpliendo aún la primera meta de la ley, prevista para 2010. “Ante este escenario, sostenemos que no se deben abandonar las metas, sino por el contrario, mejorar las políticas públicas para cumplir con la ley, dentro de la ley”, declararon.
Y concluyeron: “Rechazamos cualquier intento de habilitar la incineración y allanar su camino por otros medios, como cambiar la línea de base, las metas de reducción, u otras. Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a invertir recursos en políticas públicas sostenidas en el tiempo, coherentes con los objetivos de la ley, para reducir la generación de residuos evitables, mejorar la separación de residuos en origen y la recolección diferenciada, fortalecer el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos y fomentar la industria del reciclado, desarrollar la infraestructura y las políticas necesarias para recuperar los residuos orgánicos de la ciudad y lograr así reducir genuinamente la disposición final de residuos”.
 
Contactos de prensa:
Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores: 15-6865-2288
Andrés Nápoli, Fundación Ambiente y Recursos Naturales: 15-4496-5055
Cecilia Allen, Coalición Ciudadana Anti-Incineración: 15-4440-3523
Verónica Odriozola, Salud Sin Daño: 15-5109-4199

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Argentina: Aires bien contaminados

La iniciativa del gobierno porteño, que busca modificar la ley Basura Cero para quemar residuos en “hornos controlados”, generó críticas de ambientalistas y recicladores urbanos.
Por Nicolás Romero   
“Este fracaso de la gestión de residuos abre la caja de Pandora”, advierten los expertos.
El proyecto que presentó el gobierno porteño en la Legislatura para permitir en la ciudad la incineración de residuos, una práctica prohibida por la ley de Basura Cero, generó el rechazo de las organizaciones ambientalistas, puso en alerta a los recolectores urbanos y levantó críticas de legisladores opositores. Las ONG consideraron que la iniciativa, que se tratará el martes próximo, será una solución contaminante que degradará la calidad del aire. Además, advirtieron que abrirá un conflicto social grave para las más de 5500 personas que de manera formal trabajan en la recolección (otras tantas lo hacen de modo informal), y que la iniciativa pone de manifiesto el fracaso de las políticas de gestión de residuos del oficialismo.
La propuesta oficial, que además cambia las metas de la ley de Basura Cero, introduce modificaciones en la ley vigente para impulsar la incineración de residuos en hornos controlados a través de un sistema de “valorización energética”, es decir, para producir energía. Para eso, propone cambiar el artículo 6 de la ley actual, que prohíbe “la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía”, y habilitar la incineración con fines energéticos.
Decenas de organizaciones sociales y ambientalistas (Coalición Ciudadana Anti-Incineración, Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores –Faccyr–, Fundación Ambiente y Recursos Naturales –FARN–,  Greenpeace, entre otros) que venían alertando sobre este proyecto, que era un secreto a voces, rechazaron la iniciativa y exigieron que se respete la ley vigente y se garantice “que la reducción de la disposición final se lleve a cabo desarrollando y fortaleciendo la separación en origen, la reutilización, el reciclaje, el compostaje y demás medidas de recuperación previstas” por la norma. Al mismo tiempo, sostuvieron que la prohibición de incinerar “garantiza que los recursos destinados al manejo de residuos se inviertan precisamente en los circuitos de recuperación, y no en tecnologías que permitirían reducir las toneladas dispuestas más rápidamente, pero por un camino equivocado y contrario a la jerarquía de manejo de residuos”.
Según fuentes de Greenpeace, cada vez que el gobierno buscó avanzar con esta propuesta, primero instaló la crisis de los rellenos sanitarios del Ceamse (Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado). “Se hizo en 2010, después en 2012 y ahora vuelven a hacerlo. Sí, es un problema, pero ésta no es la solución. En lugar de hacer autocrítica por el incumplimiento de la ley, buscan imponer nuevas metas y abrir las puertas a una incineración que es contaminante”, advirtieron.
Una de las preocupaciones es que los hornos para incinerar basura emiten dioxinas y furanos –sustancias químicas tóxicas que pueden afectar la salud– cuyas emisiones al aire con las nuevas tecnologías pueden ser reducidas pero no eliminadas. El otro foco de alerta al incinerar es que el 30 por ciento de la basura que se quema se reduce a cenizas que son contaminantes y a las que hay que tratar como residuos peligrosos. La disposición final de estos restos requerirá también de un relleno sanitario y, para los ambientalistas, es una incógnita cómo serán tratados y dónde se van a depositar, teniendo en cuenta que ni la Ciudad ni la provincia de Buenos Aires permiten este tipo de desechos.
Otra de las cuestiones sobre las que alertaron es al argumento del oficialismo según el cual son numerosos los países europeos que han complementado su gestión de residuos con plantas de este tipo: Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, España, entre otros. Según fuentes de Greenpeace, “vamos a contramano. Es cierto que Europa tiene plantas de este tipo. Pero, en enero de 2017, la Comisión Europea recomendó que los países que no tienen plantas no las construyan, y convocó a cerrar las existentes”. Además, advirtió que “la industria ve que les cierran las puertas en Europa, y miran a América latina y Asia. Están haciendo punta en México, donde quieren instalar la planta incineradora más grande, y ahora en Buenos Aires, que es la entrada para que se replique en el resto del país”.
Para el director ejecutivo de FARN, Andrés Napoli, esto “no hace más que reconocer el fracaso del gobierno en la gestión de residuos y abre una caja de Pandora, ya que no sabemos qué tecnología tiene atrás, ni los impactos que tendrá. Desde el punto de vista económico es caro, el costo por tonelada que se quema es alto y en los países donde funciona lo hace con subsidios”, y además remarcó que “compite con la economía del reciclado que genera gran cantidad de fuentes de empleo”.
En este sentido, Alejandro Valiente (Faccyr, una rama de la Ctep) sostuvo que “el problema es que se quitan los incentivos para avanzar en el reciclado y la separación en origen, y en el país hay alrededor de 100.000 recicladores, por eso estamos en alerta”.
En la Legislatura también se alzaron las críticas. La legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde sostuvo que “no hay excusa, hace once años que el macrismo gobierna la Ciudad, lo que demuestra que han desaprovechado  tiempo y recursos de los porteños que se deberían haber destinado para instaurar un sistema de separación de residuos eficiente”. La iniciativa “perjudica a los recicladores urbanos y beneficia a las empresas recolectoras”, añadió.
Para la directora ejecutiva de Salud Sin Daño, Verónica Odriozola, “es un enorme paso atrás. La razón de estas planta es que haya residuos, se van a alcanzar las metas quemando basura, y desde el punto de vista del cambio climático no es una buena decisión. Buenos Aires asumió el compromiso de convertirse en zona carbono neutral para 2050, y esto no va en esa dirección”, subrayó.

Fuente: Página12.com

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