Argentina: La ley antiterrorista gatilla la unidad popular
Andrés Figueroa Cornejo
Bajo el tórrido 15 de febrero de 2012, una enorme columna de miles de personas llegó hasta el Congreso Nacional de Argentina, sembrado en el corazón de Buenos Aires, para exigir la derogación de la ley antiterrorista votada en la última sesión legislativa del año pasado a iniciativa del gobierno. Agrupaciones de Derechos Humanos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de barrios y villas; ciudadanas, originarias, ambientalistas; organizaciones políticas y un conjunto variopinto de parlamentarios elevaron un escenario en las puertas selladas del Congreso para manifestar su rotundo rechazo a la ley.
La composición diversa de los participantes ofreció un marco de fortaleza unitaria sobrecogedora. El extenso abanico social y político que sustantivó la manifestación, inyectó autoridad soberana a un mensaje leído colectivamente que en sus partes medulares señaló que, “No es menor que hasta hoy no se haya podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo”. Esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación (…) Actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terroristas” para perseguir a quienes se oponen de diferentes formas y en diferentes lugares a su política (…) En los últimos ocho años, la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal, que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento (…) A esta política nacional se ha sumado la utilización de ‘patotas’ contra quienes luchan, como ocurrió en el Hospital Francés, en el INDEC, en la legislatura contra los maestros, y en la lucha de los tercerizados del Ferrocarril Roca, donde fue asesinado Mariano Ferreyra (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=137929) (…) Esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los problemas que enfrenta el pueblo argentino. Tampoco está destinada a impedir que se produzcan atentados contra el pueblo argentino (…) En realidad, la ley antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal (…) Llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando.”
Miles de personas marcharon desde el Obelisco al Congreso de la Nación por la derogación de la llamada Ley Antiterrorista implementada recientemente y ejecutada contra manifestantes y periodistas por jueces sin jurisdicción es diferentes localidades en la provincia de Catamarca. Participaron en ella organizaciones sindicales, asambleas ambientalistas y ciudadanas, organizaciones sociales y estudiantiles y partidos políticos de izquierda. Frente al Congreso se dio lectura a un documento consensuado donde se hizo referencia a la política de persecución política del actual Gobierno Nacional encarnada en los recientes asesinatos a militantes populares en Rosario y Escobar y la clara estrategia de espionaje desarrollada en los últimos años que acumula datos sobre militantes sociales y participantes de movilizaciones. Asimismo se denunció también el claro objetivo de esparcir el miedo y la reticencia a manifestarse públicamente en las calles de todo el país.
A la larga lista de más de 5 mil presos políticos encarcelados por el Gobierno Nacional se le suma esta nueva ley antiterrorista aprobada en 2007 y modificada en las últimas semanas y que ya se estuvo estrenando en la provincia de Catamarca frente a los reclamos antimineros. Recrudece las penas ya que toma del Código Penal para cualquier tipo de delito el doble de penas en caso de que existiera, al incurrir en ellos, "la finalidad de aterrorizar a la población". ¿Quién estará aterrorizando a la población en Catamarca, los asambleístas o las empresas mineras?.
Históricamente diferentes gobiernos han buscado formas para coartar y reprimir la protesta social y siempre se recrudecen cuando los tiempos se ponen más "dudosos", este sin duda es otro de estos casos.
CxL - AGENCIA WALSH
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LAVACA
La gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci declaró este martes 14 que “Minera Alumbrera no utiliza en ningún momento de su producción cianuro”. Lo hizo en el marco de una paradójica conferencia de prensa referida a la “desinformación” sobre el tema minero: en esta página reproducimos fojas del último Informe de impacto ambiental conocido y realizado por la propia minera, en el que se especifica que utiliza 700 toneladas anuales de cianuro. Y publicamos además los fundamentos de la Universidad de Córdoba en 2009 para rechazar los fondos de la minera que rebaten una hipótesis asombrosa de la gobernadora Corpacci: que la actividad minera no perjudica las cuencas hídricas.
“El tema del cianuro no es el central cuando se cuestionan los efectos de la explotación minera pero teniendo en cuenta que la gobernadora lo mencionó, es importante destacar que la propia empresa ha revelado lo contrario en su informe original” explicó a LAVACA el licenciado Horacio Machado Aráoz, profesor de la Universidad Nacional de Catamarca e investigador de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). No se ha conocido públicamente actualización alguna del informe original de 1999. Otras versiones, del ámbito minero, sostienen que no se ha usado cianuro sino otro tipo de ácidos para separar el oro de la tierra. La confusión y oscuridad de la información simbolizan un rasgo genético del hermetismo en que se desenvuelve esta industria extractiva, cuyos datos de producción además no son auditados ni corroborados por nadie: a juzgar por las experiencias en diversos países, todo puede ser peor de lo que ellas mismas autodeclaran.
Canal 13 y el oportunismo
La gobernadora Corpacci en la Casa de Catamarca de Buenos Aires, mostró un video de Canal 13 y TN en Tinogasta, donde el enviado denuncia el paso de camiones con cianuro. Ninguno de los vecinos autoconvocados había dicho que esos camiones portaran cianuro, sino materiales, químicos y explosivos para la minera. El licenciado Machado Aráoz argumenta: “Supongo que la gobernadora se centró en el relato de Julio Bazán, el periodista de Canal 13 y TN, que dijo montón de veces “pasan los camiones con cianuro”. Ella habrá querido contestarle a eso. Lo que uno observa es el oportunismo del Grupo Clarín. Pero no tenemos porqué hacernos cargo si ellos informan algo que no es exacto. Los cortes son medidas de fuerza que llevan varias semanas, el reclamo tiene varios años, y ningún periodista de esos grupos vino nunca. Seguramente TN no lo hizo por ecologismo, sino en el marco de su enfrentamiento con el gobierno”. La situación empalma con el curioso desfile de figuras de la llamada “oposición” que logran asomarse a las pantallas del Grupo Clarín.
Por eso surge otra idea: “El sensacionalismo banaliza el conflicto -dice desde Catamarca Machado Aráoz-, pero ese no es nuestro problema. Lo que sí es cierto es que por nuestras rutas, las rutas de la minería en Catamarca, pasan de 30 a 50 camiones diarios que llevan sustancias tóxicas, explosivos, combustibles, nitrato de amonio. Ha habido muchos accidentes, que han sido denunciados, lo cual ha hecho que en muchas municipalidades del país se prohíba el paso de este tipo de camiones”. Hubo incluso conflictos interprovinciales cuando la provincia de Tucumán denunció a Alumbrera por la contaminación de las cuencas hídricas.
Un grano de cianuro
Machado Aráoz aclara que una pizca de cianuro, del tamaño de un grano de arroz, alcanza para matar a una persona: “El informe de impacto ambiental de Minera Alumbrera es un documento engorroso, de más de 14 mil fojas. Hay que tomarse el trabajo de leerlo y analizarlo, y es lo que hemos hecho nosotros. Seguramente la gobernadora no lo haya leído. Creo que las empresas hacen semejantes mamotretos a propósito, para que nadie los lea. Pero insisto que, siendo grave, el del cianuro no es el principal problema”.
Machado se refiere a otros efectos que ni siquiera requieren del cianuro para que se trate de una minería de destrucción y extracción: las solas explosiones provocan un desastre ambiental; se destruyen montañas enteras generando cráteres de 5 kilómetros de diámetro por cientos de metros de profundidad; se generan montañas de desechos químicos y de material estéril; los diques de cola donde se produce la lixiviación (separación del oro y la tierra) con cianuro -o en su defecto con sopas ácidas- suelen tener derrames. Aún si no los tuvieran (que los han tenido) la actividad en sí ha impactado en la sociedad destruyendo producciones locales y provocando enfermedades (como ocurre con las fumigaciones sojeras).
Además Catamarca, la provincia que tiene en su seno el mayor proyecto minero en marcha desde hace 15 años, sigue siendo pese a esa “mega inversión” una de las dos más pobres del país, desnudando en qué medida la palabra “progreso” se ha transformado en un mero espejismo.
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La Universidad Nacional de Río Negro participó de una reunión con el legislador Pesatti para "coordinar futuras actividades de cooperación destinadas a informar a la sociedad sobre los alcances e impactos medioambientales de la ley 4.738".
(Información UNRN).- El presidente del bloque de legisladores del FPV, Pedro Pesatti, se reunió con el Ing. Alejandro Aragón, director de la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente perteneciente a la Universidad Nacional de Río Negro, con el fin de coordinar futuras actividades de cooperación destinadas a informar a la sociedad sobre los alcances e impactos medioambientales de la ley 4738, sancionada el pasado 29 de diciembre de 2011.
Dicha ley es la que crea el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera, encargado de realizar las evaluaciones de impacto ambiental de la actividad minera en la provincia de Río Negro.
El interés conjunto expresado por los participantes de la reunión es el de aportar información bien fundada desde los ámbitos de la ciencia, que bien permitan aclarar las dudas que la población rionegrina presenta y pueda presentar respecto a los efectos que la actividad minera pudiera tener sobre el medio ambiente.
Se rescató como fundamental el rol que desempeña una acertada comunicación sobre los reales alcances de los artículos de la nueva legislación, en especial al artículo 5º referido a la derogación de la ley Q 3981, la cual prohibía el uso del cianuro y mercurio en la actividad minera.
En adición, se concordó sobre la necesidad de profundizar en estudios sobre los reales efectos socioeconómicos por el desarrollo de esta a)ctividad productiva en las regiones de la provincia directamente vinculadas a los recursos mineros; y, además, se coincidió en extender su oportuna comunicación a la sociedad en pos de evitar la difusión de un temor infundado sobre los impactos de esta actividad, como lo vienen haciendo determinadas manifestaciones condenatorias, solamente justificadas en la desinformación que presentan sus promotores.
(Bariloche 2000)
