Paraguay: Los agronegocios ponen en riesgo agricultura familiar
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Sistemas alimentarios tradicionales van desapareciendo
ante el avance de la agricultura a gran escala
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La agricultura, como práctica familiar campesina e indígena que durante siglos garantizó de manera natural la alimentación en el actual territorio paraguayo, está amenazada por un reducido grupo de productores que desarrollan un modelo de agricultura tecnificada a gran escala, que reduce cada vez más el empleo de mano de obra, y en la que las corporaciones multinacionales pasan a tener control sobre los recursos naturales: suelo, agua y la biodiversidad de gran parte del territorio paraguayo.
Desde principios de la década de 1970, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), se abrió el campo paraguayo al desarrollo de agronegocios, entre ellos el cultivo masivo de soja, convencional primero y transgénica después, en manos de empresas transnacionales.
Desde entonces el avance de esta práctica basada en la mecanización, y la utilización de agrotóxicos ha sido constante. El sector latifundista y las empresas transnacionales agropecuarias —Monsanto, Cargill, Archer Daniel Midlan (ADM), Shell Agro, Dow, BASF, Mosaic, Bunge, Dupont, Syngenta, Bayer, así también entre otras— que acaparan el mercado de la semillas transgénicas, agrotóxicos y el comercio de cereales se han apropiado de grandes extensiones de tierras.
Este modelo económico productivo fuerza a la población rural a la sustitución de alimentos deseados, como la carne bovina, por otros menos apreciados y de menor valor nutritivo, afectando su capacidad de adaptación a las nuevas condiciones ambientales y deteriorando su sistema alimentario tradicional, según Marcos Glauser, antropólogo e investigador de la no gubernamental Base Investigaciones Sociales (Base IS).
La desaparición de fuentes naturales de alimentos silvestres que formaban parte de los sistemas alimentarios tradicionales indígenas, a causa de la deforestación y destrucción de bosques, también afecta en ese sentido.
En este contexto están amenazadas prácticas de siembras o, peor aún, a punto de desaparecer algunos de estos rubros de producción agroecológica: caña de azúcar, yerba mate, tung, tártago, soja orgánica, maíz y arroz orgánico, sésamo, frutas y hortalizas, algodón, maní, poroto (frijoles), naranja agrio (base de la esencia de petit grain), menta (esencia de menta), ka`a he´ë (stevia), cedrón, miel de abeja (por desmontes y degradación de hábitat), animales domésticos (tipo granja), entre otras formas.
La base de este modelo productivo se encuentra en organismos genéticamente modificados (OGM), más conocidos como transgénicos. Los OGM son variedades vegetales o animales creadas artificialmente en laboratorios, cuya característica es la introducción de genes de otras especies para crear organismos nuevos. Las semillas genéticamente modificadas están diseñadas para resistir herbicidas de amplio espectro (glifosato, glufosinato).
El comercio de semillas transgénicas estaba prohibido en el país hasta que recibiera autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 2004. El uso de las semillas transgénicas siempre ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, campesinos e indígenas, sin embargo, en 1999 éstas empezaron a ser introducidas de contrabando desde la Argentina por los grandes productores sojeros.
El principal potencial futuro que ofrece la manipulación genética es el lucro, por eso el negocio de los transgénicos pasó a manos de las compañías transnacionales de la biotecnología, que dominan los mercados mundiales de fertilizantes, abonos, semillas, agrotóxicos (como glifosato, herbicida usado para eliminar plantas no deseadas), entre las que se encuentran: Monsanto, Cargill, ADM, Bunge, Dupont, Syngenta, Bayer, Shell Agro, Dow, BASF, Mosaic y Dreyfus.
De la misma forma las maquinarias utilizadas provienen exclusivamente de empresas transnacionales —tractores, cosechadoras, fumigadoras y sembradoras—, cuyos costos en los concesionarios oscilan entre US$100,000 y $400,000. La rentabilidad de la producción de soja como monocultivo depende de grandes extensiones de tierra, uso intensivo de fertilizantes químicos, semillas transgénicas, requiere de poca mano de obra agrícola al utilizar maquinarias especilizadas, de tal forma que se necesita un solo empleado para cultivar entre 100 y 200 Ha, constata el investigador estadounidense, Richard Doughman, en su libro La chipa y la soja, la pugna gastro-política en la frontera agroexportadora del Este paraguayo.
Doughman explica en el texto que “la cadena productiva de la soja se ha expandido con tal intensidad, empezando en las regiones este y sureste del país, que ha convertido a Paraguay en el cuarto exportador mundial de soja transgénica con más de 2 millones de hectáreas cultivadas con esta leguminosa, en tanto ocupa el sexto lugar en la producción mundial de esta oleaginosa.
La superficie sembrada de soja en el año 2010 alcanzó 2.83 millones de hectáreas, equivalente al 7% del territorio nacional.
Entorno macroeconómico
Lo paradojal del modelo productivo paraguayo es que a pesar del crecimiento macroeconómico —14.5% en el 2010, el primer lugar en América Latina, según el Fondo Monetario Internacional, gracias, en gran medida, a la producción de 8.4 millones de toneladas de soja—, la población en situación de pobreza extrema creció en el mismo periodo de 19% a 20%, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC).
“El modelo de los agronegocios destruye empleo, tanto urbano como rural, en donde un 20% [poco más de un millón de los 6.7 millones de paraguayos y paraguayas] vive en la pobreza extrema en un país que actualmente es señalado como el cuarto exportador mundial de granos de soja, y sexto de carne, récord en exportación pero con el consecuente debastecimiento del mercado local. Una población que pasa de consumir 70 kg de carne per cápita se redujo a 30 kg per cápita”, compara la abogada Milena Pereira Fukuoka, autora del libro El Estado y la garantía del derecho a la alimentación adecuada en Paraguay.
A partir de los impactos medioambientales, económicos y sociales que genera el llamado “boom de la producción sojera transgénica” en Paraguay, situación denunciada por las principales organizaciones del campo —Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI), entre otras—y organismos no gubernamentales como Base IS, Alter Vida y Sobrevivencias, se discute cada vez más acerca de la responsabilidad de los agronegocios en la destrucción de los suelos, su interferencia negativa en la biodiversidad con la masiva deforestación, la contaminación de arroyos, ríos y acuíferos, y su cuota de responsabilidad en la exclusión de campesinos e indígenas de la cadena de producción agropecuaria, acompañada de la expoliación del patrimonio natural y cultural de gran parte de la población rural.
“Afrontar los problemas estructurales de la seguridad alimentaria en el Paraguay sólo podrá realizarse mediante el efectivo apoyo del Estado”, afirma Pereira Fukuoka.
Pereira Fukuoka considera que esa ayuda debe consistir en permitir el acceso a la tierra como medio de producción “a los campesinos y comunidades indígenas, con asistencia técnica adecuada para los pequeños agricultores, programas de diversificación agrícola y de crédito blando a largo plazo”.
A través del Plan Estratégico, Económico y Social 2008/2013, junto con el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay (PLANAL), el gobierno busca revertir la situación de la población expuesta a la prevalencia de la desnutrición, malnutrición y enfermedades de base alimentaria, que abarca a cerca del 40% de la población del país.
Respecto a la agricultura familiar, en el PLANAL se destacan algunos programas de incentivos y apoyo a la producción agricola, afirmándose la necesidad de una mejor evaluación de los mismos, pues estas iniciativas fueron calificadas como frágiles por las organizaciones campesinas y los agricultores familiares entrevistados, afirma Pereira Fukuoka.
Para el presente año, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un proyecto de ley sobre seguridad alimentaria, la misma consiste en la distribución de semillas para cultivos, hortalizas y arvejas para los campesinos. El viceministro de Agricultura, Andrés Wehrle, indicó que en el país hay una emergencia alimentaria por la sequía, y el plan abarcará a unas 210,000 familias (de las cuales 28,000 familias son indígenas), que poseen hasta 10 Ha. De aprobarse esa ley, el gobierno invertirá US$3 millones para entregar un kit de alimentos a cada una de las 210,000 familias, confirmó el viceministro. El kit consiste en la distribución de 15 kilos de semillas de maíz y tres kilos de poroto (frijoles) por familia en febrero; hortalizas y arvejas en marzo y abril.
El proyecto de ley pretende garantizar al campesino o indígena afectado que pueda exigir su derecho en caso de que no reciba la asistencia.
Sin embargo, para Pereira, las medidas económicas y productivas adoptadas en los planes, no responderían aún a la redistribución de ingresos, generación de empleo y consideración de las necesidades de la población en materia de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que las principales agencias estatales competentes apuestan a profundizar aún más el modelo agroganadero exportador, sin considerar el adecuado abastecimiento de alimentos para el consumo nacional.
Gran banco nacional de semillas
Por otra parte, el gobierno del presidente Fernando Lugo implementará desde fines de febrero un proyecto de producción, recuperación y comercialización de semillas nativas, mediante un trabajo conjunto de técnicos pertenecientes a la Dirección de Coordinación Ejecutiva de la empresa de energía Itaipú Binacional, productores y la cooperación interinstitucional.
“Una vez que se tenga una suficiente producción se apuntará a la comercialización”, dijo Manuel Galiano, técnico de la Dirección de Coordinación Ejecutiva de Itaipú Binacional. “Es un compromiso asumido por la entidad, por una cuestión de soberanía nacional en este rubro”, remarcó en el portal de noticias de la empresa.
Con su participación, los productores y semilleros se beneficiarán con una alternativa de renta, teniendo en cuenta que no solamente se abocarán a producir y conservar las semillas, sino a comercializarlas, expresó Galiano.
La ejecución del proyecto derivará en la conformación de un gran banco nacional de semillas en la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Ciudad de San Lorenzo, el cual incluirá un germoplasma. Esto consiste en un banco genético que posibilitará la preservación de las variedades ante cualquier eventualidad climática o de otro tipo. El banco permitirá una reserva de semillas, además de incidir en la recuperación de la soberanía nacional y alimentaria.
El técnico recordó que las variedades nativas están mejor adaptadas al clima de nuestro país, al suelo y a todo tipo de inconvenientes que puedan surgir especialmente en el aspecto climático. “Son semillas que les conviene al productor sembrar, principalmente para la seguridad alimentaria”, adujo.
Mencionó que hay otro tipo de variedades que tiene una importancia fundamental para la tradición religiosa de los pueblos originarios que también están incluidos en el proyecto, como las de maíz, que se están perdiendo a lo largo de los años.
