Cuando el gran dinero choca con los derechos humanos
Un caso ante la Corte Suprema puede negar a víctimas en el extranjero el recurso contra abusos de las corporaciones
Los Angeles Times/Common Dreams
Entre miles de entrevistas que he realizado como investigador de derechos humanos durante los últimos 24 años, una de las más difíciles fue en 1996, frente a un campo de refugiados a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania. Yo no era ajeno a los sufrimientos en mi país. Había huido de Birmania (también conocida como Myanmar) solo unos años antes, escapando del brutal régimen militar después de ser arrestado y torturado. Había ido al campo a investigar los informes de que estaban desarraigando y tratando brutalmente a las aldeas para allanar el paso de un gasoducto construido por el gigante estadounidense del petróleo Unocal y otras corporaciones multinacionales. Allí encontré a una joven madre de mi grupo étnico, Karen, cuyo bebé había sido asesinado poco antes por las tropas birmanas que se ocupaban de la seguridad del gasoducto.
Jane Doe 1 era una pobre campesina cuya gran desgracia fue que vivía en el camino del proyecto cuando Unocal –actualmente propiedad de Chevron– y sus socios corporativos franceses y tailandeses comenzaron a construir el gasoducto. Su otro socio era el régimen militar birmano, y las corporaciones contratadas con su ejército, a pesar de su horrendo historial de derechos humanos, para proveer la seguridad del proyecto.
Los soldados obligaron a miles de aldeanos a trabajar como esclavos para el proyecto. Uno de esos aldeanos era el esposo de Jane Doe. Como me contó Jane Doe en el campo, los militares obligaron a su esposo a punta de pistola a desbrozar la selva y a acarrear cargas pesadas. Cuando escapó, los soldados llegaron a buscarlo. En su lugar encontraron a Jane Doe alimentando a su bebé cerca de una fogata para cocinar. Les dijo que no sabía dónde estaba su esposo. Los soldados la golpearon hasta la inconsciencia y la lanzaron, y a su bebé, al fuego. Jane Doe se recuperó de sus heridas; su bebé falleció.
Recuerdo haber tratado de consolarla y pensado: ¿Cómo es posible que las compañías extranjeras puedan llegar a Birmania, contratar un ejército delincuente, ganar miles de millones de dólares y no ser responsables de lo que hacen sus socios? Recientemente ha habido cambios positivos en Birmania, pero entonces la justicia era imposible; los tribunales servían a los militares. Pero Unocal era una compañía estadounidense, y yo había encontrado a abogados en EE.UU. que creían que las corporaciones estadounidenses no estaban por encima de las leyes de derechos humanos.
Y así, en 1996, Jane Doe 1 se convirtió en un demandante principal en Doe contra Unocal, una demanda interpuesta en Los Ángeles, donde Unocal tenía su sede. El caso se basó en el Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros de 1789, que permite que los extranjeros interpongan demandas en EE.UU. por violaciones del derecho internacional. El caso de Jane Doe fue el primero en aplicar esa ley a corporaciones acusadas de responsabilidad por violaciones de derechos humanos. En 2005, Unocal aceptó una solución. El caso ha servido para fundamentar demandas semejantes contra corporaciones con sede en EE.UU. o que realizan negocios en EE.UU., y por lo tanto ha ayudado a que víctimas de crímenes contra la humanidad obtengan cierta justicia.
Por ejemplo, en 2007, Yahoo aceptó compensar a las familias de dos disidentes chinos encarcelados después que la compañía de Internet suministró información sobre su identidad al gobierno chino, y en 2010 el contratista militar Blackwater compensó a las familias de varios iraquíes supuestamente asesinados por guardias de Blackwater.
Pero ahora el uso del Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros en casos de presunta responsabilidad corporativa en casos de derechos humanos se encuentra bajo ataque del gran dinero. El martes, la Corte Suprema considerará argumentos en Kiobel contra Royal Dutch Petroleum. Los demandantes son nigerianos que sufrieron abusos bajo una brutal dictadura militar a mediados de los años noventa; demandaron a Royal Dutch Petroleum, más conocida como Shell, por su supuesto apoyo a esa violencia. Shell argumenta que las corporaciones no son responsables de abusos de los derechos humanos bajo tales circunstancias; que los empleados individuales cómplices de tortura, ejecuciones sumarias y otros crímenes contra la humanidad pueden ser responsabilizados, pero no las corporaciones. Una corte de apelaciones decidió que el derecho internacional, que se considera bajo el Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros, ratifica esa afirmación.
Esa decisión malinterpreta el derecho internacional, que no protege a las corporaciones de su responsabilidad, y es un revés importante para casos de derechos humanos basados en Doe contra Unocal. Los jueces considerarán si EE.UU. se convertirá en un refugio de las compañías supuestamente cómplices de los crímenes más horrendos, o si seguirá proporcionando un foro legal para la responsabilización y la justicia.
La parte más difícil de mi tarea es hablar con las víctimas y sobrevivientes de abusos de los derechos humanos. Lo único que pude ofrecer a Jane Doe fue esperanza, la esperanza de que los perpetradores, incluidas las corporaciones que posibilitan esos crímenes y se benefician de ellos, serán castigados para que se eviten futuros abusos; esperanza de que al presentar su demanda, ella podría impedir que otras madres pierdan un hijo.
En 1996 no sabíamos cuál sería el resultado de nuestro caso. Uno de mis momentos más enaltecedores fue cuando dije a Jane Doe que los tribunales estadounidenses considerarían su caso; que una pobre mujer de Birmania tendría una buena posibilidad contra una poderosa compañía petrolera estadounidense. Ella y yo sabíamos que nuestro proceso contra Unocal no le devolvería su bebé. Pero también sabíamos que el uso de la ley contra corporaciones significaría que semejantes abusos podrían ser impedidos en el futuro. Nunca más, pensamos, que una compañía llegue a pensar que puede salir impune de un delito cometido.
Lo peor que puede pasar es que tenga que decirle que nos equivocamos.
© 2012 Ka Hsaw Wa
Ka Hsaw Wa es un activista birmano torturado por el gobierno militar cuando era estudiante. Hoy dirige la ONG EarthRights International, que proporciona proyectos de infraestructuras. Es uno de los ganadores de los premios de la Fundación Ramon Magsaysay. Fuente: http://www.commondreams.org/view/2012/02/26-2
