También en Paraguay los sojeros aprovechan la cuarentena para continuar deforestando.
Aún en plena cuarentena la deforestación continúa, varias denuncias fueron realizadas por ciudadanos alarmados por el avance de la tala indiscriminada de bosques para el avance de la frontera agrícola. Contraviniendo normativas ambientales fundamentales, productores sojeros estarían deforestando territorios en diferentes Departamentos ante la inacción de las autoridades locales y nacionales.
Uno de los casos tomó estado público mediante las denuncias públicas de vecinos y vecinas en la zona del Guairá. El vídeo registrado por un medio de comunicación local recoge los reclamos de los habitantes del Cerro Tororô y muestra como dos topadoras derriban arboles de forma continuada en un predio que forma parte del área de recursos manejados de la Cordillera del Ybytyruzú.
Por otra parte en la Colonia Yerutí Ñu, del Departamento de Canindeyú, el pasado 7 de mayo inició el desmonte de bosques protectores del arroyo que atraviesa la comunidad para, supuestamente, destinar las tierras al cultivo mecanizado de soja transgénica. Estas actividades se estarían realizando, sin las habilitaciones correspondientes, y en contravención de disposiciones legales vigentes, según presumen vecinos de la zona el responsable del proyecto que se está desarrollando en la Colonia Yeruti sería el Sr. Nery Godoy, que estaría domiciliado en la ciudad de Curuguaty.
Cabe mencionar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había sancionado al Estado Paraguayo por la falta de control de prácticas agrícolas ilegales en la Colonia Yeruti Ñu. Dicho dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dispuso “la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados. En este sentido, el Estado parte debe: a) investigar efectivamente y exhaustivamente los hechos; b) sancionar, en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los hechos del presente caso; c) reparar integralmente a los autores por el daño sufrido, incluido mediante una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.”
Estos hechos irregulares y sin la intervención oportuna y eficaz de organismos del Estado como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Instituto Forestal Nacional (INFONA), está demostrando la desatención y/o desacato del Estado Paraguayo, con relación a “adoptar las medidas de no repetición”, para que familias campesinas no sean avasalladas en sus derechos ambientales.
Entre el 2001 y el 2015 Paraguay ha perdido más del 24% de su masa boscosa a causa, principalmente, del avance de la frontera agrícola, durante ese periodo también se perdieron más de 900 kilómetros de bosques protectores de cauces hídricos afectando gravemente la existencia de arroyos y ríos en diversas áreas de nuestro país.
Uno de los casos tomó estado público mediante las denuncias públicas de vecinos y vecinas en la zona del Guairá. El vídeo registrado por un medio de comunicación local recoge los reclamos de los habitantes del Cerro Tororô y muestra como dos topadoras derriban arboles de forma continuada en un predio que forma parte del área de recursos manejados de la Cordillera del Ybytyruzú.
Por otra parte en la Colonia Yerutí Ñu, del Departamento de Canindeyú, el pasado 7 de mayo inició el desmonte de bosques protectores del arroyo que atraviesa la comunidad para, supuestamente, destinar las tierras al cultivo mecanizado de soja transgénica. Estas actividades se estarían realizando, sin las habilitaciones correspondientes, y en contravención de disposiciones legales vigentes, según presumen vecinos de la zona el responsable del proyecto que se está desarrollando en la Colonia Yeruti sería el Sr. Nery Godoy, que estaría domiciliado en la ciudad de Curuguaty.
Cabe mencionar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había sancionado al Estado Paraguayo por la falta de control de prácticas agrícolas ilegales en la Colonia Yeruti Ñu. Dicho dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dispuso “la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados. En este sentido, el Estado parte debe: a) investigar efectivamente y exhaustivamente los hechos; b) sancionar, en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los hechos del presente caso; c) reparar integralmente a los autores por el daño sufrido, incluido mediante una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.”
Estos hechos irregulares y sin la intervención oportuna y eficaz de organismos del Estado como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Instituto Forestal Nacional (INFONA), está demostrando la desatención y/o desacato del Estado Paraguayo, con relación a “adoptar las medidas de no repetición”, para que familias campesinas no sean avasalladas en sus derechos ambientales.
Entre el 2001 y el 2015 Paraguay ha perdido más del 24% de su masa boscosa a causa, principalmente, del avance de la frontera agrícola, durante ese periodo también se perdieron más de 900 kilómetros de bosques protectores de cauces hídricos afectando gravemente la existencia de arroyos y ríos en diversas áreas de nuestro país.
Fuente: Por BASE Investigaciones Sociales - Base-IS
