La comisaria de Derechos Humanos pide que cese el acoso gubernamental a los ecologistas en Europa
En un artículo publicado en su web y titulado “Hagamos de Europa un lugar seguro para los defensores de los derechos humanos ambientales”, Mijatovic afirma que, en algunos lugares de Europa hay activistas que “son golpeados, amenazados, insultados e intimidados”.
Critica que, cuando se enfrentan a denuncias de actos violentos contra estos activistas, “las fuerzas del orden hacen la vista gorda con demasiada frecuencia”.
“Es preocupante que en algunos países europeos esto se haya convertido en algo común”, señala antes de lamentar que las represalias y la falta de voluntad de las autoridades han llevado a algunos activistas a buscar refugio en otro país.
Pone como ejemplo algunas leyes adoptadas o en estudio en Rusia, Hungría y Polonia, que “afectan de manera desproporcionada” al activismo ecológico.
Mijatovic cuenta diferentes casos, como el de una activista rusa que fue “brutalmente golpeada por asaltantes desconocidos y hospitalizada con fracturas de cráneo y nariz”. En Ucrania, un ecologista que denunció la contaminación de un río fue encontrado ahorcado en circunstancias sospechosas.
Desarrollo económico
Para la comisaria, se permite que “el desarrollo económico desenfrenado tenga prioridad sobre las preocupaciones medioambientales legítimas de los ciudadanos o que los intereses adinerados repriman el activismo”.
Recuerda que, antes de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP21) que se celebró en diciembre de 2015 en París, Francia impuso medidas de vigilancia a varios activistas ambientales de base y algunos de ellos estuvieron bajo “arresto domiciliario preventivo”.
Recomienda a los gobiernos tolerancia cero con la violación de los derechos de los ecologistas, acabar con su estigmatización, respetar las manifestaciones, permitir su participación en la elaboración de políticas y reconocer que son necesarios.
Victorias ecologistas
La comisaria aplaude algunas victorias ecologistas, como la conseguida en España con la sentencia del Tribunal Supremo el pasado octubre, que impidió la construcción de una urbanización en el parque regional de Calnegre y Cabo Cope (Murcia).
También lamenta que las “tácticas agresivas” usadas contra los ecologistas se extiendan a los periodistas de investigación, “tanto por el daño ambiental que podrían descubrir, como por su papel para ayudar a los activistas a difundir sus causas”.
EFEverde
