España / Una injustificable irresponsabilidad: La macrocelulosa de Altri

El viernes 14 de marzo de 2025, a las 7 de la mañana, el Diario Oficial de Galicia publicó la declaración de impacto ambiental positiva del polémico proyecto de la multinacional portuguesa Altri, que busca construir una gran fábrica de celulosa y fibras textiles en el corazón de Galicia, en Lugo, junto al río Ulla. La afectación del río Ulla tendría un impacto directo en la ría de Arousa, en la provincia de Pontevedra, una ría tan importante para el marisco como sensible por su grado de afectación actual por la contaminación y el cambio climático. Se trata de una publicación dolorosa e irresponsable.

Fernando Valladares

Dolorosa si tenemos en cuenta las decenas de miles de gallegos y gallegas que han expresado su oposición al proyecto. Dolorosa porque los vergonzosos esfuerzos de greenwashing por parte de Altri, por ejemplo con lyocell, la nueva fibra textil mágica a partir de eucalipto, parecen haber dado resultado. Empresas como Inditex ya han hecho pública su intención de comprar la fibra textil resultante para poder poner la etiqueta eco en sus productos de usar y tirar. Irresponsable porque no hace falta profundizar mucho en el proyecto para comprender la magnitud de su impacto ambiental. Recordemos este impacto y resumamos la cronología de un proceso que con este nuevo paso expone peligrosamente a Galicia, una vez más, a una profunda degradación de lo más valioso que tiene: su naturaleza. Lo que algunos denominan una nueva hipoteca medioambiental para esta atormentada región.
La empresa portuguesa Altri llegó a Galicia de la mano del gobierno gallego del PP y la consultora del exministro socialista José Blanco, con la intención de construir una enorme planta de fibra textil. Ocuparía más de 330 hectáreas, unos 350 campos de fútbol, en una zona de alto valor natural. Una planta que consumiría más agua que toda la provincia de Lugo junta, emitiría una nube de contaminación que afectaría a un radio de 40 kilómetros y procesaría unas 4.000 hectáreas de eucaliptos cada año. Altri, siempre rodeada de polémica en su país, se combinó para este proyecto con Greenalia, empresa de energías renovables vinculada a la oligarquía gallega. Altri y Greenalia, con el imprescindible apoyo de la Xunta, han creado Green Fiber, la promotora de un proyecto dirigido a la producción masiva de pasta de eucalipto. Hablan de la creación de más de 2.000 puestos de trabajo, pero las estimas a pie de terreno ven difícil que se dé ocupación a más de 200 personas, y es muy probable que cientos de personas pierdan su trabajo en sectores como la agricultura, la ganadería o el turismo.

La zona donde se quiere instalar esta gran fábrica está catalogada por el Ministerio de Medio Ambiente como área excepcional por su alto valor natural. Hay en ella al menos 15 especies de flora y fauna en peligro de extinción para Galicia. La destrucción de biodiversidad no se limitará a las instalaciones de la empresa, sino que se extenderá por buena parte de Galicia, debido a la materia prima que necesitará la planta a diario: eucaliptos, una especie invasora de árbol que provoca cambios drásticos en los ecosistemas reduciendo la biodiversidad característica de los bosques autóctonos gallegos. Una especie que consume mucha agua, degrada el suelo y es un peligroso aliado de los incendios por la acumulación de materia seca muy inflamable. Algo que se puede comprobar año tras año. Se trata de una especie que con el cambio climático dará lugar a más incendios y más devastadores, como los ocurridos en junio y octubre de 2017 en Portugal. Tras sufrir 109 muertos y una extensa devastación en aquellos fatídicos incendios, Portugal prohibió la plantación de eucaliptos hasta el año 2030. En su país de origen, Altri no encuentra ninguna acogida a proyectos como este.
Entre los impactos de la planta destaca el impacto hídrico. La factoría consumirá un mínimo de 46 millones de litros de agua al día, lo cual equivale al consumo de toda la provincia de Lugo, que pasaría por tanto a duplicarse. A las ingentes cantidades de agua que demanda una central así hay que sumar la emisión de grandes cantidades de agentes contaminantes. Los desechos industriales líquidos se verterán directamente al río Ulla y es muy dudoso que los 30 millones de litros diarios de residuos se depuren correctamente, especialmente viendo las prácticas de Altri en el río Tajo. Los efectos sobre el río Ulla serán de grandes dimensiones tanto por la captación como por los vertidos. La cantidad y peligrosidad de las emisiones gaseosas quedan reflejadas en el cálculo de la chimenea necesaria para emitirlos: 75 metros de altura. La nube de contaminación acumulada tendrá una influencia directa en unos 40 kilómetros a la redonda. Y a todo esto hay que sumar el impacto paisajístico de esta megafactoría, a tan solo 1,5 kilómetros del Camino de Santiago, y el impacto en el sector primario, amenazando directamente a importantes empresas en producción ecológica. La vida en la zona proyectada cambiará con el paso de cientos de camiones cada día y una gran contaminación acústica y atmosférica.
Para entender cómo se ha llegado hasta aquí, resulta ilustrativa la cronología de eventos y declaraciones:
    ▪    2020. El entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, escucha por primera vez la palabra “lyocell” de un directivo de Inditex durante una reunión para buscar estrategias para optar a los fondos europeos de recuperación tras el covid. Ignacio Fernández, director de finanzas de Inditex, menciona el lyocell como una posible propuesta. Inditex, sin embargo, nunca se involucró realmente en el proyecto.
    ▪    Enero de 2023. Con Alfonso Rueda ya como presidente de la Xunta tras la marcha de Feijóo a Madrid, el Gobierno gallego declara el proyecto de Altri como “estratégico”. En este momento, se habla principalmente de una fábrica de “fibras vegetales” y se prometen alrededor de 2.500 puestos de trabajo. El proyecto, llamado Gama, contaba con el apoyo unánime del Parlamento gallego. Anteriormente, se había descartado la ubicación de la planta en A Mariña (Lugo) por falta de un río con caudal suficiente.
    ▪    Abril de 2024. Días después de las elecciones autonómicas se publica en el Diario Oficial de Galicia el proyecto industrial de Altri. Tras esta publicación, el BNG comienza a referirse al proyecto como una “bomba ambiental”, marcando una ruptura del consenso político previo. El PSOE tarda más en reaccionar, sus críticos lo atribuyen a la presencia de José Blanco entre los impulsores del proyecto.
    ▪    En 2024, Canopy, una consultora que revisa la sostenibilidad de los proveedores de fibras para Inditex, se une a otras 51 entidades ambientales a nivel mundial para enviar cartas a los gobiernos gallego y español solicitando la paralización definitiva del proyecto Gama.
    ▪    12 de junio de 2024. Se organiza una flotilla reivindicativa en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) en contra de la macrocelulosa, mostrando la preocupación del sector marisquero por el impacto en la ría de Arousa.
    ▪    15 de diciembre de 2024. Más de 100.000 personas se manifiestan en Santiago contra el proyecto.
    ▪    Enero de 2025. El director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal, Jacobo Aboal, cuya firma es imprescindible para que el proyecto salga adelante, cesa a petición propia. Es sustituido por Alfredo Fernández Ríos.
    ▪    5 de marzo de 2025. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto Gama es firmada por María José Echevarría, la directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Xunta. Echevarría es la esposa de Antonio Casal, director de la papelera ENCE en Galicia. Solo lleva unos meses en el cargo. Fue nombrada tras el cese de su antecesor, Ramón Martínez Boga, en septiembre de 2024.
    ▪    14 de marzo de 2025. La Xunta de Galicia, liderada por Alfonso Rueda, da luz verde al proyecto de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei al publicar en el Diario Oficial de Galicia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva. La DIA, firmada por 42 técnicos, concluye que el proyecto es “ambientalmente viable” siempre que se cumplan una serie de condicionantes y el programa de vigilancia ambiental.
    ▪    Tras la publicación de la DIA, el BNG, con su portavoz nacional Ana Pontón, y Sumar, a través de su portavoz en el Congreso Verónica Martínez Barbero, manifiestan su firme oposición y anuncian movilizaciones y acciones legales para intentar paralizar el proyecto, calificándolo de “bomba ambiental” y “barbarie medioambiental”. El alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada (PP), expresa su “apoyo total” al proyecto tras recibir el aval técnico. Grupos vecinales contrarios al proyecto muestran su enfado y anuncian una manifestación para el 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal.
    ▪    15 de marzo de 2025. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pide “respeto” para los técnicos que emitieron los informes favorables y traslada la responsabilidad al Gobierno central en cuanto a la financiación y la conexión eléctrica. La conselleira de Industria reclama al Gobierno central una subestación eléctrica para la factoría. El Ministerio de Transición Ecológica pide paciencia, indicando que la planificación eléctrica hasta 2030 está en curso. Greenpeace también reacciona enérgicamente, rechazando la DIA y anunciando movilizaciones en la calle, procesos administrativos y acciones judiciales.
Este proyecto de Altri no es, por desgracia, un caso aislado. Los estudios de impacto ambiental en nuestro país y la posterior declaración de impacto están muy bien planteados en teoría, pero cuentan con importantes deficiencias a la hora de la verdad. Posiblemente la primera deficiencia sea la frecuencia con la que se produce el fraude de ley, es decir, la vulneración del espíritu o la intención de la ley, mediante atajos o trucos jurídicos. Uno de los más habituales es trocear el proyecto real en proyectos menores, cada uno de los cuales tiene un impacto aceptable al ser estudiado por separado. Otra deficiencia es la falta en ciertos casos de una auténtica independencia de quien hace el estudio ambiental, ya que es contratado por la propia empresa o entidad que plantea el proyecto. Una tercera deficiencia es la falta en muchos casos de una correcta y concienzuda evaluación ambiental estratégica (EAE). La EAE pretende alcanzar una evaluación real e integral de los impactos ambientales considerando aquellos impactos indirectos, acumulativos y sinérgicos que puedan derivarse de las políticas, planes y programas, más allá del ámbito y los términos locales y concretos en los cuales se plantea el proyecto. La EAE es obligatoria y compatible con una evaluación de impacto ambiental (EIA).
En la práctica la EAE no se realiza para proyectos pequeños y no hay ni criterios consistentes para determinar cuándo puede obviarse, ni un requerimiento preciso del alcance de la EAE, ni una valoración ponderada de alternativas al proyecto. Si la EAE en el caso que nos ocupa ha sido realmente integral y exhaustiva, y la EIA ha sido detallada y profunda, es absolutamente inexplicable que se haya llegado a una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva. Las características del gran proyecto de planta de celulosa planteada por Altri para Lugo, y sus extensos impactos en ecosistemas terrestres, lacustres y marinos desde el lugar previsto para la planta hasta la ría de Arousa, pasando por todo el río Ulla y una extensa zona de Galicia requieren mucho más estudio y mucha más explicación que la que se acaba de aportar. De hecho, el documento publicado no se centra en evaluar la viabilidad y los impactos del proyecto, sino en ayudar a que la empresa pueda desarrollarlo, dejando muchos puntos sin abordar y haciendo auténticos malabarismos con la normativa ambiental para encajar el proyecto que presuntamente traerá a la zona grandes beneficios económicos. Un aspecto muy delicado y polémico es la confianza que se deposita en el promotor, Altri, que ya ha obrado con probada negligencia ambiental en su propio país.
Diversas ONGs están preparando respuestas jurídicas a esta DIA favorable, pero hace falta una respuesta más contundente desde la ciudadanía que haga dudar a los responsables políticos de la oportunidad de seguir apoyando este proyecto. La gran esperanza en estos momentos para miles de personas es que, sin fondos públicos, el proyecto de Altri no podrá salir adelante. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno central. La sociedad gallega se ha movilizado como nunca, presentando más de 27.000 alegaciones y recogiendo más de 600.000 firmas en contra y con varias protestas multitudinarias. Parece que no ha sido suficiente. Más ciencia y más ciudadanía deben sumarse a la sociedad gallega para detener un disparate de cuya aprobación nos arrepentiremos todos.

Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de investigación en el CSIC. - Imagen de portada: Una manifestación contra el proyecto de Altri el pasado año. Foto: BRAIS LORENZO - Fuente: https://ctxt.es/es/20250301/Firmas/48815/altri-greenalia-lugo-rio-ulla-DIA-xunta.htm