Manos arriba

Otra vez: “NO a la minería en Guatemala”

Más de 41.000 indígenas manifestaron su rechazo a la explotación de bienes naturales y especialmente a la actividad minera, en consultas populares realizadas en dos municipios de Guatemala por comunidades locales, ante la pasividad del Estado a la hora de cumplir con sus obligaciones. Apenas 73 personas votaron a favor de la minería.
El viernes fue el turno del municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, uno de los más importantes del país y cuna del pueblo maya k’iche’. Dos días antes había hecho lo propio el municipio de Cabricán, en Quetzaltenango.
Varias son las regulaciones nacionales e internacionales que defienden el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados sobre las cuestiones que atañen a sus territorios. Se destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige que esas comunidades sean consultadas en relación con los temas que los afectan, para que puedan participar de manera informada, libre y previa a las decisiones finales. Este Convenio es considerado internacionalmente como uno de los instrumentos jurídicos más actualizados sobre derechos de pueblos indígenas y tribales.
Como el Estado guatemalteco ha decidido no cumplir con sus obligaciones, esas comunidades empezaron hace bastante a realizar las consultas por sus propios medios. Las llamadas “Consultas Comunitarias de Buena Fe”, en las que se vota “a mano levantada”, incluyen además la presencia de observadores nacionales e internacionales que den legitimidad al proceso.
Más de 170 de ellos de decenas de países y municipios guatemaltecos estuvieron el viernes en Santa Cruz del Quiché, en la consulta convocada por el Consejo de Pueblos K’iche’s. Allí 27.778 personas rechazaron la explotación de bienes naturales, particularmente actividades mineras e hidroeléctricas. Nadie se pronunció a favor, en un municipio que cuenta con una población de 62.369 habitantes, de los cuales más de la mitad son menores de edad.
La consulta se llevó a cabo con 93 centros de votación en 87 comunidades rurales y 6 zonas urbanas. Algunos de los lugares en los que se consultó a la población local están dentro de áreas concesionadas por el Ministerio de Energía y Minas sin el consentimiento de los habitantes.
Según información de MiMundo.org, el Consejo de Pueblos K’iche’s asegura que en el departamento de Quiché se encuentran por lo menos 32 licencias vigentes de exploración minera, entre las cuales por lo menos tres se localizan en Santa Cruz del Quiché.
En tanto, el 20 de octubre la consulta se hizo en Cabricán, convocada por líderes del Consejo del pueblo indígena Mam y un grupo de vecinos que integran la Comisión de Ambiente y Defensa del Territorio. El Consejo Mam denunció que Montana Exploradora, propiedad de la minera canadiense Goldcorp, acaba de obtener tres licencias de exploración en montañas de la zona para extraer oro, cobre, plata y zinc.
De 13.813 personas que votaron en la consulta, 13.610 eligieron la opción de “NO a la minería”, 130 anularon su papeleta y 73 decidieron a favor de esa actividad. Los resultados serán enviados al Ejecutivo guatemalteco. Los convocantes aseguraron que el pueblo ya decidió no permitir el ingreso de empresas que quieran dañar el entorno natural y que si es necesario lucharán para defender sus tierras.
Los organizadores se proponen ahora socializar los resultados de la consulta y posteriormente notificar al Congreso y el Ministerio de Energía y Minas para que eviten autorizar proyectos de explotación de los recursos naturales.
Osmundo Oxlaj, organizador de la consulta, aseveró que Santa Cruz del Quiché velará para que las autoridades no antepongan los intereses privados al bienestar de los habitantes.
"No estamos jugando, las montañas, ríos y bosques pertenecen a las comunidades y no nos los quitarán", expuso.
Instó a las empresas interesadas en buscar minerales a que eviten tramitar licencias de exploración y explotación, porque no se permitirá la presencia de personal ni maquinaria.
El municipio de Uspantán se prepara para celebrar una consulta con el mismo propósito a finales de este mes.
Municipios de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz también han efectuado consultarles sobre los proyectos de explotación de recursos, que han arrojado resultados contundentes en contra.
Foto: MiMundo.org

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Argentina: “El Estado debe actuar antes de que la población se enferme”

Por Lilian Corra *


Las comunidades afectadas denuncian que el Estado no controla y que las enfermedades se multiplican cerca de emprendimientos mineros de envergadura; Corra aclara: “Cualquier actividad en gran escala conlleva un riesgo para el ambiente y para la salud. Pero no puede impactar de manera que el ambiente se vuelva tóxico. Si sucede, las personas van a enfermar. A la larga o a la corta. No es necesario probar que enferman o lo harán en el futuro. No debe existir el ámbito de esa discusión porque no tiene sentido”.

Las empresas alegan que no se puede probar la relación entre la actividad minera y el incremento de enfermedades. “La ciencia no puede hacer una relación causa-efecto entre exposición y la enfermedad de alguien, pero la publicación de casos puede ser contundente para aplicar el principio precautorio”, responde Corra.

La médica explica que “se puede tener la percepción de que se está corriendo un riesgo aun sin tener la certeza científica. Esto ayuda a tomar medidas para proteger a la población. Lo que sí hace la ciencia, sin ninguna duda, es asegurar que determinados contaminantes no deben estar en el ambiente porque afectan la salud de la población. Si observo un tóxico en el agua potable, obviamente después voy a tener un paciente. No necesito tener un intoxicado para saber que si una persona toma cianuro todos los días, va a enfermar”.

Pero no existen estudios que indiquen el estado de salud de la población antes de iniciar una explotación minera. “Cuando empiezo a tener pacientes, ya fracasé. Por eso existen normas claras de control y regulación que se han impuesto y deben cumplirse. Más allá de si la población está interesada o no, se debe discutir qué tipo de actividad están interesados en desplegar en su región. No a qué tipo de ambiente quieren estar expuestos, porque eso es responsabilidad del Estado, debe tratarse de un ambiente sano, debe permanecer sano o volverse sano. Nadie tiene derecho a decir ‘quiero estar enfermo”, aguanto determinada actividad porque es mi medio de vida. No hay por qué aguantarse nada. Es del Estado la responsabilidad indeclinable de asegurar la salud de la población y actuar antes de que se enferme, no después. En ese punto se debe insistir porque la salud pública es una discusión política’.

* Médica –Presidenta AAMMA (Asociación Argentina de médicos por el medio ambiente)
Fuente: PuertaE