Chile: Acceso a playas no es prioridad para las autoridades
Por María Jesús Ibáñez Canelo
El acceso a las playas, un conflicto verano tras verano, ante al cual hemos conseguido que el propio ministerio de Bienes Nacionales reconozca en este artículo las falencias con que opera su instrumento legal. “Las herramientas legales con que cuenta el MBN para salvaguardar este derecho resultan insuficientes, por lo cual se opta por ejercer un rol mediador”, afirma la cartera de gobierno quien explica que actualmente no existe un reglamento con fuerza obligatoria.
Se ha transformado en la nota de todos los veranos, y de buena no tiene nada. El reiterado tema del acceso a las playas se ha convertido en un problema para varios quienes esperan en estas fechas poder entregar sus denuncias y testimonios frente a las cámaras, sin embargo, apagadas las luces los micrófonos se van y los problemas continúan año tras año. Cabe preguntarse, qué ocurre realmente, ¿son ciertas las soluciones que aparecen en la tele?, ¿realmente sirve el número de denuncias?, ¿qué les hacen a quienes infringen la normativa?, ¿denuncia y todo sigue igual? … ¡Se exige una explicación!
Las playas de mar, ríos y lagos están definidas en nuestra legislación como bienes nacionales de uso público, lo cual implica que dichos bienes deben estar abiertos al uso de las personas que así lo deseen, como lo dispone el artículo 589 del Código Civil. Sin embargo, desde hace años que vemos cómo esto no se respeta por parte de los privados, quienes llegan y se adueñan de lo que les pertenece a todos. Un ejemplo emblemático ha sido el caso del Club Náutico de Iquique, el cual ha recibido denuncias desde hace varios años y según la respuesta de Bienes Nacionales éste continúa en su proceso de fijación de acceso por parte de la intendenta, dado a que existen reticencias por parte de los propietarios.
Al final de todo esto, ¿qué es lo que prima, lo público o lo privado?, ¿en la práctica a quién se defiende? Por mucho que año tras año quienes velan en torno a este asunto -ministerio de Bienes Nacionales- se esmeren en realizar una campaña informativa, la verdad es que no se hace más que evidenciar el cómo se transgreden nuestros derechos a vista paciencia de las autoridades. Se ha de dejar en claro que aquí no se niega que existan logros sino la factibilidad de que ellos ocurran, especialmente atendiendo al permanente amparo del privado, al que se le cuida de que no se le vulnere ningún derecho cuando es éste quién los está transgrediendo y ha toda una comunidad.
Con todas estas inquietudes, se acudió al ministerio de Bienes Nacionales solicitando respuestas y explicaciones, y para sorpresa nuestra el mismo ministerio terminó reconociendo lo que serían las actuales falencias de la ley y el mal antecedente con que califica esta jurisdicción.
Mea culpa del ministerio de Bienes Nacionales: “El avance de los casos habitualmente es muy escaso, limitándose las distintas autoridades en el tiempo solamente a intentar llegar a acuerdos con los propietarios de los predios colindantes a playas de mar, ríos y lagos, más que utilizar el instrumento legal que procedería según nuestra División Jurídica el cual sería “requerir el auxilio de la fuerza pública a través del Gobierno Regional, conforme a las facultades conferidas por ley tanto al Intendente como al Gobernador respectivo…”.
-Entonces, si existe un instrumento legal, ¿por qué no lo utilizan las autoridades?
“Esta notoria falta de convicción en la aplicación de la norma, se explica debido a que este tipo de casos no son prioritarios para las autoridades regionales, y además con una alta probabilidad de ser objeto de acciones judiciales”.
El ministerio de Bienes Nacionales hace especial énfasis en que las herramientas legales con que cuentan para salvaguardar este derecho resultan insuficientes, por lo cual se opta por ejercer un rol mediador. La institución apunta con el dedo a la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 1 de 1996 que dejó sin marco legal claro a los distintos actores de la administración pública en esta materia (Intendencias, Gobernaciones y el MBN en general.).
La principal crítica durante años ha sido a la falta de sanciones a quienes transgreden la ley, o por lo menos a quienes lucran directamente a través de estas limitaciones de acceso. Para el ministerio la respuesta está justamente en las falencias con que ha quedado su marco jurídico, y atendiendo además que el asunto se resuelve como una expropiación de utilidad pública, en la cual al fin y al cabo no existe una indemnización pues se realiza una fijación de acceso gratuita, de tal modo que se asume ya fuera de lugar la multa.
Balnearios con problemas de acceso
Según cifras entregadas por el MBN, durante el año 2013 se recibieron 218 denuncias, correspondientes a 157 lugares, de ellas 107 fueron catalogadas como improcedentes y sólo 9 fueron ingresadas.
-¿Cuáles son los actuales balnearios con problemas de limitación de acceso?
Estos son seis, según el MBN, y varios de ellos figuran nada más que por denuncias reiteradas:
Club Náutico, Iquique: La Intendenta debe resolver la fijación de un acceso, sin embargo existe reticencia por parte de los propietarios.
Playa Las Gaviotas, Valparaíso: No existe un paseo peatonal garantizado. No obstante, el condominio estableció un procedimiento interno para acceder a la playa mediante un llamado telefónico al cuidador. Se enviaron oficios a los propietarios colindantes a la playa para acudir a la Seremi.
Pingueral, Biobío: Los propietarios del complejo turístico siguen restringiendo el acceso a los ciudadanos, amparándose en la ley N°20.499 que dispone el cierre de calles y pasajes públicos. En razón de lo anterior, la Seremi del Biobío ha solicitado a la Contraloría un pronunciamiento jurídico…es de opinión de la Seremi que la avenida Pingueral es una vía local al conectarse con otras vías al interior del recinto, por tanto, la Municipalidad de Tomé no podría autorizar el cierre y restricción vehicular al amparo de dicha norma.
Río Bueno, Los Ríos: Se está evaluando jurídicamente si procede la fijación de un acceso a la playa según la fiscalización realizada.
Guanaqueros, Sector Briones, Coquimbo: Se encuentra a cuatro kilómetros al oeste de Guanaqueros. El lugar se encuentra con cierre perimetral completo, el cual se extiende por más de 1,5 kilómetros impidiendo completamente el paso a los visitantes. Se iniciará el procedimiento de fijación de acceso a la playa.
Estancia Entre Vientos, Magallanes: El inmueble es de propiedad del Fisco y fue destinado a la Subsecretaría de Guerra. Se propone desafectar la destinación y crear una vía de acceso público.
Finalmente, el asunto es claro, de lo que hay garantía es que campañas anuales respecto el acceso a las playas habrá, y sin problemas. De lo que nadie sabe y por mientras las autoridades se miran las caras, es respecto a verdaderas soluciones que respondan a los problemas de la ciudadanía que lleva años reclamando por derechos justos que hoy se contradicen y quedan sin efectiva regulación. Tan claro es el asunto que el mismo ministerio de Bienes Nacionales lo reconoce y declara, “En definitiva, si se pretende una solución real a la problemática de acceso a las playas, se recomienda iniciar la tramitación de una modificación legal”.
El Ciudadano
El acceso a las playas, un conflicto verano tras verano, ante al cual hemos conseguido que el propio ministerio de Bienes Nacionales reconozca en este artículo las falencias con que opera su instrumento legal. “Las herramientas legales con que cuenta el MBN para salvaguardar este derecho resultan insuficientes, por lo cual se opta por ejercer un rol mediador”, afirma la cartera de gobierno quien explica que actualmente no existe un reglamento con fuerza obligatoria.
Se ha transformado en la nota de todos los veranos, y de buena no tiene nada. El reiterado tema del acceso a las playas se ha convertido en un problema para varios quienes esperan en estas fechas poder entregar sus denuncias y testimonios frente a las cámaras, sin embargo, apagadas las luces los micrófonos se van y los problemas continúan año tras año. Cabe preguntarse, qué ocurre realmente, ¿son ciertas las soluciones que aparecen en la tele?, ¿realmente sirve el número de denuncias?, ¿qué les hacen a quienes infringen la normativa?, ¿denuncia y todo sigue igual? … ¡Se exige una explicación!
Las playas de mar, ríos y lagos están definidas en nuestra legislación como bienes nacionales de uso público, lo cual implica que dichos bienes deben estar abiertos al uso de las personas que así lo deseen, como lo dispone el artículo 589 del Código Civil. Sin embargo, desde hace años que vemos cómo esto no se respeta por parte de los privados, quienes llegan y se adueñan de lo que les pertenece a todos. Un ejemplo emblemático ha sido el caso del Club Náutico de Iquique, el cual ha recibido denuncias desde hace varios años y según la respuesta de Bienes Nacionales éste continúa en su proceso de fijación de acceso por parte de la intendenta, dado a que existen reticencias por parte de los propietarios.
Al final de todo esto, ¿qué es lo que prima, lo público o lo privado?, ¿en la práctica a quién se defiende? Por mucho que año tras año quienes velan en torno a este asunto -ministerio de Bienes Nacionales- se esmeren en realizar una campaña informativa, la verdad es que no se hace más que evidenciar el cómo se transgreden nuestros derechos a vista paciencia de las autoridades. Se ha de dejar en claro que aquí no se niega que existan logros sino la factibilidad de que ellos ocurran, especialmente atendiendo al permanente amparo del privado, al que se le cuida de que no se le vulnere ningún derecho cuando es éste quién los está transgrediendo y ha toda una comunidad.
Con todas estas inquietudes, se acudió al ministerio de Bienes Nacionales solicitando respuestas y explicaciones, y para sorpresa nuestra el mismo ministerio terminó reconociendo lo que serían las actuales falencias de la ley y el mal antecedente con que califica esta jurisdicción.
Mea culpa del ministerio de Bienes Nacionales: “El avance de los casos habitualmente es muy escaso, limitándose las distintas autoridades en el tiempo solamente a intentar llegar a acuerdos con los propietarios de los predios colindantes a playas de mar, ríos y lagos, más que utilizar el instrumento legal que procedería según nuestra División Jurídica el cual sería “requerir el auxilio de la fuerza pública a través del Gobierno Regional, conforme a las facultades conferidas por ley tanto al Intendente como al Gobernador respectivo…”.
-Entonces, si existe un instrumento legal, ¿por qué no lo utilizan las autoridades?
“Esta notoria falta de convicción en la aplicación de la norma, se explica debido a que este tipo de casos no son prioritarios para las autoridades regionales, y además con una alta probabilidad de ser objeto de acciones judiciales”.
El ministerio de Bienes Nacionales hace especial énfasis en que las herramientas legales con que cuentan para salvaguardar este derecho resultan insuficientes, por lo cual se opta por ejercer un rol mediador. La institución apunta con el dedo a la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 1 de 1996 que dejó sin marco legal claro a los distintos actores de la administración pública en esta materia (Intendencias, Gobernaciones y el MBN en general.).
La principal crítica durante años ha sido a la falta de sanciones a quienes transgreden la ley, o por lo menos a quienes lucran directamente a través de estas limitaciones de acceso. Para el ministerio la respuesta está justamente en las falencias con que ha quedado su marco jurídico, y atendiendo además que el asunto se resuelve como una expropiación de utilidad pública, en la cual al fin y al cabo no existe una indemnización pues se realiza una fijación de acceso gratuita, de tal modo que se asume ya fuera de lugar la multa.
Balnearios con problemas de acceso
Según cifras entregadas por el MBN, durante el año 2013 se recibieron 218 denuncias, correspondientes a 157 lugares, de ellas 107 fueron catalogadas como improcedentes y sólo 9 fueron ingresadas.
-¿Cuáles son los actuales balnearios con problemas de limitación de acceso?
Estos son seis, según el MBN, y varios de ellos figuran nada más que por denuncias reiteradas:
Club Náutico, Iquique: La Intendenta debe resolver la fijación de un acceso, sin embargo existe reticencia por parte de los propietarios.
Playa Las Gaviotas, Valparaíso: No existe un paseo peatonal garantizado. No obstante, el condominio estableció un procedimiento interno para acceder a la playa mediante un llamado telefónico al cuidador. Se enviaron oficios a los propietarios colindantes a la playa para acudir a la Seremi.
Pingueral, Biobío: Los propietarios del complejo turístico siguen restringiendo el acceso a los ciudadanos, amparándose en la ley N°20.499 que dispone el cierre de calles y pasajes públicos. En razón de lo anterior, la Seremi del Biobío ha solicitado a la Contraloría un pronunciamiento jurídico…es de opinión de la Seremi que la avenida Pingueral es una vía local al conectarse con otras vías al interior del recinto, por tanto, la Municipalidad de Tomé no podría autorizar el cierre y restricción vehicular al amparo de dicha norma.
Río Bueno, Los Ríos: Se está evaluando jurídicamente si procede la fijación de un acceso a la playa según la fiscalización realizada.
Guanaqueros, Sector Briones, Coquimbo: Se encuentra a cuatro kilómetros al oeste de Guanaqueros. El lugar se encuentra con cierre perimetral completo, el cual se extiende por más de 1,5 kilómetros impidiendo completamente el paso a los visitantes. Se iniciará el procedimiento de fijación de acceso a la playa.
Estancia Entre Vientos, Magallanes: El inmueble es de propiedad del Fisco y fue destinado a la Subsecretaría de Guerra. Se propone desafectar la destinación y crear una vía de acceso público.
Finalmente, el asunto es claro, de lo que hay garantía es que campañas anuales respecto el acceso a las playas habrá, y sin problemas. De lo que nadie sabe y por mientras las autoridades se miran las caras, es respecto a verdaderas soluciones que respondan a los problemas de la ciudadanía que lleva años reclamando por derechos justos que hoy se contradicen y quedan sin efectiva regulación. Tan claro es el asunto que el mismo ministerio de Bienes Nacionales lo reconoce y declara, “En definitiva, si se pretende una solución real a la problemática de acceso a las playas, se recomienda iniciar la tramitación de una modificación legal”.
El Ciudadano
