Chile: Número de proyectos de inversión judicializados registra fuerte alza en segundo semestre de 2020

Un importante aumento en el flujo de causas ingresadas y admitidas a tramitación en los tribunales ambientales se registró en el segundo semestre de 2020. De acuerdo con el reporte realizado en forma conjunta por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y el Observatorio Judicial titulado ‘Judicialización de los proyectos de inversión del SEIA’, en la segunda mitad del ejercicio hubo un récord de 25 causas nuevas que iniciaron tramitación por un monto total de US$ 3.680 millones (ver infografía). La cifra dio un fuerte salto en el segundo semestre de 2019 cuando pasó de siete causas ingresadas a 20, y desde entonces ha seguido aumentando sostenidamente.

 
El director de Políticas Públicas de la CPC, Javier Irarrázaval, explicó que esto refleja la consolidación de la institucionalidad ambiental en el país. ‘Por otro lado, también demuestra una mayor toma de conciencia y acceso a la justicia ambiental por parte de los titulares de proyectos y de terceros que se podrían ver afectados por las iniciativas’, señaló.
Al cierre de 2020 también se registró un incremento de los proyectos de inversión que se encuentran en los tribunales ambientales: 53 casos versus los 38 que había al final de la primera mitad del año pasado. Sin embargo, pese al aumento de las iniciativas judicializadas, el monto de inversión en tramitación tuvo una importante baja desde los US$ 9.766 millones en la primera mitad del año pasado a US$ 4.176 millones al cierre de 2020. Irarrázaval sostuvo que esto se debe a la dictación de la sentencia relacionada con el proyecto Quebrada Blanca Fase 2, cuya inversión bordeaba los US$ 5 mil millones.
‘Creo que eventualmente debiésemos ir viendo una estabilización del número de iniciativas judicializadas, pero es probable que por un par de semestres más va a seguir creciendo’, dijo el director de Políticas Públicas de la CPC.
En cuanto a la distribución de los proyectos, el reporte demostró que la Macrozona Sur es la que concentra el mayor número de causas, pero en la Macrozona Norte se concentran mayores montos de inversión. El monto judicializado promedio por causa es de US$ 787 millones en esta última, mientras que en la Centro y Sur es de US$ 143 millones. La razón detrás de esto es que en las regiones del norte del país se concentra una mayor cantidad de iniciativas mineras de grandes montos de inversión. Según el informe, más de la mitad de los proyectos judicializados provienen de los sectores de energía y minería, seguidos por el rubro inmobiliario y acuícola.
Un aspecto que destacó Javier Irarrázaval fue que el reporte demostró que la naturaleza de los reclamantes se concentra principalmente en terceros. Del total de las 158 causas consideradas admisibles desde la creación de los tribunales ambientales, solo el 21% de los reclamantes fueron personas jurídicas con fines de lucro, mientras que un 37% fueron personas naturales y un 36% organizaciones de la sociedad civil.
‘Esto demuestra que hay acceso a la justicia ambiental (…) quizás antes las empresas y terceros afectados no confiaban mucho en el sistema porque estaba partiendo y ahora la gente está confiando más y accede a la justicia, lo que es algo positivo’, dijo Irarrázaval.
Otros resultados del reporte fueron que, en promedio, una causa sobre un proyecto de inversión del SEIA se demora 351 días en su trámite judicial. Si además la sentencia del Tribunal Ambiental correspondiente fuera recurrida, en promedio dicha causa demora otros 329 días.
Desde que se crearon los tribunales ambientales, se han judicializado 129 proyectos, por un monto equivalente a US$ 43.149 millones.

Fuente El Mercurio
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Los litigios derivados de la crisis climática casi se doblan desde 2017

El número de “litigios climáticos” en el mundo casi se ha duplicado en solo tres años, al pasar de 884 en 2017 a 1.550 en 2020, según un informe publicado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). “Esto está obligando cada vez más a los gobiernos y a los actores corporativos a implementar sus compromisos por el clima y a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación” a los choques climáticos, reza el estudio elaborado por la ONU en colaboración con el Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático de la Universidad de Columbia (EEUU).

En 2017, se iniciaron 884 litigios en 24 países y en 2020 aumentaron a al menos 1.550 en 38 países, si bien más del 77 % de ellos tuvieron lugar en los Estados Unidos (1.200 casos); una tendencia que los autores del informe esperan que se revierta en los próximos años, tras haberse registrado casos en países del Sur  como India, Pakistán, Perú, Filipinas y Sudáfrica.
“Los ciudadanos recurren cada vez más a los tribunales para acceder a la justicia y ejercer su derecho a un medio ambiente saludable”, detalla Arnold Kreilhuber, director de la división de Derecho del PNUMA. “Los jueces y los tribunales tienen un papel fundamental que desempeñar para abordar la crisis climática”, añade.
Además, según el informe, el perfil de los demandantes también se está volviendo más diverso, con oenegés y partidos políticos, pero también menores, ancianos, migrantes y pueblos indígenas, quienes a menudo soportan ya las consecuencias de inundaciones, sequías, un aumento del nivel del mar o de la contaminación.
Muchos de los juicios incluyen la violación de “derechos climáticos” relacionados con el derecho fundamental a la vida, la salud, la alimentación y el agua; el incumplimiento de los gobiernos a la hora de adoptar medidas de mitigación y adaptación climática y casos de “lavado verde” (greenwashing), por ejemplo, cuando productos son etiquetados falsamente como “ecológicos”.
Según datos de la organización suiza sin ánimo de lucro Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), el número de migrantes climáticos podría abarcar un rango de entre 140 y 1.000 millones para 2050, sobre todo, en las regiones del sureste asiático, América Latina y África subsahariana.
África, pese a su escasa participación en la emisión global de gases CO2 (un 3,7 %) es especialmente vulnerable ante desastres naturales.
La combinación de pobreza, dependencia agrícola, instituciones débiles y un alto crecimiento poblacional -con una proyección de 2.500 millones de personas para el año 2050- hace de este continente uno de los más amenazados por la crisis climática.

Fuente: EFEverde - Imagen:  EFE/Orlando Barría/Archivo