Chile, un país de áreas protegidas sin protección
Por: Camilo Castellanos
En 2020, 40 años después de ese trabajo como guarda parques, Peña consiguió uno de sus mayores orgullos: la reserva Río Clarillo, ahora bajo su administración, se convirtió en el primer Parque Nacional de la Región Metropolitana. Pero, a 40 años de comenzar como guarda parques, él también ve varias amenazas para el ecosistema que ama. “El cambio de suelo para procesos de urbanización, el cambio climático que crea condiciones propicias para incendios forestales y los ingresos furtivos de gente que no tiene mucha conciencia de conservación son las principales”, explica. Río Clarillo y los ecosistemas de la zona central, sin embargo, no son los únicos en riesgo.
Pese a que los últimos Gobiernos han declarado cientos de miles de hectáreas como áreas protegidas, estas zonas no están realmente resguardadas. Incluso con los esfuerzos de Conaf y guarda parques como Peña, muchas de estas áreas están en riesgo por actividades extractivas o derechamente ilegales. Se requiere un plan nacional y mayores recursos para que las áreas protegidas estén efectivamente protegidas.
Lo que significa áreas protegidas
La definición de lo que es un área protegida es simple, son territorios establecidos en los que se regula y administra con un fin claro: la conservación de la naturaleza y de los ecosistemas. En Chile hay al menos nueve denominaciones diferentes para las áreas protegidas, cada una con reglamentos diferentes: Parques Nacionales, Reserva Forestal, Parque Marino… Y los últimos Gobiernos, tanto de Piñera como de Bachelet, han aprovechado la popularidad de sus mandatos para declarar cientos de miles de hectáreas con estas denominaciones.
Con esto, en una primera mirada, Chile parece no estar mal. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) tiene 105 áreas bajo su resguardo. Esto equivale a 18 millones de hectáreas, el 21,3% del territorio continental. Y en ecosistemas marinos, las áreas protegidas ocupan el 42% de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva. Esto, a nivel comparativo, deja a Chile en el puesto 77 de casi 200 países entre los que tienen mayor resguardo de áreas terrestres y en el quinto puesto en áreas marinas.
La protección, sin embargo, es más administrativa que real. “Hay un frenesí de declaraciones de áreas protegidas sin la posibilidad real de hacerse cargo”, dice Jorge Andrés Cash, jefe del área de Medio Ambiente de Elías abogados, quien fue jefe Legal del Ministerio del Medio Ambiente en el segundo Gobierno de Bachelet y ahora es candidato a la Constituyente. “No hay evidencia concreta de que el Estado, una vez declara áreas protegidas, tenga cómo protegerlas”. Y la poca evidencia que hay mostraría que no las está protegiendo.
Áreas en riesgo
“Las áreas protegidas en Chile son altamente vulnerables”, dice María Isabel Manzur, investigadora de Chile sustentable. Y se remite a un estudio sobre su situación jurídica realizado por el Ministerio del Medio Ambiente junto al PNUD y el Global Environment Facility, que evidencia cómo de las 173 áreas protegidas estudiadas (terrestres y marinas de distintas categorías), en el 42% se ha desarrollado o ha habido intenciones de desarrollar proyectos industriales. Es decir, en 73 de las áreas protegidas el Gobierno vio amenazas a la conservación de parte de mineras, hidroeléctricas, gasoductos, entre otros. El estudio, pese a ser muy completo, es antiguo: fue publicado en 2011. “Es el más actualizado que tenemos y estamos a 2021”, dice Manzur.
Pero ¿cómo un área que se supone protegida puede estar amenazada por actividades industriales? El problema, explica Manzur, es que la legislación es dispersa y desordenada. “Algunas áreas protegidas dependen de un ministerio y otras de otro, o de Bienes Nacionales, o de la Conaf”, dice. “El desorden impide una legislación y manejos integrales. Cada ministerio las maneja con sus propios criterios. Eso las deja permeables”, agrega. Y los criterios chocan entre ellos. Chile, pese a ser parte de la Convención de Washington, que establece que en los Parques Nacionales no se debe realizar explotación comercial, muchas veces deja de lado este tratado y privilegia la Ley 19.300 que sí permite la explotación. “No hay claridad jurídica y la justicia se divide entre esos dos elementos”, dice.
A esto se suman otras amenazas, como el desarrollo de urbanización y cambios de uso del suelo, que advierte Peña en la zona central, o actividades derechamente ilegales. “Hay testimonios, desgraciadamente, de robo de madera o personas que entran y cazan o producen incendios forestales. Casos de delincuencia”, dice Italo Rossi, gerente de Áreas Protegidas de Conaf, quienes administran 18.600 hectáreas de estos territorios.
El problema es más grave en áreas marinas. “Ahí no tenemos protección efectiva, no hay presupuesto y recién se están creando los planes de manejo”, dice Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram. Y la vulnerabilidad de esas áreas quedó patente el año pasado, cuando una serie de reportajes de Ciper y medios internacionales evidenció que flotas de barcos chinos entran a pescar sin control de las autoridades.
Al desarrollo industrial y de actividades ilegales se suma otra amenaza: los ecosistemas no estarían debidamente representados en la distribución de los territorios protegidos. El mapa que muestra el Gobierno en su página web evidencia este problema: las áreas protegidas, marcadas en verde, ocupan gran parte del terreno hacia la Patagonia, pero hacia el norte se van volviendo pequeñas, escasas y separadas. “Hay ecosistemas sub representados, sobre todo la zona mediterránea, que es desde Coquimbo hasta el Biobío y es muy dramática la situación de la zona Metropolitana”, advierte Liberona. Un lugar azotado por la sequía y que, además, es el de mayor densidad de población.
La declaración de Río Clarillo fue un avance en esa zona, pero faltaría agregar más territorios. Peña resiente esto. “Tengo la esperanza de poder incorporar nuevas superficies en la zona central y que sean protegidas. Me gustaría lograrlo antes de terminar mi labor como guarda parques”, dice.
En las áreas marinas se daría el mismo problema. “En la zona costera hay muy pocas áreas protegidas. Y el problema de eso es que en los primeros metros de mar ocurre la fase temprana del desarrollo de muchas especies y hay mucha actividad humana”, dice Liberona. Y tras diez años de proyectos de ley medio ambientales, todavía no hay un cambio que contenga estas amenazas.
Un sistema nacional
El diagnóstico sobre cómo se puede resguardar a las áreas protegidas parece ser claro: se necesita un plan nacional que una criterios y con visión a futuro, junto a más recursos para la conservación. Pero, que sea claro no significa que sea fácil de alcanzar.
En 2010, Chile reformó su institucionalidad ambiental y, al hacerlo, se estableció el compromiso de que el Ejecutivo ingresara a tramitación uno o más proyectos para crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un Servicio Nacional Forestal. Y pese a que el primer Gobierno de Piñera envió dos proyectos, su tramitación se complicó en el Congreso. Mientras la creación de un Servicio Nacional Forestal fue rechazada en el Senado en 2012, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas se tramitó hasta 2014, sin ser puesto a votación, cuando fue retirado.
Ese mismo año, ingresó un nuevo proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP). Este fue aprobado en el Senado en 2018 y ahora está en tramitación en la Cámara de Diputados. Entre otros elementos, el proyecto establece que los parques nacionales solo podrán ser desafectados por ley, siguiendo la Convención de Washington, y considera que la conservación no reconoce fronteras administrativas, lo que permite el resguardo de ecosistemas fuera de áreas protegidas y planes de restauración para áreas degradadas. Pero, tras dos años en la Cámara, aún no se tiene un servicio de áreas protegidas.
Ahora, al parecer, habría acercamientos para poder aprobar el proyecto. “Estamos en una etapa crítica”, dice Manzur. “Estamos tratando de cerrar puertas para que no se permitan las actividades industriales y comerciales en áreas protegida”, dice. El proyecto que avanza en el Congreso podría unificar criterios en materia de protección. “Un sistema nacional permitirá elevar los estándares para tener una conservación más efectiva”, dice Liberona. Con un sistema nacional, la institucionalidad de protección ambiental quedaría en un mismo ministerio. Además, esto permitiría generar una visión unificada y a largo plazo para la protección de ecosistemas y, así también, definir prioridades.
Al parecer, el proyecto de ley estaría avanzando, esto pese a que todavía hay cierta oposición (Rossi cree que no se necesitan cambios legales, que la administración debería seguir a manos de la Conaf y que solo se necesitan más recursos). Y en el Congreso los temas complejos, como el traspaso de los trabajadores de Conaf, se estarían destrabando. Pero, incluso si el proyecto logra aprobarse, la falta de recursos se mantendrá. Y este problema no es menor en Chile.
Nuestro país está entre los 10 que menos invierten en biodiversidad y, según publicó el PNUD en 2010, Chile gasta solo US$ 0,60 por hectárea protegida, lejos del promedio de América latina y el Caribe de US$1,95
Nuestro país está entre los 10 que menos invierten en biodiversidad y, según publicó el PNUD en 2010, Chile gasta solo US$ 0,60 por hectárea protegida, lejos del promedio de América latina y el Caribe de US$1,95. Rossi, de Conaf, admite que efectivamente los recursos y el presupuesto “no condice con la labor” que hacen. Dice también que están tratando de innovar con tecnología para suplir la falta de recursos, con herramientas como reservas online y cámaras trampa para monitoreo. “Estamos siendo creativos para cerrar brechas en financiamiento”, explica y agrega que, con más personal y control, los riesgos para las áreas protegidas disminuirían.
Con la pandemia los recursos han escaseado todavía más. El presupuesto 2021 redujo en 9,5% los aportes fiscales destinados a las áreas protegidas. Y el escenario es más crudo si se desagregan los aportes: solo el 29% de los recursos para estas áreas proviene del Estado, mientras que el 71% viene de los ingresos de operación.
Manzur, sin embargo, es optimista. Cree que tener una legislación unificada es un buen primer paso. “Puede gestionar más recursos e, incluso, acceder a fundaciones privadas o impulsar actividades”, dice. Peña, al teléfono desde Río Clarillo, por su parte, comenta que los recursos siempre son insuficientes. “Pero siento que con el paso del tiempo ha habido un cambio en la sociedad”, admite. Cree que en los últimos años se está valorando más los espacios naturales. Además, cree que las autoridades y la comunidad, al fin, están entendiendo que de estos lugares depende su sustentabilidad: “Clarillo, por ejemplo, protege una cuenca. Estamos proveyendo agua a la comunidad. Ahora que estamos en un prolongado periodo de sequía, lo más probable es que si no se hubiera resguardado Clarillo, el impacto de la sequía sería mucho mayor”.
Imagen de portada: Parque Nacional Huerquehue © Rafael Edwards - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sobre el autor
Camilo Castellanos es periodista especializado en economía y desarrollo inclusivo. Trabaja actualmente cubriendo macroeconomía y políticas públicas en el diario La Segunda, es editor de revista Escalando y colabora con diferentes revistas en Chile y Colombia. Además, es escalador y amante de los deportes al aire libre.
Fuente: Revista Endémico: https://www.endemico.org/chile-un-pais-de-areas-protegidas-sin-proteccion/
