Patagonia / Chubut: La megaminería es incompatible con el cuidado del ambiente

La relación entre universidades y empresas mineras no es nueva. En este caso se manifestó en la publicación de una nota en el diario La Nación.  La respuesta de nuestra Asamblea no se hizo esperar. Pasados varios días del envío, no perdemos la expectativa de que la misma se publique, pero adelantamos aquí la respuesta enviada, así como algunos detalles del vínculo entre la Universidad de Belgrano y los intereses de las transnacionales mineras.

Fuente: noalamina.org

Ante la publicación de una nota de opinión en el diario La Nación donde docentes de la Universidad de Belgrano afirman que es posible “conciliar minería y cuidado del ambiente”, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel envió al diario un texto a fin de ejercer un justo derecho a réplica. Como un dato de contexto, resulta relevante conocer que la mencionada universidad lanzó en 2017 el “primer observatorio pyme minero”, con lo cual consideramos que su neutralidad académica frente el tema queda seriamente condicionada. En el dossier de dicha presentación la UB declara que ese aporte “pretende ser estratégico, como fuente de apoyo a la industria minera y a toda la red proveedora.”

La megaminería es incompatible con el cuidado del ambiente
Desde la Asamblea de Vecinos de Esquel deseamos compartir algunas precisiones en relación a conceptos vertidos en la nota publicada el día 9 de enero de 2021, firmada por los señores Fritzsche, De Castro y Corcuera.
Hace 20 años debatimos y rebatimos en Esquel los argumentos publicados. Sería imposible volcar en pocas líneas todo lo aprendido en estos años.
El artículo “Conciliar minería y cuidado ambiental es posible” aborda muchos de los puntos que las asambleas de Chubut denunciamos sobre la megaminería. El título sostiene que es posible “conciliar” una actividad absolutamente extractiva con el cuidado del ambiente y ser realizada de forma sustentable. Pero no presentan ningún ejemplo real, … sencillamente porque no existe. La megaminería consiste en extraer un bien común no renovable, por lo que es imposible que sea sustentable, ya que el mineral extraído no se regenera. Es altamente destructiva en el propio ambiente del “yacimiento”, pero genera también impactos negativos a largo plazo y en zonas tan amplias que son de difícil o imposible previsión. La pulverización de millones de toneladas de rocas libera minerales naturalmente retenidos en su interior, que pasan así a ser tóxicos a través de los drenajes ácidos y de las inevitables filtraciones desde escombreras o diques de colas, o esparcidas por los fuertes vientos. A lo que se suman los riesgos vinculados al colapso de esos depósitos, así como al transporte de sustancias químicas peligrosas por tierra y agua. Todo ello verificable en innumerables casos alrededor del mundo, con Jáchal, Mariana y Brumadinho entre los más recientes.

Pero es el altísimo consumo de agua en megaminería el aspecto más alarmante para toda la población, en un contexto de sequía. La minería metalífera no puede funcionar sin ingentes cantidades de agua dulce, a razón de 8 millones de litros por día sólo para el proyecto Navidad. La escasez de agua es motivo de reclamos en varias ciudades de la provincia. Y un claro indicio de la incompatibilidad con el cuidado del ambiente. Es tal la creciente escasez en el mundo, que en diciembre del 2020 el agua comenzó a cotizar en Wall Street así como el petróleo, el oro o la soja.
El impacto negativo no sólo se restringe a la naturaleza: en lo social y en lo político es abrumador. Sin que ninguna empresa esté en etapa de explotación en la provincia, hemos visto al diputado Muñiz recibiendo en su celular órdenes de empresas mineras durante una sesión legislativa (2014), hemos escuchado al gerente de comunicaciones de Minas Argentinas S.A Ricardo Bustos, solicitar “que presionen” a la presidenta de la UCR provincial para que sus dos diputados voten a favor de la zonificación; o al propio gobernador chubutense Arcioni “confundiendo” el proyecto de Ley con un “convenio” con las empresas, entre otros numerosos ejemplos. El gobierno está tan comprometido con las mineras, que desconoce Tratados Internacionales de rango constitucional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa al mundo indígena cuando se afectan sus territorios, o el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Se ha convertido a la meseta chubutense en una zona altamente vulnerada, con agravios a culturas originarias al punto de trasladar un enterratorio de miles de años. El proyecto de zonificación presentado por el Ejecutivo provincial fue redactado a espaldas del Pueblo y sin consulta a instituciones científicas como el Conicet, el INTA, la UNPSJB, que han denunciado esta situación, e incluso han señalado las amenazas y engaños implícitos en tal proyecto.
Junto a esto, el gobierno ha creado una crisis provincial que lleva varios años, donde, por ejemplo, los empleados estatales no han cobrado dos sueldos y un aguinaldo de 2020. Todo en busca de la “licencia social” que no tienen. Así ha privado además a la población de servicios esenciales como Educación y Salud, entre muchos otros.

De forma particularmente extraña, los profesionales firmantes de la nota confunden Consulta Popular con Iniciativa Popular y ponen en duda los arrestos, allanamientos y judicialización que sufrimos los asambleístas. Las Asambleas de Chubut no hemos pedido una consulta, donde ganaría el rechazo a la megaminería, sino que presentamos un proyecto de Ley a través del mecanismo de Iniciativa Popular. Si confunden dos conceptos tan diferentes ¿qué más estarán confundiendo? Si ponen en duda una realidad publicada por todos los medios ¿qué otras mentiras pueden decir?
En cuanto a lo laboral, rechazando el gobierno cualquier alternativa a la minería, y dejando sin incentivos estatales a las actuales actividades, resultan una estafa las promesas de generación de empleos locales. La capacitación requerida por la megaminería imposibilita la contratación de la población local. Y los propios firmantes son ejemplo: ninguno de ellos, reside en Gastre o Telsen. Todos están cómodamente ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Desde Catamarca, San Juan y Santa Cruz las evidencias son abrumadoras: las empresas contratan operarios de regiones lejanas, a fin de eludir juicios de las familias ante accidentes u otros conflictos.
Aclaramos también que en los 20 años que no pudieron extraer oro del Cordón Esquel, ningún chico se quedó sin bicicletas, como afirman en la nota publicada. El proyecto Esquel -rebautizado Suyai para esquivar la información sobre el rechazo masivo desde 2003- pretende extraer oro (1500 millones de dólares) y Navidad extraería plata y plomo (11000 millones de dólares). Ninguno de ellos es indispensable para la vida cotidiana de la población, sólo son necesarios para la especulación y el atesoramiento de unos pocos.
Para no extender más: la megaminería saquea los recursos y al país, llevándose los minerales y dejando ínfimas regalías (menos del 3%), deja profundos daños ambientales y destruye actividades económicas que existen actualmente o podrían existir con incentivo estatal. La megaminería contamina el ambiente, contamina la sociedad y el gobierno. Desde Chubut, seguiremos diciendo que NO es NO.
Atte,
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina
noalamina.org
Esquel, 14 de Enero, 2021
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 Latinoamérica: Agua y Energía para la vida o para las mineras

La información producida por el propio sector minero en Ecuador y en Chile pone sobre el tapete la tensión Agua y Energía para la vida o para las mineras por la que los pueblos latinoamericanos  luchan desde hace décadas. En Ecuador se debate una ley para limitar el uso de agua y en Chile afirman que deberán utilizar agua de mar, lo que requiere más energía para la desalinización.
Ecuador
La cámara minera y varios gremios  de Ecuador advirtieron sobre el riesgo de que “se afecte la industria” si los legisladores aprueban las reformas a la Ley de Recursos Hídricos que están en trámite en la Asamblea Nacional.
Las reformas apuntan, entre otros objetivos, a prohibir las actividades de minería metálica en zonas aledañas a fuentes de agua, páramos, humedales y otros ecosistemas vulnerables y sus áreas de influencia. También se establece que los municipios pueden declarar de utilidad pública las áreas circundantes de fuentes hídricas.
Las reformas devolverían competencias a las denominadas juntas de agua, que son especialmente importantes en zonas rurales donde se asientan proyectos mineros y este sector afirma que de concretarse estas reformas, se frenaría la inversión y la entrada de divisas.
Si bien la Constitución ya establece la prohibición de realizar actividades mineras en áreas protegidas, los legisladores buscan ampliar las restricciones.
“Hay que decidir por lo más beneficioso para la ciudadanía y lo menos riesgoso para su salud”, señaló el legislador Henry  Moreno.
Durante años, comunidades de áreas de influencia de proyectos mineros, sobre todo en el sur del país, han denunciado que las juntas de agua utilizan el acceso al líquido vital para evitar que los pobladores de dichas zonas apoyen los proyectos de la minería.

Chile
Por su parte, en un informe elaborado por Cochilco sobre la proyección del consumo eléctrico en la minería del cobre entre 2020 y 2031, se reveló que la demanda energética aumentará 34% en dicho periodo, pasando de 25 TWh a 33,4 TWh. En este se estima que, para satisfacer la demanda esperada, se requeriría agregar una capacidad de generación eléctrica de 1.222 MW a 2030.
La energía eléctrica es un insumo clave para la industria minera en sus diversos procesos productivos y servicios. De hecho, se estima que su uso representa alrededor del 8% de los costos operacionales de la gran minería del cobre nacional.
El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, sostiene que este aumento “se explica por los desafíos estructurales que exigirán mayor consumo de electricidad, como el envejecimiento de las minas; una caída en la ley del mineral; mayor producción de concentrados de cobre, que requiere para su procesamiento más energía eléctrica”. Y añade que “a ello se suma el incremento del uso de agua de mar, ya sea desalinización y/o bombeo de agua directa de mar a operaciones mineras, proceso que es altamente intensivo en consumo de energía eléctrica”.
Por su parte, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, señala que “en los próximos años irá aumentando la desalinización de agua para consumo minero, lo que requerirá mayor uso de electricidad”.  Aproximadamente el 30% del costo final del agua desalinizada es explicado por el costo de la energía.

Fuentes: bnaméricas y LA TERCERA