Oleoductos obsoletos: medio siglo de roturas y derrames en la Amazonía ecuatoriana
por Ana Cristina Alvarado
“Nos hemos criado sobre el crudo”, dice María Sarango, directiva del recinto La Victoria, zona rural ubicada a una hora al sureste de Lago Agrio, la capital de Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia. “Siempre había derrames, se rompían las tuberías. Incluso, cuando era niña, [los petroleros] venían e iban cortando las matas de naranja o de cacao y decían ‘por aquí va un pozo, va una línea’. Nosotros no podíamos decir nada”, relata. “La diferencia es que ahora exigimos los derechos, pero los derrames continúan. La tubería tiene como 50 años y se rompe seguido, seguido, seguido…”, dice esta mujer de 52 años.
La Victoria y 18 de noviembre, una comunidad vecina de población mestiza, están en la zona más afectada por los derrames de petróleo en Ecuador. Por estas comunidades pasa el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y a ellas también se sobrepone el Bloque 57 Shushufindi Libertador, operado por Petroecuador. Entre 2012 y mayo de 2022, el Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica (MAATE) registró 352 derrames en este bloque, es decir, aproximadamente tres derrames mensuales. Esto equivale al 22,2 % de los 1584 derrames registrados en ese periodo en los 83 bloques de la Amazonía ecuatoriana.
“El bloque 57, operativo desde 1980, histórica y operativamente es el que concentra la mayor área y por ende, al contar con mayor extensión de instalaciones, sumado a las condiciones geográficas, sísmicas y climáticas de la región está expuesto a mayores riesgos asociados. Entre las principales causas de derrames ocurridos están: la corrosión interna y externa en tubería, sabotaje, hurto, toma clandestina, fenómenos naturales, entre otros”, respondió el MAATE a una solicitud de información realizada por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.
Sarango denuncia que cuando existe una rotura, los operadores solo parchan el oleoducto, en lugar de dar una solución definitiva. “Cambian dos metros o un metro, donde explotó el tubo, donde quedó el hueco. No cambian toda la tubería, está totalmente obsoleta, por eso se viene rompiendo seguido”, asegura.
Alexandra Almeida, coordinadora del área de petróleo de la organización ambientalista Acción Ecológica, cuenta que las operaciones en el Bloque 57 iniciaron a cargo de Texaco, ahora Chevrón y que, en 1990, la petrolera estadounidense se retiró de Ecuador. “Texaco le entregó todo a Petroecuador, incluida la infraestructura, tal como estaba. Los oleoductos ya estaban viejos. Las tuberías tienen una vida útil de 20 años”, afirma.
De acuerdo con Almeida, la obsolescencia de los ductos se suma a la falta de mantenimiento que reciben. Sebastián Valdivieso, director para Ecuador de la organización Wildlife Conservation Society (WCS), concuerda y asegura que “en el lado público [Petroecuador], aseguran que no hay recursos. Los recursos petroleros no son invertidos de la mejor manera para mantener la infraestructura y en el Bloque 57 ves los ductos más antiguos de Ecuador, que están visiblemente en mal estado”, afirma.
Un equipo periodístico de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora viajó hasta el Bloque 57 para observar directamente el estado de los ductos.
Tuberías viejas y en mal estado
El recinto La Victoria y la comunidad 18 de noviembre están atravesados por un entramado de ductos de petróleo, gas y aguas de formación —líquido salinos y tóxicos que salen junto al petróleo— de las empresas estatales ecuatorianas Petroindustrial y Petroecuador, de la española Repsol y del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) —que forma parte de Petroecuador—. Además, en este sector opera el campo petrolero Shushufindi, con 22 pozos activos y una estación de bombeo.
Tuberías oxidadas avanzan junto a las carreteras, por lo que hallarlas y ver su estado no es tarea difícil. Pronto se visualizan las grapas, unas especies de abrazaderas metálicas que se ponen en las tuberías que sufrieron una rotura y fueron soldadas. Así lo explican las fuentes expertas consultadas para este reportaje. Las abrazaderas permiten que la soldadura se consolide y evitan que la tubería ceda nuevamente a la presión del petróleo.
En un tramo de unos 500 metros, en La Victoria, se encuentran un par de grapas, una decena de soldaduras y un parche de unos tres metros de tubería que luce menos desgastado y de otro color que el ducto al que auxilia. “En tuberías, cuando cambias segmentos o secciones, generas un problema. Es como una manguera en mal estado: la cortas, pones un pedazo en buen estado y el resultado es una manguera en mal estado con un parche”, explica Valdivieso de WCS.
“Desde el 2021 a lo que va del año 2022 [25 de mayo], se ha derramado un volumen de 15 780 barriles [a escala nacional], de los cuales se han recuperado en las fases de contingencia el 80 % y el 20 % restante se somete a procesos de limpieza y remediación hasta el restablecimiento de condiciones anteriores al derrame, hasta alcanzar la recuperación total del hidrocarburo derramado”, asegura el MAATE. No obstante, este equipo periodístico corroboró que las evidencias de los derrames persisten, aunque en algunos casos ya han pasado meses e incluso años.
De hecho, el 12 de agosto de 2021, un derrame de aguas de formación dejó un pantano tóxico entre el cerco de la Estación Sur del Campo Shushufindi y la vía a Palmeras del Ecuador. En la comunidad 18 de Noviembre, esta es la primera evidencia visible de derrame en el recorrido, a unos cuatro kilómetros del tramo de ductos observado en La Victoria. Aquí, el petróleo aún no ha sido tapado con tierra por los trabajadores petroleros ni ha quedado camuflado entre la vegetación.
Pocos metros más adelante, adentrándose desde la vía a Palmeras del Ecuador hacia el campo petrolero, se aprecia otra especie de piscina pantanosa. El agua luce estancada y está justo debajo de dos ductos. Al otro lado de la vía hay una tercera laguna artificial formada por un derrame, pero está cercada por cintas amarillas que dicen “peligro”. “Ha habido dos o tres derrames seguidos”, dice Sarango en referencia a estos tres casos en 18 de noviembre. En un tramo menor a 5 km entre las dos comunidades, hay dos lagunas más de petróleo y agua.
El último derrame ocurrió el 23 de abril de 2022, en la finca de Joaquín Arteaga, un anciano de 80 años que se lamenta porque un mes después de que el petróleo aflorara de un tubo soterrado, el crudo aún no ha sido retirado de su propiedad, afectando a sus plantaciones y a su ganado. Arteaga no ha sido indemnizado, pero dice, en tono irónico, que Petroecuador le entregó dos rollos de alambre para cercar a sus animales y un tanque de agua vacío. La alianza periodística de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora ha realizado varias solicitudes de información a Petroecuador, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
“La empresa Petroecuador EP, tiene a su cargo cerca del 80 % de la producción a nivel nacional de hidrocarburos, por ende concentra el 96,5 % de los derrames [un total de 416] ocurridos durante 2021 y lo que va del 2022 [hasta el 25 de mayo]”, dice el MAATE y agrega que, por estos derrames, el número de procesos administrativos iniciados en ese periodo es de 133. De esta cantidad, 120 (90 %) corresponden a Petroecuador y 13 a empresas privadas (10 %). 121 de los 133 procesos administrativos corresponden a fallas operativas y corrosión interna y externa.
“Agua como si fuera óxido”
Estas dos comunidades en Sucumbíos ya están acostumbradas a los derrames de hidrocarburos, pero el 2 de abril de 2019 vivieron un “caos”, como dice María Sarango. El ama de casa y lideresa de La Victoria estaba en su cocina cuando vio que, al otro lado de la carretera, la tierra se alzaba en ondas, como si una boa estuviera debajo tratando de salir. “No sabíamos qué era. La vecina [que vive junto a ese punto] quiso pasar donde mí, entonces, [lo que estaba debajo del suelo] explotó. Ella se tiró al piso”, recuerda Sarango. Se trataba de un gasoducto que liberó un gas que “cava la nariz”, según dice la mujer y que huele similar a la gasolina. “Los ojos nos lagrimeaban”, cuenta.
“Nunca nos preparamos para una cosa así, ni policías, ni médicos. Nadie sabía qué hacer”, continúa Sarango. Ese día nadie pudo encender luces ni equipos eléctricos, tampoco pudieron prender hornillas. De todas formas, comenta, nadie pudo comer debido a la intensidad del olor. El accidente sucedió junto a la planta de tratamiento de agua que abastece a La Victoria y a 10 comunidades más. En total a unas 1000 familias. Con la explosión, la tierra contaminada y el gas llegaron al tanque de agua y se filtraron hacia las tuberías que abastecen a las casas.
“Esa agua fue destruyendo todo. En las tuberías quedó como carbón negro. Eso salía en las llaves de agua”, dice Sarango. Los comuneros pidieron el cambio de toda la red de agua pero Petroecuador apenas se hizo responsable del tanque. Al inicio, la gente se abastecía con agua de tanqueros del municipio, pero a medida que pasó el tiempo, y debido a la necesidad, los pobladores empezaron a abrir sus grifos nuevamente.
Solicitamos información a la Dirección de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Shushufindi, al que pertenecen estas dos comunidades, sobre este incidente, sin embargo, hasta el cierre del reportaje no hubo respuesta.
Y eso no fue todo, el agua se vio afectada nuevamente. En plena pandemia, un derrame el 12 de agosto de 2021 afectó la vertiente de la que se capta agua para la comunidad 18 de Noviembre. “Se le ha hecho tratamiento, pero no está del todo descontaminada. Hubo un tiempo en que la gente no la consumió, luego de forma progresiva la fue usando. Pero no se hicieron exámenes [del agua], el problema persiste, solo que no conocemos la magnitud”, dice José Fajardo colaborador de la Unión de Afectados de Texaco. Según dice, esto provocó problemas estomacales pero las consecuencias en la salud a largo plazo son peores.
“Acá hay bastantes personas contaminadas con el cáncer. Han fallecido en La Victoria unas seis personas con cáncer y aún tenemos personas luchando con esta enfermedad, con cáncer al estómago, a la piel, a los senos”, cuenta Sarango. Justamente, estos tipos de cáncer están relacionados con la contaminación por petróleo, de acuerdo con un informe de la Clínica Ambiental, un proyecto de reparación socioambiental del Centro de Estudios y Asesoría Social de la ONG ambientalista Acción Ecológica. Además, el estudio Impacto genético en comunidades Amazónicas del Ecuador localizadas en zonas petroleras, publicado en la Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas, corroboró que “la exposición de agentes cancerígenos usados en la industria petrolera incrementa el desarrollo de cáncer”.
Esta zona “tiene un grave problema de contaminación de aguas, porque la reinyección de aguas de formación ha colapsado hace mucho tiempo y esas aguas se filtran y salen por los lechos de los ríos e incluso por los pozos de las familias”, explica Alexandra Almeida. Esto ha provocado que los finqueros se vean obligados a comprar agua tratada para alimentar al ganado. “Cuando el ganado baja a tomar esa agua amarillenta que está en el estero que cruza por las fincas, agua como si fuera óxido, después no se engorda”, cuenta Sarango.
Tuberías nuevas y en mal estado
Media hora al noreste de La Victoria, el Campo Drago de Petroecuador se sobrepone a las comunidades 29 de Marzo, Unión Paltense, Unión Lojana, Nueva Esmeraldas, San Antonio y La Gran Vía. Unas 6000 personas habitan en esta zona. Este campo, también ubicado en el Bloque 57, empezó a operar en 2007. A pesar de que aquí la infraestructura petrolera tiene tan solo 15 años, la frecuencia de los derrames no es muy distinta al caso anterior.
“Pensábamos que [la apertura del campo] iba a ser una ventaja, una bendición para las comunidades. Sabíamos que Petroecuador iba a compensar de diferentes formas, pero es muy triste hablar de esta realidad, la zona petrolera no ha sido una bendición, sino una maldición”, asegura Darwin Vélez, agricultor y dirigente de la comunidad 29 de Marzo.
Las roturas constantes de ductos empezaron nueve meses después de que, a mediados de 2011, se instaló la tubería que conduce el petróleo de los pozos a la estación del Campo Drago. De acuerdo con un informe de Acción Ecológica, en el 2012 se dio un “nuevo récord petrolero”, indicando que solo entre el 10 de abril y el 17 de mayo de 2012 hubo cinco derrames en esa zona, contaminando esteros y ríos que eran utilizados por familias y finqueros.
El 12 de febrero de 2018, una línea de flujo a 30 metros de la casa de Vélez se rompió. El derrame, dice el líder, contaminó un área de 10 000 metros cuadrados de su finca. Trabajadores de la empresa estatal ecuatoriana solucionaron el percance con una grapa, sin embargo, un mes después, según recuerda, empezó nuevamente a salir petróleo. La solución: volvieron a soldar la pieza.
Petroecuador inició la limpieza cavando 12 fosas de siete metros de profundidad para retirar el crudo visible. No obstante, otro derrame apareció, por lo que la empresa estatal dejó atrás las fosas, que enseguida se convirtieron en trampas mortales para gallinas, chanchos y otros animales domésticos de Vélez, así como para sus tres hijas, todas en edad escolar.
El padre de familia ha contratado maquinaria para tapar algunos de los huecos, pero otros aún permanecen. Entre esos, el más grande, en el punto en donde sucedieron los derrames. Luce como un pantano aunque, en lugar de lodo, hay petróleo en el fondo. “Atención. Fosas abiertas”, advierte un letrero amarillo pocos metros antes del lugar. Vélez recibió una indemnización, pero dice que hubiera preferido “que dejen todo como estaba”, refiriéndose a su finca, que ahora está “destruida y contaminada”.
Ya en la comunidad Nueva Esmeraldas, un derrame sucedido el 29 de junio de 2019 contaminó un estero. Aquí, el agua se llevó la mayor parte del petróleo. Las barreras de contención, en lugar de atravesar el afluente para evitar el paso del hidrocarburo, están colocadas de manera paralela a la corriente. En algunas zonas, la playa del estero tiene manchas iridiscentes y, en otras, al remover la tierra sale el olor característico del petróleo.
“El campo Drago, desde el 2020 no registra emergencias ambientales”, asegura el MAATE en la respuesta a la solicitud de información enviada. Sin embargo, el 21 de septiembre de 2021, la rotura de un ducto dejó una gran piscina de petróleo y lodo en la finca de Francisco Vargas, quien aún no ha recibido indemnización. A tres kilómetros del hogar del líder de la comunidad 29 de Marzo, las manchas negras, densas y aceitosas son más visibles que en los puntos anteriores.
Piscinas de tóxicos se derraman en el campo Drago
En 2011, cuenta Darwin Vélez, Petroecuador construyó piscinas de desechos de petróleo a 400 metros de distancia de la escuela Luis Ulpiano de la Torre, en la comunidad 29 de Marzo. “Los niños no podían estudiar. El olor no les dejaba, tenían náuseas y muchos otros problemas”, cuenta. Entonces, los comuneros se organizaron y se manifestaron en contra de estas obras.
El 30 de octubre de 2012, la Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad de Shushufindi, cantón en el que se ubican estas comunidades, inspeccionó la zona. Un día más tarde, emitió un informe que denuncia que “un sinnúmero” de volquetas ingresan desde la vía Lago Agrio hasta la zona de corte —como les llaman a estas piscinas—. En el trayecto se levanta polvo y se riegan “lodos contaminantes”. Las denuncias más graves son que “no se ha colocado geomembrana en el área en algunas piscinas que ya están llenas” y que “por causas de las lluvias existentes en la zona, las piscinas ya selladas rebosan”. La Dirección de Ambiente de Shushufindi tampoco respondió a la solicitud de información para corroborar la situación actual de estas piscinas mientras que los habitantes de estas comunidades afirman que no ha habido restauración.
A medio kilómetro del hogar de Vélez hay un estero abandonado. Ya nadie se baña o juega ahí desde que, en 2011, la zona de corte se desbordara contaminando esta fuente de agua y, después, afectando al río Shushufindi. “Había un metro de espuma”, recuerda Auxilio Velásquez, presidente de la comunidad 29 de Marzo.
“La norma técnica dice que este tipo de actividades deben realizarse donde no exista agua dulce, porque, obviamente, si son líquidos, lodos, esto se va a regar”, asegura Pablo Fajardo, abogado que representa a estas comunidades y es parte de la Unión de Afectados por Texaco. “Luego, deben impermeabilizar la zona [usando geomembranas] y cubrirla de tal forma que no haya contacto con el agua”, explica. Pero nada de esto sucedió en el Campo Drago.
En parte, el reclamo de los comuneros funcionó pues lograron el cierre de las piscinas. No obstante, según indican Vélez y Velásquez, no ha habido procesos de descontaminación. La zona ahora está reforestada, el suelo está cubierto con maní rastrero, una especie resistente que rápidamente formó una alfombra verde en el lugar. Pero Auxilio Velásquez dice que ese escenario no la engaña. Señala algunos árboles y arbustos secos. Se acuclilla y con sus manos aparta la vegetación para descubrir lo que está debajo: la tierra no es tierra, lo que ve y toca es un líquido espeso, negro y aceitoso.
A inicios de 2020 Petroecuador compró un terreno de 30 000 metros cuadrados entre la comunidad 29 de Marzo y la comunidad La Gran Vía y empezó a aplanarlo para construir nuevas piscinas. Según indican los comuneros, al derribar las lomas de tierra de la zona, la estatal ecuatoriana tapó siete vertientes de agua. “Hay dos criterios básicos [para la construcción de piscinas de desechos]: no agua dulce y no población”, reitera el abogado Fajardo. Petroecuador tampoco respondió a la solicitud de información para ampliar esta información.
Cuando las comunidades se enteraron de esto, empezaron a manifestarse. “Como comunidades nos hemos organizado, hemos rechazado rotundamente este proyecto”, dice Vélez. “Petroecuador no tiene estudio de impacto ambiental, planes de manejo ni licencia ambiental [para la construcción de estas nuevas piscinas]”, aseguró José Fajardo en la sesión de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional del 11 de mayo de 2022.
Esta alianza periodística ha pedido, de manera insistente, información a Petroecuador y al Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, pero hasta el cierre de este reportaje no ha habido respuesta.
El 11 de mayo de 2022, representantes de estas comunidades, entre ellos Vélez, le pidieron a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea que visite el Campo Drago para que conozcan el impacto de los derrames en estas comunidades agricultoras y ganaderas, y para que le exijan al Ministerio de Ambiente una auditoría ambiental en la zona.
“No por el hecho de que seamos campesinos no merecemos respeto. Nuestra Amazonía siempre ha sido abandonada. Las riquezas y el petróleo se distribuyen en las grandes ciudades y a nosotros nos dejan los desechos tóxicos”, asegura Miguel Ángel Montalvo, presidente de la comunidad San Antonio.
Fuente: https://es.mongabay.com
