No a la minería en Ecuador: Sentencia a favor de los bosques

 

Las comunidades de la zona de Intag, amenazada desde hace 30 años por proyectos mineros acaban de ganar una histórica batalla judicial. El Estado ecuatoriano tiene que asumir el NO a la minería en la concesión Llurimagua. Nos unimos a las organizaciones sociales y ecologistas en la celebración de esta victoria de la vida, la naturaleza y la mega diversidad de este territorio.

Bajo bosques nublados de los Andes tropicales de Ecuador, al norte, en la cordillera de Toisán, dicen que existe un importante depósito de cobre en el que se han interesado empresas mineras transnacionales. Si fuera por estas, varios pueblos pequeños, ríos, cordilleras enteras llenas de vida tendrían que dejar paso a la enorme mina a cielo abierto Llurimagua, escombreras y embalses llenos de lodos tóxicos de mina.
Pero allí se ha dado uno de los procesos de resistencia contra la minería que es uno de los más largos de Latinoamérica. Dura 30 años en los que estas comunidades de Intag, así se llama la zona, han logrado hasta hoy preservar la naturaleza de una manera respetuosa y acaban de recibir un espaldarazo de parte de la Corte Provincial de Imbabura.

Para las comunidades locales, la presión ha ido en aumento durante todos estos años mientras un desfile de empresas transnacionales han intentado abrir una mina. Actualmente, la concesión del proyecto minero a cielo abierto y a gran escala está en manos de la compañía minera estatal ENAMI EP en alianza con la empresa Codelco, también estatal pero chilena. Pero antes en los años 90 lo intentaron la empresa japonesa Bishimetals, y en los 2000 las canadienses Ascendant Copper, Mesa Copper y Cornerstone. Una tras otra se vieron obligadas a abandonar la zona por la resistencia de las comunidades.
Victoria judicial aplastante
Afortunadamente tampoco esta vez le será posible avanzar al nuevo emprendimiento minero. El 29 de marzo, la Corte Provincial de Imbabura anuló con una sentencia la licencia ambiental otorgada hace diez años porque considera demostrado que el Estudio de Impacto Ambiental EIA tenía gravísimas deficiencias metodológicas. “Tan graves, que es difícil pensar que se trate de errores negligentes”, explica Carlos Varela, uno de los abogados al frente del caso.
La sentencia dice claramente al Estado que “existe vulneración a los derechos relativos a la protección de la naturaleza y la consulta ambiental de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Llurimagua (…) por parte del Ministerio del Ambiente (…) al haberse concedido la licencia ambiental (…) sobre la base de un Estudio de Impacto Ambiental, vulneratorio de los derechos a ser consultados en temas ambientales y a la protección de la naturaleza de las comunidades”. Por tanto, las empresas a cargo del proyecto tienen que detener sus actividades en la zona al no contar con una base jurídica para operar.
“No han hecho el suficiente esfuerzo para exigir que se inventarien y comprendan las especies amenazadas. Esa es la vulneración. No podemos esperar a que las especies se extingan para actuar. Porque ahí la pérdida ya sería irreparable”, explica Varela.
En escandalosa evidencia queda el rol del Ministerio de Medio Ambiente como ente de regulación y protección de la naturaleza, por haber sido totalmente incapaz en este caso de velar por la realización de los estudios y los procesos de consulta obligatorios.

Intag Histórica

Última instancia
El proyecto minero de ENAMI y CODELCO se encontraba en fase de exploración avanzada desde 2014 y pretendía ampliar su zona de exploración, con el objetivo de medir el depósito de cobre y tomar medidas para su explotación. Con esta sentencia definitiva, por tanto no apelable, deben detener los trabajos inmediatamente y abandonar la zona.
Para las personas que viven en las comunidades es una victoria aplastante que “no habría sido posible sin todo lo vivido a lo largo de estos años”, reflexiona en rueda de prensa Cenaida Guachagmira, como representante de las comunidades afectadas de Intag. Se refiere a la criminalización, la entrada violenta de la policía “con las empresas en brazos, amedrentando a las comunidades, dividiendo a las familias, poniendo en riesgo el turismo”. El trabajo continuo de denuncia de las violaciones de derechos ha hecho posible alcanzar un elevado nivel de conciencia en la región sobre la prioridad de defender la vida, el agua y los bosques nublados y frenar este proyecto minero en particular.
Zonas de sacrificio para la transición energética
Las comunidades y sus bosques están situadas justo encima del depósito de cobre. Abrir la mina significaría la destrucción de sus viviendas y su salida forzosa y por eso no quieren que se extraiga: “Los territorios de las comunidades no son adecuados para la minería. Las entidades que nos tendrían que proteger nos venden como si fuéramos títeres y nos niegan derechos básicos como la salud y la educación”, sigue Guachagmira, y cuenta que se ha llegado a condicionar estos servicios a la presencia de las empresas mineras. “No ven más allá de la ambición. No nos vamos a sacrificar para que unos millonarios ambiciosos manejen un coche eléctrico”, dice en alusión al elevado uso de cobre de muchas tecnología asociadas a la transición energética.

Carlos Varela añade que “transitar a la explotación del cobre con la excusa de la transición energética significa la destrucción de los últimos remanentes de bosque como el de Llurimagua, en la comunidad de Junín. Justo ahí es donde se capta carbono y se previene el cambio climático. Destruyendo los bosques no llegamos a ninguna parte” y que por tanto es necesario “revisar de donde vienen los recursos, los metales y los minerales para la transición ecológica”.
La Constitución garantiza Derechos de la Naturaleza
Con su sentencia, el tribunal de Imbabura también refuerza los derechos de la naturaleza, que Ecuador reconoce en su Constitución de 2008. Los derechos de la naturaleza son plenamente vinculantes, y las autoridades no pueden expedir permisos y licencias medioambientales que los contradigan, según el tribunal. Por tanto, ya no hay base legal para las actividades de las empresas mineras en la zona.
Una vez más, se demuestra que a pesar de todas las debilidades y presiones, el sistema jurídico del Ecuador sirve para proteger y tutelar derechos de las comunidades, de los individuos y la naturaleza, como ya sucediera con el caso de Los Cedros y otras sentencias emitidas por la Corte Constitucional sobre los derechos a la consulta a las comunidades afectadas y los derechos de la naturaleza en otros lugares del Ecuador como Sinangoe, San Carlos Pananza y también con respecto a la protección de los manglares.

De pretenderse llevar a cabo un proyecto minero en la concesión Llurimagua, un nuevo estudio bien hecho en un hot spot de biodiversidad debe identificar exhaustivamente tanto las especies como las medidas de protección y tiene que llevarse a cabo durante varios años.
Redes globales de resistencia a la minería
No se puede bajar la guardia porque hay otras empresas que están interesadas en explotar el territorio y tienen concesiones.
Salva la Selva lleva casi tantos años como tiene la resistencia a la minería en Intag, es decir, por lo menos 25 años, apoyando a las comunidades y organizaciones locales y sus reivindicaciones desde un plano internacional con diversas campañas, apoyo económico y seguiremos haciéndolo. No sólo para nuestra organización sino para muchas otras, los sucesos en la zona de Intag han funcionado como una auténtica escuela de defensa de los derechos y la naturaleza. Hemos buscado maneras y tejido redes como Sí a La Vida No a La Minería/ Yes to Life No to Mining para poder compartir todas las enseñanzas allí aprendidas con otras comunidades que sufren el mismo problema.

Fuente: por Salva la Selva