Argentina: La comunidad Indio Colalao y una causa armada a favor del poder empresarial en Tucumán
La comunidad del Pueblo Diaguita espera la sentencia por una causa contra nueve de sus integrantes a partir de un conflicto abierto con empresarios agropecuarios que, desde 2010, explotan parte del territorio. Entre las acusaciones enfrentan la de "usurpación", cuando el Estado nacional reconoció la posesión tradicional de la comunidad originaria. "Ellos nos están usurpando a nosotros", denuncia el cacique Pedro Chávez.
Nueve integrantes de la comunidad diaguita Indio Colalao están a la espera de una sentencia judicial. Se trata de un proceso que lleva trece años y se los acusa de usurpar las tierras donde siempre vivieron, en el norte de Tucumán. El territorio de la comunidad fue reconocido por el estado nacional, pero los empresarios agropecuarios Freddy Vela Moreno y Jorge Posse explotan parte de esas hectáreas desde 2010, amparados por supuestos boletos de compraventa. “No pueden decir que estamos usurpando, ellos nos están usurpando a nosotros", afirma Pedro Chávez, cacique de la comunidad.
Los empresarios arriendan las tierras para el cultivo de soja y cercaron el predio impidiendo el libre paso de los integrantes de la comunidad, lo que generó un conflicto a partir del cual presentaron acusaciones contra los comuneros también por supuesto robo e intento de homicidio. "Debe haber presión política y privada, donde los gobiernos y los jueces son cómplices. Es cruel que personas inocentes vayan a la cárcel", apunta Chávez.
La comunidad Indio Colalao es parte de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán. Cuatro bases la componen: Piedra Sagrada, Alta Montaña, Monte Bello y Riartes. Esta última está asentada sobre un terreno de 19.700 hectáreas situado en la jurisdicción de San Pedro de Colalao, a orillas del río Anta, en el límite con Salta. Allí viven 25 familias que se dedican a la producción agropecuaria —cultivo de ají, maíz y alfalfa; cría de chivos, vacas, chanchos y caballos; y venta de leche y quesos—. En 2010, cuando aparecieron los empresarios Moreno y Posse, las familias que habitaban el lugar eran 150.
Ambos son empresarios del agronegocio. Moreno, vinculado a la firma Zanja Honda. Y Posse con la firma Agro Avance. Al llegar argumentaron que contaban con boletos de compraventa de esas tierras. El cacique de la comunidad denuncia que la compra que se hizo fue fraudulenta: “Vendieron la tierra con nosotros adentro”.
En la base Riartes funcionaba una escuela, un correo y un cementerio. En la zona también hay restos arqueológicos. “Teníamos una capilla, porque el catolicismo que nos impusieron siempre estuvo. Ahí hicimos bautismos, casamientos. Había un pueblo, una vida“, relata el cacique. En 2005, el gobierno de José Alperovich cerró la escuela y obligó a los niños a caminar 14 kilómetros para ir a clases en la vecina provincia de Salta. La llegada de los empresarios empeoró la situación: “Cerraron todo con llave y nos pusieron un portón en la entrada de la base“, prosigue. Muchas familias comenzaron a irse del lugar porque les tiraban abajo sus casas y les robaban sus pertenencias.
En 2012, una abuela diaguita se enfermó y, por el cercamiento del predio, la ambulancia no pudo ingresar. Chávez dice que esa fue la gota que rebalsó el vaso. Decidieron visibilizar lo que les ocurría. El 17 de junio de aquel año se convocaron junto al portón y comenzaron una manifestación que duró varios días y fue reprimida por la Policía y Gendarmería. Un mes después, el fiscal Guillermo Herrera pidió la detención de 25 integrantes de la comunidad, acusándolos de “tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros”. Trece años después, nueve de esas personas siguen imputadas por tentativa de homicidio, robo y usurpación.
El inicio del juicio estaba previsto para 2024, pero comenzó el 10 de febrero. Los imputados son Alberto Mercado, Manuel Santos Pastrana, Ubaldo Humano, José Benito y Juan Carlos Toledo, Carlos Omar López (actual senador salteño y ex intendente de la localidad salteña El Jardín), Ciro López, María Lilia Delgado (cacica de la comunidad al momento de los hechos) y Felipe Santiago Cruz.
El tribunal está conformado por Guillermo Puig, Patricio Prado y Stella Maris Arce. El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscala Estela Giffoniello. Los empresarios son representados por los abogados Camilo Atim, Florencia Abdala y Javier Lobo Aragón. Los imputados son defendidos por Carlos Garmendia.
Chávez señala irregularidades en cuanto a las pruebas presentadas por la Fiscalía. ”Ninguno de los testigos que pasó por el juicio nombraron que nosotros hayamos robado. Dicen 'son gente buena, siempre han vivido ahí'. Lo que declaró Moreno sobre golpes recibidos no coincide con lo que dice el médico perito. Y al menos dos testigos no reconocen su firma en la declaración por escrito que se agregó al expediente”, asegura.
”Los empresarios suelen comer asados con integrantes del gobierno, entonces no sabemos si la Justicia va a hacer justicia. Hacen negocios entre ellos, hacen boletos de compraventa y llaman a un escribano, cuando uno se da cuenta ya vendieron el territorio con uno adentro”, lamenta.
Comunidad Indio Colalao, una historia de despojo desde la colonia hasta la soja y los agrotóxicos
La Resolución 146/2020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral por parte de la comunidad Indio Colalao, tal como disponía la Ley 26.160 —derogada recientemente por el presidente Javier Milei— . En la misma resolución se reconoció la ”ocupación actual, tradicional y pública” de las tierras en disputa. Chávez comenta que la comunidad tuvo que comprar las tierras que habitaban a la Corona española en 1600. Sin embargo, las embestidas contra su posesión se repitieron a lo largo de la historia.
En 1875, se fundó San Pedro de Colalao, y las comunidades fueron expulsadas a vivir en las afueras del pueblo. ”A nosotros nos marcaban con un hierro caliente en la espalda, para que se sepa qué indio era de quién. La Iglesia nos ponía los apellidos y además teníamos que darle la mitad de lo que nos pagaban”, relata. A principios de 1900, el gobierno de Tucumán donó esos terrenos a las familias Méndez, López Zavalía y Jaldo, entre otras. Hacia 1950, Jorge Prat Gay —padre de Alfonso Prat Gay— compró allí casi 20.000 hectáreas. En 2003, su hijo las ejecutó y las vendió a Moreno y Posse, que las escrituraron en 2010.
”Hace generaciones que venimos criando animales y sembrando. Y ahora llega este hombre (Moreno) que quiere las tierras para él solo, que inclusive no las trabaja sino que las arrienda a terceros, aprovechando algo que no le corresponde. El Estado ya nos reconoció al realizar el relevamiento territorial y el título de posesión. Habrá que hacer un juicio político a los jueces si lo desconocen, porque el artículo 75 de la Constitución Nacional es clarito”, sostiene la autoridad diaguita.
Quienes arriendan los campos cultivan principalmente soja, porotos y garbanzos. Y, acorde al agronegocio que expulsa a familias indígenas y campesinas en otras provincias, también fumigan. ”Nuestras gallinas, patos y pavos se mueren. Hoy no tenemos patos ni pavos, no podemos tenerlos porque los químicos que tiran son venenosos. Eso es nocivo también para nosotros y no sabemos qué tiran, andan con las avionetas y con los drones y nos dañan la salud”, describe. Y agrega: ”Hicieron desmonte. Pasan las máquinas y tapan las vertientes donde toman agua los animales”.
A los agrotóxicos, la deforestación y la criminalización, se suman la violencia y las amenazas cotidianas. ”La comunidad trabaja pacíficamente para producir alimentos. Para corrernos, nos matan los animales y nos roban cosas. Pero vamos a la comisaría y no nos toman la denuncia. Son cómplices. Moreno siempre anda armado. Su gente golpeó a un comunero y abusó de una comunera. Nosotros tenemos gente con discapacidad en el territorio, les llega a pasar algo y los responsables van a ser ellos”, advierte.
Un juicio contra el Pueblo Diaguita, otro avance contra los pueblos originarios
La criminalización que vive el Pueblo Diaguita en Tucumán se agudiza en un contexto de exacerbación racista de la que los reciento casos de persecución al Pueblo Mapuche y el asesinato del joven indígena Ivo Torres son claros exponentes. Y se agrava con las decisiones estatales de eliminar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, vaciar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y derogar la prórroga de la Ley 26.160. ”Estamos luchando contra una pared, pero los pueblos originarios queremos seguir adelante. Nosotros somos libres y la libertad nos la quitaron cuando llegaron los españoles”, afirma Chávez.
”Nosotros vivimos nuestra vida, conforme a nuestra cosmovisión para poder seguir adelante. Hoy nos están atacando, nos están volviendo a colonizar de una forma diferente. En los tiempos de la colonia, prohibieron los caciques. Y hoy nos quieren sacar de los territorios donde siempre estuvimos, quieren volver a desconocernos. En toda América pasamos las mismas historias”, añade.
Señala que la política constante de persecución sobre los pueblos originarios hace que "mucha gente de los pueblos originarios, todavía agache la cabeza", una reacción que él marca como parte de un trato centenario del Estado argentino: "Tenemos esa timidez porque mataron nuestros abuelos y nos hacían ver las masacres". Pero confía en que la reivindicación de su identidad va a prevalecer: "Es momento de que los pueblos originarios levantemos la cabeza, porque no venimos a destruir ni a regalar nuestras tierras".
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/la-comunidad-indio-colalao-y-una-causa-armada-a-favor-del-poder-empresarial-en-tucuman/ Imagen de portada: Koketo Prensa - Unión Diaguita Tucumán
