Aprobaron Hidroaysén: convocan a una movilización contra la construcción de hidroeléctricas








Fuente: Telesur

La aprobación el pasado lunes del proyecto HidroAysén, que contempla la construcción de cinco plantas hidroeléctricas en la región de Aysén, ubicada a unos mil 800 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago, generó que el Consejo de Defensa de la Patagonia llame a todo el pueblo de Chile a una movilización para el próximo 21 de mayo.

“Nosotros no estamos luchando porque este proyecto no se apruebe, estamos luchando para que no se construya y los mecanismos que vamos a utilizar son todos los que permite la institucionalidad ambiental”, manifestó este miércoles el vocero del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Segura.

El vocero dijo que “como el Presidente de la República (Sebastián Piñera) tiene que rendir cuentas al país el 21 de mayo, los chilenos vamos a salir a pedirle cuentas”.

“No puede ser que por su cercanía con un grupo económico como la familia Matte, esté tratando de echarse al bolsillo a la Región de Aysén y a la Patagonia”.

Por su parte, el senador de Renovación Nacional (RN) Antonio Horvath y representantes de algunas organizaciones ciudadanas recurrirán a todas las alternativas administrativas, judiciales, internacionales y ciudadanas, con el fin de impedir que se continúe con el proyecto.

“Esta aprobación no ha sido un paso adelante de HidroAysén, ha sido un tropiezo. Partió mal el proyecto, y a la línea (de transmisión) le va ir todavía peor”, dijo Horvath.

Asimismo, un grupo de parlamentarios de la Concertación están buscando las firmas necesarias para formar una comisión investigadora de HidroAysén.

Con 11 votos a favor y una abstención una comisión del Parlamento chileno aprobó el pasado lunes la primera fase del proyecto HidroAysén, que ocasionará la devastación de miles de hectáreas de la Patagonia que quedarán inundadas.

El pasado domingo, el presidente Sebastián Piñera manifestó a la prensa chilena que “si no hay energía hidroeléctrica, entonces lo que va a haber serán más centrales a carbón”.

La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), que dio luz verde a este proyecto, ideado en 2006, señaló que HidroAysén tendrá una inversión de tres mil 200 millones de dólares y que generará una media anual de 18 mil 430 gigavatios por hora.

En el año 2008, en el marco de la presentación del proyecto, 32 organismos públicos con competencia ambiental emitieron dos mil 643 observaciones, pero con la presentación de otras dos adendas éstas se redujeron a unas 200.

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Hidroaysén: Gobierno busca inversionistas para línea de transmisión

No está aprobado, pero ya se estima que sus obras se iniciarán entre 2012 y 2015. Se trata del proyecto que se describe en la página de la entidad que preside el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine. Todo esto, sólo 48 horas después que se aprobara la construcción de cinco represas en la Patagonia. El CIE aclaró que la publicación obedece sólo a un convenio de la Sofofa, mientras que Greenpeace Chile cuestionó que el Ejecutivo ponga a disposición de privados su plataforma para iniciativas que todavía no tienen el visto bueno ambiental.
por EL MOSTRADOR

“Proyecto de construcción e instalación de 1.912 kilómetros de tendido eléctrico necesarios para la transmisión de corriente continua desde las futuras centrales del proyecto hidroeléctrico de Aysén, al Sistema Interconectado Central (SIC). La red debe contar con más de 5 torres de alta tensión y atravesará ocho regiones”.
Así reza la descripción del proyecto para la instalación de “Líneas de Transmisión entre Aysén y Santiago para proyecto HidroAysén” que promociona en su página web el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), que preside el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y que se conoce cuando han transcurrido sólo 48 horas desde la aprobación de la iniciativa para construir cinco centrales hidroeléctricas en la Undécima Región.
La información aparece en el sitio entre las obras de “transmisión eléctrica” de su  Cartera Privada, que corresponden a proyectos de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
En el CIE explican que hace un mes firmaron un convenio con la Sofofa para tener información sobre proyectos del sector privado, ya que como comité tienen la obligación de neutralidad. “No establecemos relación entre privados y extranjeros. No hacemos contacto entre empresas. Hay varios proyectos en el sitio, no se privilegia uno por sobre otra”, señalaron.
Pero el hecho que se utilice un portal del Estado para promover iniciativas privadas que aún no reciben el visto bueno de las autoridades constituye un motivo para que se revise  toda la institucionalidad. Así lo cree al menos el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, quien no dudó en criticar la publicación, que señala que las obras de construcción se iniciarán entre 2012 y 2015.
“Esto no sólo demuestra que el gobierno carece de sensibilidad civil. Si puede prestar sus plataformas para rentar proyectos que aún ni siquiera están aprobados y que van en beneficio de privados. No sé qué es peor: que diga que está bien o que está mal. Es necesario revisar la institucionalidad. ¿Es que la inversión es mucho más importante que la evaluacion ambiental?”, se preguntó Asún.


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CHILE: ¿DE QUÉ (HIDRO)INSTITUCIONALIDAD ME HABLAN?

 
Por: Carlos Pérez Alvarado
Desde que, hace casi tres años, se instaló la posibilidad de que los ríos de nuestra región fueran usados para producir electricidad, el desarrollo de los acontecimiento fue escalando hasta llegar al punto en que hoy nos encontramos, a pocas horas de que la primera de esas iniciativas, e.d. la que ha emprendido el consorcio Endesa-Colbún, conocido como proyecto Hidroaysén, se vote y decida pese a que el proceso ha estado plagado de situaciones poco claras y, en la práctica, no han habido instancias de debate e información clara y objetiva hacia la comunidad. Por eso la insistencia, tal vez majadera, de este servidor en el tema, momento oportuno también para un reconocimiento a la Radio Santa María, que ha acogido las expresiones de las voces disidentes.
No es cierto que la gente ha conocido todos los aspectos del proyecto, nunca hemos visto una conversación moderada en que todas las partes, no necesariamente “los que están a favor y los que están en contra”, sino que la empresa, el Estado y sus instituciones y la comunidad organizada conversen sobre las consecuencias de represar nuestros ríos. Es posible que la gran mayoría ni siquiera esté enterada que Hidroaysén equivale a seis centrales Ralco (de 640 MW) y sería la mayor inversión en generación eléctrica en la historia de Chile. Estamos hablando de 5 represas, una de ellas, la Pascua 2.1 produciría 770 MW y tendría un muro de hormigón de 114m de altura (hidroaysen.cl). No se trata, entonces, de un proyecto menor si consideramos el tremendo impacto que tuvo la construcción de esa central en el Alto Bío-Bío y las consecuencias sobre las comunidades de la zona.
Más grave aún, en Aysén, hemos visto cómo la empresa, amparándose en lo que se han dado en llamar el marco legal vigente, e.d. la institucionalidad que nos rige, se ha permitido desarrollar una política insana de entrega de dinero, en diferentes formas a las comunidades, con el fin de ganar simpatías, p.e. mediante concursos de proyectos tipo Fosis, Sercotec o INDAP, aprovechando que estas instituciones, destinadas a cumplir con ese rol social, no hacen lo suficiente creando una necesidad que ellos están dispuestos a financiar, total los montos involucrados son un pelo de la cola para la cantidad astronómica de recursos que pueden destinar a ese ítem. La ley tampoco les impide hacer publicidad a destajo, por todos los medios posibles; todos los canales de TV o diarios reconocidos como “alternativos” que sucumbieron, sin discriminar o estudiar el origen, al dinero que les puede generar un jugoso contrato de publicidad. No se salvaron las principales cadenas radiales, ni el canal del fútbol, ni los cines Hoyts, ni los megaconciertos y pasajeros del Metro de Santiago donde se instalaban lindas jovencitas con un panfleto en el que se muestra una foto del río Baker, como es hoy día y no como lo dejarían en unos pocos años si llegan a construir sus represas.
Sin embargo, no nos equivoquemos, la institucionalidad ya había sido vulnerada groseramente durante el anterior gobierno cuando el ex Intendente Selim Carrasco en lugar rechazar el EIA, eligió consolidar únicamente las observaciones de los ss.pp dejando fuera las que presentaron los ciudadanos, ONG e instituciones académicas, de modo que la empresa solo tuvo que esperar tranquilamente el nuevo gobierno que, sospechaba, iba a ser más proclive a su idea. Y bueno, la nueva administración de inmediato llegó a eliminar los “lomos de toros” que entraban la aprobación de este tipo de proyectos así que, una vez más con la ayuda de la que se dice “oposición” se cambio la CONAMA por el SEA y la Corema por la CEA, eliminando del proceso de votación a los únicos que, con anterioridad, en varios casos, habían sido el voto de minoría (gobernadores y consejeros regionales).
La institucionalidad, demasiadas veces, ha sido ajustada a la medida de los intereses no de la ciudadanía sino de las grandes empresas, controladas por un número ínfimo de familias chilenas o grandes corporaciones extranjeras. En el caso de Hidroaysén incluso pretende eludir la aplicación de normas estipuladas en Tratados internacionales como el de las cuencas hídricas compartidas con Argentina o el que protege los parques nacionales, entre otros. Y así como sería impresentable en otros países que un proyecto en pleno proceso de EIA esté autorizado a emitir publicidad, uno de la magnitud de Hidroaysén, que ingresa bajo una legislación pero que será sentenciado por una nueva, notoriamente más favorable, sería impensable, digno de un país bananero.
Entonces, cuando el llamado del gobierno es a confiar en la institucionalidad vigente, o cuando promete que se hará cumplir la Ley con estricto rigor, existen muy pocas posibilidades de que esa invitación sea tomada en serio y la mejor prueba es que Hidroaysén plantea exactamente lo mismo. La empresa dice haberse sometido con estricto apego a la institucionalidad y realmente allí se ha manejado como un pez en el agua, cumpliendo con todo lo que la normativa que les exige. De cualquier lomo de toro se preocupa el gobierno, en circunstancias que lo lógico sería que en lugar de tomar partido por las empresas, el Gobierno estuviera obligado a resguardar el bien superior, que son los intereses de los ciudadanos y evitar que un negocio que se autocalifica de “legítimo” pueda acarrear perjuicios a las personas.
El estado no sólo tiene que velar que las leyes se cumplan sino que ellas beneficien a la mayoría de la población; lo que lo que le suceda a la Patagonia debería interesarle a los habitantes de Arica a Punta Arenas pues se trata de su territorio soberano, uno que no ha sido sobreexplotado y arrasado como el resto. En los momentos decisivos en que nos encontramos la única forma en que la actual institucionalidad ambiental pueda ser útil es rechazando de plano el proyecto Hidroaysén, por lo demás así lo están exigiendo dos tercios de los chilenos y chilenas. PATAGONIA SIN REPRESAS


CEPRID
http://www.nodo50.org/ceprid/

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