Fernando Dougnac: "-Hidroaysén arrastraría otra central y podría reflotar proyecto Alumysa..."
Francisco Mardones
Algunos han ligado el futuro de Hidroaysén a un supuesto intento de reflotar el proyecto Alumysa que, una vez aprobado y construido Hidroaysén y Energía Austral, tendría un camino mucho más libre para la esquiva aprobación de una gigantesca planta reductora de aluminio en la zona, contando ya con energía eléctrica disponible y presentando un proyecto con menos impactos medioambientales que el Alumysa original.
La reciente aprobación de la primera etapa del Proyecto Hidroaysén por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén y la constante oposición de organizaciones ciudadanas, sociales y ambientales, viene a reflotar antiguas iniciativas que pasaron por el proceso y que también contaron con fuerte rechazo, pero que tuvieron un fin distinto.
Es el caso del Proyecto Alumysa que, en el papel, prometía ser la mayor inversión privada extranjera en la historia de Chile, con capitales que alcanzaban los dos mil 700 millones de dólares y que iba a estar emplazado en la zona costera de la Región de Aysén.
El Proyecto Alumysa instalaría una planta reductora de aluminio que necesitaría de tres centrales hidroeléctricas emplazadas en los Ríos Cuervo, Blanco y Cóndor que inundarían un total superior a las 10 mil hectáreas de terreno. El origen de Alumysa
La historia de este proyecto es controvertida y comenzó a fines de la década de los ´80 cuando Ignacio Walker Concha, padre de los parlamentarios Ignacio, Patricio y Matías Walker, inició la empresa Proyectos de Aysén que en 1990, con la llegada al poder de Patricio Aylwin, también demócratacristiano, comenzó a comprar terrenos al Estado a muy bajo costo, poco más de dos mil 400 pesos la hectárea.
La idea era aprovechar los recursos hídricos para producir electricidad y una refinería de aluminio, por lo que firmó contratos con empresas brasileñas, japonesas y estadounidenses para crear Alumysa. Si Proyectos de Aysén no cumplía con los compromisos de absorción de mano de obra firmados con el gobierno, la empresa debía indemnizar al Estado, dejar boletas en garantía y el contrato quedaría disuelto.
En 1992, sin embargo, Proyectos de Aysén logra que el Estado autorice buscar inversión extranjera para el proyecto Alumysa y en 1994 el ministerio de Bienes Nacionales entrega más de siete mil hectáreas a poco más de 20 mil pesos cada una.
En 1995 Proyectos de Aysén decide traspasar los derechos de agua, más de 30 mil hectáreas y la marca Alumysa a la empresa canadiense Noranda que finalmente propone un nuevo proyecto en la zona: crear estas tres centrales para producir electricidad que sería utilizada por su planta reductora de aluminio.
Después de varios cambios en la iniciativa original, Alumysa ingresa en 2001 un Estudio de Impacto Ambiental de 24 tomos que propone la creación de tres centrales hidroeléctricas en los ríos Cuervo, Cóndor y Blanco que implicarán un total superior a las nueve mil hectáreas inundadas para producir más 750 megawatts de electricidad que serían transmitidas en un total de 79, 2 kilómetros de tendido.
Entre las bahías de Chacabuco y Candelaria se instalaría una planta reductora con capacidad para producir 440 mil toneladas de aluminio al año, lo que requeriría de la importación de más 800 mil toneladas de alúmina, 146 mil de koque calcinado, 43 mil de alquitrán, además de otros componentes altamente contaminantes. Una amenza gigantesca para la región.
Fernando Dougnac, presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente fue uno de los principales opositores al proyecto Alumysa y comenta que los alcances ambientales eran nefastos, pues “producían una cantidad tremenda de contaminación sobre todo con los cátodos que quedaban por los desechos de la producción de aluminio, tanto contaminación atmosférica, como los efectos sobre los ríos y los lagos”.
Después de una serie de presiones desde diversos sectores y las propias palabras del Presidente Ricardo Lagos, quien afirmó: “no creo que este proyecto pueda realizarse aquí”, el 19 de agosto de 2003, Alumysa decide desistir del proyecto y retirarlo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Todo un triunfo para las organizaciones ambientalistas de ese entonces. ¿El fin de Alumysa?
Pese a esto, Alumysa no quedó ahí, los derechos de agua y las hectáreas de terreno nuevamente fueron traspasadas a la empresa suiza Xstrata Copper que echó a andar el proyecto hidroeléctrico Energía Austral que contempla la construcción de tres centrales hídricas en los ríos Cuervo, Blanco y Cóndor, en los mismos lugares en los que Alumysa pretendía construir con una inversión total estimada en dos mil 500 millones de dólares.
Huelga decir, además, que el proyecto Energía Austral está en una etapa muy avanzada del proceso de Evaluación Ambiental en la Región de Aysén. De hecho, a fines de abril solicitó más tiempo para entregar una segunda adenda con respuesta a las observaciones hechas por los servicios públicos con competencia ambiental de la región.
Según reconoce el ambientalista Fernando Dougnac, el proyecto Energía Austral ha pasado “colado” tras la sombra de Hidroaysén, pese a ser mucho más dañino y peligroso para el medioambiente que el mismo Hidroaysén, que se ha transformado en un símbolo.
“Es tal vez un proyecto, desde el punto de vista ambiental, muchísimo más negativo que Hidroaysén, siendo ambos muy negativos, porque los impactos son enormes por la superficie inundada, por la destrucción de tres lagos, por la alteración absoluta de tres ríos que son importantísimos para la Región”, afirmó Dougnac.
Hasta hoy, Energía Austral tiene presentado el Estudio de Impacto Ambiental sólo por la construcción de la central instalada en el Río Cuervo, pero para este año 2011 tiene programada la presentación de los proyectos en los ríos Blanco y Cóndor.
“Energía Austral depende de Hidroaysén”
El ambientalista Fernando Dougnac, presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente reconoce que la reciente aprobación de Hidroaysén está muy ligada al futuro del proyecto Energía Austral.
Este proyecto de Xstrata Copper –empresa que controla FalconBridge, en su momento socia de Noranda para el proyecto Alumysa-, dependería de la aprobación total del proyecto Hidroaysén, lo que implica una eventual aprobación de su línea de transmisión eléctrica. Según la página de Energía Austral, “el proyecto de transmisión (…), está en fase de Factibilidad”, lo que para Fernando Dougnac no sería otra cosa sino una intensa negociación entre ambos proyectos para ocupar solo una línea de transmisión.
“El que resulte el proyecto de Xstrata va a depender también de la aprobación de Hidroaysén, porque, posiblemente, se querrían colgar del tendido eléctrico que va a tener que hacer Hidroaysén. Evidentemente, yo creo que Xstrata va a tratar de llegar a un acuerdo por este tema y me da la impresión de que esta demora y este fraccionamiento de ambos proyectos se pueda deber a estas negociaciones”, afirma el ambientalista.
Algunos han ligado el futuro de Hidroaysén a un supuesto intento de reflotar el proyecto Alumysa que, una vez aprobado y construido Hidroaysén y Energía Austral, tendría un camino mucho más libre para la esquiva aprobación de una gigantesca planta reductora de aluminio en la zona, contando ya con energía eléctrica disponible y presentando un proyecto con menos impactos medioambientales que el Alumysa original. Sobre todo, teniendo como base que habrían estos precedentes de aprobación de proyectos altamente invasivos para la región.
En este sentido, según información solicitada al Servicio de Evaluación Ambiental, todo proyecto desistido y retirado del proceso de evaluación –como Alumysa- se entiende que no continuará en dicho proceso, por lo que en una eventual reposición del proyecto, este debe ingresar desde cero para someterse a la nueva legislación ambiental. ¿Podría existir un nuevo Alumysa?
Si bien Fernando Dougnac no asegura ni descarta un vínculo entre los dos megaproyectos hidroeléctricos que se están aprobando en Aysén y un nuevo Alumysa, tampoco asegura que la nueva institucionalidad ambiental sea una protección para la naturaleza de esta zona.
“Son pocas las partes en el mundo civilizado donde se aceptan las plantas de aluminio por lo contaminantes que son. Ahora, tal como están siendo aprobados los proyectos por el SEA, se puede esperar cualquier cosa, porque las decisiones son ultra políticas”, afirma.
Además, el ambientalista agrega que “la institucionalidad ambiental nueva es un perfeccionamiento de la antigua. Aunque lo positivo es que los proyectos tienen que presentarse unidos”, no como se presentaron Hidroaysén y Energía Austral.
El experto teme que en la Región de Aysén ocurra algo similar a lo que pasó con el Río Bío Bío, cuando los gobiernos de turno aseguraron que únicamente se construiría la Central Pangue en ese afluente, pero después se construyeron Ralco y otras centrales que trajeron un sinnúmero de impactos ambientales y sociales negativos.
De aprobarse el proyecto Energía Austral, sumado al ya aprobado Hidroaysén, una de las regiones más prístinas del mundo se convertiría simplemente en un centro de explotación económica y contaminación con consecuencias insospechadas, con la pérdida de oportunidades de desarrollo sustentables para Aysén… un futuro negro.
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Declaración del Observatorio Ciudadano ante aprobación de HidroAysén
El Observatorio Ciudadano hace un llamado al Presidente de la República a fin de que garantice la vigencia del sistema político democrático chileno, que tanto nos ha costado construir.
Declaración Pública del Observatorio Ciudadano ante aprobación de proyecto HidroAysén
El lunes 9 de mayo la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén aprobó, por once votos a favor y una abstención, el proyecto HidroAysén para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas que inundarán un total de 6 mil hectáreas, destruyendo los ríos Baker y Pascua, así como diversos ecosistemas de la Patagonia chilena. El proyecto prevé también un trazado terrestre y submarino para la conducción de la energía, con antenas de alta tensión que atravesarán siete regiones del país.
Esta aprobación viene precedida de diversas denuncias de irregularidades en el proceso y de una fuerte presión por parte del ejecutivo para que se apoye el proyecto, lo que deja evidencia las múltiples limitaciones de la institucionalidad chilena para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, para proteger el medio ambiente, y en última instancia, para garantizar una democracia robusta sustentada en un sistema político transparente y participativo.
La decisión evidencia la ausencia de mecanismos para una efectiva participación ciudadana en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la nueva institucionalidad en la materia. En efecto, proyectos como el de HidroAysén, obtienen del estado permisos ambientales sin que se considere de manera efectiva la voz de las comunidades que se verán afectadas. De este modo, la participación ciudadana sigue siendo un mero procedimiento formal, en donde las comunidades afectadas no tienen poder para incidir en las decisiones de los evaluadores públicos. Mientras que las decisiones sobre el futuro de las regiones siguen siendo en la práctica adoptadas por el poder político central, dado que las autoridades regionales como las que componen la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, son funcionarios públicos nombrados por el Presidente de la República en Santiago, y no por la ciudadanía regional.
Lo más cuestionable es que ha sido una constante en la aprobación de proyecto de inversión de alto impacto ambiental la vulnerabilidad de las autoridades políticas a los grupos de poder y este proyecto no es la excepción. Así ha sido establecido recientemente por una Comisión fiscalizadora de la Cámara de Diputados que evidencia faltas graves a la probidad administrativa en la aprobación de todos los proyectos energéticos en Chile, en particular los proyectos hidroeléctricos, lo que se ha manifestado en la flexibilidad de los controles ambientales a estas inversiones, poniendo en serio riesgo el patrimonio ambiental de todos los chilenos.
Por ello, y tras conocerse la resolución, han sido miles las personas se han manifestado públicamente en rechazo a la aprobación gubernamental de HidroAysén, en actos y marchas convocadas por organizaciones ambientales y ciudadanas a lo largo del país. El gobierno lejos de reaccionar a la legítima demanda ciudadana ha reprimido brutalmente las manifestaciones, resultando varios manifestantes heridos o detenidos. Entre ellos, la directora de la ONG medioambiental Chile Sustentable, Sara Larraín, y un diputado de la República, pese a que la convocatoria contaba con autorización de la Intendencia. Los jueces de garantía consideraron ilegales las detenciones y abusivo el actuar de las policías, por lo que todos los detenidos fueron dejados en libertad. En Valparaíso, en tanto, se inició un sumario para establecer las identidades de los carabineros que golpearon con palos y en forma reiterada a un manifestante, hasta abatirlo en el suelo.
Al respecto, cabe destacar que el derecho de reunión pacífica, sin permiso previo, es un derecho básico reconocido en tratados internacionales de derechos humanos e incluso en la propia Constitución Política de 1980, pero que fue restringido por un Decreto Supremo de la dictadura en 1983. Y que pese a las modificaciones que se hicieron a la justicia militar el 2010, para sacar de su jurisdicción a los civiles por carecer ésta de imparcialidad y garantías para un debido proceso, no se eliminó su competencia para conocer delitos que cometen carabineros en contra de civiles, lo que deja este actuar represivo y sistemático en la impunidad.
El Observatorio Ciudadano hace un llamado al Presidente de la República a fin de que garantice la vigencia del sistema político democrático chileno, que tanto nos ha costado construir. En este marco, solicitamos interponga sus buenos oficios para que en la instancia que corresponda se revise la decisión que aprueba la construcción de la Central Hidroeléctrica Hidroaysén y se evalúen efectivamente los impactos del proyecto en todas sus fases (central Hidroeléctrica y tendido eléctrico) sobre el medio ambiente y las comunidades locales. Además, exigimos al Presidente proveer garantías a la ciudadanía para el ejercicio de su derecho fundamental a manifestarse y reunirse en la prosecución de sus intereses comunes.
Área de Comunicaciones-Observatorio Ciudadano
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