Perú: La Defensoría del Pueblo recomendó suspender decreto que regula transgénicos agrícolas
Mediante un oficio dirigido a la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Rosario Fernández, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, recomendó suspender los efectos del Decreto Supremo Supremo Nº 003–2011–AG, que regula las actividades con organismos vivos modificados (transgénicos), en el sector agrícola en el país.
La Defensoría consideró que debido a la importancia que esta medida tiene en el futuro del agro nacional, “es necesario abrir un espacio de diálogo con los distintos actores públicos y privados involucrados, en particular aquellos que han mostrado su desacuerdo con la política adoptada”.
“Esta propuesta debería encaminarnos a arribar a consensos necesarios y a adoptar las correcciones y modificaciones que corresponda realizar al Decreto Supremo Nº 003-2011-AG” señala el oficio respecto del “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología en el desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados” promulgado por el ejecutivo el pasado 15 de abril.
La oficina defensorial reconoce que la biotecnología ofrece aspectos beneficiosos pero advierte que también existe preocupación respecto de los riesgos potenciales que suscita, los cuales incluyen efectos en la salud humana y de los animales, así como consecuencias ambientales.
Por ello se sostiene que “las políticas de regulación de la biotecnología deben guiarse por el principio precautorio, y que cuando haya indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible al ambiente o a la salud, la ausencia de certeza científica no se deberá utilizar como razón para no adoptar o postergar la ejecución de medidas eficaces y eficientes destinadas a evitar o reducir dicho peligro”.
Además pide tener en cuenta que la regulación de la biotecnología debe contemplar la particular condición del Perú de ser un país caracterizado por su mega diversidad y con importantes oportunidades para el desarrollo de una agricultura orgánica.
El Oficio de la Defensoría del Pueblo exhorta asimismo a brindar las garantías de transparencia, de una debida y oportuna información, así como de participación, para asegurar que dichas políticas no respondan a intereses particulares ni se produzcan conflictos de intereses.
“Estas políticas deben responder al interés común del país, objetivo al cual habría contribuido la pre publicación de la norma objeto del pronunciamiento antes de su promulgación”, indica el oficio firmado por Vega Luna y en el que también se solicita al Minag que brinde información sobre el proceso sectorial que condujo a la aprobación del referido decreto.
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