Superficie de bosque inundada por HidroAysén pone en peligro ecosistemas fluviales únicos

· ONG de ingenieros forestales por el bosque nativo, AIFBN, manifestó su decepción por la aprobación de proyecto que contempla la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua; y que pone en peligro ecosistemas fluviales únicos en la Patagonia chilena.
Santiago-. La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) lamentó la aprobación del proyecto de generación eléctrica HidroAysén que fue votado este lunes por el Comité de Evaluación Ambiental y que autoriza la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua.
Junto con llamar a que se investiguen las supuestas presiones para modificar resoluciones en los servicios regionales encargados de evaluar la iniciativa y las posibles irregularidades que han sido denunciadas en los últimos días, subrayó su preocupación por el futuro de los parques nacionales, sitios prioritarios de conservación, y áreas protegidas privadas que se verán afectados en forma irreversible.
“Nos inquietan las miles de hectáreas que se deforestarán con este proyecto; además, de la pérdida y alteración de comunidades vegetales. Está documentado que los impactos del proyecto afectará 299 especies de flora vascular que incluye 3 especies endémicas; 12 en alguna categoría de conservación y 20 especies con una distribución restringida a las XI y XII regiones”, expuso el directorio AIFBN.
La AIFBN recordó que el proyecto energético tuvo muchos cuestionamientos e interrogantes que no fueron respondidos por la megaempresa y que este afectará gravemente las cuencas hidrográficas y ecosistemas fluviales únicos en la Patagonia chilena. Para la institución es preocupante el enfoque centralista del proyecto, obviando las vocaciones territoriales y poniéndose a disposición del consumo energético para la industria minera del norte del país, sin considerar elementos relacionados con los efectos negativos que significaría el transporte de esta energía por cerca  de 2.000 kilómetros, pasando por 9 regiones del país, áreas protegidas, y al menos 4 comunidades indígenas en la región de la Araucanía.
“Nuestra posición se basa en que la construcción de los proyectos hidroeléctricos no corresponden sólo a iniciativas comunes de inversión, si no que representan claramente una ‘”solución” estructural” planteada por los administradores de un modelo de desarrollo que incluye la depredación de los recursos naturales y la concentración de la riqueza en base a estos mismos recursos. En esta línea, es relevante reflexionar que la legitimidad de la institucionalidad y el Estado de Derecho, al que tanto se refieren los gestores de estos proyectos, sólo se logra cuando estos son útiles a la sociedad en  su conjunto y no sólo a grupos económicos”, expuso la AIFBN.
Cabe recordar que de acuerdo al estudio realizado por profesores de la Universidad de Chile se identifican que existen 3.041 MW y 19.817 GWh/año de eficiencia energética económicamente factibles, pero su implementación depende de políticas y programas que permitan corregir las actuales imperfecciones del mercado. Por otra parte, menciona que “el desarrollo de proyectos de energías renovables aportaría 4.383 MW y 18.913 GWh/año, considerando los proyectos aprobados, en calificación y  anticipados, más el crecimiento proyectado de geotermia y energía solar”.
Además, la implementación de políticas de eficiencia energética, junto con el desarrollo de las energías renovables, además de los proyectos en calificación y ya aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental, satisfacen la demanda proyectada por el mismo CNE, bajo los escenarios propuestos por esta entidad y bajo el escenario ajustado por los docentes en su publicación.
La AIFBN también criticó la estrategia comunicacional que implementó la empresa HIdroAysén y cuyo objetivo fue “hacer tomar conciencia” a la ciudadanía de la urgencia de aumentar la capacidad energética del país a través de la construcción de represas en la Patagonia.
“La empresa utiliza una estrategia que pretendió manejar a los ciudadanos de este país, sobre la base de información sesgada y ocupando elementos amenazadores que pretenden instalar desconfianza e inseguridad en las materias energéticas”, sostuvo el directorio de la AIFBN.
Insistió que HidroAysén “limpió” su imagen ante la masiva oposición ciudadana al proyecto y en cuestionar fuertemente a sus detractores a través de los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales e Internet. “Ha sido una campaña del terror, porque le dice a los chilenos que si no se construyen las represas en el sur el país se quedará sin energía, responsabilizando a la ciudadanía al decir que son en parte culpables, siendo que la mayor demanda viene dada por proyectos mineros”, expusieron.
“Por otra parte, en los últimos días hemos conocido las intenciones de exportar energía eléctrica a Argentina desde el norte del país, cuestión que nos parece una seria contradicción con el discurso imperante de necesidad energética para Chile”, aseguró la AIFBN.

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Agotamiento de cuencas, sequía y usurpación de aguas
Por Rodrigo Munchaca


En Chile, un bien nacional de uso público, el agua, fue transformada a partir de la formulación del código de aguas, el año 1981, durante el régimen militar, en un bien de capital con el que se ha especulado (y usurpado) de forma sistemática, y durante ya largos 30 años.
La palabra Usurpar viene del latín Usurpare que es un vocablo compuesto perteneciente al campo jurídico, se compone de Usus (derecho de utilización y goce que uno tiene sobre lo suyo), y la raíz contracta del verbo Rapare (arrebatar, agarrar con violencia, robar). Usurpar significa arrebatar, apoderarse de un derecho de uso que corresponde a otro.
Nuestro código penal sanciona a los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos, saquen agua de represas, estanques, ríos, arroyos, fuentes, canales, acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias, para hacer de ellas un uso cualquiera. También sanciona a quienes rompan o alteren con ese mismo fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.
Asimismo, el código penal sanciona a quienes usurpen un derecho cualquiera referente al curso de aguas o turben a alguno en su legítima posesión.
En Chile, un bien nacional de uso público, el agua, fue transformada a partir de la formulación del código de aguas, el año 1981, durante el régimen militar, en un bien de capital con el que se ha especulado (y usurpado) de forma sistemática, y durante ya largos 30 años.
La formulación del código de aguas separó la propiedad del agua del dominio de la tierra, provocando la dicotomía de que en Chile existen propietarios de agua sin tierra y viceversa, es decir propietarios de tierra sin agua.
La privatización de los recursos hídricos ha provocado enormes inequidades, ya que ha dejado librado al mercado un bien estratégico fundamental para la preservación de la vida, es así como hoy en día la provisión de agua potable se encuentra en manos de grandes transnacionales, y en materia de aguas de regadío, la propiedad del agua se concentra en manos de grandes empresas agroexportadoras.
La provincia de Petorca, V región, es el fiel reflejo del actual modelo de desarrollo agrícola que prevalece en el país, en esta provincia el 90% de toda la superficie cultivada se encuentra destinada a la producción de Paltas, cultivo altamente demandante de agua, del mismo modo la mitad de la superficie plantada se encuentra establecida en suelos de cerro, es decir en suelos sin aptitud de cultivo, los que producto de la llamada “modernización agrícola” se transforman de la noche a la mañana en suelos de riego, ya que la tecnificación de los sistemas de regadío les permiten acarrear agua hasta... la punta de los cerros.
El monocultivo como estrategia de desarrollo, el uso intensivo e irracional de recursos naturales finitos, suelo y agua, la falta de instrumentos de ordenamiento territorial, la entrega de derechos de aprovechamiento de aguas por parte de la Dirección Regional de Aguas, en cuencas declaradas agotadas, el acaparamiento impropio de las aguas de riego, léase USURPACIÓN, la construcción de drenes en las hoyas de los ríos, la ausencia de políticas racionales y eficientes en materia de administración de recursos hídricos, el abuso y la impunidad en que un número reducido de empresarios llevan adelante el “Negocio de hacer de Chile una potencia agroexportadora”, aún a costa de la vida de las personas, ha hipotecado seria e irreversiblemente la vida, en particular la de los ciudadanos de comunas como La Ligua, Cabildo y Petorca.
En estas comunas, las grandes empresas agroexportadoras han aplicado la máxima de que “El fin justifica los medios”, en rigor, el agua les pertenece, ya que Constitucionalmente se encuentra salvaguardada la propiedad privada sobre el recurso, pero más aún, estos “Señores” se sienten además con el derecho de intervenir los cauces de los ríos, desviar el curso de los mismos, secar las napas subterráneas, construir obras de captación de aguas en la hoya de los ríos, total, y como ellos señalan, “generan empleo y tributos para el país”.
Durante largos cuatro meses las ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Petorca, V región, nos hemos movilizado y organizado a través del Movimiento de Defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente, MODATIMA. Los dirigentes hemos concurrido tres veces a la comisión de Derechos Humanos de la cámara de Diputados ha denunciar, y para ocupar la palabra correcta, hemos concurrido tres veces a denunciar la USURPACIÓN de aguas que ocurre en los ríos de nuestra provincia, señalando en todas nuestras comparecencias que no es posible continuar con el actual estado de cosas, no es posible que Chile sea el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, situación que a todas luces favorece a los más poderosos.
Nuestra última comparecencia (20/04/2011) fue con más de 300 ciudadanas y ciudadanos de nuestra provincia, los que llenaron las aposentadurías del congreso para escuchar las intervenciones de los representantes de las bancadas parlamentarias, representantes que hicieron uso de la palabra a propósito de una sesión especial de aguas solicitada por el diputado René Alinco, y que tenía por propósito referirse a la Usurpación de aguas en la provincia de Petorca. Ya en nuestra memoria están algunas intervenciones que señalaron que “El agua es un bien nacional de uso público y su propiedad debe ser de todos los chilenos pero este estado neoliberal la ha entregado a privados” (Diputado Lautaro Carmona, PC)
“La legislación ha permitido el agotamiento de las cuencas por solicitudes indiscriminadas de explotación que no fueron racionalizadas, además algunos empresarios solicitaron captación de aguas subterráneas por pozos profundos, a los que se agregan drenes que atraviesan cauces de agua, que son ilegales. Efectivamente eso es robo de agua. Por ello, el control del estado sobre el agua es inmensamente necesario”. (Diputado Luis Lemus, PS)
“El agua pasó a ser en nuestro país desde hace mucho tiempo un bien que se transa en el mercado, un bien con el cual se especula, dejando de ser un derecho humano esencial para la vida y esa situación la avala nuestra legislación”. (Diputada Adriana Muñoz, PPD)
“El problema de la sequía es producto de la mala gestión de gobiernos anteriores. Desde hace cinco años por lo menos se advertía el agotamiento de las cuencas de los ríos Petorca y Ligua, pero no se construyeron embalses para conservar y administrar el recurso vital. Además, se fue ineficaz en el combate contra la sustracción ilegal del agua, ya que a pesar de que hubo variadas denuncias estas no se investigaron eficientemente, los expedientes se extraviaban y los vecinos no eran oídos”. (Diputado Gaspar Rivas, RN)
Al finalizar se votó, y aprobó, un proyecto de acuerdo que en lo sustancial exige que se revise y revoquen todos los derechos de aprovechamiento de aguas que se concedieron en cuencas agotadas, particularmente aquellos concedidos provisoriamente, que se oficie al ministerio del interior, para que adopte las medidas necesarias para poner fin a la impunidad en materia de robo de agua y la formación de una comisión investigadora.
Aquí vamos, cuatro largos meses de lucha decidida, en general, debemos decir que modestia aparte, el tema del AGUA esta instalado en la agenda parlamentaria, la USURPACIÓN esta tipificada como un delito, la impunidad por lo menos hoy, se encuentra visibilizada, es decir, los que roban agua son conocidos y denunciados ante la opinión pública, el debate sobre la propiedad privada de las aguas, así como el rol que ha desempeñado la Dirección General de Aguas, y para ser más claros, el rol del ESTADO en todo este proceso, están sería e indefectiblemente cuestionados.
Hace cuatro meses decidimos luchar organizadamente, no ha sido una lucha exenta de problemas, hemos librado esta batalla sólo armados de valor y moral, en las sombras acecha la mano artera y vengativa, no importa, seguiremos adelante, porque es preferible “vivir un minuto de pié que la vida de rodillas”, el agua debe ser, y será, de todos los Chilenos. www.ecoportal.net
Rodrigo Mundaca - Secretario MODATIMA