HIdroeléctricas, política, negociados y movimientos socio-ambientales





BRASILIA (AP) — La justicia brasileña rechazó el miércoles una acción para frenar la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia, para consultar a las comunidades indígenas que habitan en la zona.

Dos de los tres jueces del Tribunal Regional Federal, en Brasilia, respaldaron el decreto legislativo que autorizó la construcción de Belo Monte, sobre el amazónico río Xingu, un polémico proyecto que ha movilizado a ambientalistas dentro y fuera de Brasil contra su instalación.
La votación había sido suspendida dos semanas atrás con un voto a favor y uno contra, pero la jueza Maria do Carmo Cardoso se pronunció el miércoles contra el pedido de suspender la construcción de la represa.
Belo Monte tendrá una capacidad instalada de 11.000 megavatios y el gobierno la considera crucial para el abastecimiento energético futuro del país.
Con un costo superior a 11.000 millones de dólares, será la tercera mayor represa hidroeléctrica del mundo detrás de las Tres Gargantas, en China, e Itaipú en la frontera entre Brasil y Paraguay.
Opositores al proyecto alegan que la represa tendrá un impacto ecológico severo sobre la fauna del río y el área que será inundada, al tiempo que provocará un masivo desplazamiento de indígenas y pobladores de la zona.
La relatora del caso en el Tribunal Regional Federal, Selene Almeida, había votado por suspender su construcción al considerar que la consulta a los indígenas para un proyecto que puede impactarlos está garantizado en la Constitución.
La abogada Riviany Rojas, del Instituto Socioambiental, consideró que la decisión del tribunal equivale a anular un artículo de la Constitución.
"Al decir que da lo mismo si los indígenas son escuchados, que los indígenas no serán considerados, la jueza Maria do Carmo (Cardoso) borra y anula una disposición de la Constitución Federal", expresó Rojas.
Los otros dos jueces del tribunal argumentaron que la Constitución no aclara si los indígenas deben ser consultados antes del inicio de la obra, por lo cual podrán ser escuchados en cualquier momento.
El gobierno ha defendido el proyecto al alegar que su impacto social y ambiental fueron minimizados y que se realizarán inversiones para compensar tales impactos.
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MOMARANDU

Organizaciones ambientalistas de Corrientes y Misiones y legisladores de Proyecto Sur presentaron un amparo contra la construcción de los proyectos de represas Garabí y Panambí que podrían afectar al ecosistema de la región Mesopotámica pues inundarían más de 40 mil hectáreas y afectar el cauce del río Uruguay.
Las represas forman parte de una licitación internacional entre Emprendimientos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA), empresa estatal argentina, y la brasileña Electrobras por la construcción de las hidroeléctricas Garabí y Panambí, en el río Uruguay.
Según el amparo, las represas amenazan a los Saltos del Moconá, que "forman parte de una reserva ecológica que incluye un área de 1.000 hectáreas y forma parte de la Reserva de Biósfera Provincial Yabotí -creada en 1993- cuya superficie es de 235.959 hectáreas, ubicada en el centro este de Misiones".
La Corte Suprema rechazó entender como "juicio originario" en el tema y deslizó que el reclamo deberá realizarse ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
"Con su accionar el Estado Nacional violenta la Constitución Nacional, en cuanto no ha informado a la población sobre las características del proyecto Garabí, sus implicancias e impacto ambiental" señala la presentación reproducida por la agencia DyN.
Se recuerda que cuando la población de Misiones fue consultada sobre la construcción de represas de similares características, como fue el proyecto Corpus, mediante plebiscito obligatorio y vinculante del 14 de abril de 1996 resultó un profundo rechazo, 89 por ciento de los electores se pronunciaron en contra.
La apertura de sobres para ambas represas está prevista para el próximo 14 de diciembre y prevé una inversión inicial de 38 millones de dólares.
Los ambientalistas denunciaron que el proyecto hidroeléctrico afectará a las ciudades de Apóstoles, Gobernador Virasoro y Santo Tomé, en Argentina, y Sao Borja y Sao Nicolau, en Brasil, pero subrayó que "las que se verán mayor mente afectadas por la inundación son San Javier (Argentina) y Porto Xavier (Brasil)".
"La presión demográfica en las áreas altas de la represa, resultado del reasentamiento de miles de familias que deben abandonar las zonas a inundar, es un factor clave de degradación ambiental, deterioro de la calidad del agua y sedimentación en el embalse, debido a las consecuencias usuales de los asentamientos humanos: empleo de combustibles, espacios donde descartar distintos tipos de residuos y efluentes, desmonte y tratamiento de la tierra destinados a actividades económicas", señala el documento.
Entre los perjuicios que podrían generar las represas figuran la destrucción de ecosistemas, la formación de grandes cuerpos de agua que emitan a la atmósfera gases productores del efecto invernadero, la disminución de la calidad de las aguas, la "proliferación de mosquitos y caracoles" y condiciones propicias para "enfermedades tales como leishmaniasis, fiebre amarilla, dengue, paludismo, esquistosomiasis, y otras".

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