Patagonia: El Poder Judicial, el Gobierno de Río Negro y un juicio contra asambleístas
Por Martín Vallejos*
La jueza Romina Martini definió la elevación a juicio de la causa contra dos asambleístas de la Comarca Andina. La acusación por “turbación de la propiedad” es sostenida por el Ministerio Público Fiscal a raíz de la ocupación de la oficina de turismo de El Bolsón —en el marco de una protesta por una orden de desalojo contra la comunidad mapuche Quemquemtrew el 30 de diciembre de 2021—. Desde las asambleas y organizaciones locales se alerta sobre la persecución política de la que son objeto quienes se solidarizan con el Pueblo Mapuche, en un contexto de continuidad de los conflictos territoriales.
Entramado judicial para un juicio contra asambleístas
El 13 de septiembre, a pocos días de cumplirse un año de la recuperación territorial de la comunidad Quemquemtrew en la Cuesta del Ternero —paraje rural distante a 30 kilómetros al norte de la localidad cordillerana de El Bolsón—, se confirmó la elevación a juicio contra las asambleístas Nora Corvalán y Karina Ponce, integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidades y de la Unión de Asambleas Patagónicas.
La jueza Romina Martini rechazó los recursos presentados por los defensores de las vecinas y convalidó la acusación presentada por la Fiscalía, señalando que existen indicios suficientes para probar el relato sostenido por la única querella, del Ministerio Público Fiscal, sobre la participación de ambas acusadas en el delito imputado.
En la audiencia anterior, el 3 de agosto, ambas defensas habían presentado un pedido de nulidad al alegato del fiscal, Marcos Sosa Luckmann, porque su acusación no brindó precisión sobre las circunstancias de tiempo, lugar y participación de las imputadas en los hechos. El pedido de nulidad generó una respuesta airada por parte de la jefa de fiscales de la circunscripción, Betiana Cendón, quien alegó en la audiencia que existen pruebas para demostrar que las asambleístas se pusieron de acuerdo previamente para realizar las acciones imputadas.
Para la fiscal Cendón, la consigna de ese día “si desalojan Quemquemtrew, chau turismo”, vociferada por megáfono fuera de las oficinas de turismo durante la manifestación, demuestra que existía la intención de llevar adelante una acción contra esa dependencia. Además, vinculó estos hechos con los atentados incendiarios contra otra dependencia de Turismo y el Club Andino Piltriquitrón (ocurridos entre los meses de octubre y noviembre de 2021). Ninguno de esos atentados ha sido investigado por esa Fiscalía ni han sido reivindicados por ninguna agrupación. No existe ningún argumento que vincule a las imputadas con esos hechos ni con los imputados en esta causa.
Según el defensor Eduardo Bauzá, la causa está basada en una utilización caprichosa de la figura penal de turbación de la posesión: “Se habla de turbación y cada quien imagina lo que quiere, pero cuando hablamos de turbación de la posesión lo que está en juego es que vos quieras quitarle al otro la posesión del inmueble. Esto nunca sucedió y sin embargo están usando esa figura para disfrazar sus intenciones persecutorias”.
La actitud persecutoria de la Fiscal Jefa se repitió en varios pasajes de las audiencias preliminares. En esta última audiencia (el 13 de septiembre, objetó las pruebas y testigos presentados por la defensa de las vecinas. Alegó que eran "demasiados testigos". Los números muestran lo contrario: mientras la Fiscalía llamará a 22 testigos para probar su teoría en el caso, la defensa requirió solo a siete testigos. A pesar de la diferencias de testigos, la jueza Martini aceptó los pedidos de la fiscal Cendón y obligó a la defensa a reducir a tres el número de testigos.
Poder Judicial, política y extractivismo
El rol de la jefa de fiscales, Betiana Cendón, se enmarca en un creciente esquema de gobernanza territorial que articula poder político y poder económico, con un perfil autoritario que gobierna la provincia hace ya diez años.
Juntos Somos Río Negro es una fuerza política liderada por el senador y ex gobernador Alberto Weretilneck, que llegó al poder por línea sucesoria luego del asesinato del entonces gobernador Carlos Soria en diciembre de 2011. A partir de entonces, Weretilneck supo construir un partido provincial de gobierno que se articula en redes de poder locales y provinciales, y que tiene como sello identitario el vínculo con los capitales transnacionales y nacionales que manejan los negocios vinculados al extractivismo minero, petrolero, turístico e inmobiliario.
Los vínculos de Lewis-Pogliano en Bolsón, Trappa-Genusso en Bariloche, o Qataríes-Carreras a nivel provincial, expresan esa construcción, que ha tenido en los eventos convocados por el grupo "Patagonia Propiedad Privada" en Bariloche sus expresiones más desenfrenadas.
En el mismo sentido se pueden interpretar las constantes postergaciones de las convocatorias a audiencias, que dilataron excesivamente el tiempo que se tomó la jueza Martini para estudiar las presentaciones de las defensas y ceder ante todas las pretensiones de la Fiscalía.
Eduardo Bauzá, defensor de Karina Ponce, había denunciado que la Policía había realizado espionaje ilegal y explicó que el objetivo de la Fiscalía no es probar la participación de las asambleístas en el ilícito, sino aleccionar y desmovilizar a quienes se solidarizan con las comunidades en resistencia: “No importa si cometió o no algún delito, no importa si es culpable o no, acusan y ya. Y llevan adelante sus propósitos, que en este caso son que la gente piense mal de una comunidad originaria, o que no se movilice para defenderla. Que son objetivos políticos. Y esta causa es una causa política. Por más que esté disfrazada en hechos comunes”.
Disputa territorial
El proceso judicial contra las vecinas Nora Corvalán y Karina Ponce, integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidades y de la Unión de Asambleas Patagónicas, se emparenta con los procesos iniciados contra personas mapuche y no mapuche que participan o se solidarizan con los procesos de recuperación territorial que desde hace años se despliega en la región.
En todos esos procesos, el Estado persigue con argumentos falsos a vecinas y vecinos organizados, generando montajes mediáticos y judiciales que en general caen por su propio peso en el devenir de las causas judiciales.
Un ejemplo es el caso de las siete personas que fueron detenidas y desaparecidas durante algunas horas por la policía de Chubut en cercanías a Pu Lof en Resistencia Cushamen en enero de 2017. Cuatro años después, todos los imputados fueron absueltos; los policías están siendo investigados por los abusos cometidos en esa jornada y una de las acusadas está promoviendo una querella contra el Estado Argentino por el reconocimiento del genocidio al Pueblo Mapuche-Tehuelche.
Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Elías Garay
La desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017, en el marco de una represión ilegal de la Gendarmería Nacional en el territorio recuperado por el Pu Lof en Resistencia Cushamen, generó que parte de la población volviera la mirada sobre los conflictos territoriales que involucran a comunidades mapuche-tehuelche.
El asesinato de Rafael Nahuel, el 25 de noviembre del mismo año, en el marco de una represión del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina dio continuidad a la respuesta estatal ante las reivindicaciones territoriales mapuche.
Cinco años después, el 21 de noviembre de 2021, Gonzalo Cabrera y Elías Cañicol Garay, comuneros de la lof Quemquemtrew, fueron atacados a balazos por dos civiles que viajaron desde la ciudad de Esquel (unos 200 kilómetros) y atravesaron armados un retén policial que impedía el acceso de personas ajenas al paraje.
Elías Garay murió en el acto. Y, esa misma noche, las manifestaciones en El Bolsón exigiendo justicia por su asesinato y el fin de la militarización de la zona fueron atacadas por grupos armados comandados por funcionarios municipales del mismo partido que gobierna la provincia: Juntos Somos Río Negro. Las responsabilidades estatales de esos crímenes siguen sin ser juzgadas.
Racismo estructural y juicio contra asambleístas
Existe una continuidad de nombres en la trama judicial que se cierne sobre la lof Quemquemtrew. Betiana Cendón, como jefa de fiscales, estuvo a cargo del operativo que intentó desalojar la comunidad el 24 de septiembre de 2021 y dejó un saldo de seis personas detenidas, incluido un niño de 8 años —que denunció ser golpeado por el personal policial en ese procedimiento—. Es también Cendón quien solicitó las medidas cautelares de restricción de ingreso de alimentos y abrigo al territorio, que han sido denunciadas como tortura y trato inhumano por organizaciones sociales en 2021.
Esas solicitudes, y su permanencia, fueron llevadas a cabo en acuerdo con la querella del supuesto ocupante del territorio reivindicado, el empresario forestal Rolando Rocco y su abogado patrocinante, Ernesto Saavedra.
Saavedra es también el defensor de Martín Fielberg, empleado de Rocco y uno de los dos detenidos imputados por la autoría material el asesinato de Elías Cañicol Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera el 21 de noviembre de 2021.
El recorrido de Saavedra como abogado antimapuche le valió que el propio Obispado de San Isidro desistiera de su representación en la causa contra la Lof Lafken Winkul Mapu (en cercanías a Bariloche).
La fiscal Cendón también participa de la causa por el homicidio de Elías Garay, donde impulsa la condena de los dos imputados detenidos y cierra las puertas a la investigación sobre presuntos autores intelectuales y responsabilidades políticas en el caso: ni Rolando Rocco —el principal interesado en desalojar la comunidad— ni las autoridades policiales y políticas que liberaron la zona están siendo investigados. Mientras, sí avanzan en un juicio contra asambleístas, sin pruebas contra dos vecinas organizadas que luchan por territorio, autonomía y buen vivir para las futuras generaciones.
*Cobertura colaborativa de Anred, Cítrica y Tierra Viva.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/el-poder-judicial-el-gobierno-de-rio-negro-y-un-juicio-contra-asambleistas/
