Colombia: ”La agroecología es una gran respuesta política, científica, técnica y organizativa"
Coordinadora de la organización FIAN Colombia, Paola Romero Niño es activista feminista por el derecho a la alimentación. Reflexiona sobre el acceso al alimento, el rol de las mujeres y las propuestas comunitarias frente al modelo corporativo de producción de comestibles. "Es posible hacer un cambio transformador en términos de poder popular alimentario", asegura.
Por Mariángeles Guerrero
Paola Romero Niño es coordinadora de FIAN Colombia, especializada en género, feminismos y soberanía alimentaria. Es autora de diversos trabajos sobre las mujeres y el acceso al derecho a la alimentación. Integra el grupo de feminismos del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de las Naciones Unidas. “Soy una madre adolescente, vendía artesanías en la calle y tuve condiciones de precariedad difíciles. Eso me hizo muy consciente de las condiciones en que las personas tienen acceso al alimento”, relata.
Mientras estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia fue pasante de la Campaña por el Derecho a la Alimentación en ese país. Así comenzó su recorrido en favor del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas.
“Soy hija de una madre sola, con muchas hermanas y creo que el feminismo siempre estuvo en mí. Pude unir eso con el derecho a la alimentación”, considera. Reflexiona sobre la actualidad del derecho a la alimentación en América Latina, la resistencia de las mujeres frente al hambre y las dietas corporativas y el poder popular que siembran las comunidades. Brinda su mirada sobre políticas del gobierno de Gustavo Petro, como los Territorios Agroalimentarios Campesinos y el camino hacia la reforma agraria en ese país.
Del Covid a la actualidad
—¿Qué impacto tuvo la pandemia en el acceso al derecho a la alimentación en América Latina?
—En América Latina y el Caribe, el Covid fue algo muy crítico porque se disparó la situación de hambre en varias ciudades, sobre todo en las periferias. La situación fue dramática y el ejercicio de recuperación fue muy difícil. Hay datos, sobre todo en las encuestas de uso del tiempo y de trabajos de cuidado no remunerados, en donde se evidencia la situación de las mujeres en ese momento. La pobreza y el desempleo fueron mucho mayores en las mujeres que en los hombres y los hogares con jefatura femenina fueron los que tuvieron mayor inseguridad alimentaria. Y eso tuvo unos impactos muy grandes porque estos hogares tienen una alta presencia en la región y genera condiciones de pobreza en las futuras generaciones que son más difíciles de levantar. Hubo una sobrecarga y eso también generó una crisis de cuidados, porque fue en las mujeres en las que se recargó el cuidado de los niños y las niñas, pero también el cuidado en la casa y, en el encierro, la necesidad de producir y distribuir el alimento, de buscar el alimento en sus casas.
—¿Cómo sobrevivieron las comunidades?
—Protegiendo las propuestas autónomas de producción alimentaria. Por ejemplo, en Colombia y en otros países, las comunidades que producían alimento lograron tener mejores condiciones, incluso para las mujeres, porque allí no había hacinamientos, no había esa situación de crisis y de hambre. Creo que eso nos dio una gran lección en América Latina y en el mundo: pensar cuáles son los trabajos vitales, los que realmente reproducen y sostienen la vida de las comunidades. En América Latina hay un gran proceso de comunidades campesinas, agricultoras, pescadoras, que lograron desarrollar ciertos circuitos económicos autónomos y sobrellevar la situación. Pero el impacto fue muy importante.
—¿Qué diferencias existen entre los ámbitos rurales y urbanos respecto a las posibilidades de luchar por el derecho humano a una alimentación adecuada?
—En los ámbitos urbanos el acceso a una alimentación real es muy difícil porque te encuentras con mucha oferta de comestibles ultraprocesados. Allí quizás no impacta tanto la inseguridad alimentaria en términos de déficit, sino en términos de producción de enfermedades crónicas no transmisibles por el consumo de esos productos, como la obesidad y el sobrepeso. En las ciudades hay diversidad de marcas pero no de alimentos que provengan de la naturaleza, de la diversidad alimentaria. Pero en la ruralidad se dan situaciones muy difíciles de infraestructura, de acceso, de bajo apoyo a los subsidios para los campesinos, de bajo acceso a la titulación de tierras. En el campo hay hambre pero hay acceso, de una u otra manera, a lo que producen con la tierra y eso permite otras maneras de vivir y de alimentarse directamente con alimentos reales, con circuitos cortos. Sin embargo, ahora estamos viendo que la dieta corporativa está instalándose en diferentes espacios rurales, porque el campo también se está especializando, se están produciendo los grandes monocultivos y hay una pérdida de la biodiversidad alimentaria. Eso cambia los patrones de consumo y de dieta en las comunidades.
—¿Por ejemplo?
—Donde hay grandes monocultivos de palma africana o de caña, como en el valle del Cauca (Colombia), están los grandes ingenios azucareros que producen el azúcar de las bebidas endulzadas. Y las comunidades están siendo desplazadas por grandes terratenientes. Los ingenios son de gente que tiene mucho dinero, mucho poder y grandes tierras, las mejores. También esa producción necesita muchísimo paquete agrotóxico y eso impacta en la producción alimentaria de las diversas comunidades que rondan estos territorios. Ese impacto es muy fuerte y las relaciones sociales y comunitarias se fragmentan. Pero hay un ejemplo muy hermoso que son los Corredores Afroalimentarios que resisten frente a los impactos negativos que tienen los ingenios azucareros. Ante la homogeneización de la semilla, guardan e intercambian semillas nativas. Están resistiendo frente a la dieta homogeneizante con sus propias prácticas y costumbres.
El territorio, las corporaciones y las respuestas desde abajo
—¿Cómo afecta, en relación a los pueblos, la concentración de la tierra y los desplazamientos forzados de los pueblos?
—En América Latina hay una gran privatización de la tierra como commodity por parte de iglesias o de corporaciones. Los dueños de esas tierras son pocos y generan riquezas para otros que ni siquiera vemos en el territorio. Desplazan a las personas y eso tiene un gran impacto en lo alimentario y en el ambiente. Por ejemplo, hay un gran impacto de la ganadería extensiva en la zona del Amazonas o de monocultivo de soja. Eso tiene un impacto porque el equilibrio amazónico es fundamental en la zona andina, la Amazonia es la que riega las zonas andinas para la producción de alimentos. Si se pierde ese equilibrio, no hay producción de alimentos.
—¿Qué acciones considera que se deben llevar a cabo desde las comunidades ante la captura corporativa de los sistemas alimentarios?
—La agroecología ha sido una gran respuesta política, científica, técnica y organizativa para mantener sistemas alimentarios equilibrados. Y también ha generado autonomía en las comunidades. Hay muchos procesos como cooperativas o comunidades pequeñas que han generado relacionamientos de planeación con la tierra y su gestión económica. Tienen la capacidad autónoma de producir el alimento y de articular con el Estado, pero no desde el asistencialismo, sino siendo agentes políticos de decisiones sobre su territorio. Y creo que es muy importante pensar en los procesos que se institucionalizan en diferentes territorios, que logran reconocimiento de un gobierno y que son un gobierno en los territorios. En América Latina y el Caribe tenemos los procesos de los consejos comunitarios o los pueblos quilombolas en Brasil, de las comunidades afro que han logrado procesos de producción autónoma del alimento, de las comunidades indígenas y campesinas. Hay muchas apuestas territoriales que nos pueden dar pistas alrededor de cómo generar cambios en los sistemas alimentarios. Hay que volver a esas prácticas. Es posible hacer un cambio transformador en términos de gobernanza popular alimentaria, de poder popular alimentario.
—Desde FIAN trabajan con el concepto de "poder popular alimentario". ¿Cómo lo definiría?
—Es una práctica política emancipatoria, un ejercicio desde el cuerpo-territorio que te permite generar las condiciones de fuerza para decidir sobre tu territorio y la forma en que te alimentas. Es un elemento fundamental de la soberanía alimentaria y del derecho humano a la alimentación. El poder popular alimentario es la manera en que los pueblos ejercen poder alrededor del alimento y eso implica planificar saberes técnicos, saberes políticos, implica juntanza y comunidad. La juntanza es cómo nos reunimos, nos articulamos y nos relacionamos para hacer frente o para sostenernos. Y ese poder popular alimentario pasa también por un ejercicio de pensamiento de clase, de base, que sale de lo popular, de la gente del común, urbana, campesina, de todos los lugares, y que permite generar ejercicios de transformación cotidiana contra ciertos poderes que están afectando de formas invisibles, a veces muy sutiles, pero también a veces muy claras.
Prácticas de cuidado, claves para el derecho a la alimentación
—En el mundo las mujeres producen gran cantidad de alimentos, pero son el 70 por ciento de las personas que pasan hambre según ONU. ¿A qué se debe esta situación?
—A un régimen patriarcal corporativo. El proceso alimentario está cruzado por múltiples formas de poder y una de esas formas es la patriarcal, que tiene impactos enormes desde una división sexual del trabajo, en el que las mujeres se han encargado de producir el alimento y de distribuirlo. Desde la semilla al plato, hay energía vital, hay un trabajo que hacen las mujeres y que no se reconoce para nada. Son las que tienen mayor inseguridad alimentaria, sobre todo las mujeres racializadas, las mujeres pobres.
—¿Qué imaginarios sexistas inciden en esto?
—Hay cosas concretas que se pueden ver en los hogares, como las lógicas de priorizar a los varones. En muchos lugares las mujeres cuentan que sus abuelas le daban la proteína grande al varón, al esposo y ellas comían menos proteína, menos vegetales o que se le servía primero al varón, no a los niños y las niñas. Hay una geopolítica del plato en la casa que es patriarcal. En las lógicas del trabajo, ese trabajo de transformación del alimento que no es reconocido ni apoyado, les quita posibilidades a las mujeres para generar otros proyectos de vida, otras autonomías. Esto también afecta la salud de las mujeres: son las que suelen tener mayor obesidad, mayor sobrepeso y también más anorexia o bulimia, debido a patrones sexistas alrededor de lo que consumimos y el estereotipo tradicional de lo que es ser una mujer bella.
—¿Cómo se relacionan las prácticas de cuidado con el derecho a la alimentación?
—Las mujeres afro nos recuerdan mucho que hay una relación íntima entre el cuidado y el alimento, por ejemplo, desde que estamos en el vientre. Estamos hablando de relaciones sumamente íntimas, que son de las mujeres, pero que a veces naturalizamos, olvidando cuáles son las condiciones que requieren esas relaciones. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona que lacta, una persona que cuida, para el desarrollo digno de esta situación? Hay que reconocer esa labor socialmente, hay que redistribuir la labor del cuidado. En los sistemas de uso del tiempo que cuentan el tiempo utilizado para el trabajo del cuidado, se evidencia que la actividad que más tiempo demanda es la distribución de alimentos. Y quienes lo hacen en mayor medida, según estas encuestas, son las mujeres. Y si se distribuye, habrá mejores condiciones en las familias y en las comunidades. El cuidado alimentario incluye la protección de la vida, de las plantas, de las semillas, y eso no es tenido en cuenta cuando se mide la “distribución del alimento”, como si distribuir el alimento fuera solo repartir comida. Hay relaciones de amor, transferencia generacional de saberes que reproducen la biodiversidad del planeta y que son tareas que también hacen las mujeres. En los Corredores Afroalimentarios, las mujeres han logrado guardar la semilla nativa, mantener prácticas culinarias ancestrales, hacer un ejercicio de resistencia y de generar biodiversidad. Hay una relación enorme entre lo alimentario y el cuidado, que implica también el cuidado de los bienes comunes.
—¿Cómo sostener esta agenda o estas luchas en un contexto donde hay un gran avance en los discursos antigénero y racistas?
—Es un gran reto. Hay un avance de proyectos políticos que quieren negar el poder de las mujeres diversas y el poder de los pueblos. Pero con el hecho de querer borrarlos, están reconociendo que son un potencial emancipado. Ven un peligro allí. Y creo que nosotras debemos mantenernos en una visión muy amplia de alianzas, de procesos políticos diversos, amplios, de generar condiciones de unidad estratégicas, de articulación. Hay una situación de múltiples crisis que solamente se responden con miradas sistémicas. Hay que responder con la fortaleza y el potencial de esa diversidad, una diversidad no solamente en términos de opresión y de vulneración, sino también de potencial político emancipado. Eso se genera con prácticas, con el reconocimiento, con la juntanza y el cuidado organizado.
"La clave es movilizar, ser conscientes y formar a las nuevas generaciones"
—En términos de incidencia política, ¿cómo lograr la exigibilidad del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas?
—La exigibilidad parte de un ejercicio de tener ciertas condiciones de conciencia política que te permitan reafirmar los objetivos que tienes como organización, como comunidad y cómo vamos a hacer de esa exigibilidad una exigibilidad social, política y jurídica. Uno de los temas básicos es la formación: conocer qué está pasando en tu territorio para saber exactamente cómo exigir a los gobiernos y cuáles son las estrategias para la defensa del derecho humano a la alimentación y de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria como derecho humano está acogiendo su corpus jurídico a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y es importante poder aterrizarlo en los países y que eso brinde herramientas de garantía para los titulares de derechos. La clave es movilizar, ser conscientes y formar a las nuevas generaciones. No es posible hablar de exigibilidad sin pensar en las futuras generaciones, no es posible hablar de exigibilidad sin pensar en el relacionamiento y la interdependencia con la naturaleza, sin pensar en esas otras áreas de la vida que permiten alimentarnos.
—¿Cuáles son los desafíos del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas en el Consejo de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas?
—Un desafío enorme es el reconocimiento de las condiciones para la participación política. Hay una crisis y una fragmentación por parte de la FAO para el apoyo al mecanismo en términos presupuestarios, en términos de espacio. Es muy difícil generar un recurso específico para garantizar la participación de la sociedad civil, de los pueblos indígenas. Ahí hay un elemento clave que es el tema de los recursos económicos y eso está atravesado por la voluntad política. La resistencia y la construcción política que se hace es permanente, creo que eso ayuda a que siga vivo ese mecanismo. Pero la captura corporativa de los espacios de gobernanza global son el mayor reto, porque están tomando las decisiones quienes también violentan el derecho a la alimentación y están generando dificultades para que la sociedad civil y los pueblos indígenas participen en igualdad de condiciones. Hay gente que dice que por un tema de democracia es importante tener a estos actores corporativos y que hay que escucharlos, pero ellos nunca se van a parar igual y en las mismas condiciones que la sociedad civil organizada que está siendo afectada por este tipo de actores. Quizás ese equilibrio del poder también hay que reflexionarlo. Democracia, sí. Pero ¿qué democracia? ¿Qué condiciones les estamos dando a los actores que hacen incidencia política y que tienen injerencia para poder participar realmente?
Colombia hoy
—¿Qué opinión tiene sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en Colombia, la política del presidente Gustavo Petro para ordenar territorialmente la producción alimentaria?
—Las áreas de protección son una apuesta del gobierno actual y una manera de articular los procesos institucionales para organizar la forma en que se produce el alimento a partir de una lectura de situación de cómo se está y cómo se produce en el territorio. Pensar y planificar el territorio desde el eje de producción cambia totalmente la mirada, incluso genera otro tipo de territorialidad. Pero tiene sus dificultades. La institucionalización de prácticas dentro de las formas de gobierno estatales genera tensión con las autonomías en los territorios. No es tan fácil, pero creo que es un muy buen intento pensar estas apuestas desde el territorio. Y de los conflictos salen también las soluciones.
—¿Qué perspectiva hay en Colombia de cara a la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural?
—Hay una gran expectativa porque el gobierno colombiano ha generado una apuesta por la reforma agraria. Se están implementando muchas políticas de reforma agraria y eso es muy importante en un país donde la concentración de tierras es terrible. Hay muchos obstáculos, muchas dificultades, pero hay una apuesta concreta muy fuerte para la reforma agraria. Hay mucha expectativa sobre posicionar el tema de la reforma agraria en el país y a nivel global. Creo que Colombia quiere liderar ese proceso.
* Esta entrevista forma parte de la cobertura colaborativa de la Agencia Tierra Viva y Huerquen Comunicación del Seminario “El futuro de nuestro alimento” realizado en Buenos Aires el 13 y 14 de junio de 2025 y organizado por la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Movimiento Nacional Campesino e Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y el Grupo ETC.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/la-agroecologia-es-una-gran-respuesta-politica-cientifica-tecnica-y-organizativa/ - Imagen de portada: Foto: Lucía Fernández
