Agroquimicos: Cultivos que matan en La Leonesa-Las Palmas.
Por Carta Abierta Chaco
Cada cierto tiempo se repite, y no queda saldado, el debate sobre el uso de químicos y sobre todo agroquímicos, asociados a los cultivos que utilizan siembra directa, particularmente la soja, el maíz y el arroz, entre otros, que someten al suelo a grandes desgastes y finalmente se cuestiona el grado de contaminación o envenenamiento de personas, vegetales, animales y cursos de agua. El caso de la arrocera de La Leonesa-Las Palmas es, solamente, un caso testigo que ha tomado repercusión por la movilización de sus vecinos. Carta Abierta: Comisión de Salud y Medio Ambiente.
Cada cierto tiempo se repite, y no queda saldado, el debate sobre el uso de químicos y sobre todo agroquímicos, asociados a los cultivos que utilizan siembra directa, particularmente la soja, el maíz y el arroz, entre otros, que someten al suelo a grandes desgastes y finalmente se cuestiona el grado de contaminación o envenenamiento de personas, vegetales, animales y cursos de agua. Tomemos un caso testigo para analizar, que puede graficar elocuentemente, la responsabilidad de las compañías que habitualmente se las asocia al uso dañino de agroquímicos y de la cual repasaremos sintéticamente su historia: la gran compañía norteamericana Monsanto.
Un caso mundialmente conocido
En los años '60, un grupo de empresas, entre las que se encontraba Monsanto, fueron contratadas por el gobierno norteamericano para producir un herbicida llamado agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam con el fin de destruir la vegetación y cosechas, para que los vietnamitas no pudieran ni esconderse ni alimentarse, violando el protocolo de 1925 que conformaba el derecho internacional en vigor, lo cual causó más de 400.000 muertos y unos 500.000 nacimientos de niños con malformaciones, además de las bajas en el propio ejército norteamericano, que debido a la legislación vigente están inhibidos de demandar a su gobierno y han intentado demandar a las compañías químicas, quienes en un inicio fabricaron el agente naranja como un herbicida de uso agronómico y no bélico.
En 1984, se acordó que Monsanto y 6 compañías norteamericanas químicas pagasen 180 millones de dólares a 291.000 norteamericanos durante un período de 12 años. El pago fue acordado como una coartada después de que el juez Weinstein persuadiese a las compañías para que evitasen un litigio más prolongado y su culpabilidad en crímenes de guerra como parte de la demanda. Pese a que las malformaciones de bebés persisten luego de tres generaciones, hasta el momento, las demandas de los vietnamitas damnificados no han prosperado. (1)
Monsanto es también responsable de la producción de la hormona sintética somatotropina bovina (o rGHB recombinante). Existen estudios científicos que intentaron probar que la hormona provoca cambios significantes en la biología de las vacas, y de la leche que producen las mismas, la cual puede comercializarse en varios países, aunque no en Argentina, y está prohibida en Canadá y la Unión Europea porque afirman que la hormona puede causar daños la salud humana. Grupos de protección al consumidor en Estados Unidos lograron que se pudiera etiquetar solo la leche de vacas no tratadas, no así las tratadas como debería ser aplicando un poco de sensatez, luego de largas luchas por las políticas de Monsanto, con la condición de añadir en la etiqueta la información obtenida por los científicos de la Food and Drug Administration (FDA) quienes llegaron a la conclusión de que "la leche de vacas no tratadas con la rGHB no muestra diferencias significativas con la leche de vacas tratadas." (2)
En 1935 Monsanto se hizo cargo de la empresa que comercializaba Policloruro de bifenilo (PCB) desde 1927. En su época, el PCB fue un producto útil que tenía gran estabilidad térmica biológica y química, así como una elevada constante dieléctrica y, entre otros usos, se utilizaba para refrigerar transformadores eléctricos de baja tensión en la vía pública, fue prohibido el uso a partir de 1970, por descubrirse que era altamente cancerígeno y en nuestro país y en nuestra provincia, existen transformadores con ese refrigerante hasta nuestros días. Pese a que conocía el alto poder contaminante del PCB, Monsanto lo ocultó durante algunos años, incluso dentro de los Estados Unidos, produciendo daños irreversibles en personas, suelos, aguas y animales de todo el planeta. (3)
El actual producto estrella de Monsanto, el glifosato, con el nombre comercial de “Roundup”, está asociado a la producción agrícola de todo el mundo, como la soja transgénica, que es producida también aquí en la Argentina. Por este producto, Monsanto perdió dos demandas, una en EEUU y otra en la Unión Europea debido a que realizó publicidad engañosa, al poner en sus envases que era biodegradable (4). Dos estudios realizados por el Centre national de la recherche scientifique (CNRS), la institución de investigación más importante de Francia, en el 2004 y 2005 demostraron que, el compuesto activo del herbicida Roundup, estaba relacionado con el cáncer causando desregulaciones en el ciclo celular. Las concentraciones usadas en campos de cultivo son entre 500 y 4000 veces más elevadas que la concentración necesaria para causar alteraciones en el ciclo celular (5).
La producción mundial de alimentos está a cargo de un puñado de poderosas multinacionales que aplican de ingeniería genética, con la cual se manipulan genes de semillas para aumentar la productividad y hacerlas resistentes a algunos herbicidas, que dan como resultado alimentos transgénicos, que hoy se comercializan libremente y tendrán consecuencias impredecibles en los próximos años para la salud de los seres humanos.
Entre estas multinacionales, está Monsanto, que manipula genéticamente semillas para, entre otras cosas, hacerlas resistentes al Roundup, las cuales son destinadas a la producción de alimentos transgénicos. Monsanto dice que su consumo no es dañino para la salud.
¿Le tenemos que creer? ¿Habrá sorpresas como con el uso del PCB? ¿Qué piensa Ud. que deben hacer nuestros gobiernos con las políticas de Monsanto? ¿Aceptamos pasivamente el accionar de este sistema de producción capitalista? ¿Por qué las patronales del campo no dicen nada al respecto?
El CONICET, debería ser el responsable de investigar científicamente, las consecuencias del uso de los herbicidas en nuestros cultivos, en particular del Roundup, que es de uso masivo en nuestros campos. Uno de los programas de investigación del año 2006, publicado en sitio internet del CONICET (6), se titula explícitamente: “Programa de fomento al desarrollo tecnológico MONSANTO-CONICET”. Por si quedara alguna duda, se detalla que la contraparte - patrocinador para su ejecución es Monsanto Argentina S.A.I.C. ¿Saldrán resultados objetivos de este estudio? Veamos. En 2008, un estudio del CONICET, realizado por el Laboratorio de Embriología Molecular, confirma que el glifosato es altamente tóxico y afecta a la salud de los humanos y animales. En los humanos “provoca trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales”. En Ituzaingó (Córdoba) se denunciaron más de 300 casos de cáncer asociados al uso de este agroquímico. El investigador autor, el Dr. Andrés Carrasco, de este trabajo fue trasladado ¿casualmente? al Ministerio de Defensa de la Nación en 2009. (7)(8)
Caso chaqueño: La arrocera de La Leonesa-Las Palmas
Ante la gravedad de las numerosas denuncias de vecinos autoconvocados, Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones de bien público de La Leonesa y Las Palmas, se constituyó en marzo de 2009, la Comisión Nacional de Investigaciones por Agroquímicos del Ministerio de Salud Pública de la Nación, por orden de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Decreto 21/09, la cual estuvo a cargo de técnicos de larga y reconocida experiencia en el Ministerio de Salud Pública. (9)
Las denuncias hacen referencia a la aparición de enfermedades desconocidas hasta el momento como “abortos provocados naturalmente, malformaciones en recién nacidos, alergias en vía respiratoria, erupciones en la piel y diversas tipologías de cánceres, entre otras, que en muchos de los casos le han llevado a la muerte” y la “sospecha que las causas de dichas enfermedades es consecuencia del insuficiente control de las deforestaciones en nuestra zona, de la cual están degradando nuestro suelo; fumigaciones aéreas con productos contaminantes que llevan a cabo empresas arroceras en el territorio poblado denominado barrio La Ralera”.
Las conclusiones del trabajo de dicha Comisión Nacional fueron contundentes:
1. Las arroceras se encuentran en un proceso de expansión que en algunos casos han redireccionado los cursos de agua y han llevado la producción a los bordes de las áreas urbanas.
2. Las denuncias comunitarias tienen fundamento justificado: se reconocen evidencias claras del impacto de agrotóxicos donde como límite existen alambrados sin cortinas arbóreas.
3. El impacto sobre la salud humana, “de ninguna manera puede ser descartado”.
4. Los elevados requerimientos de agua que tiene la producción arrocera, con vías de riego y drenaje en un paisaje naturalmente rico en cursos de agua de diversa importancia con numerosas interconexiones naturales y otras producidas por el hombre conllevan importantes riesgos para las comunidades asentadas en esos territorios.
Las recomendaciones también fueron muy claras:
1. El ordenamiento territorial debe prestar atención a la población radicada y asegurar que cualquier proceso de desarrollo económico respete su derecho a un hábitat seguro.
2. En ese ordenamiento deben fijarse, y fiscalizarse adecuadamente, reglas de juego claras. Por ejemplo, requerir cortinas arbóreas en los predios para cultivo que requieran el empleo de agroquímicos, e impedir la dispersión aérea de agroquímicos en un radio no inferior a 5.000 metros de todo lugar habitado, sea éste urbano o rural.
3. Extremar las medidas precautorias de la calidad de los cursos de agua y mantener un sistema de vigilancia que asegure que no se devuelvan aguas contaminadas a cursos libres.
4. Llevar a cabo una evaluación epidemiológica para evaluar las condiciones sanitarias de la población de Las Palmas, la Leonesa y de los pobladores rurales del entorno de ambas arroceras.
5. Acelerar los trámites necesarios para poder aplicar en el Chaco la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Las medidas de los tres poderes del Chaco
El Poder Ejecutivo provincial tomó conocimiento de aquel informe de la Comisión Nacional, en el mes de marzo de 2009, a través del Ministerio de Economía, Producción y Empleo, por ser la autoridad de aplicación de la Ley de Biocidas. En el mes de abril de 2009, mediante el expediente E2-2009-3283-A del Ministerio de Salud Pública, interviene sobre la problemática en las localidades cercanas a las arroceras, por la cual también se constituyó una comisión de trabajo provincial donde se efectuaron relevamientos oculares y entrevistas a los vecinos afectados, que reflejan la realidad de lo que está sucediendo. Tomaron intervención en dicho trámite la Dirección de Salud Ambiental, la Dirección de Bromatología quienes recomendaron la intervención de la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Administración Provincial del Agua y la Subsecretaría de Agricultura. En meses sucesivos tomaron conocimiento el Ministerio de Gobierno y las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública, y las nuevas autoridades del Ministerio de la Producción.
El decreto N° 2655/09 de diciembre de 2009, el Gobernador creó la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, por solicitud del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.
El Poder Legislativo de la provincia, tiene una breve y contradictoria historia:
En 1988 se sanciona la Ley de Biocidas N° 3378, por la que se establecen las normas, y fija como órgano de aplicación al Ministerio de Economía, Producción y Empleo, a través de la Subsecretaría de Agricultura, hoy dentro del Ministerio de la Producción, y tiene plena vigencia.
En enero de 1996, se promulga la Ley N° 4.243 (sancionada en diciembre de 1995), que otorgó las tierras pertenecientes al ex Ingenio Las Palmas, en la localidad de La Leonesa (Dpto.Bermejo, Circuito IV, Parcela 311) a las organizaciones representativas y pobladores rurales del área de influencia del Ingenio (Autores: Diputados PJ, Jorge Belzor Miño, María Inés Fioravanti, Jorge Damilano, Atilio Velázquez, Elsa González)
Pese a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión del Ministerio de Salud de la Nación de marzo de 2008, en junio del mismo año, por iniciativa de la diputada Elda Insaurralde (PJ), se sanciona la Ley N° 6.145, por la que se le otorga la misma parcela, de aproximadamente 200 ha a la Asociación de Productores de Arroz, en forma totalmente irregular ya que dicha entidad, a ese momento, no tenía personería jurídica, para realizar supuestas investigaciones sobre el cultivo de arroz.
En diciembre de 2009, se sanciona la Ley N° 6.455, de la diputada Alicia Terada (ARI), por la que se deroga la ley N° 6.145, intentando enmendar aquella aberración.
En diciembre de 2009, el Poder Ejecutivo, inexplicablemente a través del Gobernador, vetó la ley, dejando en plena vigencia la Ley anterior, N° 6.145, con el otorgamiento irregular de tierras que expandió las fronteras de la explotación arrocera y que está envenenando a los habitantes de La Leonesa y Las Palmas, dejando sin tierras y expuestos al desalojo a pequeños productores residentes en esa parcela, que no integran la Asociación de Productores de Arroz.
El Poder Judicial
Pese a las numerosas denuncias, en el fuero federal y en el fuero provincial, sobre las numerosas violaciones a la las leyes federales, a la Ley de Biocidas provincial, y a las numerosas evidencias de enfermedades, abortos, malformaciones y muertes, no ha dictado ningún fallo para detener la aplicación intensiva de agro tóxicos en la arrocera de La Leonesa Las Palmas.
Situación actual
El caso de la arrocera de La Leonesa-Las Palmas es, solamente, un caso testigo que ha tomado repercusión por la movilización de sus vecinos. Sin embargo, existen numerosas denuncias que datan desde 2003, en Gancedo, Napenay, Santa Sylvina, Tres Isletas, Avia Terai y Colonia Elisa, que evidencian que se está ante un grave problema provincial de consecuencias impredecibles sobre la salud pública, ya que la aplicación de agro tóxicos como el Roundup, es usado intensivamente hace pocos años, pero los estudios científicos y las observaciones empíricas, por no contar con un sistema estadístico confiable, resultan más que evidentes y contundentes.
Las consecuencias sobre las grandes urbes, también son preocupantes, porque existen numerosos casos de cáncer infantil, en el área metropolitana, que según manifiestan profesionales de los centros hospitalarios de derivación pediátrica de Buenos Aires, la proporción de casos del Chaco es desproporcionada, cuanto menos para realizar estadísticas y estudios más profundos. Basta mencionar que la ingesta de pasturas contaminadas por parte del ganado vacuno, está produciendo carne y leche contaminadas que luego son suministradas a la población.
Con todos estos antecedentes, los vuelos sobre las plantaciones se siguen sucediendo en forma cotidiana, cual bombarderos post modernos dejando su carga mortal esparcirse por nuestros suelos, aguas y alimentos.
Es necesario que la rentabilidad de económica de unos pocos, con una actividad que utiliza muy poca mano de obra, no se lleve la vida de miles de chaqueños.
Petitorio
Por todo lo expuesto, es que queremos solicitar la urgente acción del Estado para:
1. Suspender por Decreto del Poder Ejecutivo, en forma inmediata, la fumigación de establecimientos agrícolas a menos de 5.000 metros de las áreas urbanas.
2. Ratificar Ley 6.455, por parte del Poder Legislativo.
3. Solicitar al Ministerio de la Producción de la Provincia, la inmediata creación de una comisión de seguimiento de la aplicación de la Ley de Biocidas N° 3.378 y la aplicación de políticas que sustituyan el actual sistema de producción, por otros sistemas que produzcan alimentos orgánicos, libres de agro tóxicos.
4. Solicitar al Ministerio de Salud Pública, que se cree un sistema de estadísticas públicas y eficientes que permitan realizar un seguimiento exhaustivo, en particular de enfermedades con presunción de estar asociadas a agrotóxicos.
5. Solicitar al Poder Judicial, ante la gravedad de la situación, la inversión de la carga de la prueba, y suspender la aplicación de agro tóxicos, hasta que se demuestre que no afectan a la salud pública.
6. Solicitar una audiencia al Gobernador de la Provincia, a la Cámara de Diputados y al Superior Tribunal de Justicia.
Resistencia, enero de 2010. Argentina – Chaco.
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