En términos ambientales, los gobiernos “progresistas” no son menos devastadores

La virulenta represión que se desató sobre los vecinos de Andalgalá (Catamarca) en la noche del lunes y la pueblada que surgió como reacción, deberían servir para cuestionar la vigencia de un modelo económico que suavemente, se podría denominar “extractivista”, aunque en realidad se trata de un auténtico paradigma de saqueo y contaminación. Sobre todo cuando el gobierno “nacional y popular” es pro-minero, como demostró con creces al vetar la Ley de Glaciares. 
Pero la vigencia de ese modelo no se limita a la Argentina. Según trascendió días atrás, una encuesta que se practicó en Brasil antes de la Cumbre de Copenhague, arrojó que sólo el 5 por ciento de los brasileños veía al cambio climático como el gran problema planetario a resolver. Menos todavía, alrededor del 1 por ciento, creía que la preservación de la biodiversidad tenía que gozar de prioridad en las políticas públicas. No creemos que en nuestro país las respuestas fueran muy distintas.

En general, brasileños, argentinos, ecuatorianos, venezolanos y uruguayos suponen que las prioridades residen en combatir la pobreza, la violencia y el hambre. Al menos, esos son los razonamientos que parecen animar a los actuales gobiernos “progresistas” de América Latina, cuando tienen que enfrentar la supuesta disyuntiva de preservar los ambientes o impulsar el crecimiento económico.

A nadie escapa que desde 1998, cuando Hugo Chávez se impuso por primera vez en Venezuela, en la región asumieron el poder político varios candidatos de origen popular e ideas de izquierda, cuya propuesta consistía en poner freno a las reformas neoliberales. Con su llegada a las primeras magistraturas, el Estado intentó retomar el rol que desempeñaba antes de la oleada privatizadora para reducir la dependencia externa y retomar el control de la economía.

A comienzos de la década que terminó, se esperaba que los nuevos gobiernos promocionaran cambios sustanciales en el modelo de desarrollo, que en términos generales y salvo algunas interrupciones temporales, se caracterizó por la exportación de productos primarios. Pero a pesar del paso del tiempo, esos cambios no se produjeron. Se escucharon muchos discursos, pero el esquema económico no sólo no se modificó en nuestros países, más bien se profundizó.

En la Argentina, fue precisamente el peronismo la primera experiencia que cuestionó severamente ese esquema al ensayar una industrialización liviana que la última dictadura militar se encargó de triturar, con el posterior remate menemismo. Pero desde esta perspectiva, los anti-neoliberales no se diferencian de sus antecesores, como bien señaló la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL). La entidad estableció que los productos primarios todavía suponen más de la mitad de las exportaciones de los países que ahora dirigen gobiernos “progresistas”.

Justamente, encabezan la lista de exportaciones los recursos minerales como el cobre y el petróleo, y los grandes monocultivos, principalmente la soja. Analice el lector la lista de las exportaciones argentinas y verá que en los diez primeros rubros, prevalecen la oleaginosa y sus derivados, al igual que los hidrocarburos y otros resultados de la explotación minera.

En este marco de neo-dependencia, Brasil es el país que menos incidencia experimenta de los productos primarios, pero aún así sostiene el 51 por ciento de su economía con distintas formas de actividades extractivas. En cambio, Venezuela apoya el 80 por ciento de su balanza de pagos en las rentas petroleras. No le va muy distinto a Ecuador, que también se preocupa por extender la importancia de la minería y en la Argentina, sabemos que promocionar esa actividad es política de Estado, mientras las trasnacionales del petróleo todavía disfrutan del esquema de los ‘90, salvo algunos retoques.

Para el grueso de la opinión pública, quizá resulte difícil percibir los efectos colaterales de un modelo económico que se basa en la exportación de materias primas. Es que supuestamente, si las exportaciones crecen, habría más dólares para dinamizar las economías locales. Y como se sabe, en Latinoamérica siempre hacen falta partidas presupuestarias para educación, salud, vivienda o empleo. Si embargo, cualquiera que sepa un poquito de historia tendrá presente que desde las épocas de las colonias, las finanzas de la región dependieron de la explotación y exportación de productos primarios. Pero durante los últimos 200 años, el modelo extractivo no fue capaz de brindar desarrollo humano para las grandes mayorías.

Es que los nuevos gobiernos y la mayoría de sus partidarios insisten en suponer que desarrollo equivale a crecimiento del PBI y que la manera más fácil de arribar a ese objetivo es exportar recursos naturales. Pero las actuales experiencias gubernamentales, no sólo deben perseguir la meta de achicar la brecha distributiva, profundizar la democracia y archivar el Consenso de Washington. La verdadera modificación radical tendrá que ver con transformar la relación que la economía mantiene con los llamados recursos naturales.

Hay avances teóricos en ese sentido. La constitución ecuatoriana de 2008 reconoce los derechos de la naturaleza y establece que el progreso económico no puede basarse en la destrucción de los ecosistemas, pero en la práctica ese gran precepto todavía no se aplica. En la Argentina, mientras las fuerzas de seguridad llenen de balazos a vecinos que no quieren convivir con la contaminación, estaremos lejos de modificar el paradigma. Cambio que se torna urgente en el marco de la crisis ambiental y el calentamiento global. La devastación no puede continuar, aunque sea en nombre de distribuir mejor la riqueza.

http://www.elcordillerano.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5934:en-terminos-ambientales-los-gobiernos-progresistas-no-son-menos-devastadores&catid=184:editorial&Itemid=60

----------------------------------------------------------------


La respuesta del Estado a la protesta social

Por N. Giarracca -

Las redes de internet de las organizaciones por la lucha contra la megaminería, el agronegocio, la defensa de los bosques, los acuíferos, las yungas, la soberanía alimentaria no paran de informar sobre las amenazas de represión, militarización de territorios y judicialización de los pobladores. Este verano fue la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura, Neuquén, con la amenaza sostenida de militarización del territorio ancestral sagrado la que abrió esta seguidilla; le siguieron los intentos “parapoliciales” de la radio comunitaria de Loncopué por su apoyo a la resistencia de la población cordillerana y a la comunidad mapuche de Campana Mahuida y el incendio intencional de una chacra de activistas de ese lugar; fue otra vez Chilecito-Famatina y ni que hablar de Andalgalá con amenazas, intervención de una fiscal y cada vez más acechanzas a medida que son más los catamarqueños y legisladores conscientes como Pino Solanas, los que se suman a esta lucha contra la instalación de la minera.

Seguimos las protestas y resistencias sociales al modelo neoliberal –concentrador, ladrón de derechos sociales, saqueador y devastador– desde comienzos de los años noventa. Tanto el porqué de la protesta como el cómo y la respuesta de los demandados, incluido el Estado, han mostrado cambios en estas casi dos décadas. El “menemismo” ignoró las protestas; el modelo a seguir era el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña con la huelga minera: ignorarlas, esperar el desgaste de quienes luchaban. Los datos que utilizamos para seguir las protestas en todo nuestro país indican que en este período, el 93% de las mismas no recibieron ninguna respuesta y del 7% restante algunas fueron reprimidas. En el período del gobierno de la Alianza (Fernando de la Rúa) y del corto mandato de Eduardo Duhalde la represión y asesinatos fueron los modos de enfrentar la protesta. Cincuenta muertos en dos años es una masacre que los organismos de derechos humanos no le otorgan la importancia que merece.

Con la presidencia de Néstor Kirchner la etapa de protestas que involucran territorios y bienes naturales se hicieron más visibles. El presidente prometió no reprimir la protesta sino tratarla legalmente. Y en los primeros años cumplió: miles de luchadores cargan con cientos de procesos judiciales que los tienen controlados en sus movimientos. ¿Qué pasa con el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Cómo es posible que siga con la política de Estado de judicialización pero ahora acompañada de represiones y persecuciones cuyas imágenes nos hacen recordar los terribles tiempos dictatoriales y que habilitan vaticinar, por lo menos, una violencia que estremece nuestra memoria de represiones y sufrimientos? ¿Es tan fuerte su compromiso con estas corporaciones económicas? ¿Por qué no reaccionan los organismos de derechos humanos e intelectuales que la Presidenta frecuenta y escucha?

http://www.criticadigital.com.ar/index.php?secc=nota&nid=37665

-------------------------------------------

Pueblada en Andalgalá y represión contra el pueblo
Por Adolfo Perez Esquivel

La Argentina cumple éste año el Bicentenario de su independencia, pero tenemos que señalar que la dependencia, la represión no han sido superadas en el país. Una cosa es hablar de la democracia y otra ejercerla. Lamentablemente se ha transformado en una palabra vaciada de contenido.
Las graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Andalgalá en la provincia de Catamarca, dejan al descubierto el saqueo, la destrucción del medio ambiente, la contaminación de los ríos y el despojo de los derechos del pueblo, con la complicidad del gobierno provincial y del gobierno nacional, y cómplices son las empresas mineras como la Alumbrera y Agua Rica, que buscan sus intereses económicos y no respetan el derecho del pueblo.
La resistencia y movilización de las organizaciones populares en Andalgalá, como la Asamblea del Algarrobo, reclaman sus derechos como ciudadanos, para que no se destruya su hábitat y condiciones de vida. El gobierno no busca solucionar el problema, ni respetar el derecho del pueblo; su respuesta es la violencia policial y de la gendarmería para reprimir y encarcelar a quienes defienden sus derechos y se oponen a la explotación, al saqueo y la contaminación provocada por las empresas mineras.
El intendente de Andalgalá amenazó al pueblo con llegar a matar si es necesario, para imponer los intereses de la empresa minera y del gobierno, sumándose la complicidad del juez y la fiscal que autorizaron la represión contra las organizaciones sociales movilizadas. Los manifestantes fueron golpeados y detenidos; algunos hospitalizados por los golpes recibidos. Las autoridades tratan de imponer el terror y la persecución a la población.
Hacemos un llamado urgente a los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, tanto a nivel nacional como internacional:
- Reclamamos: la inmediata suspensión de las medidas de expulsión contra el pueblo de su lugar originario, para beneficiar a la empresa minera.
- Exigimos sancionar a quienes autorizaron la represión contra el pueblo, y solicitamos la destitución por faltas graves de funcionarios públicos, al intendente, juez y la fiscal.
- Reclamamos al gobierno de la Provincia de Catamarca la inmediata suspensión de las medidas tomadas contra el pueblo de Andalgalá, y al gobierno Nacional que asuma la decisión política de una nueva ley de minería, que contemple la responsabilidad y protección del medio ambiente y el derecho del pueblo, hoy vulnerado por una ley inmoral e injusta que privilegia los intereses de las empresas mineras sobre la vida del pueblo.
- Hacemos responsable de los daños causados al pueblo de Andalgalá a las autoridades del gobierno de Catamarca, al intendente, al juez y la fiscal, como a las fuerzas de seguridad que provocan mayor inseguridad y actúan contra el pueblo.
- El Ministro del Interior de la Nación debe intervenir para evitar daños contra la población y el medio ambiente.
El problema que vive el pueblo de Andalgalá no es un hecho aislado en la situación que vive el país en diversas provincias, sometidas a políticas de explotación y daños al pueblo para beneficiar a las empresas la Alumbrera y la Barrick Gold, entre otras.
Debemos recordarles a los gobernantes que están en sus cargos para servir al pueblo y no para servirse del pueblo y estar al servicio de intereses extranjeros.
A los pobladores, asambleas y organizaciones sociales quiero expresarles toda la solidaridad y apoyo y que continúen la resistencia en la esperanza por la vida y el derecho que como pueblo los asiste en forma indelegable.

------------------------------------

HABLA LA FISCAL QUE FIRMÓ EL DESALOJO QUE DERIVÓ EN REPRESIÓN

La Fiscal de instrucción Marta Graciela Nieva de Andalgalá, quien dio la orden de desalojar el lunes a los vecinos, habló con IPODAGUA.COM.AR. En una entrevista donde hubo duros cruces, y cuestionamientos por su decisión, Nieva reconoció estar arrepentida y apoyar la causa de los asambleístas, “si hubiera sabido como terminaría no tomaba la decisión”.

La Fiscal de instrucción Marta Graciela Nieva de la ciudad de Andalgalá, quien dio la orden de desalojar el lunes a los integrantes de la Asamblea El Algarrobo, habló con IPODAGUA.COM.AR. En una entrevista donde hubo duros cruces, y cuestionamientos por su decisión, Nieva reconoció estar arrepentida y apoyar la causa de los asambleístas.
Publicamos un extracto de la entrevista que le realizamos a la Fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, quien dio la orden de desalojar a los asambleístas, lo que derivo en una feroz represión.
Fiscal Marta G. Nieva: “tengo que garantizar el normal funcionamiento de las vías terrestres, entonces mi única competencia era garantizar el acceso a la mina Agua Rica y ellos –por los asambleístas- estaban en el camino”
Sergio Giachino: “Yo entiendo perfectamente lo que usted me explica, ahora, ¿no le parece un poco mucho lo que sucedió anoche?”
Fiscal Marta G. Nieva: “me parece espantoso lo que sucedió. Mire, si yo hubiera sabido esto, nunca, nunca pedía el desalojo”
Sergio Giachino: “Ahora discúlpenme Fiscal, pero me parece bastante irresponsable ahora decir que usted no hubiese tomado esa medida, porque la medida ya se tomó”
(…)
Fiscal Marta G. Nieva: “Yo estoy para hacer cumplir la ley y prevenir delitos”
Sergio Giachino: “¿No le parece que es delito contaminar?
Fiscal Marta G. Nieva: “No le puedo responder eso, porque estoy en un proceso que tengo que estar por un lado con los mineros y con los anti mineros por otro lado”
Sergio Giachino: “Creo que usted sí está en condiciones de responderme. Insisto, nos duele ver esta situación en donde se le pega a la gente que esta protestando pacíficamente. No queremos esa Argentina. Y tampoco queremos un país contaminado. Entonces si la función pública no está para prevenir eso, ¿para que está?”.
Fiscal Marta G. Nieva: “Yo no estoy para prevenir delitos, y menos de este índole”
Sergio Giachino: “Pero ayer garantizo el paso de una empresa minera por encima de la decisión popular”
http://www.ipodagua.com.ar/spip/spip.php?article883
Fuente: boletinmovidaambiental.blogspot.com

---------------------------------

Después de la represión, un triunfo

La paralización de las obras en la minera Agua Rica, subsidiaria de la canadiense Yamana Gold, es uno de los saldos de la provocación por la culata cometida por las autoridades políticas, judiciales y policiales contra la comunidad de Andalgalá, Catamarca, este lunes 15 de febrero.
Fuente: La Vaca
16/02/2010. Unos 300 integrantes de la asamblea El Algarrobo fueron reprimidos a media tarde por las denominadas fuerzas del orden en Chaquiago, donde la asamblea realiza un corte en el camino que va hacia la minera. El episodio mostró la entusiasta e indiscriminada violencia policial (contra mujeres, niños, ancianos), y terminó generando una pueblada durante la noche, con quema de la intendencia y otros ataques emblemáticos: contra las oficinas de la minera Agua Rica, el juzgado y la fiscalía, y el supermercado Los Mellizos propiedad de una proveedora de la minera.
La pueblada de "los hippies"
El intendente justicialista José Perea culpó por los destrozos a concejales, docentes, al grupo Quebracho, y a "hippies", en un reportaje a Radio XXI. Se hace difícil interpretar a qué se refería. En términos menos alucinados, puede plantearse que los reprimidos fueron los vecinos de Andalgalá, que se oponen a las mineras por conocer en carne propia los efectos de contaminación y empobrecimiento que genera desde hace 13 años el otro gigante minero de la zona, Bajo Alumbrera. Además existe alarma por otros proyectos como el llamado Pilciao 16, que somete a exploración minera -y futura explotación- al subsuelo de la propia ciudad de Andalgalá.
El lunes el conflicto terminó de estallar cuando una máquina tipo oruga retroexcavadora y 20 camionetas de la minera, con el apoyo de la policía, se dispusieron a atravesar el corte. La resistencia de los ciudadanos -que reclaman un plebiscito sobre la instalación de la minera- fue quebrada a balazos de goma, culatazos, gases lacrimógenos y detenciones. "Te tiraban a dos metros, no podían errarle" contó Aldo Flores a lavaca.

Mensajes de texto
La policía intentó aislar a los integrantes de la asamblea que estaban en el corte, que por mensajes de texto alertaron a sus vecinos, lo cual provocó una automática salida de la gente a la calle en el centro de Andalgalá. El alerta sobre este tipo de situaciones rige desde diciembre, cuando se resolvió resistir la instalación de Agua Rica, minera de oro, cobre y molibdeno que triplicará en envergadura y efectos a Bajo Alumbrera, que viene trabajando en la zona con múltiples denuncias por la contaminación que llega además a otras provincias, además del brutal consumo de agua dulce que pone en riesgo la zona del Aconquija (los datos de la propia empresa indican 66.000 litros de agua diarios, aunque los expertos consigan diez veces más por el tipo de trabajo que implica la minería a cielo abierto).
Los andalgalenses no rechazan la minería por desconocimiento, sino por verla de cerca. "No sólo la contaminación y las enfermedades de cantidad de personas, sino que además no generan trabajo, ni riqueza. Catamarca sigue igual o más pobre, y Andalgalá es el lugar de mayor desocupación de la provincia" explicó a lavaca Urbano Cardozo, acerca de las curiosas teorías sobre el progreso que implica la minería. El propio intendente Perea reconoció que no más de 40 andalgalenses (sobre 20.000 habitantes) trabajan en la mina.
Paralización de Agua Rica
Raúl Guillermo Cerda, juez Electoral y de Minas de Catamarca, ordenó paralizar las trabajos en la mina de Agua Rica, como resultado de los incidentes registrados en Andalgalá. Fundamentó la decisión, que rige hasta nuevo aviso, en la necesidad de "pacificar" a la comunidad. La empresa fue notificada.
"Lo que vivimos ayer todos los ciudadanos catamarqueños, de lo que sucedió en Andalgala, ameritaba que se tome una medida de este tipo, porque lo fundamental es preservar la paz social, la salud y la seguridad de las personas" indicó Cerda. La asamblea El Algarrobo, que integra la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) mantuvo el corte en todo momento, que abarca sólo a los vehículos y maquinarias. "Y después de todo el desastre que hicieron, la oruga que habían hecho subir, la bajaron" consignó don Urbano Cardozo.

Caiga quien caiga
Una semana atrás, el intendente José Perea había encabezado una marcha pro minera, con algunos cientos de empleados públicos. Luego lanzó lo que fue tomado como una amenaza: "El 25 de febrero, caiga quien caiga, las máquinas van a llegar al yacimiento". La respuesta fue una movilización que reunió a más de 4.000 andalgalenses en contra de la minería.
El viernes 12 la fiscal local Marta Graciela Nieva fue hasta la zona del corte planteando que levantaran el bloqueo, cosa que por supuesto no obedecieron, ni tenían por qué. El juez Rodolfo Cecenarro ordenó liberar la zona y la fiscal fue acompañada por grupos de la policía local y provincial. Allí comenzaron los enfrentamientos que expresan la situación de violencia de las autoridades -hasta ahora contenida- que se vive en el lugar. Y que provocaron la reacción en las calles céntricas de Andalgalá.
Los Andes canadienses
La minera pertenece a Yamana Gold (*), empresa que se presenta en su página de Internet bajo el lema "Intelligent Mining" (minería inteligente). Yamana con el estereotipo de ser canadiense (como Barrick Gold) nacionalidad que les permite a estos emprendimientos facilidades y ocultamientos que no obtendrían siquiera en los Estados Unidos. Un reciente "cruce de Los Andes" pro minero promovido en San Juan por el gobernador José Gioja, se realizó portando las banderas argentina, chilena y canadiense, notable hallazgo geográfico en esa zona donde Barrick lleva adelante los proyectos Veladero, y el binacional de Pascua Lama, que amenazan con la destrucción de los glaciares, cuya ley de protección fue vetada por la Presidenta Cristina Kirchner.

Los medios y los fantasmas
Al silencio y las complicidades políticas se agregan los medios. "Siempre nos ningunearon y silenciaron" relata Aldo Flores. "Pero nosotros vamos a seguir igual, porque lo que está en riesgo es el planeta". Urbano Cardozo Cree que en algún sentido las cosas recién empiezan, y que habrá futuras órdenes de desalojo del corte (que se ubican en el campo de uno de los integrantes de la asamblea El Algarrobo). Para que se tenga una idea de los alcances de la voracidad minera, el proyecto Pilciao 16, de diciembre de 2005, habilita la exploración del subsuelo de la propia Andalgalá y "en caso de llegar a una Explotación, deberá contemplar la Indemminzación correspondiente y el mayor interés público del Estado para la prioridad del Desarrollo". O sea, una prioridad del Estado (y del Mercado, para seguir con las mayúsculas) por sobre las comunidades que lo que están reclamando es ser consideradas y consultadas, para determinar si otorgan o no licencia social a estos proyectos.
"Pero no queremos que se haga Agua Rica, ni que sigan con Pilciao 16, ni ninguno de estos proyectos" dice don Urbano, al que no se le conocen antecedentes hippies alguno. "Sí o sí vamos a seguir. No vamos a convertirnos en un pueblo fantasma".
(*) Nota del editor: Yamana Gold es también la titular del yacimiento de oro y plata Cordón Esquel, luego que comprara a la empresa minera Meridian Gold. En Esquel la movilización social y un abrumador rechazo de la consulta popular de marzo de 2003, impidieron la explotación del yacimiento.

Fuente: noalamina.org