Argentina: El cuento de lo apolítico para hacer lobby

Por Darío Aranda

Una investigación de la ONG señaló que al menos treinta funcionarios y legisladores y empresas de transgénicos, que dominan el 60 por ciento del mercado mundial de semillas, están detrás del impulso a la nueva ley.

 
Quien controla las semillas, controla la alimentación”, señala en el comienzo la reciente investigación de Greenpeace que denuncia el lobby empresario que impulsa una nueva ley de semillas y precisa que al menos treinta funcionarios tienen conflictos de intereses por sus vínculos con las compañías que serían beneficiadas con la ley. El estudio también denuncia el rol de ONG y fundaciones que se presentan como “apolíticas” y “científicas” pero son financiadas por las empresas dedicadas a productos transgénicos. Cuatro conglomerados dominan el 60 por ciento del mercado mundial de semillas: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF.
“Ley de semillas: del campo al plato, el lobby de las empresas químicas” es el nombre de la investigación que detalla los intereses detrás del nuevo proyecto para modificar la legislación vigente. “Conflicto de intereses, ‘puertas giratorias’ (ayer en las empresas, hoy en el Gobierno, y viceversa), negocios compartidos y lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley que sólo busca beneficiar a las grandes compañías”, denuncia Greenpeace.
Entre los funcionarios señalados con preocupación en el informe figuran Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo (jefe de Gabinete de Agroindustria), Ricardo Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz “Pilu” Giraudo (coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable), Ignacio Garciarena (director nacional de Agricultura), Gustavo Lopetegui (coordinador Económico de Jefatura de Gabinete), Martín Lema (director nacional de Biotecnología), Leonardo Sarquís (ministro de Agroindustria de Buenos Aires) y Gustavo Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros. Todos ellos figuran con conflictos de intereses por pertenecer a espacios (como ONGs y empresas) que tienen vínculos con las compañías que impulsan la nueva ley de semillas.
En octubre, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas, un paso más hacia el patentamiento de semillas, como si fueran un invento empresario, que limita el “uso propio” (guardar semillas de una cosecha y utilizarlas en la próxima siembra, una práctica tan antigua como la agricultura). El oficialismo intenta aprobarla este año. “La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular del agronegocio, atenta contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas”, alerta el informe.
Fundamental es el rol de organizaciones que se presentan como “apolíticas” o “científicas”, pero son parte fundamental del lobby empresario: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación Barbechando. Todas ellas impulsan la nueva ley y tienen vínculos directos con las compañías de semillas y agroquímicos.
La investigación cuenta con un apartado que explicita el vínculo entre funcionarios y empresas. Una de las personas mencionadas es la funcionaria Beatriz “Pilu” Giraudo, hasta 2016 presidenta de Aapresid (impulsores del modelo transgénico), entidad que cuenta con financiamientos y auspicios de Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow-Dupont y BASF. “Aapresid es una organización clave para camuflar el uso de agrotóxicos con un discurso ‘sustentable’”, denuncia Greenpeace. Giraudo asumió en el ministerio de Agroindustria un área que le crearon especialmente, desde donde impulsa beneficios para el agronegocios.
“Argenbio se presenta como un espacio científico, difunde las supuestas bondades del modelo transgénico. Ejercen lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen políticas públicas de promoción del agronegocios. Sus fundadores y financiadores son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, Nidera, Piooner y Syngenta”, señala el informe.
Greenpeace cuestiona los intentos de una ley que pretende limitar el uso libre de semillas, en beneficio de las grandes empresas. Al mismo tiempo, no se contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades. “Se trata de un proyecto de ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas, y sólo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables”, explicó Franco Segesso, de Greenpeace.
Sobresale el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional “ocupar espacios de poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”. Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital (presidido por Paul Singer).
La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (20.247) y exige que los senadores y diputados detengan “las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos”.

Fuente:  https://www.pagina12.com.ar/
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Argentina: El desmonte y algunos cultivos elevan las napas friáticas. “El suelo no absorbe el agua”
 
El investigador del Conicet Esteban Jobbágy sostiene que la explotación de ciertos cultivos y el desmonte quitaron capacidad de absorción al suelo, dieron nacimiento a ríos nuevos y elevaron las napas freáticas hasta la superficie.

Por Darío Aranda

Una decena de provincias con inundaciones y emergencia agropecuaria, pérdidas millonarias y pedidos de ayuda al Estado. Esteban Jobbágy, investigador de la Universidad de San Luis y del Conicet, aporta un elemento invisibilizado: la poca capacidad del suelo de absorber agua y su relación con el uso del suelo (modelo de agronegocio mediante). Alerta que –por el avance de algunos cultivos– las napas freáticas suben y las inundaciones son (y serán) cada vez más frecuentes. Otro factor: en Argentina se desmontaron 2,4 millones de hectáreas en los últimos diez años.
“El actual modelo agropecuario produjo que lugares que ya se inundaban ahora lo hagan más seguido, y zonas que no se inundaban, ahora comiencen a hacerlo”, explicó Jobbágy, del Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad de San Luis (Imasl), del Grupo de Estudios Ambientales e investigador del Conicet. Hace quince años trabaja sobre la capacidad del suelo de retener agua. Señaló que las inundaciones no dependen sólo de la lluvia, sino también de cuánto absorben los suelos y su directa relación con la capa freática (acumulación de agua subterránea).
“El manejo de cultivos tiene un impacto mayor sobre el comportamiento freático de lo que hoy se acepta en la región pampeana”, alertó en 2009, en un panel del Congreso de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), empresarios impulsores del modelo transgénico.
Explicó que las inundaciones se deben al ingreso de agua “al sistema” (ambiente) y las pérdidas-egresos por evaporación (muy reguladas por la vegetación). “El uso de la tierra afecta el régimen de inundaciones”, afirmó Jobbágy, que es ingeniero agrónomo y doctor en biología. Un sólo cultivo anual (por ejemplo, soja), evapora mucho menos que otros cultivos y produce mayores excesos hídricos (y la napa se ubica más cerca de la superficie).
Jobbágy aclara una y otra vez que no se trata sólo de la soja, que en Argentina abarca casi el 60 por ciento del área cultivada, sino que hay que apuntar al modelo agropecuario, que avanzó hasta zonas impensadas, ocupó espacios de pasturas destinados a ganadería y arrasó millones de hectáreas de monte nativo. Según el último informe de Greenpeace (2016), en Argentina se desmontaron 2,4 millones de hectáreas desde 2007 (cuando se aprobó la Ley de Bosques, que debiera proteger el monte nativo).
Río nuevo es el nombre del documental científico realizado en 2016 por Jobbágy y su equipo de investigación. “El árbol es una bomba extractora de agua”, resume en el documental Ernesto Viglizzo, investigador del INTA y del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa. Y lo desarrolla: el árbol toma agua de la napa y logra mantenerla baja. Cuando el árbol ya no está, nadie cumple la función de “bomba extractora” y la napa comienza a subir, se acerca a la superficie. Ante la primer lluvia fuerte, el suelo ya no absorbe y la inundación es un hecho.
“Ya hay cuatro ríos nuevos en San Luis y uno en Córdoba”, precisó Jobbágy y advirtió: “Las inundaciones serán cada vez más seguidas y más intensas, aún si las lluvias se mantienen estables. Y claro que será peor si, como muchos investigadores señalan, el régimen de lluvia aumenta”.
El documental centró su investigación en Villa Mercedes (San Luis) y puede ser extrapolado a lo que sucede en otras regiones. Publicaron veinte artículos científicos sobre el tema y confirmaron situaciones similares en Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza. El ascenso de la napa es tal que confirman la existencia de nuevos ríos, primero pueden ser “brazos” de los ya existentes, también lagunas que crecen, napas que llegan a la superficie. Brindan testimonios productores que tenían la napa a siete metros de profundidad, y hoy la sufren a 60 centímetros. “Esto recién comienza”, alertó Mario Galván, del INTA San Luis.
En mayo de 2015, Jobbágy fue uno de los disertantes del “Simposio Fertilidad”, patrocinado por grandes empresas del agronegocio. “En la región pampeana, los niveles freáticos más elevados, la menor capacidad de albergar excesos de lluvia y, por lo tanto, los anegamientos e inundaciones más frecuentes son el problema principal”, afirmó.
Aseguró que el avance del modelo agropecuario “generó excesos hídricos sostenidos y lo que en un principio se atribuyó exclusivamente a las fluctuaciones climáticas (lluvia), hoy aparece también vinculado a los cambios en el uso del territorio”. Citó como ejemplo la situación en Marcos Juárez (Córdoba), donde se pasó de la napa freática a diez metros (en la década del 70) a los últimos años, donde “lotes que se inundan por primera vez en la historia”.
En un artículo conjunto (con Marcelo Nosetto, Raúl Giménez y Jorge Mercau) para la Facultad de Agronomía de UBA,  Jobbágy fue más allá: “En poco tiempo, las napas a menos de 50 centímetros de la superficie y un número creciente de áreas encharcadas y lagunas podrían poner en jaque a la producción agropecuaria”. Citó como ejemplos zonas de La Pampa y Córdoba. Y precisó con números para la Pampa Húmeda: las pasturas transpiran (“evaporan”) 1075 milímetros al año, mientras que cultivos como soja y maíz de primera sólo transpiran 680 milímetros. “Estas diferencias en la transpiración inclinan la balanza hacia la ocurrencia de excesos hídricos (inundaciones) como consecuencia de la agricultura continua”, alertó.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/32250-el-suelo-no-absorbe-el-agua - Imagenes: ‪club de ecología unerg 2014 valle de la pascua -‬ ‪Scoop.it‬

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