México: La peligrosidad de la mina Caballo Blanco y su cercania a una central nuclear
Una mina a cielo abierto en Veracruz preocupa a pobladores y medioambientalistas, que advierten sobre la peligrosidad del proyecto que se encuentra en las inmediaciones de la central nuclear de Laguna Verde.
Hace unos días, organizaciones civiles y de defensa de la tierra conmemoraron el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se celebra desde 2009 por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses. A la convocatoria se sumó la organización alemana Salva la Selva, que llamó a movilizaciones en todo el mundo frente a las embajadas canadienses, por ser ese país el principal promotor de una actividad que, según estos grupos, deja desolación, pobreza y muerte.
La actividad minera en México es prioritaria frente a cualquier otro uso del suelo, una actividad de utilidad pública, según la Ley Minera de 1992, que reformó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. “Esta argumentación permite a las empresas mineras que participan en bolsa entrar a las grandes ligas de la especulación, pues de lo que se trata es de demostrar a sus accionistas que cuentan con la propiedad del subsuelo, una propiedad que se deriva de las concesiones que son otorgadas por el ejecutivo federal”, afirma el activista Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Defensa Medioambiental, LA VIDA.
Según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Secretaría de Economía mantiene en concesión más de 25.000 permisos para la exploración y explotación del subsuelo. Poco menos del 70% son para la explotación a cielo abierto, entre ellos, Caballo Blanco. La veta fue descubierta en 1995, comprende más de 19 hectáreas en los cerros de La Paila y de la Cruz y ha cambiado cuatro veces de propietario desde 2008. La minera canadiense Candelaria Mining Corp compró en 2016 la concesión a Timmings Gold Corp por 12,5 millones de dólares. “Lo que ellos esperan explotar son cerca de 600.000 onzas de oro seguras, más 400.000 inferidas, es decir, probables. Es un volumen de un metro cúbico de oro lo que está en el cerro de La Paila”, explica el activista Emilio Rodríguez. La actividad de explotación es inminente.
Industria extractiva
Aunque México no es considerado un clásico país minero como Perú, Bolivia, Ecuador o Chile, la reducción de los ingresos petroleros por la caída de los precios de crudo ha impulsado la actividad extractiva. “Es el mayor productor de plata en América Latina y la producción de oro se ha multiplicado por diez en los últimos 15 años”, afirma el representante de la Fundación Heinrich Böll (cercana al partido alemán de Los Verdes) en México, Dawid Danilo Bartelt.
El experto explica que la explotación de oro a nivel mundial es muy limitada por la dificultad que implica. “Por cada tonelada de piedra que se tritura con cianuro, mercurio y agua se obtiene un gramo de oro. Es un metal que es principalmente utilizado en joyas, pero también como reserva de divisas, lo que está intrínsecamente vinculado a la especulación”.
Bartelt destaca que se trata también de un metal estratégico, pues se utiliza en la producción de teléfonos celulares. “En una tonelada de viejos celulares hay más oro que en una tonelada de roca en una mina, pero desde el punto de vista especulativo el oro es tan importante, que es la quintaesencia del valor. Por eso en todo el mundo excavan como locos buscando oro. Es necesario aplanar montañas enteras para obtener un grano”.
Eso explica, según el experto, el alto potencial de conflicto social que representan las minas a cielo abierto. “Para obtener oro son necesarias grandes cantidades de agua y generalmente el oro se encuentra en terrenos montañosos en donde el agua es escasa. En el peor de los casos, todos los químicos que son necesarios para su extracción contaminan los mantos acuíferos y ríos subterráneos”. Incluso, medida por su beneficio económico, la minería tiene un gran potencial de conflicto, pues ni siquiera genera empleo que beneficie a la población local. “Los empleados que trabajan en las minas son traídos de fuera, como las máquinas y el capital”.
¿Qué se queda en el país?
El experto alemán advierte que para México el beneficio es marginal. “En el marco de la reforma fiscal de 2013, México introdujo mayores impuestos sobre el producto extraído y sobre las concesiones otorgadas. Sin embargo, como sucede en muchos otros países de América Latina, una cosa es la ley en el papel y otra es la práctica”. Las ganancias, según el experto, regresan en su mayoría a los países de proveniencia, en este caso, a Canadá, de donde proviene la mayoría de las empresas mineras activas en México.
Por su parte, el geólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, Carles Canet Miquel, destaca que México es una potencia mundial por sus recursos y producción de plata y de muchos otros elementos y sustancias minerales, lo que atrae a empresas extranjeras. “Las empresas canadienses se dedican principalmente a la exploración. Buscan zonas en donde hay un potencial de exploración y cuando tienen ya una evidencia de que hay alguna riqueza que no se había encontrado hasta el momento, se dedican a la especulación, venden acciones, etc.”
Canet subraya que de todos los proyectos de exploración, un porcentaje muy pequeño culmina en la explotación minera. “Además, lo que suele ocurrir es que no siempre sale lo que el mercado requiere para que un lugar sea económicamente explotable. Eso depende no sólo de la cantidad de metales o de minerales que tenga una zona, sino de las variaciones en los precios de los mismos”.
La ley no siempre se aplica
El experto subraya que cualquier proyecto minero supone un riesgo para el medio ambiente y para la salud y por lo tanto antes de arrancar las operaciones, deberían, si aplican la ley, hacer un estudio riguroso de impacto ambiental. “Pero el problema es que la ley no siempre se aplica. La impunidad está generalizada en el país entonces no creo que un sector se encuentre libre de eso”.
El físico Bernardo Salas destaca que la concesión para explotar la mina de Caballo Blanco ha sido irresponsable debido a la cercanía a la central nuclear de Laguna Verde. “Cuando se autoriza la construcción de una central nuclear debe cumplir con el requisito de estar localizada en un lugar de baja densidad de población, sin actividades industriales, pesqueras, agrícolas o ganaderas importantes. Así que permitir a una minera es un despropósito que complicaría los objetivos del Plan de Emergencia Radiológica Externo”.
Bernardo Salas destaca que las detonaciones de explosivos podrían causar sismos que provocarían un mal funcionamiento de los reactores nucleares. La Secretaría de Recursos Hidráulicos canceló una presa de agua que se ubicaría en la parte montañosa de Laguna Verde. Igualmente fue suspendida la construcción de un ferrocarril que iría de Veracruz a Tampico. Según Salas, esas fueron decisiones responsables, a diferencia de Caballo Blanco.
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México / Guerrero: ‘Solamente muertos nos van a sacar’, advierten autoridades municipales contra la minería
Hace unos días, organizaciones civiles y de defensa de la tierra conmemoraron el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se celebra desde 2009 por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses. A la convocatoria se sumó la organización alemana Salva la Selva, que llamó a movilizaciones en todo el mundo frente a las embajadas canadienses, por ser ese país el principal promotor de una actividad que, según estos grupos, deja desolación, pobreza y muerte.
La actividad minera en México es prioritaria frente a cualquier otro uso del suelo, una actividad de utilidad pública, según la Ley Minera de 1992, que reformó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. “Esta argumentación permite a las empresas mineras que participan en bolsa entrar a las grandes ligas de la especulación, pues de lo que se trata es de demostrar a sus accionistas que cuentan con la propiedad del subsuelo, una propiedad que se deriva de las concesiones que son otorgadas por el ejecutivo federal”, afirma el activista Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Defensa Medioambiental, LA VIDA.
Según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Secretaría de Economía mantiene en concesión más de 25.000 permisos para la exploración y explotación del subsuelo. Poco menos del 70% son para la explotación a cielo abierto, entre ellos, Caballo Blanco. La veta fue descubierta en 1995, comprende más de 19 hectáreas en los cerros de La Paila y de la Cruz y ha cambiado cuatro veces de propietario desde 2008. La minera canadiense Candelaria Mining Corp compró en 2016 la concesión a Timmings Gold Corp por 12,5 millones de dólares. “Lo que ellos esperan explotar son cerca de 600.000 onzas de oro seguras, más 400.000 inferidas, es decir, probables. Es un volumen de un metro cúbico de oro lo que está en el cerro de La Paila”, explica el activista Emilio Rodríguez. La actividad de explotación es inminente.
Industria extractiva
Aunque México no es considerado un clásico país minero como Perú, Bolivia, Ecuador o Chile, la reducción de los ingresos petroleros por la caída de los precios de crudo ha impulsado la actividad extractiva. “Es el mayor productor de plata en América Latina y la producción de oro se ha multiplicado por diez en los últimos 15 años”, afirma el representante de la Fundación Heinrich Böll (cercana al partido alemán de Los Verdes) en México, Dawid Danilo Bartelt.
El experto explica que la explotación de oro a nivel mundial es muy limitada por la dificultad que implica. “Por cada tonelada de piedra que se tritura con cianuro, mercurio y agua se obtiene un gramo de oro. Es un metal que es principalmente utilizado en joyas, pero también como reserva de divisas, lo que está intrínsecamente vinculado a la especulación”.
Bartelt destaca que se trata también de un metal estratégico, pues se utiliza en la producción de teléfonos celulares. “En una tonelada de viejos celulares hay más oro que en una tonelada de roca en una mina, pero desde el punto de vista especulativo el oro es tan importante, que es la quintaesencia del valor. Por eso en todo el mundo excavan como locos buscando oro. Es necesario aplanar montañas enteras para obtener un grano”.
Eso explica, según el experto, el alto potencial de conflicto social que representan las minas a cielo abierto. “Para obtener oro son necesarias grandes cantidades de agua y generalmente el oro se encuentra en terrenos montañosos en donde el agua es escasa. En el peor de los casos, todos los químicos que son necesarios para su extracción contaminan los mantos acuíferos y ríos subterráneos”. Incluso, medida por su beneficio económico, la minería tiene un gran potencial de conflicto, pues ni siquiera genera empleo que beneficie a la población local. “Los empleados que trabajan en las minas son traídos de fuera, como las máquinas y el capital”.
¿Qué se queda en el país?
El experto alemán advierte que para México el beneficio es marginal. “En el marco de la reforma fiscal de 2013, México introdujo mayores impuestos sobre el producto extraído y sobre las concesiones otorgadas. Sin embargo, como sucede en muchos otros países de América Latina, una cosa es la ley en el papel y otra es la práctica”. Las ganancias, según el experto, regresan en su mayoría a los países de proveniencia, en este caso, a Canadá, de donde proviene la mayoría de las empresas mineras activas en México.
Por su parte, el geólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, Carles Canet Miquel, destaca que México es una potencia mundial por sus recursos y producción de plata y de muchos otros elementos y sustancias minerales, lo que atrae a empresas extranjeras. “Las empresas canadienses se dedican principalmente a la exploración. Buscan zonas en donde hay un potencial de exploración y cuando tienen ya una evidencia de que hay alguna riqueza que no se había encontrado hasta el momento, se dedican a la especulación, venden acciones, etc.”
Canet subraya que de todos los proyectos de exploración, un porcentaje muy pequeño culmina en la explotación minera. “Además, lo que suele ocurrir es que no siempre sale lo que el mercado requiere para que un lugar sea económicamente explotable. Eso depende no sólo de la cantidad de metales o de minerales que tenga una zona, sino de las variaciones en los precios de los mismos”.
La ley no siempre se aplica
El experto subraya que cualquier proyecto minero supone un riesgo para el medio ambiente y para la salud y por lo tanto antes de arrancar las operaciones, deberían, si aplican la ley, hacer un estudio riguroso de impacto ambiental. “Pero el problema es que la ley no siempre se aplica. La impunidad está generalizada en el país entonces no creo que un sector se encuentre libre de eso”.
El físico Bernardo Salas destaca que la concesión para explotar la mina de Caballo Blanco ha sido irresponsable debido a la cercanía a la central nuclear de Laguna Verde. “Cuando se autoriza la construcción de una central nuclear debe cumplir con el requisito de estar localizada en un lugar de baja densidad de población, sin actividades industriales, pesqueras, agrícolas o ganaderas importantes. Así que permitir a una minera es un despropósito que complicaría los objetivos del Plan de Emergencia Radiológica Externo”.
Bernardo Salas destaca que las detonaciones de explosivos podrían causar sismos que provocarían un mal funcionamiento de los reactores nucleares. La Secretaría de Recursos Hidráulicos canceló una presa de agua que se ubicaría en la parte montañosa de Laguna Verde. Igualmente fue suspendida la construcción de un ferrocarril que iría de Veracruz a Tampico. Según Salas, esas fueron decisiones responsables, a diferencia de Caballo Blanco.
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México / Guerrero: ‘Solamente muertos nos van a sacar’, advierten autoridades municipales contra la minería
El presidente de los bienes comunales, Amado Solano, refiere que sólo en San Miguel del Progreso, en Guerrero y sus seis colonias existen 4 mil 449 hectáreas de zona minera. Sabemos quiénes las quieren explotar. Para nosotros el fallo que dio la juez en favor de la comunidad fue de mucha importancia porque con eso no nos puede mover la minera.
Regeneración, 25 de julio de 2017.- De acuerdo con información del diario La Jornada, Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, y Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso (o Júba Wajíin, cerro del muerto, en me’phaa), municipio de Malinaltepec, advierten que “si el gobierno pretende imponer la explotación de una mina en nuestros territorios sagrados, solamente muertos nos van a sacar”.
Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales sostiene que: “No estamos jugando, estamos defendiendo muchas cosas. Primero, pensamos en nuestros hijos y en su bienestar. Esperamos que nadie nos pueda defraudar o destruir en el lugar en que hemos nacido. Además, no molestamos al gobierno federal ni al estatal”.
Agrega: “Llevamos años sin obras del gobierno. En otras comunidades han arreglado las calles, el agua. Aquí, apenas ahora el alcalde está construyendo la comisaría. Nuestras calles están rotas, las que van a Ayutla de los Libres y a Tlapa. La avenida principal la hicimos nosotros, para ello vendimos nuestra madera, porque el gobierno no apoya. Nuestra lucha ha sido de brazo a brazo”.
Mineras buscan boicotear decreto de área natural protegida en desierto de Zacatecas Cabe recordar que el 28 de junio pasado, la juez primera de distrito, Estela Plata Salado, emitió una sentencia en favor de la comunidad de San Miguel del Progreso que ordena a la Secretaría de Economía federal dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, que correspondía a las concesiones Reducción Norte Corazón de las Tinieblas, título 232560, y Corazón de Tinieblas, título 237861, las cuales fueron canceladas.
Por su parte, Amado Solano presidente de los bienes comunales, dice que sólo en San Miguel del Progreso y sus seis colonias existen 4 mil 449 hectáreas de zona minera. “Sabemos quiénes las quieren explotar. Para nosotros el fallo que dio la juez en favor de la comunidad fue de mucha importancia porque con eso no nos puede mover la minera”.
Es importante recalcarlo porque las minas contaminarían el agua de los cerros y hacia abajo “todos los pueblos saldrían amolados”, incluidos los grandes ganaderos de la Costa Chica. Lo que defendemos favorece a las comunidades de la Costa Chica y la Montaña alta; no queremos que nadie venga a contaminarnos, insiste Solano.
Surge grupo de autodefensa en la sierra de Zihuatanejo “Nos hacen falta más obras, pero ya no queremos vender (los recursos). Suspendimos la venta de ocote porque están quedando pobres los cerros y puede haber un deslave que acabe con todo.
Nuestros padres nos inculcaron que siempre hay que defender el lugar en que nacimos, y que nadie nos puede venir a pisotear. Nunca hubo un programa de gobierno, pero pobremente ellos pudieron defenderse.
Insiste: “No vamos a permitir que el gobierno mande a las mineras. Que no nos diga: ‘sálganse porque el gobierno ya negoció, ya pagamos por ustedes’. Vamos a defender nuestras tierras hasta el último instante de nuestra vida porque es la herencia de nuestros hijos y nietos”.
“Aquí nacimos, crecimos y trabajamos. Somos pequeños productores de maíz, café y frijol”; sin embargo, en el periodo 2016-2017 “ya no tuvimos nada que vender porque la plaga de roya dejó puras barañas (ramas secas) y, como siempre, no tuvimos apoyo del gobierno. Por lo menos tuvimos yerbas para comer, como quelites. Por eso no queremos que se contamine el agua con las minas”.
Fue el 12 de abril de 2014 en Malinaltepec, autoridades municipales y agrarias de cuatro municipios de la Montaña y la Costa Chica, que integran el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, rechazaron a las mineras. Después supieron que la Secretaría de Economía ya había entregado cuatro concesiones de explotación a Hochschild Mining México y a la canadiense Camsin Minas, para la explotación de oro, plata y zinc.
Guerrero está en crisis institucional : Indicador La CRAC-PC denunció en 2010 que los consorcios referidos iniciaron trabajos de exploración en al menos 50 kilómetros cuadrados de los municipios de de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec y Zapotitlán Tablas, de la Montaña y la Costa Chica.
Y fue justo en ese año que explotación a cielo abierto las mineras Los Filos-El Bermejal en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, y la empresa Media Luna exploraba Cocula y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, lo mismo hacía Explo Sierra en Quechultenango y Mochitlán. Todos estos territorios están controlados por el crimen organizado.
Fuente: La Jornada
Regeneración, 25 de julio de 2017.- De acuerdo con información del diario La Jornada, Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, y Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso (o Júba Wajíin, cerro del muerto, en me’phaa), municipio de Malinaltepec, advierten que “si el gobierno pretende imponer la explotación de una mina en nuestros territorios sagrados, solamente muertos nos van a sacar”.
Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales sostiene que: “No estamos jugando, estamos defendiendo muchas cosas. Primero, pensamos en nuestros hijos y en su bienestar. Esperamos que nadie nos pueda defraudar o destruir en el lugar en que hemos nacido. Además, no molestamos al gobierno federal ni al estatal”.
Agrega: “Llevamos años sin obras del gobierno. En otras comunidades han arreglado las calles, el agua. Aquí, apenas ahora el alcalde está construyendo la comisaría. Nuestras calles están rotas, las que van a Ayutla de los Libres y a Tlapa. La avenida principal la hicimos nosotros, para ello vendimos nuestra madera, porque el gobierno no apoya. Nuestra lucha ha sido de brazo a brazo”.
Mineras buscan boicotear decreto de área natural protegida en desierto de Zacatecas Cabe recordar que el 28 de junio pasado, la juez primera de distrito, Estela Plata Salado, emitió una sentencia en favor de la comunidad de San Miguel del Progreso que ordena a la Secretaría de Economía federal dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, que correspondía a las concesiones Reducción Norte Corazón de las Tinieblas, título 232560, y Corazón de Tinieblas, título 237861, las cuales fueron canceladas.
Por su parte, Amado Solano presidente de los bienes comunales, dice que sólo en San Miguel del Progreso y sus seis colonias existen 4 mil 449 hectáreas de zona minera. “Sabemos quiénes las quieren explotar. Para nosotros el fallo que dio la juez en favor de la comunidad fue de mucha importancia porque con eso no nos puede mover la minera”.
Es importante recalcarlo porque las minas contaminarían el agua de los cerros y hacia abajo “todos los pueblos saldrían amolados”, incluidos los grandes ganaderos de la Costa Chica. Lo que defendemos favorece a las comunidades de la Costa Chica y la Montaña alta; no queremos que nadie venga a contaminarnos, insiste Solano.
Surge grupo de autodefensa en la sierra de Zihuatanejo “Nos hacen falta más obras, pero ya no queremos vender (los recursos). Suspendimos la venta de ocote porque están quedando pobres los cerros y puede haber un deslave que acabe con todo.
Nuestros padres nos inculcaron que siempre hay que defender el lugar en que nacimos, y que nadie nos puede venir a pisotear. Nunca hubo un programa de gobierno, pero pobremente ellos pudieron defenderse.
Insiste: “No vamos a permitir que el gobierno mande a las mineras. Que no nos diga: ‘sálganse porque el gobierno ya negoció, ya pagamos por ustedes’. Vamos a defender nuestras tierras hasta el último instante de nuestra vida porque es la herencia de nuestros hijos y nietos”.
“Aquí nacimos, crecimos y trabajamos. Somos pequeños productores de maíz, café y frijol”; sin embargo, en el periodo 2016-2017 “ya no tuvimos nada que vender porque la plaga de roya dejó puras barañas (ramas secas) y, como siempre, no tuvimos apoyo del gobierno. Por lo menos tuvimos yerbas para comer, como quelites. Por eso no queremos que se contamine el agua con las minas”.
Fue el 12 de abril de 2014 en Malinaltepec, autoridades municipales y agrarias de cuatro municipios de la Montaña y la Costa Chica, que integran el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, rechazaron a las mineras. Después supieron que la Secretaría de Economía ya había entregado cuatro concesiones de explotación a Hochschild Mining México y a la canadiense Camsin Minas, para la explotación de oro, plata y zinc.
Guerrero está en crisis institucional : Indicador La CRAC-PC denunció en 2010 que los consorcios referidos iniciaron trabajos de exploración en al menos 50 kilómetros cuadrados de los municipios de de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec y Zapotitlán Tablas, de la Montaña y la Costa Chica.
Y fue justo en ese año que explotación a cielo abierto las mineras Los Filos-El Bermejal en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, y la empresa Media Luna exploraba Cocula y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, lo mismo hacía Explo Sierra en Quechultenango y Mochitlán. Todos estos territorios están controlados por el crimen organizado.
Fuente: La Jornada
