Minería en Chile: El Reinado de las Corporacracias

“La judicialización es consecuencia de las deficiencias del sistema de evaluación de proyectos” (Juan Pablo Orrego)
En la sección “Frente a Frente” de la Revista Nueva Minería y Energía, Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, se refirió a la judicialización de proyectos, consecuencias y deficiencias en el modelo. Entrevista completa.
La creciente judicialización de proyectos mineros y energéticos en Chile demuestra que nuestro país llegó a un punto de inflexión social. Ejecutivos de ambos sectores han asumido esta realidad y hablan de  ‘un nuevo Chile’ con una ciudadanía más informada, empoderada y exigente. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, con la perspectiva que otorgan las décadas de experiencia, pensamos que lo que estamos viviendo es un momento de potencial de cambio. Otra cosa es que este potencial se exprese a plenitud y se generen los cambios sociopolíticos radicales que muchos pensamos son la condición sine qua non para el establecimiento de una democracia real en nuestro país. En países como Chile, con una inercia constitucional y legal anti-democrática tan fuerte, y tan eficazmente instalada en el sistema, el modelo es un ‘mono porfiado’ que tiende a capear los vendavales sociales y volver al estado inicial cuando éstos, comprensiblemente, se fatigan. La judicialización de proyectos es una reacción de la comunidad que exige un nuevo equilibrio entre Estado, ciudadanía y empresas. Ante el exceso de poder del sector corporativo que ha reinado durante las últimas décadas en Chile, la ciudadanía recurre a las Cortes intentando restablecer este equilibrio.
¿Cree que la judicialización es un mecanismo válido para detener y/o paralizar polémicas iniciativas?
La judicialización es un último recurso, válido, por supuesto, para detener proyectos que la ciudadanía percibe como potencialmente destructivos. En algunos casos el objetivo es la paralización de un proyecto para su  reconsideración por la autoridad con participación ciudadana, lo que puede llevar a que éste sea rediseñado, de forma que se eliminen o se reduzcan aspectos que habrían provocado impactos socio-ambientales negativos severos. Esta es una consecuencia de problemas, hasta ahora también estructurales, en nuestro sistema de evaluación de impactos ambientales que han generado gran desconfianza en la institucionalidad ambiental. Ante los graves impactos que han provocado proyectos que se suponía habían sido evaluados exhaustivamente, la comunidad está exigiendo procesos de evaluación independientes de los proponentes, técnicos y transparentes, no distorsionados por el lobby, el tráfico de influencias o la compra de voluntades y de la licencia social. Como esto aún no existe en forma plena se recurre a las Cortes, cuyos Ministros muchas veces carecen de la formación multidisciplinaria necesaria para dirimir en difíciles conflictos socio-ambientales con aristas ecológicas sumamente complejas.
¿Considera que la reciente judicialización de ciertos proyectos emblemáticos, como Pascua Lama y Punta Alcalde, podría desincentivar la inversión en el área minera y energética?
Desde nuestra perspectiva la judicialización de mega proyectos emblemáticos energéticos y mineros debiera desincentivar las malas prácticas y promover inversiones responsables socio-ambientalmente en estos mega sectores. Tenemos la convicción que el pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, así como el genuino cuidado de la integridad ambiental -de los ecosistemas, de la naturaleza en general -, elementos de los que todos dependemos cien por ciento, no obstaculiza ni detiene el desarrollo, sino es la única vía a la sustentabilidad socio-ambiental.
¿Qué medidas debería tomar el Estado y los privados para evitar la judicialización de proyectos?
El Estado, junto con todas las universidades del país, debiera impulsar urgentemente un intenso, profundo y transversal proceso de conocimiento y ordenamiento de nuestro territorio, utilizando las cuencas hidrográficas como unidades básicas, en torno a las cuales se desplieguen planes integrados de manejo con particular énfasis en la protección de los recursos hídricos. En estos momentos, en muchos casos, la poca información que tenemos sobre nuestro territorio proviene de los estudios de impacto ambiental financiados por los proponentes de proyectos industriales, cuyo objetivo, sin embargo es la instalación de éstos con escasa consideración de sus externalidades reales, casi se podría decir que a ‘cualquier costo’. La calidad de vida de la población y la integridad ecosistémica debe ser la prioridad, y los proyectos deben ser integrados ‘quirúrgicamente’ en ése contexto. Hasta hoy, siglo XXI, nadie ha intentado siquiera calcular la capacidad de carga de las regiones del norte de Chile para la mega minería y la infraestructura energética concomitante. De hecho, este laissez faire globalizado, según expertos del más alto nivel, está transformando a la humanidad en el agente principal de un eminente colapso de la actual biosfera.  Basado en un conocimiento cabal del territorio, la población y su interrelación, el Estado debe regular estrictamente el quehacer de los privados. La brújula nacional debe apuntar hacia el bien común y la conservación de la integridad ambiental del territorio. ¡No más áreas de sacrificio! Es más, las existentes deben ser limpiadas, restauradas, y la población compensada por los graves daños a la salud (que incluye muertes prematuras) y calidad de vida.
¿Cómo evaluaría el mecanismo de consulta indígena y de qué manera este instrumento podría ayudar para detener la judicialización de iniciativas?
El respeto a los pueblos originarios es uno de los eslabones más importantes en el proceso de transición hacia una sociedad equilibrada, virtuosa. De hecho, en general, sus cosmogonías integran sólidamente la variable ecológica. Si no se respetan los derechos de los pueblos autóctonos y la integridad de la naturaleza, los cimientos para la sustentabilidad no existen. La consulta previa, informada y libre que exige la consulta indígena debiera regir para toda la población. Surgen varias interrogantes. ¿Cuán tempranamente se debe entregar información de alta calidad y en forma totalmente transparente a las comunidades potencialmente afectadas por proyectos? ¿Qué se hace con la histórica pobreza o precariedad en todo sentido en la que viven muchas comunidades actualmente, para que sus decisiones puedan ser realmente libres y no marcadas por esta condición pre-existente? Muéstrame cómo tratas a tus pueblos originarios y a tu madre naturaleza y te diré quién eres…
Revista NME  - Imagenes: www.preguntaleasherwin.cl - latercera.com

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