EMPRESARIOS FORESTALES QUIEREN TRANSFORMAR EL SUR DE CHILE EN UN DESIERTO VERDE




En declaraciones a los medios, la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), reveló los planes de incrementar las plantaciones de las grandes empresas forestales en tres millones de hectáreas, en terrenos que actualmente pertenecen a pequeños propietarios.
 
Las empresas, mayormente en manos de los grupos Matte y Angellini, tienen alrededor de 2,5  millones de hectáreas de pinos y eucaliptus ya plantados, arrasando con el bosque nativo y las tierras agrícolas que eran el sustento de muchas comunidades campesinas e indígenas. Esto, bajo el amparo de los subsidios antidemocráticos otorgados por el decreto Ley 701 sobre Fomento Forestal, establecido en 1974. 
 
Datos oficiales muestran que las comunas ocupadas por estas plantaciones forestales y las fábricas de celulosa relacionadas, registran los más altos grados de sequía y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país. Un reciente monitoreo efectuado por la organización Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, concluyó  que  en la región de Los Ríos "el catastro de agua evidencia la gravedad de los problemas que está generando la actividad forestal en la población rural. Las comunas de la Región de La Araucanía más afectadas por la carencia de agua son justamente aquellas donde el modelo de desarrollo forestal tiene una mayor influencia en términos de superficie de plantaciones forestales."
 
Este tipo de plantaciones extensas de monocultivo ha demostrado que lejos de recuperar los suelos y de detener la desertificación, agota las fuentes de agua, provoca pérdida de fertilidad y acaba con la agricultura. Además de consumir los nutrientes del territorio, el proceso industrial de las plantaciones y de producción de celulosa contamina seriamente el suelo, el agua y el aire por el uso y generación intensiva de elementos tóxicos, siendo los únicos beneficiados de estos procesos destructivos los grupos económicos que lucran con el extractivismo.
 
La desertificación en el mundo, es un grave problema que afecta a las comunidades haciéndolas más pobres al dejar el suelo infértil e improductivo. Estamos próximos a cumplir 14 años desde que Chile ratificó la Convención Contra la Desertificación y la Sequía de la ONU, y lejos de ver un cambio en la política país sobre estos temas, nuestros gobiernos siguen profundizando un modelo denunciado por el pueblo mapuche y las organizaciones campesinas como depredador y enemigo de la vida.
 
En este marco, es que:
• ·         Exigimos que se rechace cualquier nuevo subsidio o incentivo estatal para proyectos que destruyen el bosque nativo, sustituyen suelos agrícolas,  agotan las fuentes de agua y degradan los suelos.
• ·         Exigimos que se realicen estudios públicos sobre los impactos de las plantaciones y las plantas de celulosa y se evalúen las consecuencias de los subsidios y las políticas del Estado en estas materias.
• ·         Exigimos que se ponga fin al decreto 701 y se transfieran y aumenten los recursos para programas de recuperación real de suelos degradados, fomentando la pequeña agricultura y garantizando la soberanía alimentaria.
 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
 
Mayor Información: Lucio Cuenca.   Fonos: 02 699 00 82, Cel. 9 240 27 06

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