Hidroeléctricas indígenas





Hidroeléctricas indígenas
Por Mario Osava, enviado especial




FOZ DO IGUAÇÚ, Brasil jun (IPS) - "El hombre silencioso veía caer la oscuridad". Con palabras similares dichas en inglés, el indígena canadiense Michael Lawrenchuk concluyó su ponencia, aplaudida de pie por los participantes del Congreso de la Asociación Internacional de Hidroelectricidad, clausurada este viernes 17.
Lawrenchuk conmovió a los presentes contando con emotivo lenguaje el sufrimiento de su pueblo, la Nación Cree de Fox Lake, en la central provincia canadiense de Manitoba, por los atropellos de la construcción de represas en los ríos que, de fuente de vida, pasaron a elemento de destrucción, inundando sus poblados a partir de la década de 1960. 

Violaciones, acoso a niños "como yo", asesinatos y todo tipo de violencias se desataron con el arribo de miles de obreros, "muchos de ellos sin buenas intenciones", para ejecutar un proyecto que "no hablaba al corazón" ni respetaba la vida, recordó Lawrenchuk a centenares de ingenieros y funcionarios de empresas, gobiernos y diferentes instituciones vinculadas a la energía eléctrica. 

Los indígenas afectados por las represas hidroeléctricas fueron asunto presente en muchas sesiones del congreso de la Asociación Internacional de Hidroelectricidad (IHA por sus siglas en inglés), celebrado desde el martes 14 hasta este viernes 17 en esta sudoccidental ciudad brasileña en la Triple Frontera vecina a Argentina y Paraguay, y sede de la segunda mayor central hidroeléctrica del mundo, Itaipú. 

En el encuentro, la IHA lanzó su Protocolo de Sustentabilidad Hidroeléctrica, un instrumento de evaluación de proyectos, producto de discusiones entre distintos actores de países desarrollados y en desarrollo, de los sectores financiero y energético, gubernamentales y no gubernamentales. 

Entre las organizaciones no gubernamentales participaron la entidad conservacionista estadounidense The Nature Conservancy, WWF, con sede en Suiza, y Oxfam, una confederación de grupos que prestan ayuda humanitaria y promueven la erradicación de la pobreza, con sede principal en Gran Bretaña. 

El propósito del Protocolo es clasificar los proyectos en cinco niveles, de acuerdo con el desempeño en más de 20 aspectos sociales, ambientales, hidrológicos y de seguridad, según una metodología que permite cuantificar la calidad de las prácticas adoptadas. 

Reducir la pobreza, respetar los derechos humanos, el equilibrio entre lo económico, lo social y ambiental, y la transparencia hacen parte de los principios requeridos. 

Lawrenchuk habló en una sesión sobre cuestiones sociales vinculadas al desarrollo de la hidroelectricidad, como el reasentamiento de desplazados por las represas, un problema masivo en países emergentes como China y Brasil. 

Después de miles de años viviendo en sus tierras, los nativos cree se vieron repentinamente frente a un desarrollo "artificial", fueron desplazados a una reserva situada a 50 kilómetros de distancia y sometidos a los "efectos adversos", como la pérdida de la unidad familiar, lamentó Lawrenchuk. 

"Los jóvenes ya no hablan con sus abuelos porque ya no hablan su lengua", y en el pueblo cree ahora "hay muchas madres, pocos padres", acotó, subrayando el drama personal que vivió al perder a sus padres durante la construcción de las represas. Fue criado por sus abuelos "con miedo, odio y melancolía", describió. 

Con la edad, el odio se diluyó, pero quedó "la decepción, la melancolía", y el joven que "acusaba a otras personas" se hizo líder de su pueblo y negociador de un acuerdo con la Manitoba Hydro, la empresa que había sido verdugo de su pueblo, para obtener beneficios que permiten "una vida mejor" y el inicio de un proceso de recuperación de la cultura ancestral. 

En un detallado acuerdo firmado en mayo de 2009 la empresa se comprometió a financiar, por ejemplo, la construcción de un centro de reuniones para los crees, además de varios programas que apuntan al rescate cultural, como enseñanza de la lengua indígena a los jóvenes. 

En el pasado, los indígenas tenían vedada la información sobre los proyectos y no se les permitía conocer sus posibles beneficios, pero los crees aprendieron con la experiencia a ser actores en el proceso y a asumir los acontecimientos, señaló el ahora gerente de Proyectos Especiales de la Nación Cree. 

La sociedad con la Manitoba Hydro significa que su pueblo tiene 25 por ciento de participación en el control y en las utilidades de una central hidroeléctrica local, explicó a IPS. 

Una asociación similar es inimaginable en Brasil, donde los pueblos indígenas se unieron a varios movimientos sociales, como el de los Afectados por Represas, y numerosas entidades no gubernamentales en un intento de impedir la construcción de grandes hidroeléctricas, especialmente en la Amazonia. 

La mayor batalla actual es contra el proyecto de Belo Monte en uno de los grandes ríos amazónicos, el Xingú. La construcción de la central con una potencia de 11.233 megavatios, ya autorizada por las autoridades ambientales, es un ejemplo de las muchas represas que en Brasil "no respetan las leyes y violan derechos humanos", protestó Sheila Yakarepi Juruna en otro momento del congreso de la IHA. 

"Habrá pelea, no dejaremos que se construya Belo Monte", dijo a IPS la líder de la aldea Boa Vista, donde viven ocho familias a orillas del Xingú, cerca del lugar donde se instalará la central. 

Los indígenas no fueron oídos en audiencias públicas específicas, como exigen varias normas nacionales e internacionales, se quejan líderes de los numerosos grupos que viven en la extensa cuenca del Xingú y consideran que serán afectados indirectamente. 

Esa queja fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la acogió y recomendó al gobierno brasileño el 1 de abril que suspendiera el proyecto, provocando una airada reacción de Brasilia. 

El gobierno y la estatal empresa Eletrobrás, que hace parte del consorcio poseedor de la concesión de Belo Monte, "se niegan a dialogar", lamentó Patxon Matutkire, otro indígena que participó en el congreso hidroeléctrico y vive en el Parque Nacional del Xingú, en la parte alta de la cuenca, a centenares de kilómetros del sitio del proyecto. 

Eletrobrás, las autoridades ambientales e incluso la Fundación Nacional del Indígena, órgano gubernamental de protección de esa población, no reconocen efectos directos para ningún grupo nativo y alegan que sus tierras no serán inundadas. 

Pero la obra exige desviar las aguas del recodo Volta Grande del Xingú, en cuyas orillas viven dos grupos indígenas, juruna y arara. 

La desviación reducirá drásticamente el flujo hídrico en esa parte del río, afectando especies de peces, quelonios y otros animales que dependen del ciclo de inundaciones y estiajes para reproducirse y que hacen parte de la alimentación indígena.

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