Argentina: Megaminería: todo se repite y empeora
Aunque suelen señalarse las rupturas políticas y económicas del actual gobierno respecto del anterior, en no pocos campos priman las continuidades y aún peor, se apuesta al reforzamiento. Uno de ellos, que está tomando mayor estado de gravedad, se refiere a la megaminería. La quita de retenciones a las mineras auguró mayores exenciones a una actividad ya de por si favorecida por un generoso marco regulatorio. La apuesta por la profundización del modelo megaminero fue acompañada por la sorpresiva designación de Sergio Bergman como Ministro de Ambiente, cuya temprana confesión acerca de que “no tenía conocimiento técnico en el área ambiental”, parecía ser una mala broma.
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
A ocho meses de su designación, lo que podía ser leído como efecto de una política en línea con el histórico desprecio que por la problemática ambiental han venido mostrando los diferentes gobiernos, en realidad evidencia un hecho premeditado, una estrategia asentada en el rol de “dialogador” del ministro. Todo parece indicar que Bergman tiene a su cargo la tarea de hacer ingresar la megaminería, allí precisamente en las provincias donde hay resistencia social. En los hechos esto significa que el Ministro de Ambiente se convirtió en un virtual Ministro de Minería de la Nación. Así, promociona la actividad como “una política de Estado”, afirma “que hay que desplegar a la minería “ y que “hay que debatir” sobre el tema. Estas declaraciones fueron realizadas en Chubut, donde está prohibida la actividad por una norma provincial desde hace trece años.
Todos los gobiernos sostienen con ligereza que no ha habido debates sobre megaminería en el país. Hoy le toca al macrismo recurrir a la estrategia de la negación de la historia. En realidad, los debates acerca del carácter insustentable de este tipo de minería se vienen dando al compás de las luchas, a partir de 2003, con la lucha pionera de Esquel, y luego en diferentes territorios provinciales: en los lugares de trabajo, en la calle, en las escuelas, en las universidades públicas. Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar los procesos ciudadanos que desembocaron en la prohibición legal de este tipo de minería en siete provincias.
Por otro lado, preocupa el desdichado derrotero de la Ley de Glaciares (que empezó con un veto presidencial a pedido de la minera Barrick en 2008). Dicha ley, aprobada en 2010, prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciares y define legalmente ambos ecosistemas. En la actualidad, el IANIGLIA, organismo oficial encargado de hacer el inventario de glaciares, pretende sustituir las taxativas definiciones legales de “glaciares” y “ambiente periglacial” por nuevas definiciones, creadas en un “reglamento” que reduce notablemente las superficies a proteger. Dicha redefinición favorece a la minera Barrick al dejar fuera de la protección, por ejemplo, un glaciar (Toro 1), donde se haría el tajo del megaproyecto Pascua Lama. También quedaría fuera todo el ambiente periglacial de la mina Veladero, donde se produjo el brutal derrame de cianuro de septiembre pasado. Además de no resistir el mínimo examen de constitucionalidad (un “reglamento” no puede contradecir a una ley), de continuar con esta actitud, tanto el Ministro de Ambiente como los funcionarios del IANIGLA podrían incurrir en los delitos penales de “falsificación de documento público” (el inventario lo es) y de “falsedad ideológica”, entre otros.
Por último, vale la pena destacar la encerrona en la cual se encuentra la población de Jáchal, luego del derrame de cianuro. La vía judicial fue sellada luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desviara oportunamente la investigación penal hacia la complaciente justicia de San Juan, donde ahora duerme en un cajón del juzgado de Jáchal. Pese a ello, los jachalleros probaron otra vía institucional, la más democrática: impulsar una consulta popular para que el pueblo decida.
Tampoco se lo permitieron: por presiones de sectores mineros y del propio gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, la ordenanza fue sepultada en el Concejo Deliberante. Como aviso, el pasado 25 de mayo, al menos 20 vecinos que participaban de una manifestación, terminaron demorados en la comisaría local, acusados de diversas contravenciones. Garantizada la impunidad, no se puede votar ni protestar contra Barrick, la minera responsable del peor incidente ambiental que tenga registro la minería argentina.
En suma, el nuevo oficialismo repite y empeora la historia, cerrando las vías de la institucionalidad a los reclamos socioambientales más urgentes de las poblaciones.
Publicado en: clarín.com
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Las asambleas de Chubut reclamaron el tratamiento y aprobación de la Iniciativa Popular para prohibir la minería
En una reunión con la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, las y los asambleístas plantearon el reclamo para que sea tratado y aprobado en la Legislatura de Chubut el proyecto de ley para prohibir la megaminería presentado por el mecanismo de Iniciativa Popular, el cual fue bastardeado en la sesión del 26 de noviembre del año 2014 sin que sea tratado a pesar del respaldado popular con firmas y movilizaciones.
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
A ocho meses de su designación, lo que podía ser leído como efecto de una política en línea con el histórico desprecio que por la problemática ambiental han venido mostrando los diferentes gobiernos, en realidad evidencia un hecho premeditado, una estrategia asentada en el rol de “dialogador” del ministro. Todo parece indicar que Bergman tiene a su cargo la tarea de hacer ingresar la megaminería, allí precisamente en las provincias donde hay resistencia social. En los hechos esto significa que el Ministro de Ambiente se convirtió en un virtual Ministro de Minería de la Nación. Así, promociona la actividad como “una política de Estado”, afirma “que hay que desplegar a la minería “ y que “hay que debatir” sobre el tema. Estas declaraciones fueron realizadas en Chubut, donde está prohibida la actividad por una norma provincial desde hace trece años.
Todos los gobiernos sostienen con ligereza que no ha habido debates sobre megaminería en el país. Hoy le toca al macrismo recurrir a la estrategia de la negación de la historia. En realidad, los debates acerca del carácter insustentable de este tipo de minería se vienen dando al compás de las luchas, a partir de 2003, con la lucha pionera de Esquel, y luego en diferentes territorios provinciales: en los lugares de trabajo, en la calle, en las escuelas, en las universidades públicas. Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar los procesos ciudadanos que desembocaron en la prohibición legal de este tipo de minería en siete provincias.
Por otro lado, preocupa el desdichado derrotero de la Ley de Glaciares (que empezó con un veto presidencial a pedido de la minera Barrick en 2008). Dicha ley, aprobada en 2010, prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciares y define legalmente ambos ecosistemas. En la actualidad, el IANIGLIA, organismo oficial encargado de hacer el inventario de glaciares, pretende sustituir las taxativas definiciones legales de “glaciares” y “ambiente periglacial” por nuevas definiciones, creadas en un “reglamento” que reduce notablemente las superficies a proteger. Dicha redefinición favorece a la minera Barrick al dejar fuera de la protección, por ejemplo, un glaciar (Toro 1), donde se haría el tajo del megaproyecto Pascua Lama. También quedaría fuera todo el ambiente periglacial de la mina Veladero, donde se produjo el brutal derrame de cianuro de septiembre pasado. Además de no resistir el mínimo examen de constitucionalidad (un “reglamento” no puede contradecir a una ley), de continuar con esta actitud, tanto el Ministro de Ambiente como los funcionarios del IANIGLA podrían incurrir en los delitos penales de “falsificación de documento público” (el inventario lo es) y de “falsedad ideológica”, entre otros.
Por último, vale la pena destacar la encerrona en la cual se encuentra la población de Jáchal, luego del derrame de cianuro. La vía judicial fue sellada luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desviara oportunamente la investigación penal hacia la complaciente justicia de San Juan, donde ahora duerme en un cajón del juzgado de Jáchal. Pese a ello, los jachalleros probaron otra vía institucional, la más democrática: impulsar una consulta popular para que el pueblo decida.
Tampoco se lo permitieron: por presiones de sectores mineros y del propio gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, la ordenanza fue sepultada en el Concejo Deliberante. Como aviso, el pasado 25 de mayo, al menos 20 vecinos que participaban de una manifestación, terminaron demorados en la comisaría local, acusados de diversas contravenciones. Garantizada la impunidad, no se puede votar ni protestar contra Barrick, la minera responsable del peor incidente ambiental que tenga registro la minería argentina.
En suma, el nuevo oficialismo repite y empeora la historia, cerrando las vías de la institucionalidad a los reclamos socioambientales más urgentes de las poblaciones.
Publicado en: clarín.com
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Las asambleas de Chubut reclamaron el tratamiento y aprobación de la Iniciativa Popular para prohibir la minería
En una reunión con la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, las y los asambleístas plantearon el reclamo para que sea tratado y aprobado en la Legislatura de Chubut el proyecto de ley para prohibir la megaminería presentado por el mecanismo de Iniciativa Popular, el cual fue bastardeado en la sesión del 26 de noviembre del año 2014 sin que sea tratado a pesar del respaldado popular con firmas y movilizaciones.
Miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACCh) concurrieron a la legislatura provincial el 29 de agosto, para concretar la reunión que gestionaron los vecinos de Rawson y Playa Unión. A la misma asistió el Presidente de dicha Comisión, Alfredo Di Filippo, con su secretario y un asesor ya que -se indicó- los restantes miembros tenían otros compromisos.
Recordemos que las asambleas de Chubut presentaron a través del mecanismo constitucional de Iniciativa Popular, con la firma de más de 13.000 chubutenses y cumpliendo todos los requisitos legales, un proyecto se ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras que prohibe la minería metalífera y nuclear en todas sus etapas, que utilice cualquier sustancia tóxica, química contaminante o peligrosa. Éste proyecto nunca fue tratado.
Los integrantes de laa asambleas manifestaron una variedad de antecedentes y fundamentos sobre el proyecto de ley para impedir la minería por lo cual insistieron en el tratamiento y aprobación del proyecto original de la Iniciativa Popular respaldada por miles de firmas de ciudadanos y ciudadanas chubutenses.
Es así que con el lanzamiento de la campaña "Nos deben una Ley", se comenzaron a gestionar reuniones con legisladores provinciales de esta nuevo período institucional para demandar el respeto a la voluntad popular, la Constitución provincial y dar tratamiento a lo presentado.
El Diputado Di Filippo aseguró que hoy "no se puede controlar el petróleo, ni aluar, ni las pesqueras....Ese es el gran problema, no hay garantías para la megaminería".
Según sus palabras en el bloque del FpV la mayoría está en contra de este tipo de explotación y él, personalmente, está interesamido en conocer cómo fue el proceso de ese proyecto de ley presentado por las Asambleas y cómo poder avanzar.
Desde las asambleas se propuso una nueva reunión con todos/as los integrantes de la Comisión que las convocara y también de las restantes comisiones, para avanzar, no solamente en el debate sobre la megaminería, sino en el tratamiento que le deben al pueblo de Chubut de la Iniciativa Popular.
Por Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACCh) - Fuente: noalamina.org
Recordemos que las asambleas de Chubut presentaron a través del mecanismo constitucional de Iniciativa Popular, con la firma de más de 13.000 chubutenses y cumpliendo todos los requisitos legales, un proyecto se ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras que prohibe la minería metalífera y nuclear en todas sus etapas, que utilice cualquier sustancia tóxica, química contaminante o peligrosa. Éste proyecto nunca fue tratado.
Los integrantes de laa asambleas manifestaron una variedad de antecedentes y fundamentos sobre el proyecto de ley para impedir la minería por lo cual insistieron en el tratamiento y aprobación del proyecto original de la Iniciativa Popular respaldada por miles de firmas de ciudadanos y ciudadanas chubutenses.
Es así que con el lanzamiento de la campaña "Nos deben una Ley", se comenzaron a gestionar reuniones con legisladores provinciales de esta nuevo período institucional para demandar el respeto a la voluntad popular, la Constitución provincial y dar tratamiento a lo presentado.
El Diputado Di Filippo aseguró que hoy "no se puede controlar el petróleo, ni aluar, ni las pesqueras....Ese es el gran problema, no hay garantías para la megaminería".
Según sus palabras en el bloque del FpV la mayoría está en contra de este tipo de explotación y él, personalmente, está interesamido en conocer cómo fue el proceso de ese proyecto de ley presentado por las Asambleas y cómo poder avanzar.
Desde las asambleas se propuso una nueva reunión con todos/as los integrantes de la Comisión que las convocara y también de las restantes comisiones, para avanzar, no solamente en el debate sobre la megaminería, sino en el tratamiento que le deben al pueblo de Chubut de la Iniciativa Popular.
Por Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACCh) - Fuente: noalamina.org
