“Del campo al plato”
J. C. Gª Fajardo
La alimentación no es hoy un derecho garantizado. El creciente monopolio del sector agroalimentario supedita la necesidad de comer al lucro económico. Unas pocas empresas transnacionales controlan cada uno de los tramos de la cadena alimentaria, desde la producción en origen pasando por la transformación hasta la distribución final, consiguiendo enormes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado.
Se trata de un monopolio que les permite ejercer un fuerte control a la hora de determinar qué consumimos, a qué precio, de quién procede, cómo ha sido elaborado, a la vez que cuentan con el apoyo explícito de gobiernos e instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimentarias de las personas y el respeto al medio ambiente.
La actual crisis alimentaria pone de relieve esta grave situación. Hoy, la cifra de hambrientos a escala mundial sobrepasa los mil millones de personas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), más que antes de que empezara la crisis. Paradójicamente, nunca en la historia se habían producido tantos alimentos como ahora. Por lo tanto, el problema no está en la producción de comida, sino en el acceso a la misma, debido a que amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur, no pueden pagar los precios establecidos. Pero no solo la comida se ha convertido en un bien al servicio del mejor postor, los recursos naturales que deben de garantizar la producción de alimentos, como el agua, las semillas, la tierra…, que durante siglos habían pertenecido a las comunidades, han sido expoliados y privatizados. Esto impide el libre acceso de los pueblos a la producción y al consumo de alimentos. El derecho a la alimentación está hoy en manos de las multinacionales de la industria agroalimentaria. Trabajar la tierra, plantar las semillas, acceder al agua, comer alimentos libres de transgénicos y sin pesticidas… no es hoy una opción al alcance de campesinos y consumidores.
La alimentación no es hoy un derecho garantizado. El creciente monopolio del sector agroalimentario supedita la necesidad de comer al lucro económico. Unas pocas empresas transnacionales controlan cada uno de los tramos de la cadena alimentaria, desde la producción en origen pasando por la transformación hasta la distribución final, consiguiendo enormes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado.
Se trata de un monopolio que les permite ejercer un fuerte control a la hora de determinar qué consumimos, a qué precio, de quién procede, cómo ha sido elaborado, a la vez que cuentan con el apoyo explícito de gobiernos e instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimentarias de las personas y el respeto al medio ambiente.
La actual crisis alimentaria pone de relieve esta grave situación. Hoy, la cifra de hambrientos a escala mundial sobrepasa los mil millones de personas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), más que antes de que empezara la crisis. Paradójicamente, nunca en la historia se habían producido tantos alimentos como ahora. Por lo tanto, el problema no está en la producción de comida, sino en el acceso a la misma, debido a que amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur, no pueden pagar los precios establecidos. Pero no solo la comida se ha convertido en un bien al servicio del mejor postor, los recursos naturales que deben de garantizar la producción de alimentos, como el agua, las semillas, la tierra…, que durante siglos habían pertenecido a las comunidades, han sido expoliados y privatizados. Esto impide el libre acceso de los pueblos a la producción y al consumo de alimentos. El derecho a la alimentación está hoy en manos de las multinacionales de la industria agroalimentaria. Trabajar la tierra, plantar las semillas, acceder al agua, comer alimentos libres de transgénicos y sin pesticidas… no es hoy una opción al alcance de campesinos y consumidores.
En este contexto, es imprescindible reivindicar nuestro derecho a la soberanía alimentaria: que los pueblos puedan decidir sus políticas agrícolas y de alimentación, que puedan proteger y regular la producción y el comercio agrícola interior con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible y garantizar la seguridad alimentaria. Las políticas públicas tienen que promover una agricultura autóctona, sostenible, orgánica, libre de transgénicos y para aquellos productos que no se cultiven en el ámbito local utilizar instrumentos de comercio justo a escala internacional. Un cambio de paradigma en la producción, distribución y consumo de alimentos solo será posible en un marco más amplio de transformación política, económica y social y la creación de alianzas entre campesinos, trabajadores, mujeres, inmigrantes, jóvenes… es una condición indispensable para avanzar en esta dirección.
Con este libro los autores quieren mostrar la cara oculta del sistema agroalimentario mundial, quienes son sus principales actores, las causas que nos han conducido a la situación de crisis alimentaria, el impacto del actual modelo de producción agrícola y consumo y señalar las alternativas planteadas desde distintos movimientos sociales.
Esta publicación cuenta con el testimonio de activistas, campesinos, investigadores y consumidores de todos los continentes, quienes a partir de su análisis y experiencia nos relatan el impacto de las políticas neoliberales en los circuitos de producción y comercialización de alimentos, ya sea en su país o a escala global, así como las luchas que llevan a cabo a favor de la soberanía alimentaria, el comercio justo y el consumo crítico.
Esperamos que este material sea útil para poner al descubierto la lógica de un sistema agroalimentario extremadamente depredador e injusto y que permita analizar las causas de la actual situación de inseguridad y crisis alimentaria. Así mismo, deseamos que este libro inspire y anime a la organización y a la acción política colectiva imprescindible para avanzar hacia ese “otro mundo posible” que preconizan los movimientos sociales.
Fuente: Ecoportal.net
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El eterno tira y afloja en el intercambio mundial de semillas
Estados Unidos ha sido el último país en adherirse a un tratado internacional que ha servido para facilitar el acceso a semillas básicas para la alimentación pero no para que la industria comparta los beneficios de su uso con los agricultores.
Esta publicación cuenta con el testimonio de activistas, campesinos, investigadores y consumidores de todos los continentes, quienes a partir de su análisis y experiencia nos relatan el impacto de las políticas neoliberales en los circuitos de producción y comercialización de alimentos, ya sea en su país o a escala global, así como las luchas que llevan a cabo a favor de la soberanía alimentaria, el comercio justo y el consumo crítico.
Esperamos que este material sea útil para poner al descubierto la lógica de un sistema agroalimentario extremadamente depredador e injusto y que permita analizar las causas de la actual situación de inseguridad y crisis alimentaria. Así mismo, deseamos que este libro inspire y anime a la organización y a la acción política colectiva imprescindible para avanzar hacia ese “otro mundo posible” que preconizan los movimientos sociales.
Fuente: Ecoportal.net
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El eterno tira y afloja en el intercambio mundial de semillas
Estados Unidos ha sido el último país en adherirse a un tratado internacional que ha servido para facilitar el acceso a semillas básicas para la alimentación pero no para que la industria comparta los beneficios de su uso con los agricultores.
La incorporación de Washington se esperaba tras una larga tramitación que comenzó en 2002 con la firma del entonces presidente George W. Bush y, según fuentes oficiales consultadas por Efe, no se prevé un cambio de postura en la nueva era de Donald Trump.
El Gobierno ya se ha mostrado a favor de un acuerdo que "beneficiará mutuamente la agricultura estadounidense y la comunidad agrícola global", y que supone la puerta de entrada a un sistema de intercambio de semillas al que también pasan parte de las colecciones públicas de EEUU, con más de 500.000 muestras de plantas en total.
Hasta el momento 142 Estados y la Unión Europea se han sumado al comúnmente denominado como "tratado de las semillas", que desde su entrada en vigor en 2004 reconoce la contribución de los agricultores a la diversidad de los cultivos.
Bolivia, Chile y Argentina son algunos de los nuevos miembros que, como otros, han debido completar procesos complejos, desde consultas a comunidades hasta reformas legislativas para clarificar responsabilidades o lograr el encaje con otras normas internacionales, explica Francisco López, experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El tratado establece un sistema mundial para que agricultores, mejoradores de plantas y científicos puedan acceder a los materiales de 64 cultivos esenciales para la alimentación y la agricultura, promoviendo la conservación y el uso sostenible de los recursos tras la pérdida en un siglo del 75 % de la biodiversidad agrícola.
Hasta la entrada de EEUU, el sistema abarcaba más de 1,5 millones de muestras y se han transferido 3,2 millones para proyectos de mejora e investigación.
Si el acceso se ha facilitado gracias a unas normas simplificadas, lo que no se ha conseguido en la última década es otro de los fundamentos del tratado, según el cual los usuarios (como empresas) que utilicen esas semillas en la mejora de las plantas o en la biotecnología deben compartir los beneficios obtenidos con las regiones de donde proceden tales recursos.
Así lo cree el experto de la organización civil Public Eye François Meienberg, que detalla que con el sistema actual "nunca habrá pagos" ya que casi todas las variedades producidas, en vez de estar registradas como patentes y sujetas a la norma, están protegidas por un tipo especial de propiedad intelectual que exime del pago por ganancias.
"Países industrializados como los de la Unión Europea están empujando a los países en desarrollo a adoptar leyes nacionales para proteger los derechos de los mejoradores de plantas que no requieren ningún beneficio compartido con los agricultores", agrega la investigadora Krystyna Swiderska, del Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo (IIED).
A su juicio, el tratado de las semillas es un "gran marco legal vinculante a nivel internacional", pero sus mecanismos de aplicación son "débiles" y se deja esa tarea en manos de los gobiernos, por lo que se necesitan también medios a nivel nacional para asegurar su cumplimiento.
Ante la falta de avances, los países están negociando nuevas reglas, incluso una especie de suscripción al sistema multilateral, para "obtener más recursos y de forma más predecible", indica López.
El fondo actual de distribución de beneficios depende en su mayoría de contribuciones voluntarias de los gobiernos con los que se han destinado unos 20 millones de dólares para proyectos de conservación en unos 55 países en desarrollo, pero asociaciones de agricultores se quejan de que se están quedando al margen al darse prioridad a los centros de investigación.
El dirigente del movimiento "La Vía Campesina", Guy Kastler, dice "no esperar gran cosa" del posible nuevo reparto y enfatiza que su lucha se dirige contra la apropiación que hacen las empresas de las semillas bajo los derechos de propiedad intelectual, hasta llegar a "expropiar" a los agricultores de sus conocimientos.
"Defendemos los derechos de los campesinos para tener semillas, desarrollarlas e intercambiarlas", destaca.
Anke van den Hurk, directiva de la compañía Plantum y representante de la industria de semillas en foros internacionales, considera que el sector ya comparte beneficios con los agricultores desarrollando variedades mejoradas para que tengan cosechas más productivas y resistentes, o apoyando proyectos de desarrollo y bancos de semillas, entre otras acciones.
Y pide abordar los factores que influyen en la implementación del tratado y resolver las necesidades determinando desde el valor del material hasta las condiciones de acceso ya que, por ejemplo, "nadie está dispuesto a firmar un contrato que imponga obligaciones hasta la eternidad".
Fuente: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/El-eterno-tira-y-afloja-en-el-intercambio-mundial-de-semillas
El Gobierno ya se ha mostrado a favor de un acuerdo que "beneficiará mutuamente la agricultura estadounidense y la comunidad agrícola global", y que supone la puerta de entrada a un sistema de intercambio de semillas al que también pasan parte de las colecciones públicas de EEUU, con más de 500.000 muestras de plantas en total.
Hasta el momento 142 Estados y la Unión Europea se han sumado al comúnmente denominado como "tratado de las semillas", que desde su entrada en vigor en 2004 reconoce la contribución de los agricultores a la diversidad de los cultivos.
Bolivia, Chile y Argentina son algunos de los nuevos miembros que, como otros, han debido completar procesos complejos, desde consultas a comunidades hasta reformas legislativas para clarificar responsabilidades o lograr el encaje con otras normas internacionales, explica Francisco López, experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El tratado establece un sistema mundial para que agricultores, mejoradores de plantas y científicos puedan acceder a los materiales de 64 cultivos esenciales para la alimentación y la agricultura, promoviendo la conservación y el uso sostenible de los recursos tras la pérdida en un siglo del 75 % de la biodiversidad agrícola.
Hasta la entrada de EEUU, el sistema abarcaba más de 1,5 millones de muestras y se han transferido 3,2 millones para proyectos de mejora e investigación.
Si el acceso se ha facilitado gracias a unas normas simplificadas, lo que no se ha conseguido en la última década es otro de los fundamentos del tratado, según el cual los usuarios (como empresas) que utilicen esas semillas en la mejora de las plantas o en la biotecnología deben compartir los beneficios obtenidos con las regiones de donde proceden tales recursos.
Así lo cree el experto de la organización civil Public Eye François Meienberg, que detalla que con el sistema actual "nunca habrá pagos" ya que casi todas las variedades producidas, en vez de estar registradas como patentes y sujetas a la norma, están protegidas por un tipo especial de propiedad intelectual que exime del pago por ganancias.
"Países industrializados como los de la Unión Europea están empujando a los países en desarrollo a adoptar leyes nacionales para proteger los derechos de los mejoradores de plantas que no requieren ningún beneficio compartido con los agricultores", agrega la investigadora Krystyna Swiderska, del Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo (IIED).
A su juicio, el tratado de las semillas es un "gran marco legal vinculante a nivel internacional", pero sus mecanismos de aplicación son "débiles" y se deja esa tarea en manos de los gobiernos, por lo que se necesitan también medios a nivel nacional para asegurar su cumplimiento.
Ante la falta de avances, los países están negociando nuevas reglas, incluso una especie de suscripción al sistema multilateral, para "obtener más recursos y de forma más predecible", indica López.
El fondo actual de distribución de beneficios depende en su mayoría de contribuciones voluntarias de los gobiernos con los que se han destinado unos 20 millones de dólares para proyectos de conservación en unos 55 países en desarrollo, pero asociaciones de agricultores se quejan de que se están quedando al margen al darse prioridad a los centros de investigación.
El dirigente del movimiento "La Vía Campesina", Guy Kastler, dice "no esperar gran cosa" del posible nuevo reparto y enfatiza que su lucha se dirige contra la apropiación que hacen las empresas de las semillas bajo los derechos de propiedad intelectual, hasta llegar a "expropiar" a los agricultores de sus conocimientos.
"Defendemos los derechos de los campesinos para tener semillas, desarrollarlas e intercambiarlas", destaca.
Anke van den Hurk, directiva de la compañía Plantum y representante de la industria de semillas en foros internacionales, considera que el sector ya comparte beneficios con los agricultores desarrollando variedades mejoradas para que tengan cosechas más productivas y resistentes, o apoyando proyectos de desarrollo y bancos de semillas, entre otras acciones.
Y pide abordar los factores que influyen en la implementación del tratado y resolver las necesidades determinando desde el valor del material hasta las condiciones de acceso ya que, por ejemplo, "nadie está dispuesto a firmar un contrato que imponga obligaciones hasta la eternidad".
Fuente: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/El-eterno-tira-y-afloja-en-el-intercambio-mundial-de-semillas
