Chile: Boric firma Proyecto de Ley para ratificar el “Acuerdo de Escazu”

Un año y medio después de que el Acuerdo de Escazú fuera ratificado y suscrito por diversos países de América Latina y el Caribe -en septiembre de 2020-, este viernes el gobierno de Gabriel Boric dio un paso para que Chile respalde el documento. El Mandatario, además, hizo un llamado al Parlamento para que “se la jueguen para que aprobemos esto con rapidez, porque la vida no puede esperar”. “Este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental y requiere del compromiso de todas y todos”.

Esto porque, tal como se adelantó durante su campaña a La Moneda, el Mandatario firmó el proyecto de ley que busca que el país se sume al pacto. Lo hizo en una actividad realizada en el patio de Los Naranjos de Palacio y que contó con la presencia de diversos ministros de Estado y figuras ligadas al mundo medioambiental.

La historia de Chile con Escazú tiene varios capítulos. Si bien el país fue uno de sus impulsores, junto a Costa Rica, el 22 de septiembre de 2020 -cuatro días antes de que los países de la región ratificaran el pacto- la administración de Sebastián Piñera comunicó que no firmarían el documento.
A pesar de que la oposición de ese momento y distintos actores de la sociedad civil veían el pacto como una posibilidad de mejorar la legislación medioambiental y de derechos humanos, los ministerios de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores entregaron una serie de argumentos para respaldar su negativa.
Dentro de ellos, sostenían que que para el país es “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.
En la misma línea, reiteraban que que el pacto podría exponer al país a demandas internacionales, introduciría una serie de principios no definidos que condicionarán la legislación ambiental y que implicaría cambios en la legislación actual generando incertidumbre.
Sin embargo, una semana después de haber asumido la presidencia, el gobierno del frenteamplista optó por ratificar el acuerdo, tal como se habían comprometido. “Vamos a cumplir nuestro compromiso de ratificar el tratado de Escazú, estamos viendo temas de agenda para coordinar con los ministerios responsables, pero sí puedo asegurar de que va a ser durante marzo, y por lo tanto para la próxima COP 27 Chile va a estar íntegramente en Escazú”, había adelantado el pasado martes el Presidente Boric en una reunión con corresponsales extranjeros en Chile.

Es así como este viernes, finalmente se concretó el anuncio y Chile comenzó oficialmente el proceso para sumarse a Escazú. “Tengo claro que esto ha sido un anhelo de hace mucho rato (…) hoy estamos firmando y cumpliendo este compromiso”, dijo Boric.
“Ustedes luchadores por la defensa del medioambiente, luchadores por la vida, nos han enseñado a perseverar. Y estamos hoy avanzando con el acuerdo de Escazú. Mañana lo haremos por el reencuentro de los pueblos que habitan el territorio”, complementó el Mandatario.
Boric, además, hizo un llamado al Parlamento para que “se la jueguen para que aprobemos esto con rapidez, porque la vida no puede esperar”.
“Este es el primer acuerdo vinculante del mundo respecto de la protección de los defensores de DD.HH. en asuntos ambientales, en una región donde esta lucha ha costado ya varias vidas”, añadió.
En qué consiste Escazú
El pacto de Escazú fue promovido en sus inicios por Chile y Costa Rica, y su objetivo es mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe.
Además, el acuerdo busca proteger diversos derechos básicos, como el acceso a la información ambiental (cualquier persona puede requerirla), participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales (para vigilar posibles proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el ambiente), y acceso a justicia ambiental (que puede ser impulsada por cualquier ciudadano).

Fuente La Tercera
 

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