El escandaloso rescate de la industria salmonera chilena



Francisco Herreros
El Siglo



En la teoría neoclásica que inspira a la elite política y empresarial del país, aquellos agentes económicos cuyas ineficiencias los colocan al margen de la cadena de valor simplemente deben salir del mercado, eufemismo con el que habitualmente se edulcora y encubre la quiebra o los despidos.
Pero en este ejemplar país esquina con vista al mar, ese principio, válido en los modelos econométricos, y que castiga implacablemente a pequeños productores y trabajadores, parece que no se aplica en el caso del gran empresariado y el sector financiero.
De lo contrario, ¿cómo se explica que el monumental fracaso de la otrora “industria estrella” del salmón, en lugar del castigo del mercado reciba nuevas concesiones en forma gratuita, para contaminar otras latitudes del borde costero; cuantiosos subsidios públicos, e incluso modificaciones legales que privatizan recursos de todos los chilenos con tal de constituir garantías para que la banca le conceda nuevos créditos para pagar aquellos que ha sido incapaz de servir no obstante sus millonarias ganancias?
Parece una novela del absurdo, escrita por un loco, pero está sucediendo aquí y ahora en la caja negra del parlamento binominal.
En estos temas, que dicen relación con los aspectos de fondo del modelo de acumulación vigente, parece no haber lugar para parlamentarios díscolos.
De hecho, con la excepción de la diputada Clemira Pacheco, que en todo caso le puso la rúbrica en el trabajo de Comisión, la unanimidad de la sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca en Materia de Acuicultura, ingresado con suma urgencia por el Ejecutivo el 13 de mayo pasado, en la práctica un traje cortado a la medida para que la banca acreedora le extienda el crédito a la gran industria del salmón, en su mayor parte transnacional.
En el Senado, la correlación fue ligeramente más recatada.
La idea de legislar se aprobó por 28 votos a favor y 3 en contra, de los senadores Guido Girardi, Alejandro Navarro y Carlos Ominami y la abstención de Nelson Ávila, Carlos Kuschel, Juan Pablo Letelier, Roberto Muñoz Barra y Jaime Naranjo. El proyecto propiamente tal se votará en sala después del 27 de julio, fecha en que expira el plazo para presentar indicaciones.
Sólo entonces se verá cuántos pares son tres moscas.
Sin embargo, el anuncio de que esos tres senadores y organizaciones ambientalistas entablarán un recurso de inaplicabilidad, puede representar el inicio de un cambio de escenario.

Traje a la medida

En lo esencial, el mensaje del proyecto señala que sus ideas matrices consisten en a) “modificar el modelo de otorgamiento y operación de los centros de cultivo acuícolas, a fin de lograr un mejoramiento en las condiciones ambientales y sanitarias en que se desarrollan” y b) “proveer mecanismos adecuados para facilitar y otorgar certeza a la constitución y ejecución de garantías sobre las concesiones y autorizaciones de acuicultura”, sin perjuicio de que para la galería el mensaje agrega “fortalecer las facultades fiscalizadoras del Sernapesca” e “incrementar el monto de la patente única de acuicultura, en forma gradual”.
Para lo primero, el proyecto propone el cambio de manejo por centro a manejo por área, o “barrio”, lo cual permitiría mejorar la gestión sanitaria, generar economías de escala y ordenar el transporte, y para lo segundo, un mecanismo que permitiría la transferencia de las concesiones a los bancos acreedores, los cuales, de esta manera, tendrían las garantías que exigen para renovar las líneas de crédito a las endeudadas grandes compañías productoras de salmón del Atlántico (salmo-salar), mayoritariamente integrantes de la asociación SalmonChile.
Pero detrás de estos tecnicismos, Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, ve la profundización de un modelo de monocultivo industrial altamente agresivo desde el punto de vista ambiental y explotador en lo social; una gigantesca transferencia de recursos desde el Estado a una industria en creciente proceso de concentración y transnacionalización; la privatización de recursos que le pertenecen a todos los chilenos y su transformación en mercado especulativo, operado por bancos que no asumen los riesgos y socializan los efectos de sus malas decisiones; una discriminación contra los pescadores artesanales y la mediana y pequeña empresa productora de salmón coho y truchas, y en definitiva, una renuncia a la soberanía sobre el borde costero.

Desenlace anunciado

En opinión de Cárdenas, la crisis de la industria salmonera no es sino el resultado de dos décadas de irresponsable manejo sanitario y ambiental, a pesar de lo cual, o más bien por lo mismo, pasó de exportar 196 millones de dólares en 1991 a casi 2.500 millones en 2007, año en que se inicia la debacle.
Con 800 mil toneladas de trucha y salmón exportados en dicho año, Chile fue el segundo productor mundial, con 31% de participación en el mercado global, detrás de Noruega que detenta el 47%; es decir, dos países acaparan el 78% de la producción mundial. Las ventas por 2.494 millones de dólares representaron el 70% de todo lo exportado por el sector pesquero y el 86% de la actividad económica de la Décima Región de Los Lagos.
Aparte de los cerca de 35 mil empleos directos, la actividad impulsa unos 20 mil empleos indirectos en empresas de servicios ligadas al rubro, tales como transporte, lavado de redes, plantas de proceso, laboratorios, etc.
Todo parecía perfecto en el mejor de los mundos, al punto que en 2004 el entonces presidente Ricardo Lagos declaró: “ cuando finalice mi gobierno, uno de cada tres salmones que se consuman en el mundo habrían salido de Chile, y ésa será la expresión del éxito de un modelo que logró articular inversión extranjera, recursos naturales, mano de obra a precios adecuados y una política de incentivo a la inversión y la exportación”.

Del milagro a la pesadilla

Menos de tres años después el milagro se trocó en pesadilla.
El primer trompetazo del Apocalipsis lo tocó un brote de piojo de mar (calibus), habitualmente presente en bajas densidades en congrios y róbalos, que se propagó con explosiva velocidad en el recargado ambiente de las jaulas del cultivo de salmón. El piojo de mar ataca el sistema inmunológico de los peces, ocasionándoles heridas de difícil cicatrización, pero en lo fundamental es un poderoso vector de la propagación de virus. El brote se expandió a Aysén, donde causó una merma de producción por mortalidad cercana al 30%.
En junio de 2007, en criaderos de isla Lemuy, en Chiloé, se inicia la crisis del virus ISA. Tanto SalmonChile A.G., el gremio de la gran industria, como el Servicio Nacional de Pesca, le bajaron el perfil al problema, con el argumento de que se trataba de focos localizados y que el tópico sanitario estaba bajo control. El tema saltó a la palestra pública cuando John Fredrikssen, presidente de Marine Harvest, el mayor productor a nivel mundial, con importante presencia en Chile, empezó a representar a SalmonChile la alta mortalidad del salmón del Atlántico, que en algunos centros alcanzaba el 75%. Como la entidad gremial se empeñaba en negar el problema, desde Marine Harvest se filtró un documento hacia la prensa, que en esencia demostraba la presencia de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA).
Cuento corto: diez meses después, y en virtud del efecto vector del piojo de mar, el virus ISA se expandió en un radio de dos mil kilómetros, hasta Capitán Aracena, en la Duodécima Región de Magallanes (ver recuadro).

De crisis ambiental a crisis social

La terca negativa de SalmonChile y la inicial renuencia del Servicio Nacional de Pesca, no inhabilitan, sino al contrario, la no menos tenaz labor de denuncia de las organizaciones ambientalistas. Así, para Juan Carlos Cárdenas, la crisis ambiental, sanitaria y social de la industria salmonera era perfectamente previsible, y de hecho venía siendo anunciada por años: “Esta crisis, que se inicia a mediados de 2007, y que es anterior a la crisis financiera global, es el típico producto de un mal manejo sanitario y ambiental. En ella se conjuga un comportamiento irresponsable de la empresa privada con la complicidad y la falta de voluntad política para regular y controlar a la industria, de parte de las autoridades de los poderes públicos. De esta manera, en la Décima Región, en 300 kilómetros existe el mismo número de centros de cultivos, que en Noruega es mil kilómetros. O sea, en Chile tenemos una alta concentración de centros de cultivo en áreas reducidas, con una mínima separación entre ellos y con una elevada densidad de peces, de unos 30 mil por cada balsa jaula, en circunstancias de que en Noruega esa densidad es de la mitad”.
A esta falta de rotación en áreas costeras relativamente cerradas como fiordos, canales y caletas de bajo fondo, típicas del la Décima Región, debe agregarse el indigesto condumio para el ambiente que configura la mezcla de fecas de una población de peces altamente concentrada y de restos orgánicos de alimento, que como se sabe tiene como base la harina de pescado, con el uso indiscriminado de productos químicos para lavar las jaulas y para evitar la adhesión de parásitos, y de antibióticos para el control de enfermedades.
En consecuencia, según Cárdenas, la crisis sanitaria y ambiental, y su rápida transformación en crisis social, era sólo cuestión de tiempo: “Esta crisis, que empieza a mediados de 2007, primero con el brote de piojo de mar y luego con el virus ISA, se manifiesta también con el florecimiento de algas tóxicas, conocidas como marea roja, el sur de Chiloé y el norte de Aysén, lo cual se explica por los altos niveles de concentración de fósforo y nitrógeno. La suma de estos elementos genera alrededor del 40% de mortalidad del salmón del Atlántico en 2008, lo que significa que en menos de año y medio cierran casi dos centenares de centros de cultivo y plantas procesadoras de salmón, principalmente en Puerto Montt, Chiloé y el norte de Aysén, con unos 17 mil despidos”.

Dumping social

Mientras la crisis del ISA mostraba la insustentabilidad de la industria salmonera desde la perspectiva ambiental, el prolongado conflicto laboral de AquaChile, entre enero y marzo de 2008, reveló su lado más oscuro desde el punto de vista social, especialmente en lo que concierne a los elevados niveles de explotación del trabajo, cuestión que le ha valido a la arrogante industria del salmón chileno, acusaciones de dumping social de parte de competidores de Estados Unidos y Europa.
La industria chilena del salmón es la que menores remuneraciones paga entre sus pares; mayoritariamente sueldo mínimo más bonos, lo que hace una media de 280 a 300 mil pesos mensuales, casi seis veces menos que en Noruega; la de más prolongadas jornadas de trabajo, con un promedio de entre 12 y 14 horas diarias; y la de mayores tasas de accidentabilidad y mortalidad laboral, con 64 muertes en los últimos 60 meses, lo que arroja un promedio de 1,3 trabajadores muertos al mes, en circunstancias de que en Noruega el último accidente fatal se registró en el año 2000.

Puerta giratoria

En suma, la crisis reveló que el publicitado “éxito” de la industria salmonera, obedeció en gran medida a una presión no sustentable sobre el medioambiente y una explotación implacable del factor trabajo. Pero Juan Carlos Cárdenas agrega un antecedente menos conocido: la puerta giratoria, o si se prefiere, la relación promiscua entre los niveles superiores de la industria salmonera y los funcionarios públicos encargados de la supervisión y regulación:
“Tan solo a modo de ejemplo, el jefe del departamento de Recursos Naturales de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, Raúl Arteaga, quién fuera director regional por diez años, renunció a fines de julio del año pasado, y los primeros días de agosto apareció trabajando en SalmonChile. Lo mismo pasó con el médico veterinario José Miguel Burgos, encargado por varios años de sanidad pesquera del Servicio Nacional de pesca. Presenta su renuncia, e inmediatamente pasa a encargarse de un proyecto de Fundación Chile y el Instituto del Salmón, dependiente de SalmonChile. Otro caso es el de Inés Montalvo, directora del Servicio Nacional de Pesca al momento de iniciarse la crisis del virus ISA, oportunidad en que mostró una conducta laxa y permisiva. Renuncia a Senapesca para ejercer por unos meses la dirección del Instituto del Salmón y regresar después a Sernapesca, como integrante de la agencia chilena de inocuidad de los alimentos”.
Cuando se conoció la renuncia de Arteaga, y su salto a la empresa privada, Rodrigo Pizarro, director de Terram, colocó el dedo en la llaga: "El tema es que hoy tenemos una industria extremadamente poderosa, que tiene enormes condiciones para relacionarse en la Región y lo que está haciendo es potenciar su capacidad de lobby institucional y social, incorporando a altos funcionarios de la Concertación vinculados al ámbito de la regulación a sus oficinas”.

El cuento del lobby

Pero en ese momento, ni Pizarro ni Mandrake el Mago hubieran podido imaginar los extremos a los que llegaría esa capacidad de lobby.
La industria salmonera en Chile muestra un doble proceso de concentración y transnacionalización. Si a principios de los 90 había cien empresas productoras, ese número se había reducido a 35 en 2007, año que marca el punto de inflexión hacia el desenlace que se está tramitando en el Parlamento. En 2009, diez empresas detentan el 75% de la producción. Dos de esas empresas, Marine Harvest y Mainstream, ambas de origen noruego, acaparan el 52% de la participación de mercado.
En el informe económico de 2007, la industria agrupada en SalmonChile todavía se jactaba de los beneficios que representaba para la Décima Región: “ En una mirada de largo plazo la X Región exhibe resultados significativamente superiores al resto del país, lo que ha impactado positivamente la calidad de vida de sus habitantes . En efecto, el crecimiento promedio de la X Región en los últimos 10 años alcanza a un 4,6%, cifra superior al crecimiento de 4,1% exhibido por el país en su conjunto. (…) En el período 1996-2006, la X Región fue aquella que más ha incrementado el ingreso autónomo de sus habitantes, y aquella donde la pobreza ha disminuido más que en el resto del país. (…) Las mejoras en la calidad de vida de la X Región se dan especialmente en las comunas donde se asienta la industria. El impacto de la actividad se evidencia en la mejora de los ingresos reales de las comunas salmoneras de la X Región en el período 2000-2006. (…) Las comunas salmoneras han disminuido significativamente su tasa de pobreza desde el año 2000 en adelante. Mientras dichas comunas disminuyen su tasa de pobreza en 9,1% en el período 2000-2006, el resto del país disminuyó su pobreza en tan sólo 6,3%”.

Operación salvataje

Las cifras se pueden torturar hasta que griten, pero los hechos son más porfiados. Menos de dos años después, la otrora arrogante industria chilena del salmón está embarcada en un angustioso proceso de renegociación de sus deudas con la banca, que no se muestra dispuesta a abrir sus nutridas faltriqueras sin las garantías que exige como condición.
Amparadas en el triple pretexto del empleo, la relevancia social de la actividad y la necesidad de avanzar hacia la sustentabilidad ambiental, la industria salmonera y la banca no sólo proyectaron su lobby hacia el gobierno, sino que impusieron una verdadera reestructuración del sector, de cuño neoliberal, que acentúa el proceso de concentración y transnacionalización.
Con el rugido de la crisis financiera internacional como telón de fondo, el lobby financiero-salmonero encontró aquiescentes oídos en el gobierno.
Así, a principios de este año, impulsó la denominada “mesa del salmón”, encabezada por Felipe Sandoval, funcionario que durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se encargó del cierre de Lota, y durante el gobierno de Lagos, como subsecretario de Pesca, lideró la privatización de los recursos pesqueros.
Integrada además por el ministro de Economía, Hugo Lavados, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y SalmonChile, dicha instancia diseñó una compleja operación de salvataje, que apuntó a entregarle a las compañías salmoneras una línea de créditos hasta por 450 millones de dólares, con un 60% de garantía financiera estatal, sin condicionamiento alguno. En cristiano, esto quiere decir simplemente que si la industria salmonera no responde, será el Estado el que a título gracioso deberá cancelar el 60% de la factura a la banca.

Deuda millonaria

Pero ni aún esas espectaculares condiciones, de las que no disfruta ningún otro sector productivo, menos aún la pequeña y mediana empresa o los millones de chilenos endeudados, bastaron para que la banca aflojara la hand of baby. Sucede que durante el proceso emergió un dato que se mantenía en penumbras: la rozagante industria del salmón, que había exportado casi 2.500 millones de dólares en 2007, y un monto sólo ligeramente inferir en 2008, pese al virus ISA, aparecía con acreencias por 1.600 millones de dólares, solo con la banca, y otros mil millones de dólares a proveedores. Otras fuentes como FIS, el sitio de Fish Information & Services , calculan la deuda de la industria salmonera en cuatro mil millones de dólares entre la banca y los proveedores, lo que representa “ el 30,4% del patrimonio de los bancos, que a abril pasado era de 13.170 millones de dólares”.
Una característica central es que la deuda está en importante medida concentrada en las mayores empresas del sector. A modo de ejemplo, AquaChile, de la familia Pucci, empresa que se hizo conocida por el conflicto laboral de principios de 2008, debe a la banca 382 millones de dólares; Multiexport, 188 millones de dólares; Invertec, 133 millones de dólares e Invermar,130 millones de dólares.
Por estos días está cursando la renegociación de la millonaria deuda salmonera con la banca, no sin antes que ésta impusiera sus exigencias de garantías y se convenciera de la inminencia del plan de salvataje, ya aprobado por la Cámara de Diputados.
En apenas un asomo del doble rasero que ha caracterizado esta operación, la industria salmonera debe entre mil y dos mil millones de dólares a sus proveedores, el famoso “cluster” del salmón, constituido por unas 1.200 medianas y pequeñas empresas que prestan servicios. Estos productores sufren la doble tenaza de la interrupción de los pagos de la industria salmonera, que en el mejor de los casos lo hace a 120 ó 150 días, y el cierre del crédito, ese mismo que la banca está renegociando con los grandes del salmón. Como no disponen de capacidad de lobby o de presión política, han debido recurrir al expediente que tienen más a mano, es decir, el despido de trabajadores. El balance neto es que sin tener arte ni parte, ni responsabilidad alguna en la crisis, los que han pagado su costo han sido nuevamente los trabajadores, que ya han perdido entre 17 y 20 mil puestos de trabajo.

Reestructuración neoliberal

Aparentemente, y por las informaciones de la prensa de mercado, la banca y la gran industria del salmón estarían enfrascados en una gran conflagración, lo cual es en todo caso parcialmente correcto. Pero lo que sucede en el trasfondo, es que sumando sus capacidades de influencia, en los hechos han instalado una reestructuración del sector, que entre sus múltiples manifestaciones le entrega nuevas áreas de concesiones a la industria salmonera, las cuales además son susceptibles de hipoteca y transacción, para satisfacer la exigencia de la banca en cuanto a la constitución de garantías.
Cuando se legisló la Ley de Pesca, durante el gobierno de Lagos en 2002, fueron muchos los temas pendientes, relativos a las disputas entre la gran industria y la pesca artesanal, o la zonificación del borde costero, o las áreas de manejo de la pesca artesanal, o la creación de áreas marinas protegidas, que quedaron durmiendo el sueño de los justos. Sin embargo, al conjuro de la crisis salmonera, el gobierno salió de su letargo y envió con suma urgencia, el 13 de mayo pasado, un proyecto de modificación de la Ley de Pesca, que sin mayor discusión o fundamento recogió todas las exigencias de la industria y de la banca.

Las quieren todas

Resulta interesante leer los cinco puntos principales del proyecto, a la luz del boletín Temas del Salmón, editado por SalmonChile, de fecha 31 de enero de 2009.
El primero es la constitución de “barrios” salmoneros, o concesión de áreas exclusivas para el manejo de una sola empresa: “El objetivo del sistema de barrios es la disminución de la carga viral mediante los tratamientos y descansos sanitarios coordinados, porque los análisis muestran que el Virus ISA no sobrevive mucho tiempo en el mar sin ser huésped. (…) Desde el punto de vista logístico, se reducen las probabilidades de contagio, lo que traerá un efecto positivo en toda la zona, ya que combatirá otros posibles focos de enfermedades”.
El segundo, es la constitución de un registro de transferencias, que no es otra cosa que la mercantilización del borde costero: “Esta es una medida muy positiva que agilizará el trámite de transferencias de centros de cultivo, haciendo posible las transformaciones productivas que se implementarán. La transacción de concesiones ha sido un mecanismo muy imperfecto y se espera que con esta modificación pueda agilizarse de manera importante”.
El tercer punto, es el de las famosas garantías:
“Actualmente no es posible entregar en garantía la concesión, un bien esencial de la actividad acuícola. Esta condición dificulta las posibilidades de obtener financiamiento, por cuanto en muchas ocasiones los bancos no están dispuestos a asumir el riesgo de los préstamos en ausencia de garantías reales. Esta medida significa un nuevo incentivo para que las instituciones bancarias, financieras y proveedores otorguen créditos para la reconversión de la industria”.
El cuarto punto, relativo a las mayores atribuciones del Servicio Nacional de Pesca, no es más que un artificio retórico, como queda demostrado en el siguiente párrafo del boletín de SalmonChile: “Parte importante de los problemas actuales de Sernapesca se refieren a una estructura que no cuenta con los recursos humanos ni financieros suficientes. Entendemos sí, que esta necesidad no se refleja en el Proyecto de Ley por los requerimientos de mayor urgencia del momento presente, pero, tenemos la esperanza que en todo caso surja el compromiso de abordarla en el futuro inmediato”.
El quinto punto, el incremento gradual del valor de las patentes, es abiertamente resistido por la gran industria del salmón: “Resulta complejo e inoportuno abrir el tema de la carga tributaria de la industria en momentos en que ella atraviesa por una compleja situación financiera, es preocupante que el proyecto busque modificar el valor de las patentes que paga la salmonicultura. Además, se propone una medida discriminatoria respecto de otras actividades acuícolas (a las que nos se les aumentan las patentes), que no parece debidamente justificado en el proyecto. En ese sentido, la iniciativa no parece concordante con el espíritu de la ley propuesta, que busca contribuir a solucionar los problemas de la industria”.
O sea, estos caballeros las quieren todas, sin dar nada a cambio; ni siquiera pagar una patente, bastante exigua por lo demás, por explotar y contaminar recursos de todos los chilenos, que hasta ahora se les han asignado en forma gratuita.

Legislación marmicoc

Mediante una tramitación tipo “marmicoc”, caracterizada por una gran velocidad, donde ninguno de los puntos de vistas disidentes encontró acogida, la unanimidad de la Sala de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley de Pesca, impulsadas por la gran industria del salmón y la banca, el 5 de junio pasado.
La falta de prolijidad y de debate real en el trámite parlamentario queda reflejada en la siguiente intervención de Felipe Sandoval, Presidente de la Mesa del Salmón: “El proyecto presentado por el Ejecutivo resuelve cuestiones muy delicadas que deben abordarse con prontitud, pues de lo contrario el cuadro de la industria salmonera tenderá a complicarse con el ingreso de más solicitudes de concesión, el aumento de las densidades de producción en los centros de cultivo, etc., lo que redundaría en último término en el empeoramiento de la situación del empleo”.
Entre las voces disidentes no consideradas está la de Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de la Pesca Artesanal, que en el trabajo de la Comisión dejó establecidas sus reservas que pueden sintetizarse de la siguiente forma: “Se permite la relocalización de concesiones sobre espacios que no son aptos para la acuicultura y que hoy día son utilizados por la pesca artesanal, con las graves consecuencias que ello traerá consigo; se contempla únicamente la relocalización de concesiones de peces, en perjuicio de aquellas de mitílidos y de otros usos alternativos del borde costero; no se establecen instancias ni procedimientos que permitan evitar la ocupación de áreas de trabajo propias del sector artesanal; la constitución de garantías sólo beneficiaría a las concesiones de peces, quedando marginadas las demás (mitílidos, algas, etc.); las medidas de zonificación y relocalización no están debidamente justificadas desde el punto de vista del control y del manejo sanitario; la propuesta de fijar áreas aptas para la acuicultura con indicación de las especies que se podrán cultivar, importa una discriminación respecto a otras actividades acuícolas; es dudoso que, a través de las medidas de control sanitario que contempla el proyecto, se consiga realmente controlar el ISA”.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de la Industria del Salmón, Javier Ugarte, manifestó que los principales responsables de la crisis de la industria acuícola son los empresarios, “que no tomaron a tiempo las medidas adecuadas para prevenir o, al menos, mitigar los efectos del virus ISA, que tiene postrado al sector”. Agregó que esta situación pudo haberse previsto, porque había antecedentes de catástrofes similares en otros países, como Noruega: “lo que sucedió fue que el empresariado procuró maximizar las ganancias, a costa del descuido del medioambiente. Actualmente hay 150 centros de cultivo infectados con el virus, 4 plantas de procesamiento cerradas y 17 mil trabajadores despedidos”. Por otra parte, dijo, “hay una evidente falta de fiscalización no sólo sanitaria, sino además laboral, lo que se ha traducido en una desprotección de los trabajadores y en la persistencia de un alto índice de accidentes, algunos de ellos con consecuencias fatales. En contraste con esto, el proyecto de ley en examen se ocupa solamente de solucionar el problema financiero de los empresarios, sin abordar la dramática situación de los trabajadores ni tampoco cuestiones tan relevantes como la capacidad de carga de los centros de cultivo”.
Jorge Bustos, presidente de la Confederación Regional de la Pesca Artesanal, X Región, dijo que el sector artesanal ha advertido desde hace unos diez años sobre los riesgos medioambientales y sanitarios que implica el desarrollo de la industria acuícola. Agregó que su experiencia como buzo le hizo ver el negativo impacto de ésta en el ecosistema. En tal sentido, instó a mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental que se realizan para la acuicultura, y que ellos sean elaborados por órganos públicos de reconocido prestigio, y no por entidades que designan los propios empresarios. Respecto al proyecto, dijo que les preocupa especialmente lo concerniente al sistema de barrios, acerca del cual carecen de mayores antecedentes, pues podría tener repercusiones en la pesca artesanal. Sostuvo que es necesaria una amplia discusión, particularmente en la X Región, donde la acuicultura presenta claros signos de saturación. A su juicio, para que la industria sea viable, debería reducir su producción en un 75%. Agregó que la COREPA es partidaria de establecer una moratoria en la X Región para la declaración de nuevas áreas aptas para la acuicultura, al menos por cinco años, mientras se resuelve la crisis sanitaria. Y de prohibir tales áreas en caladeros o áreas de pesca.

Gente al camino

Organizaciones ambientalistas como Ecoceanos, Centro de Conservación Cetácea, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y Fundación Melimoyu, no fueron recibidas por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, no obstante lo cual entregaron un documento en el que fijan su posición.
Señalan que el proyecto en trámite permitirá entregar en propiedad más de 14.000 hectáreas de áreas costeras de Chiloé, Aysén y Magallanes, además de posibilitar la hipoteca de Bienes Nacionales de Uso Público, como son las concesiones de acuicultura, en el marco de la renegociación de la multimillonaria deuda de estas empresas con bancos chilenos y extranjeros.
Postulan que la actual crisis del salmón “es consecuencia directa de más de dos décadas de malas prácticas sanitarias y ambientales de las empresas salmoneras, amparadas en la falta de voluntad política del Estado para regular y controlar los múltiples impactos derivados de la acelerada y destructiva expansión geográfica y productiva del monocultivo industrial de salmónidos, entre 1991-2007”. A estas causas “se suman la existencia de una débil institucionalidad y permisiva legislación sectorial; la falta de transparencia corporativa y gubernamental, el control de la información de carácter público y la debilidad de la sociedad civil, organizaciones de científicos, trabajadores y comunidades costeras para participar activamente en las decisiones del modelo de desarrollo que se quiere para estas regiones”.
En opinión de esta organización, el proyecto de ley en trámite no resuelve los problemas de fondo que subyacen en la crisis, toda vez que se limita a “otorgar certeza jurídica a la constitución y ejecución de garantías sobre las concesiones y autorizaciones de acuicultura, sobre cualquier otra consideración de tipo ambiental o laboral” y está concebido “ exclusivamente en función de los intereses del sector acuicultor del sur de Chile, específicamente de la industria de salmonicultura intensiva, y particularmente de las grandes compañías productoras de salmón del Atlántico, mayoritariamente miembros de la asociación SalmonChile A.G.”.
Agregan que el diseño de los barrios “es arbitrario y las medidas de implementación que adopta Sernapesca no cuentan con información científica y oceanográfica básica sobre los ecosistemas y sus características de funcionamiento, principalmente fiordos, así como de las capacidades de carga en las nuevas áreas vinculadas al reordenamiento de las concesiones de acuicultura”.

Inconstitucionalidad

Al cierre de esta edición, dichas organizaciones, en conjunto con los senadores Guido Girardi, Carlos Ominami y Alejandro Navarro anunciaron que pedirán a la Presidenta de la República el retiro del proyecto de ley sin perjuicio de presentarán un recurso de Inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, fundado en las siguientes consideraciones:
“a) La conformación de “barrios o agrupaciones salmoneras , discrimina a diversos productores, tales como pescadores artesanales, pequeños y medianos productores de salmón coho y truchas y operadores turísticos, conformando monopolio”, lo cual vulnera el principio de igualdad ante la ley garantizado en el Nº 2 del artículo Nº 19; el principio de libertad económica, consagrado en el Nº 21 del mismo artículo y el principio de no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos, en materia económica, garantizado por el Nº 22 del mismo artículo.
“b) La hipoteca de las concesiones de acuicultura de manera gratuita y a perpetuidad en beneficio de los bancos acreedores, no respeta el hecho que tanto las concesiones de acuicultura, entregadas gratuitamente por el Estado a los productores de salmónidos, como el borde costero son bienes nacionales de uso público (articulo 589 del Código civil), intentando los promotores del proyecto de ley tratarlos como si fueran bienes fiscales”. Agregan que, complementariamente, no se respeta el derecho de propiedad que tienen todos los ciudadanos de la Nación respecto a los bienes nacionales de uso público, garantizados en el Nº24 del artículo 19, de la Constitución, sin perjuicio de que “dicha propuesta es jurídicamente errónea, ya que sólo se pueden hipotecar/prendar bienes inmuebles”.
Y finalmente “c) el proyecto de ley, además viola la propia Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la cual en su artículo 47 consagra las cinco millas y las aguas interiores del paralelo 41º hacia el sur para el uso exclusivo de la pesca artesanal”.
Tal parece que a la alianza político-fáctica-empresarial que está detrás de la modificación del la Ley General de Pesca y Acuicultura le salió gente al camino, y que su aprobación en el Senado no será cuestión de coser y cantar, como seguramente tenían presupuestado.
Es el turno de que la ciudadanía se pronuncie.

Por de pronto, puede hacerlo firmando en línea contra este masivo atentado a la soberanía nacional en http://www.thepetitionsite.com/1/di-no-a-la-privatizacion-del-mar-chileno.

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