jueves, 24 de diciembre de 2015

Organizaciones demandan que se reglamente la ley que impide la explotación petrolera en el PN Calilegua


La promulgación de la ley 5889 es un avance en la lucha, pero existen grandes y preocupantes vacíos en su foromulación que la hacen meramente declamativa. Reclaman que se ponga fecha al cierre del Yacimiento Caimancito, que no contemple ninguna indemnización o compensación a la empresa concesionaria y que se garantice la continuidad laboral de los trabajadores de dicha empresa, mediante la reubicación en otros yacimientos o siendo absorbidos como personal del estado. Asimismo aclaran que las contribuciones a la difusión del conflicto, realizadas por algunas ONGs ambientalistas, han sido valiosas pero son un eslabón más en la larga cadena de denuncias y acciones desarrolladas a lo largo de varios años por los trabajadores del parque e importantes actores que motorizaron los reclamos.

ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES EN DEFENSA DEL PARQUE NACIONAL CALILEGUA

Esta Asamblea se pronuncia respecto a la promulgación de la Ley 5889 “Cese de la explotación de petróleo en Parque Nacional Calilegua”, sancionada por la legislatura de la Provincia de Jujuy el día jueves 17 de diciembre del corriente.
La recientemente promulgada Ley dejaría sin efecto todos los decretos, normas, contratos y demás actos que permitían o reglamentaban la explotación hidrocarburífera del Yacimiento petrolero Caimancito, dispone el cese de la mencionada actividad dentro del área protegida y faculta al ejecutivo provincial para regular todo el proceso necesario para hacer efectivo el cierre del yacimiento.
Sin embargo esta ley no establece ningún tipo de plazos, ni desarrolla el plan de acción por medio del cual se llevarán a cabo estas medidas, ni la forma en que se implementaría la resolución de los pasivos ambientales, tampoco el origen de los fondos necesarios para llevar adelante el programa. Sin la correspondiente reglamentación esta ley no podrá aplicarse, en otras palabras es letra muerta. Mientras tanto la contaminación continúa, la empresa petrolera sigue extrayendo el crudo y comercializando el petróleo y el gas y no se avanza en la resolución de los pasivos ambientales.
Tampoco se ha logrado una instancia de diálogo entre las autoridades provinciales y esta Asamblea que nuclea a los sectores activamente comprometidos con la problemática, situación que vemos con verdadera preocupación, ya que en el Petitorio que le fuera presentado a las autoridades gubernamentales de la provincia se hacía expresa referencia sobre la necesaria participación de estos sectores en las diferentes etapas que conllevará el progresivo y ordenado cierre del yacimiento.
Asimismo deseamos aclarar que las contribuciones a la difusión del conflicto, realizadas por algunas ONGs ambientalistas, han sido valiosas pero son un eslabón más en la larga cadena de denuncias y acciones desarrolladas a lo largo de varios años por los trabajadores del parque e importantes actores que motorizaron los reclamos.
Esta Asamblea entiende que la promulgación de la ley 5889 es un avance en la lucha, pero existen grandes y preocupantes vacíos en su formulación que le otorga un carácter meramente declamativo. Por ello exigimos que sea efectivamente reglamentada a fin de que el cese de la explotación petrolera se realice de inmediato, en el área protegida perteneciente al Parque Nacional Calilegua y en el corredor biológico de las yungas por fuera de la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, que también está siendo contaminado por la empresa de capitales chinos Petro-Ap, pese a ser clave para la conservación de especies en riesgos de extinción como el yaguarete.
Pedimos que se ponga fecha al cierre del Yacimiento Caimancito, y que el mismo no contemple ninguna indemnización o compensación a la empresa que actualmente tiene la concesión, que mantiene la contaminación mientras saquea los recursos naturales de la zona.
A la par que solicitamos que se garantice, una vez cese la extracción de gas y petróleo, la continuidad laboral de los trabajadores de dicha empresa, mediante la reubicación en otros yacimientos o siendo absorbidos como personal del estado.
El cese de la actividad petrolera debe ser concretado mediante un programa progresivo y planificado, conducido por el Estado pero con fiscalización de una comisión integrada por los trabajadores de Parque Nacional Calilegua, pueblos originarios, organismos de DDHH, sindicatos, partidos políticos y miembros de las comunidades aledañas que componen esta Asamblea.
Todos los puntos antes mencionados forman parte del Petitorio que hace un mes se entregó al Directorio de la Administración de Parques Nacionales y al gobierno provincial, y expresa el modo en que los trabajadores del parque y la Asamblea entienden se debe concretar el cese de la explotación petrolera en el Yacimiento Caimancito, para que la ley recientemente votada no quede como una mera pose ambientalista del gobierno entrante, que esconda detrás de esta mascara conservacionista la continuidad de la contaminación y el saqueo petrolero.

Fuente: noalamina.org