Chile: La batalla entre ambientalistas, Gobierno y privados por la exportación de baterías para el reciclaje

ONGs ambientalistas denuncian que Chile podría vulnerar tratados internacionales al permitir sacar del país residuos tóxicos como las BFU (baterías fuera de uso), al publicar un reglamento de la Ley de Reciclaje que hoy está en proceso de consulta pública. Por su parte, las importadoras -que deberán hacer cargo de las BFU- acusaron a la única empresa legalmente autorizada para reciclar, RAM Recimat, de “abuso de posición dominante” y de no tener capacidad suficiente para afrontar el desafío. En tanto, el Ministerio del Medio Ambiente señala que el reglamento no pasa a llevar el Convenio de Basilea y que se regularán las exportaciones con un manejo ambientalmente racional, siempre y cuando no exista capacidad en el país para hacerlo.

La vulneración a tratados internacionales ratificados por Chile y la posibilidad de convertir a países vecinos en un “patio trasero” botadero de desechos. Esos son los riesgos que reclaman organizaciones defensoras del medioambiente de aprobarse el tránsito transfronterizo de residuos, entre los que destacan las baterías de autos, uno de los puntos incluidos en un reglamento -hoy en proceso de consulta ciudadana- para dar curso a la promulgada Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, conocida como Ley REP (20.920).
Dicha ley, que fue promulgada el 17 de mayo pasado y anunciada por el Gobierno como una forma de formalizar el reciclaje en Chile, responsabilizando a empresas fabricantes e importadoras de hacerse cargo de los residuos generados por sus productos, hoy tiene a grupos ambientalistas en vigilia por la posibilidad de que baterías de autos, neumáticos y pilas usados en Chile sean trasladados y reciclados fuera del territorio nacional.
Un debate en el que además se han conjugado otros factores económicos y el lobby, como el reclamo de importadoras de autos de posible posición dominante a la única empresa con la autorización oficial y tecnología para reciclar las baterías de plomo, RAM-Recimat, y los intereses develados por ésta última de querer llevar desechos reciclables a países que no cumplen con estándares OCDE, como Perú, donde algunas de las empresas denunciantes también tendrían intereses económicos.
Exportar el reciclaje
A pesar de que son seis los productos contaminantes que podrían ser exportados para el reciclaje en otros países (aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas), hasta el momento las baterías fuera de uso (BFU) son las que tienen más preocupadas a ONG’s y grupos ambientalistas.
Según ellos, la promulgación del reglamento que regula ese tránsito de baterías vulnera el Convenio de Basilea, un tratado internacional que establece la prohibición de sacar del país desechos tóxicos a menos que no exista capacidad instalada para valorizarlos o eliminarlos.
“Nada nos da el derecho de que como chilenos podamos exportar esta contaminación, estos residuos tóxicos a otros países. El convenio lo que te dice que si tú exportas estos contaminantes tienes que hacerlo a países que tienen los mismos estándares. Es decir, para Chile países OCDE. El problema es que los países es que si se está abriendo esta posibilidad, se van a ir a países cercanos, como Perú, como Bolivia, países de la región, que tienen menos estándares porque el reciclaje allá es más económico, es más barato. Ahí es donde se nos prende la alarma porque el Convenio de Basilea lo que busca es garantizar la justicia ambiental y en ese sentido nosotros estaríamos dando espacio a violar este convenio o bien tendríamos que retirarnos del convenio”, dice Javiera Valencia, de la Fundación Terram.
Según la geógrafa, Chile no puede exportarles a otros esta contaminación “porque haya una empresa haciendo lobby o para que nosotros bajemos nuestros estándares. Y sea con baterías de autos y sea con los residuos que sean, nosotros no tenemos por qué, como país desarrollado, llegar a países menos desarrollados para entregarles nuestra contaminación”.
Esa idea es respaldada por Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de la ONG FIMA, quien señala que “cuando hay tránsito de residuos peligrosos entre países, lo que usualmente ocurre es que los países más ricos terminan enviando sus residuos a países más pobres, porque por costos le conviene. Y normalmente en esos países más pobres no hay una posibilidad real de tratar esos residuos”.
Costa señala que este tipo de situaciones pueden terminar como lo ocurrido en Arica con el plomo, donde residuos mineros provenientes de Suecia terminaron en esa ciudad contaminando y enfermando a una cantidad importante de población.
“Sería difícil para Chile, que hoy no tiene la capacidad de fiscalizar internamente, saber qué países tienen la tecnología y quienes no. Entonces, lo obvio, lo natural que debiera pasar es que Chile cumpla las normas internacionales y no le exporte a países que no son de la OCDE y por tanto se presume que pueden no tener la tecnología”, explica.
De esta forma, ambas instituciones dicen que la publicación del reglamento de esta ley -que fue ingresada por el gobierno anterior y promulgada por la actual administración- tal como está ahora podría liberalizar el tránsito y exportación de ellos sin un control efectivo por parte del Estado.
Sin embargo, el ministerio del Medio Ambiente informó que “el reglamento que está en consulta pública para regular el movimiento transfronterizo de residuos indica, en su Artículo 4º, que solo se podrán exportar residuos para su valorización, si el exportador acredita ante el Ministerio, que el destinatario se encuentra autorizado, de conformidad con el presente reglamento y la legislación nacional aplicable, y que someterá los residuos a un manejo ambientalmente racional”.
De esa forma, el MMA señala que se prohíbe exportar residuos para su eliminación mientras exista en el país capacidad para eliminar los residuos de acuerdo con un manejo ambientalmente racional y además, el ministerio podrá denegar fundadamente las autorizaciones de exportación, cuando existan antecedentes de que los residuos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional.
“Para este efecto podrá exigir al exportador presentar informe de un auditor externo, previamente autorizado mediante resolución del Ministerio, a objeto de acreditar el cumplimiento de un estándar similar al que otorga la normativa aplicable en Chile”, explicaron.
Por otra parte, el MMA rechaza que se esté vulnerando tratados internacionales. Según la secretaría de Estado, la ley REP “señala en su artículo 8 las obligaciones de los importadores y exportadores de residuos, quienes se regirán por las disposiciones del Convenio de Basilea y por las demás normas legales y reglamentarias que regulen la materia. Junto con ello, la ley también establece la prohibición de importar residuos para su eliminación”.
De esa forma, señalan, el reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos “da cumplimiento a los compromisos internacionales, al Convenio de Basilea y también a las decisiones y recomendaciones de la OCDE en materia de residuos, mejorando ampliamente el estándar ambiental de los movimientos transfronterizos. Esto ya que tanto el Convenio de Basilea como la OCDE promueven el manejo ambientalmente racional, instando a limitar el movimiento transfronterizo de residuos en caso de que exista en el país capacidad para eliminarlos, pero permitiendo dicho movimiento cuando su destino sea la valorización. Esto siempre que, en ambos casos, se asegure un manejo ambientalmente racional. Todo esto está contenido en el reglamento que regulará esta materia, y que actualmente se encuentra en consulta pública”.
La pelea de recicladores versus importadoras
Junto a las ONGs ambientalistas, la preocupación por la futura aprobación de este reglamento también se instaló en Calama, ciudad donde está ubicada la única empresa legalmente autorizada para reciclar las baterías y separar sus elementos para ser reutilizados.
Antes de eso, la única competidora de Recimat, Tecnorec S.A., fue clausurada y cerrada en noviembre de 2014 por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tras una serie de irregularidades detectadas por la autoridad ambiental, como el incumplimiento del reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.
Por esa razón, las empresas importadoras de baterías y Recimat se han enfrentado públicamente con acusaciones de monopolio por parte de esta última, las que llegaron hasta la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que a mediados de octubre pasado abrió una investigación por posible “abuso de posición dominante” en su contra, acusando bajos precios de compra.
Consultada por este tema, desde RAM señalaron que dicha causa se archivó. Sobre el mismo punto, la Fiscalía Nacional Económica declinó confirmar o desmentir la investigación la empresa.
Y sobre el reglamento, la compañía señaló que esta empresa “ha crecido sobre la base de la certeza jurídica, de que Chile cumple su propia legislación y sus compromisos internacionales además de elevar sus exigencias medioambientales progresivamente”.
Además, RAM agregó que “el interés por abrir las fronteras para los residuos peligrosos está asociado a un tema de costo de tratamiento que no tiene relación con el fomento del reciclaje ni los compromisos ambientales a resguardar”, señalaron.
Esto es lo contrario a lo señalado por las importadoras de baterías, como Felipe Konno, gerente general de ETNA -una de las grandes compañías que importan y comercializan baterías junto a Derco, Gildemeister, General Motors, Emasa y Baterías Cyclon, entre otras, que deberán hacer cargo de sus importaciones- que señaló también en octubre pasado que Recimat no tiene capacidad para capacidad suficiente para tratarlas.
“El país está experimentando un efectivo y creciente daño ambiental, ya que se desconoce el paradero de gran parte de este residuo, según lo ha declarado el propio Ministerio de Salud”, señaló al Diario Financiero.
En esas operaciones también se toma en cuenta las fundiciones clandestinas que han sido desbaratadas por la PDI en los últimos años. De hecho, también en octubre pasado la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (Bidema) logró el mayor decomiso de baterías de plomo en los últimos años en una fundición ilegal en La Pintana.
Con todo, el ministerio señala que la consulta pública sobre este reglamento estará abierto hasta el próximo martes 3 de enero, por lo que aún hay tiempo para hacer observaciones. Después de ese proceso, el ministerio debe redactar el reglamento final y someterlo a votación en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde además del Ministro del Medio Ambiente participan los ministros de Agricultura, de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y Planificación.

Fuente: The Clinic

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