Argentina: La gestión privada de lo público en Vaca Muerta

Las poblaciones que viven en las inmediaciones de los yacimientos son convertidas por las empresas en destinatarias de su “responsabilidad social empresaria” (RSE). Estas políticas corporativas permiten, paradójicamente, que quien ofrece la ayuda sea también quien obtiene los principales beneficios. La RSE en la Cuenca Neuquina.

Por: Fernando Cabrera Christiansen

Esta es una empresa que se preocupa por el entorno, por el medio ambiente y por los vecinos que viven en Plottier. Nos prestan tráileres, nos ceden máquinas para reparación de calles, además de aportar bateas con material para relleno de calles cuando las condiciones del tiempo anegan las superficies”, ensalzó el intendente comunal Andrés Peressini a la petrolera Pluspetrol, tras la firma de una donación de caños tubing que el municipio reacondicionó como juegos infantiles (La Voz del Neuquén, 19/05/2017).
En localidad, vecina a la ciudad de Neuquén, tres escuelas primarias y dos centros de salud tienen pozos gasíferos a metros de sus edificios, y miles de personas a menos de dos cuadras de sus casas. En ese contexto, como estrategia de responsabilidad social empresaria (RSE), Pluspetrol, además de donar ca­ ños, gestiona dos tráileres de atención médica, oftalmológica y odontológica, que se trasladan por distintos puntos de la ciudad. También ha entregado más de tres mil pares de anteojos, planta árboles, regala mobiliarios, computadoras e instrumentos musicales a escuelas, y mantiene proyectos en conjunto con ONGs, instituciones escolares y la Universidad Nacional del Comahue.
Estas son sólo algunas de las acciones con las que Pluspetrol pretende atenuar las inquietudes de vecinos y vecinas que conviven con los pozos. Las apreciaciones del intendente parecen demostrar que logran su objetivo. Si bien la particularidad de este caso está dada porque es la zona perforada con mayor población en las inmediaciones, el accionar de Pluspetrol es sólo un ejemplo de la relación que las petroleras establecen mediante sus respectivas políticas de RSE con quienes viven sobre o en las inmediaciones de los yacimientos. Casi todos los grandes actores del sector han definido políticas de RSE en las cuencas hidrocarburíferas. Así lo demuestra un reciente informe del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que señala que en Neuquén, donde más expectativas e inversión se ha depositado después de la expropiación parcial de YPF, es la provincia en la que más acciones comunitarias realizaron las empresas en 2015. Le siguen empatadas Chubut y Salta y, en tercer lugar, Santa Cruz y Buenos Ares (IAPG 2016). “Las comunidades vecinas a los principales emplazamientos industriales poseen importancia crítica. Por lo general lindan con los principales centros productivos y se ven afectadas por sus impactos sociales y ambientales”, fundamenta un informe de un centro de investigación empresarial de la Universidad de San Andrés (Berger y Agrest, 2015: 31). La “importancia crítica” y el ser “afectados” convierte a quienes viven en las inmediaciones de zonas de operación hidrocarburífera en destinatarios de RSE.
Pozo de Pluspetrol entre las casas del barrio Valentina Norte Rural, en Neuquén

Lejos de la difundida humanización corporativa, estas políticas no poseen el objetivo de superar la condición desfavorable de quien recibe la ayuda, sino que tal objetivo es apenas una fachada detrás de la que esconden fines menos altruistas. Estas estrategias permiten, paradójicamente, que quien ofrece la ayuda sea también quien obtiene los principales beneficios. Incluso desde las publicaciones empresariales se puede ratificar esa afirmación. Así, por ejemplo, la mencionada investigación del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés explica los motivos de las corporaciones para desarrollar estrategias de RSE. “Los principales ‘drivers’ han sido la necesidad de: a) integrarse a la comunidad local, b) devolverle a la comunidad parte de lo que ella le ha dado a la firma, c) ganar y mantener la licencia para operar, y d) mejorar la imagen y reputación corporativa”, se­ ñala el informe (Berger y Agrest, 2015: 7). La enumeración de una publicación que dista mucho de ser crítica, destaca dos objetivos de la implementación de estas estrategias vinculados con obtener la legitimidad necesaria para operar. Habría que analizar, además, cuánto pesan en la decisiones de las compañías que este tipo de erogaciones sean deducibles del impuesto a ganancias.
Más allá de los problemas de emisiones de gases, explosiones, ruidos y degradación general del ambiente que se sufre al lado de los pozos, quienes habitan las localidades que se convierten en epicentros de zonas de explotación, y no necesariamente conviven diariamente con la explotación, “se ven afectados” de una forma particular. El aumento de todos los costos de la vida diaria, la dificultad de acceso a bienes y servicios por la multiplicación de personas, la masculinización de las localidades, el desplazamiento de las actividades económicas anteriores a la hidrocarburífera, entre muchos otros, son los impactos que no suelen ser analizados por economistas o ingenieros pero que constituyen un malestar generalizado y son el objetivo último de las estrategias de RSE.
Como lo ejemplifica la relación Pluspetrol-Plottier, la expansión de la lógica de la responsabilidad social empresaria extiende el dominio corporativo sobre espacios de la vida de los que permanecía alejado. Es por eso que algunos autores proponen que esas intervenciones sobre lo social sean denominadas “acción social empresaria” (Roitter y Carmello, 2005). Buscan así dar cuenta de la injerencia en ámbitos de lo que habitualmente se entiende como lo social, y que hasta hace poco estaba circunscrito casi con exclusividad al dominio estatal, comunitario y/o religioso.
Fondos privados, manejos públicos
La reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos en 2014 definió que los proyectos que ingresaran bajo el régimen de promoción -que esa modificación establecía- debían aportar, con destino de RSE, el 2,5% de la inversión inicial del proyecto a la provincia donde se instalaran. Se estableció así un virtual nuevo impuesto a través de una norma que también puso tope a las regalías y a los cánones provinciales, en beneficio de las compañías (YPF entre otras). Desde entonces, la provincia debegestionar esos fondos de una articulación privadoestatal. Así como YPF era una empresa con lógica privada pero propiedad estatal (García Zanotti, 2017), con esa reforma legal los fondos empresariales van al Estado para que éste los maneje como parte de la responsabilidad social corporativa. Un mixtura privado-público difícil de desentrañar.
Como antecedentes a esa norma, durante el proceso de acuerdos entre Chevron-YPF-Neuquén para iniciar el primer proyecto piloto de explotación de hidrocarburos de formaciones de lutitas en Latinomérica, se estableció, entre otras obligaciones, que YPF debía distribuir US$ 45 millones de programas de RSE. El destino de esos recursos estuvo sujeto a lo acordado por los funcionarios públicos y la Fundación YPF, en un claro ejemplo de los nuevos roles, responsabilidades y funciones que la empresa mixta propone.
En ese marco, el Ministerio de Energía y Servicios Públicos de Neuquén y la empresa YPF firmaron un acuerdo por el que ésta comprometió aportes por $ 1000 millones en concepto de RSE para realizar obras de infraestructura en diferentes localidades de la provincia afectadas por la creciente actividad, fundamentalmente en el área centro norte -Centenario, Rincón de los Sauces, Buta Ranquil, Zapala, El Cholar y Chos Malal-, pero focalizando principalmente en Añelo, epicentro de la actividad en Vaca Muerta, donde, entre otras cosas, se construiría el hospital. En concordancia con esa lógica, en 2015 se conoció que Chevron financiará parte del plan de salud en Añelo, al que destinará en los tres primeros años 750 mil dólares. Según se supo, la empresa aportaría en equipamientos y cuatro profesionales para el hospital. Sería el primer ejemplo en la provincia de un hospital público patrocinado por una petrolera.
La Fundación YPF, creada en 1996, puede dividir su actividad en dos grandes tareas: Educación y Comunidad. En lo que se refiere a la Educación, propone incentivar, educar y desarrollar nuevos profesionales a través de un programa llamado Sembrar Vocaciones, que otorga becas para fomentar carreras relacionadas con las áreas de petróleo, mecánica, física, ciencias de la tierra, medio ambiente, química y electrónica, entre otras. Sobre el eje Comunidad comprende talleres de pintura, percusión, fotografía y murga. Otras de las actividades que realizaría, según su página institucional, son las jornadas deportivas y motivacionales para niños, niñas y docentes, en las que convocan a alguna figura de renombre.
Durante el año 2015, la Fundación ejecutó algo más de $ 31 millones, de los que el 59% correspondió al área de Educación, un 15% a Proyectos Comunitarios y un 26% a Gastos de Estructura, Funcionamiento y Comunicación. El presupuesto 2016 tuvo un monto similar. Si bien esos números parecen abultados, al cotejarlos con los de la compañía, se modifica la idea inicial. Así, por ejemplo, en 2016 YPF facturó en el segmento upstream $18.745 millones, es decir, que el presupuesto de la Fundación es el 0,17% de lo facturado en sólo uno de los segmentos de la empresa.
Las capacitaciones de Shell
En paralelo con su arribo a la cuenca en 2011, Shell dio inicio a una serie de cursos de formación en las localidades de San Patricio del Chañar y Añelo en conjunto con los municipios. Se dictaron en ese marco capacitaciones en administración de empresas y en recursos humanos, también para mecánicos y soldadores, y cursos de oficios para mucamas y mozos. En 2015 hubo 159 egresados y hasta entonces se habían formado 350 personas en esos cursos.
“Este tipo de convenios de colaboración público-privada tienen un valor sumamente importante, pues las empresas y los gobiernos locales tenemos como objetivo común colaborar con el desarrollo sostenible de las comunidades y con el crecimiento y la formación de las personas, especialmente los jóvenes”, destacó Verónica Staniscia, directora de Asuntos Públicos de Shell Argentina, en la entrega de certificados (Futuro Sustentable, 14/12/2016). “No somos una localidad petrolera, Shell cambió nuestros horizontes”, había celebrado tiempo antes el intendente de San Patricio del Chañar, municipio que supo ser eje de un proyecto diversificación productiva a comienzos de 2000, cuando con préstamos oficiales se instalaron grandes bodegas: Schroeder, del Fin del Mundo y NQN (Vaca Muerta News, 07/07/2015).

*Investigador del OPSur
Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]
Fuentes
Berger, Gabriel y Agrest, Carolina (2015). “Patrones de compromiso social empresario industriales con alto impacto local”. En la Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer Sector, Julio. Buenos Aires.
Futuro Sustentable (14/12/2016). “Entregan diplomas y certificados de cursos de capacitación en San Patricio del Chañar y Añelo”.
García Zanotti, Gustavo (2017). “El contrato entre YPF y Chevron: una forma desdibujada en la relación entre el Estado y el mercado”. En Cuadernos de Economía Crítica n° 6. Buenos Aires: Sociedad de Economía Crítica.
La Voz del Neuquén (19/05/2017). “Plottier: nueva donación de la empresa Pluspetrol de caños tubing”.
Oróstegui Durán, Sandra y Duarte Moreno, Ronald (2011). “La lógica de la ayuda: Una crítica a las políticas sociales”. Ponencia en X Congreso Nacional de Sociología, Colombia.
Roitter, Mario y Marcelo Carmello (2005). “Corporate Social Action in a context of crisis: Reflections on the Argentine Case”. En Cynthia Sanborn y Felipe Portocarrero (comps.). Philanthropy and Social Change in Latina America. Harvard University Press.
Río Negro (29/11/2015). “Las leyes de Sapag que quedaron en el olvido”.
Vaca Muerta News (07/07/2015). “RSE: Shell y su compromiso con San Patricio del Chañar”. -
/ Dibujo: Pablo Delcielo 

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