Crisis hídrica en el corazón minero de Argentina
Minera Alumbrera es el caso pionero de megaminería en Argentina. Se instaló en la década del 90 en Catamarca y no cumplió ninguna de sus promesas: ni trabajo, ni desarrollo local ni cuidado del ambiente. Andalgalá, ciudad afectada, padece una profunda crisis hídrica. El líquido vital llega a las casas contaminado, sucio o directamente no llega. Crónica de un pueblo que defiende el agua como un derecho humano.
Por Ana Chayle
Desde Andalgalá, Catamarca
A veces, el chorro de agua sale turbio por la canilla. Otras, arrastra palitos y basuritas hasta el fondo de la olla o los junta en el filtro del lavarropas. Otras muchas veces, sale con poca, poquísima presión. Y otras, sólo sale un eco y nada, ni una lágrima de agua. Estos son apenas algunos de los problemas que viven y padecen casi a diario vecinos de Andalgalá, en el oeste de Catamarca, y que no se limitan a los meses de más calor.
Al mismo tiempo, el gobierno provincial promueve una campaña que invita a los habitantes a tomar duchas de cinco minutos y arreglar goteras, y firma autorizaciones que habilitan a las empresas mineras a usar millones de litros de agua por día. Mientras funcionarios provinciales admiten y alertan sobre la crisis hídrica, el gobernador Raúl Jalil aboga por la flexibilización de la Ley nacional de protección de glaciares y ambiente preglaciar, que protege las reservas de agua en esta región. Un contrasentido por donde se lo mire.
A tono con la mirada gubernamental, la intervención de la empresa estatal de aguas de Israel, Mekorot, culminó en la provincia su primera etapa con la elaboración y presentación de un Plan Maestro del Agua en noviembre último y el mes siguiente la empresa estatal Aguas de Catamarca comenzó a colocar medidores. Aunque la Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) no explicita la conexión con la empresa israelí, expresa que la medida forma “parte del plan integral de mejora”.
El cambio climático, los usos y las responsabilidades son algunos tópicos que surgen cuando el agua ocupa el centro de la discusión pública. En el fondo, el debate anida en las diferentes concepciones sobre este elemento de la naturaleza: bien común, derecho humano, recurso, mercancía. Suelen quedar soslayadas las preguntas por los costos, pero: ¿Cuánta agua cuesta mantener proyectos extractivos? ¿quiénes pagan ese faltante? ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Si bien la problemática ya es universal, Andalgalá, caso testigo de la megaminería en Argentina, puede esbozar algunas respuestas.
Recurso estratégico para el saqueo
Andalgalá se convirtió en escenario de la primera experiencia de minería a gran escala en el país, con la explotación a cielo abierto del yacimiento Bajo la Alumbrera. Desde 1997 y durante dos décadas, las trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Goldcorp exportaron cobre, oro y molibdeno, además de tierras raras y otros minerales estratégicos no declarados, que le valieron el inicio de una causa judicial, aún impune. Semanas atrás, el gobierno nacional anunció la reactivación de la explotación en este yacimiento, actualmente en manos de la empresa anglo suiza Glencore, que espera recibir, además, los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
La falta de información pública transparente y las promesas de “desarrollo” acondicionaron la escena para el desembarco festivo de la actividad minera en la década del 90. Sin embargo, “a muy poquito andar, nos dimos cuenta que estábamos amenazados por el uso del agua”, relata Sergio Martínez, técnico superior en Gestión Ambiental y miembro de la Asamblea El Algarrobo. Durante la etapa de explotación, la empresa tenía un permiso de uso de 100 millones de litros de agua por día. “Entonces, empezamos a pensar que, si se cobrara un peso por litro de agua (que entonces equivalía a un dólar) serían 100 millones de dólares por día los que ingresarían a las arcas del Estado”, explica Martínez.
Claro está que eso nunca sucedió y el agua continuó siendo un recurso barato para la minería. En 2024, el gobierno de Catamarca autorizó a la empresa minera Agua Rica el uso de 100.000 litros de agua por día, durante seis meses: el equivalente a 18 millones de litros de agua en 180 días. La misma autorización fijó para la empresa el pago de un canon de “13.000 pesos (trece mil pesos), el que se hará efectivo en el momento de la notificación de la presente”. Algo así como 15 dólares a la cotización de entonces. Una ganga.
Un botín silencioso
“El proyecto Agua Rica es la carta de defunción de Andalgalá”, sostienen los vecinos que, desde 2010, caminan semanalmente contra la concreción de este emprendimiento. La frase es fuerte, pero tiene sustento: el proyecto Agua Rica, ahora conocido como MARA (siglas de Minera Agua Rica Alumbrera), se asienta en la cuenca alta del río Andalgalá, justo sobre el río Minas, uno de sus afluentes.
Incluso la empresa y el gobierno provincial arremetieron judicialmente contra una ordenanza que protegía las nacientes del río y pidieron que se declare inconstitucional. Luego de atravesar diferentes instancias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió “desamparar al pueblo de Andalgalá, al dejar su agua a merced de las sedientas corporaciones mineras”, denunció la Asamblea El Algarrobo.
En el último Informe de Impacto Ambiental (IIA), presentado ante la comunidad en marzo de 2025, el apartado sobre “usos actuales y potenciales del recurso hídrico de la cuenca Andalgalá” es vago y destina poco más de un renglón para el ítem sobre minería. “La actividad minera en la región genera una demanda de recursos hídricos para sus operaciones”, es todo lo que dice. Recién en un anexo al final aparecen los permisos de uso del agua con la información relevante.
En estos documentos, el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Agua y Recursos Hídricos, autoriza a la empresa Agua Rica el uso de ocho metros cúbicos por día de la vertiente Agua Rica “para baños, higiene personal, limpieza de campamento minero y cocina”, y para la “campaña de exploración 2024” autoriza el uso de 150 metros cúbicos diarios de agua del río Ingenio, más 150 metros cúbicos diarios de agua del río Minas. Incluso ya ha sido concedida una renovación de 150 metros cúbicos de este mismo río para cuando expire la autorización anterior. Todos los permisos, firmados entre mayo de 2024 y enero de 2025, son por el término de doce meses.
Desagregadas y en metros cúbicos, las cifras no llaman demasiado la atención, cosa que cambia al calcular las equivalencias en litros. En total, sólo para esta campaña de exploración, el gobierno autorizó a la minera el uso de 308 metros cúbicos de agua por día, es decir, 308.000 litros de agua diarios. Multiplicada esta cifra por los 365 días que tiene el año, la suma es escandalosa: 112.420.000 litros de agua en total.
Cuánto cuesta, quiénes pagan
Los permisos gubernamentales no explicitan cuánto debió pagar la empresa por tan exorbitante cantidad de agua y se limitan a expresar que el canon “será calculado en correspondencia al canon vigente al momento de emitir la boleta”. La Resolución Ministerial 382/2023, emitida por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia, fija un monto de 0.10 pesos por metro cúbico de agua en sistema no regulado con toma precaria y de 0.13 pesos por metro cúbico en sistema no regulado con toma fija para la minería. Pero no es todo: la norma estipula exactamente los mismos costos para el abastecimiento de poblaciones.
En Andalgalá, el cobro por el servicio de agua potable es forzoso: forma parte de la factura del servicio eléctrico y se abona en conjunto. De esta manera, los habitantes están obligados a pagar por un servicio que, en teoría, el Estado no puede cortar. El monto es fijo, bimensual y, desde diciembre de 2024, asciende a 15.000 pesos. La suma supera con creces el cuadro tarifario de la Sapem Aguas de Catamarca, que fija un monto mínimo de 1580 pesos y un tope de 5299 pesos, también bimensuales, por el servicio de agua en sistemas no medidos para la capital y el valle central de la provincia.
La mercantilización de un derecho humano
Una pareja se acerca con bidones de cinco o seis litros al río Andalgalá, a la altura del distrito La Aguada. Los jóvenes cruzan el río dando saltos o caminando sobre varias piedras colocadas a distancias estratégicas y se acercan a una pared de arcilla, barro y plantas donde brota agua filtrada naturalmente. Aunque no es la única en la zona, los vecinos le llaman “la” vertiente. Allí, acercan las bocas de los bidones a un trozo de manguera colocado a modo de canilla para facilitar la tarea de carga. Luego, con los bidones llenos y pesados emprenden el regreso: cruzar de nuevo el río, subir la pendiente, tomar el camino, llegar a casa.
La escena no es extraña para los habitantes de Andalgalá. Otros actores repiten el ritual cada día. Son quienes no pueden o no desean pagar por lo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha reconocido y declarado como un derecho humano: el acceso al agua sana.
Hasta inicios del nuevo siglo, los andalgalenses bebían el agua tal como salía de la canilla. Hoy, gran parte de la población compra filtros o agua embotellada para beber, y a veces, cuando sale muy sucia, la emplean también para lavar los alimentos y cocinar.
Aunque la empresa estatal de agua y saneamiento cobra por el servicio de agua potable, lo cierto es que la población desconfía de su calidad y la presunción tiene su lógica. En varias ocasiones, la turbidez del agua es tan evidente que por el color podría confundirse con infusionesque van desde un té hasta un café cargado; otras, sale acompañada por ramitas y yuyos. Quienes limpian tanques de agua señalan la presencia de barros negrosaceitosos. Y cuando escalan los casos de enfermedades gastrointestinales, los médicos suelen coincidir en una prohibición: no consumir agua de la canilla.
Voces oficialistas suelen apuntar a la necesidad de ampliar la planta potabilizadora para abastecer a una supuesta creciente población. Sin embargo, basta comparar el último censo con el de la década del 90 para observar que la cantidad de habitantes se mantiene en poco menos de 20.000.
Mientras la población se mantuvo, las empresas de venta de agua envasada aumentaron. Actualmente, al menos tres empresas venden y distribuyen agua en bidones. Los costos de los bidones de 20 litros varían entre 4000 y 8000 pesos, con entrega en los domicilios. Otras familias compran en supermercados y kioscos packs de dos bidones de cinco o seis litros por montos que rondan los 2500 pesos. Si una familia de cuatro personas consume los dos litros de agua diarios recomendados, debe comprar un bidón de 20 litros cada dos días.
Otras familias prefieren utilizar filtros para el agua de la cocina. Una de las marcas que más presencia tiene en los hogares vende por Internet los aparatos filtrantes desde montos que rondan los 700 mil pesos y tienen una vida útil de tres años. Vida útil que en Andalgalá se reduce por la suciedad del agua, según especificaron algunos vecinos consultados. Una vecina aseguró que “cada dos horas hay que sacar y lavar los filtros porque quedan negros de la mugre”.
Más allá de la opción que elijan, lo cierto es que para muchos vecinos el acceso a agua segura implica un costo extra, que supera al de las boletas y que convierte un derecho humano reconocido en un lujo que no todos pueden darse.
¿Agricultura o minería? ¿Alimento o insumo?
Un argumento que suelen enarbolar los promotores de la megaminería afirma que la agricultura consume más agua. En consonancia, el Plan Maestro elaborado por Mekorot para la provincia sostiene que “del total del agua que se consume, el 95,9 por ciento es requerida por las actividades agrícolas”. Lo sospechoso es que, según la empresa estatal israelí, en Andalgalá la minería no ocupa ni una gota de agua: 0,0 hectómetros cúbicos por año. Aumenta la sospecha cuando refiere que los datos surgen de la consulta de los Informes de Impacto Ambiental de los proyectos mineros. No parece tratarse del mismo informe que reconoce consumos exorbitantes de agua para apenas una campaña exploratoria del proyecto MARA.
Ingeniero agrónomo, investigador y jubilado luego de trabajar más de tres décadas en la sede local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Juan Cólica desmiente este argumento. “Lo que se consume de agua aquí (en la agricultura) es mucho menos de lo que consumía Minera Alumbrera durante la explotación”, asegura.
“La agricultura, si bien consume agua, también contribuye al ciclo del agua”, agrega Cólica y explica que “sobre todo el cultivo de frutales (predominante en Andalgalá) produce evapotranspiración y así, al agua la devuelve al ambiente”. Distinto el caso de la actividad megaminera que “al agua la contamina e incluso la saca de la cuenca”, añade. “No hay que olvidar que las mineras utilizan el agua también como medio de transporte para trasladar el mineral por el ducto y esto no es otra cosa que trasvase de cuenca”, aporta Martínez en este sentido.
“Definitivamente, esta minería no es compatible con la agricultura”, sostiene Cólica y especifica: “No sólo por la magnitud y la contaminación que produce, sino porque está dentro del cauce del río”. Cólica abunda en detalles técnicos y ejemplos para sustentar su posición. “Si el open pit (tajo o pozo de gran magnitud) se desarrolla en el río Minas va a deprimir toda la cuenca del río Andalgalá”, afirma y explica que eso produciría una depresión hidráulica que atraería hacia el pozo toda el agua circundante. Y asegura que la solución no está en hacer perforaciones en el valle para sacar agua de pozo, porque los acuíferos están interconectados y “la recarga viene de arriba, de la montaña”.
La falta de agua y, a veces, la impredecible dilatación entre los turnos para riego, afecta la producción agrícola. Para Martínez, se trata de una acción deliberada del gobierno provincial para desalentar los cultivos en este departamento que históricamente se dedicó a la agricultura. “Es una manera de decirles que vayan abandonando sus fincas porque el agua se la van a dar a la minera”, afirma.
Planes hídricos y mercantilización
“Apoyo político para ‘aplicar el bisturí hasta el hueso’”, fue una de las condiciones que impuso y obtuvo Claudio Bravo, el ingeniero civil que Minera Alumbrera contrató para que “estudie un ‘problemita’ con el agua” en Andalgalá. Con esas mismas palabras lo cuenta él en el prólogo del “Plan director de usos del agua”, publicado en forma conjunta, en 2006, por la trasnacional minera y el municipio, entonces liderado por el intendente peronista José Eduardo Perea.
“Inadmisible” e “injustificable” son dos adjetivos que Bravo utiliza en el prólogo para calificar el riego de jardines y el uso que hacen del agua los andalgalenses. No hay menciones allí para el excesivo uso que hacía, al mismo tiempo, Minera Alumbrera. Según explica Martínez, el plan era que los habitantes disminuyeran la cantidad de agua que utilizaban y pagaran más por ella. “Nos estaban diciendo, de antemano, que tendríamos el uso del agua sólo para bañarnos y comer, y que el resto del agua iba a ser para las mineras”, traduce Martínez. Y agrega: “Entonces, nos teníamos que olvidar de las parras, los nogales, los naranjos que tenemos en nuestras casas, de las huertas y de las gallinas”.
Un estudio oficial de 2011 refiere que en el valle de Andalgalá había entonces 729 personas que tenían plantas frutales y huertas familiares en superficies menores a una hectárea y 196 que cultivaban en espacios de entre una y tres hectáreas. “Qué dice eso —pregunta Martínez y responde—: que hay producción de alimentos, que hay soberanía alimentaria, que hay alimentos saludables, porque están hechos por nosotros mismos, en nuestras propias casas, en nuestra propia tierra y con nuestra propia agua”.
Entre las soluciones que planteaba el plan director aparecían el “alumbramiento de agua subterránea o la consecución de aguas desde otra fuente” (sin señalar la interconexión de los acuíferos) y “reducir la demanda, a través de la incorporación de medidores y la adecuación de la tarifa del agua para el riego de jardines y consumo de animales domésticos”.
Algo que contradice la propia Ley provincial de Aguas 2.577 que establece, en orden de prioridad, que el uso de agua será para el abastecimiento de poblaciones, el uso pecuario y la irrigación. Después del uso para la energía hidráulica, el quinto y último lugar es para las industrias, donde estaría la minería, “aunque eso también es otra falacia”, apunta Cólica, ya que la megaminería extrae, no produce.
Para Martínez, el plan que propone Mekorot es la continuidad de ese primer plan director impulsado por la empresa minera. Ninguno de los dos “considera al agua como alimento ni como derecho humano”, apunta. En cambio, “subproducto primario”, “commodity” y “recurso estratégico” son algunos conceptos con que definieron al agua los promotores de un nuevo desembarco de Mekorot en el país, durante la presidencia de Alberto Fernández (Frente de Todos). Así como Bravo en el plan director para Andalgalá apelaba a que las personas disminuyeran el consumo de agua, Diego Berger, coordinador de Proyectos Especiales Internacionales de Mekorot, urgió que se adapten “a la cultura de la escasez”. Sobre el consumo excesivo de las actividades extractivas, ni una palabra.
Minería en la cuna del río
Para el ingeniero Cólica, la calidad del agua se vio alterada “a partir del año 97, cuando empezaron las actividades de prospección, con la apertura de caminos, en la zona no sólo de Agua Rica, sino también de Filo Colorado, donde además han destruido glaciares”. Un video de enero de 2000 y del que Cólica conserva una copia, muestra la “erosión brutal” en la zona del emprendimiento minero, a raíz de la apertura de caminos.
“Desde que comenzaron las actividades de "exploración avanzada" (remoción y perforación de suelos) en el yacimiento Agua Rica y alrededores, cada vez que llueve en la montaña el agua baja de ese color indefinido”, denunció la Asamblea El Algarrobo mediante un comunicado. El texto está acompañado de imágenes de canales por los que corre un agua ocre: la misma que va a la planta potabilizadora y luego distribuye la red domiciliaria.
Así llega a las casas, donde “muchos vecinos pueden apreciar en sus duchas un color azulino”, describe Cólica y explica que se trata de sulfato de cobre. Ya no es extraño encontrar piedras teñidas con ese mismo color a lo largo del río Andalgalá. “Evidentemente, hay una emigración del cobre desde el yacimiento hacia el río”, añade el ingeniero.
Las sospechas pueden sustentarse incluso en el último Informe de Impacto Ambiental (IA) del proyecto minero, donde puede leerse algo que los andalgalenses conocen y que prueban los informes técnicos: “Tanto el agua superficial como la subterránea en el área de mina drenan hacia la Cuenca de Pipanaco”, a la que pertenecen los ríos Andalgalá, Choya, Potrero y Villa Vil. En otro pasaje, la empresa reconoce que la turbidez del río Minas sugiere “eventos intensos de contaminación por remoción en masa o intervención en el cauce”.
El mismo IIA enumera los impactos potenciales en la calidad del agua: “Modificación hidroquímica y turbidez” por “infiltración de hidrocarburos, lixiviados y efluentes cloacales con deficiente tratamiento”. Y reconoce que “la contaminación continua y persistente puede afectar irreversiblemente el ecosistema”. Páginas más adelante propone como estrategia de mitigación la limpieza y mantenimiento de “filtros de fardos de pasto”. Parece chiste, pero no lo es.
En otro apartado, el proyecto asume que la “construcción de captaciones de agua en el río Minas, reacondicionamiento de caminos y plataformas” pueden aumentar la sedimentación y turbidez y “afectar la disponibilidad de agua para la fauna acuática y comunidades humanas”.
Factor de poder político
“Siempre es el agua”, expresa Rosita Farías, docente jubilada e integrante de la Asamblea El Algarrobo, cuando piensa en el tema que atraviesa todas las problemáticas, en todos los territorios. “Si viene sucia, si viene poca, si viene mucha, si no viene”, dice y agrega: “Si hablás de humedales, de urbanismo, de fracking, petróleo, soja, todo es agua, agua, agua”.
Con esta premisa, “empezamos a pensar en el agua y a poner la lupa en las decisiones de las políticas públicas que toman los gobiernos”, señala Martínez. “El agua es esencial, elemental para la vida de los pueblos”, remarca como si hiciera falta. Así, las obras hídricas a principios del siglo pasado en Andalgalá, dice, estuvieron pensadas con una base: “El motor de desarrollo es el agua”.
Martínez hace un recorrido histórico sobre el trazado de canales para riego y el auge de la producción agrícola hasta el desembarco de las multinacionales mineras, en la década de 1990, durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem. “Entonces, hubo un cambio de paradigma y empezaron a instalar la idea de que el motor de desarrollo ya no era la agricultura sino la extracción de minerales”, relata. “Pero —se pregunta Martínez— de qué regalías estamos hablando, de qué utilidades de la minería, si lo más preciado que se están llevando es el agua”.
La puja por este elemento vital es el trasfondo de los proyectos de zonificación, de las políticas que promueven o desalientan la actividad agrícola ganadera, de los programas que buscan instalar la idea de un supuesto destino minero irrenunciable. “El agua es el eje transversal a toda vida: humana, de animales, de plantas”, expresa Farías. Por eso, “los gobiernos usan al agua como factor de poder político”, añade Martínez y cierra: “Quien tiene la administración del agua tiene el poder en estos pueblos”.
Es la defensa del agua el motor que llevó a los vecinos de Andalgalá a organizarse en asambleas que conversan, debaten, promueven acciones y sostienen, desde hace 16 años, caminatas semanales como forma de expresar la falta de licencia social para la megaminería. Aliado de las empresas trasnacionales, los distintos gobiernos responden con criminalización de la protesta, a través de judicializaciones, detenciones arbitrarias y represiones, en lo que los vecinos denominan “dictadura minera”.
Bien común, derecho humano, mercancía, commodity, recurso, poder. De cómo se entienda el agua dependerá la vida de los pueblos y la biodiversidad porque, como dice Rosita Farías, en esas cuatro letras está contenida “la inmensidad”.
*Edición: Darío Aranda
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/crisis-hidrica-en-el-corazon-minero-de-argentina/ - Imagen de portada: Foto: Susi Maresca, Constanza Pasian y Gabriela Marsilli
