Minería en Argentina: «El Poder Judicial está muy lejos de conocer las necesidades de la población»

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

La Red de Asistencia Jurídica (redAJ) contra la megaminería tiene por finalidad la socialización de herramientas legales que permitan facilitar, dentro de las instancias previstas por el Estado, las metodologías de lucha y los reclamos contra la industria extractiva que se producen en el seno de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

Es un espacio compuesto por profesionales ―mayormente abogados― que se dedican a brindar asesoramiento jurídico a las asambleas que requieran apoyo para enfrentar los avances de las empresas mineras, cuenta Romina Tello Cortez, una de las abogadas de la red.

Mediante un sitio web, la redAJ pone a disposición de las organizaciones territoriales y grupos civiles que componen la UAC un conjunto de contenidos que visibilizan aquellos casos exitosos donde la solución de los conflictos se ha encontrado mediante la intervención dentro los canales de acción institucionalizados.

Son las mismas empresas mineras quienes «muchas veces captan las voluntades de los funcionarios que supuestamente tienen que representar a esas mismas asambleas ―explica Tello Cortez―, pero que en lugar de hacer eso entregan los bienes naturales a estas empresas para que sean completamente saqueados».

En el último encuentro de la UAC, celebrado el mes pasado en la ciudad de Esquel, Chubut, se reconoció la importancia de que la redAJ actúe en «tiempo real» ante la judicialización de las protestas y la persecución a los activistas que las comunidades movilizadas en Argentina contra los proyectos mineros vienen denunciando.

Es esta asimetría entre el poder de las empresas mineras y la voluntad de las asambleas ciudadanas la que crea la necesidad de articular acciones con la Red de Asistencia Jurídica, advierte la abogada. «Surgió como una respuesta ante las propias demandas que se dieron en el seno de la Unión de Asambleas Ciudadanas».

La consolidación del espacio, agrega, recién tomó forma el año pasado, cuando mediante cursos y talleres de formación los militantes de la UAC recibieron las nociones básicas sobre sus derechos, «sobre todo ―afirma Tello Cortez― en lo relativo a la criminalización de la protesta, que es el problema más urgente a cubrir en estos casos».

Por la diversidad de profesionales que integran la red, dice la especialista, una mixtura de sociólogos, politólogos, economistas y, por supuesto, abogados, encuentran a los problemas una respuesta abordada desde múltiples disciplinas. Y que no siempre se halla en la vía judicial. «Es necesario analizar, cuando una asamblea plantea la necesidad de apoyo de este tipo, si la herramienta jurídica es la que realmente requiere y no otro tipo de herramientas como pueden ser la incidencia en el Poder Legislativo o la protesta misma, las acciones más directas», sostiene Tello Cortez.

―¿Cómo es la articulación con la UAC?, ¿tienen alguna vinculación con la Comisión de Legales?

Tello Cortez.―La redAJ y la Comisión de Legales son dos espacios independientes entre sí. La red lo que se propone es trabajar con las asambleas en cada caso en particular en que sea requerido el apoyo, siempre a petición de las asambleas, respetando la voluntad de la asamblea que esté involucrada en ese momento. Obviamente, para los casos donde el problema abarca más de una asamblea la idea es ir coordinando con todas, haciendo circular la información con la UAC, pero siempre trabajando con la independencia que es necesaria para dar una respuesta rápida a las asambleas.

―¿Participan de los encuentros de la UAC para seguir los conflictos?

Tello Cortez.―Participamos de los encuentros para, en primer lugar, ponernos en contacto con las problemáticas de los vecinos en ese contexto, para conocerlos a ellos y que ellos nos conozcan a nosotros, para aprovechar esos encuentros y, de la misma manera que lo hicimos el año pasado, dar la información básica con la que tiene que contar cualquier persona que está llevando este tipo de reclamos. Cuando se trata de defenderse de la represión, cuando se trata de conocer cuáles son sus derechos en cuanto la cuestión de la consulta [previa], lo que obligatoriamente debiera hacer el Gobierno y la minera cuando se trata de instalar un proyecto de grandes envergaduras y con las consecuencias que tiene para el medio ambiente.

―Las asambleas, ¿tienen conocimiento de las herramientas legales y jurídicas existentes?

Tello Cortez.―Por lo general, para los asambleístas es bastante complicado el acceso a un profesional de la abogacía por una cuestión de costos. A veces porque se trata de lugares del interior del país en los que los abogados tienen muchas relaciones con el poder, ya sea político o empresario, por lo cual no se presentan como personas confiables para depositar en ellos la resolución de este tipo de conflictos; o porque se trata de profesionales que cuando prestan algún tipo de apoyo lo hacen muy esporádicamente y sin tener conciencia de que el apoyo a las asambleas requiere de una presencia en el territorio que tiene que ser constante. Entonces, cuando el abogado se encuentra con estas dificultades, no está interesado o del todo comprometido con la asamblea, ocurre que también deja las presentaciones en la nada y puede ser que los asambleístas vean truncos caminos que podrían serle más útiles para frenar el avance de las empresas.

―¿Sentís que hay una preferencia por la acción directa?, ¿se podría apoyar este tipo de acciones en herramientas jurídicas?

Tello Cortez.―Nosotros, particularmente, consideramos que la herramienta jurídica es una herramienta más a disposición de las asambleas. Muchas veces el reclamo ante las autoridades, en la vía administrativa o en la vía penal a través de denuncias contra los funcionarios o contra las empresas, tiene tiempos que, primero, no responden a las necesidades de las asambleas; y en segundo lugar, muchas veces terminan en la nada. Somos conscientes de que el Poder Judicial está muy lejos de conocer las necesidades de la población. Si las conoce y hace oídos sordos, opta por, de alguna manera, ser cómplice o ceder ante las presiones de estas empresas. Entendemos que la herramienta jurídica no tiene que ser la principal por estos motivos, que puede ir apoyando otro tipo de medidas tomadas por las asambleas, sobre todo las que tiendan a consolidar la democracia directa. Que se termine el estigma que existe hoy en día, y que imponen las propias autoridades y las empresas, contra lo que es la protesta, el corte de ruta. En un caso puntual como lo es Agua Rica, los asambleístas son presentados casi como terroristas al resto de la sociedad, lo que tiende a distorsionar la realidad de los hechos.

―¿Existen casos que la reDAJ esté llevando adelante a nivel judicial?

Tello Cortez.―La red por sí misma no lleva casos. Lo que se hace es poner en contacto un conjunto de profesionales que puedan trabajar articuladamente para la presentación en un lugar puntual del país. Recientemente, nos concentramos por los hechos que son de público conocimiento en lo que está ocurriendo en Andalgalá con la Asamblea El Algarrobo[1]. A los efectos de darles apoyo y darle visibilidad al tema a nivel nacional, hemos hecho una conferencia de prensa en la que los propios miembros de la asamblea han solicitado que las autoridades responsables de la represión de febrero sean removidas, y ese evento contó con la cobertura de muchos medios de prensa y, sobre todo, con la presencia de diputados nacionales que de alguna manera están viendo la necesidad de reformar las leyes que rigen la concesión de proyectos a las mineras, que sobre todo se centran en el Código Minero.

―Teniendo en cuenta los crecientes reclamos de comunidades afectadas por la minería, ¿creen que existen en la legislación argentina las herramientas jurídicas necesarias para frenar el avance extractivo?

Tello Cortez.―Las herramientas existen hace mucho. La cuestión es que los jueces, el Poder Ejecutivo y los gobernantes hacen oídos sordos de los pactos internacionales de derechos humanos. Hacen una interpretación de la ley rebuscada en el que sólo se considera al Código de Minería, a las leyes que promueven las inversiones mineras en detrimento de estos pactos que reconocen, precisamente, el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y a ser consultada cuando se trata de emprendimientos que pueden significar que todo un paisaje y todo lo que un pueblo conoce, y con lo que cuenta para desarrollar su producción, pueda desaparecer. Si bien las herramientas existen, la cuestión no se resuelve sólo por ese medio, sino teniendo conciencia de que en este tipo de proyectos hay involucrados intereses de empresas muy poderosas, que tienen mucho poder económico, que tienen el poder de comprar gobiernos a través de sobornos. El problema no pasa solamente por lo jurídico, sino por que tengamos conciencia de que tenemos que presionar por otros lados. Exigir de parte de nuestros gobernantes que se comporten conforme a los juramentos que hicieron al momento de asumir. Y que seamos conscientes de que las empresas no se mueven todo el tiempo dentro de la legalidad, que en la mayoría de los casos prevén los sobornos e incluso tener cuerpos parapoliciales para abrirse camino en mercados que todavía no les fueron abiertos.

―Esas comunidades que hace años están «condenadas» a padecer los efectos de la minería, ¿por qué creen que sufren esta realidad?, ¿porque no cuentan con las herramientas o el asesoramiento adecuado?, ¿porque el sistema legal se corrompe con facilidad?, ¿o porque es obsoleto?

Tello Cortez.―Es una suma de varias cuestiones. El Código de Minería fue pensado para facilitar la inversión de capitales extranjeros en nuestro país. Como explicaba antes, el tema de que los gobernantes muchas veces sufran las presiones o directamente sean cómplices de estas empresas es un factor importante; otro factor importante es el de todas las acciones que desarrolla una empresa cuando conoce que en el territorio en el cual va a instalar su proyecto se van a detonar una serie de conflictos sociales con los que la empresa no quiere encontrarse. Entonces, nos encontramos con que la empresa misma desarrolla una serie de actividades en el territorio para convencer a la población de que esos proyectos son sustentables a largo plazo, que van a generar trabajo, que la empresa minera va a poder cubrir todas las necesidades que el Estado no cubre o deja de cubrir, precisamente, para propiciar que estas empresas ganen el consenso de la población.

Cuando una empresa se encuentra con una población que desconoce este tipo de maniobras, lo más probable es que el avance se produzca casi sin oposición. El vecino puede ver de inmediato que existen avances en cuanto a la cantidad de escuelas con las que cuenta una ciudad, la cantidad de hospitales y cierta cantidad de empleos, que no son los que siempre promete la empresa. Pero en el largo plazo o en el mediano plazo se encuentra con las consecuencias directas sobre su salud, sobre la disposición del territorio, que muchas veces se ve cercado más allá de los límites que se le han concedido a la empresa. De repente se encuentran con que se cerca un río y la población se ve impedida de hacer uso de ese río por el simple hecho de que la empresa así lo quiere.

―Escuchamos muchas veces de los vecinos con quienes hemos conversado que uno de los reclamos más fuertes que tienen es la derogación del Código de Minería, ¿crees que ésta puede ser una realidad posible?

Tello Cortez.―Advertimos que existen muchos legisladores, muchos más de los que existían hasta hace un tiempo, interesados en impulsar una reforma del código minero. Pero también reconocemos que los tiempos del Poder Legislativo no son siempre los tiempos que quisiera la sociedad, los propios vecinos que están viendo amenazada su forma de vida por emprendimientos que ya se están instalando en sus territorios. Muchas veces vemos que proyectos de reforma de este tipo se ven frenados por la agenda que fijan ciertos intereses en un momento dado. Cuando estos temas absorven totalmente la discusión en el ámbito parlamentario es bastante difícil impulsar otro tipo de reformas, sin perjuicio de que existan legisladores que puedan estar interesados en que estos proyectos avancen. Sabemos que todavía no existe el suficiente apoyo a nivel legislativo como para que esta reforma salga lo más rápido posible.

―Existen provincias argentinas que actualmente cuentan con leyes que prohíben algunos tipos de minería, ¿crees que estas legislaciones pueden llegar a tener algún futuro?

Tello Cortez.―La ofensiva de estas empresas en pos de conseguir recursos es constante, entonces, no se ve frenada por el solo hecho de que un gobierno sancione una ley de prohibición de determinado tipo de minería; siempre van a seguir avanzando. Un ejemplo claro de esto es el intento en provincias donde, si bien está prohibida la minería a cielo abierto contaminante, existen ahora proyectos de parte de los gobiernos de establecer zonas que se llaman de «sacrificio», zonas en las que será posible iniciar este tipo de proyectos e instrumentarlos como resultado de la modificación de una ley que antes los prohibía. Hay muchas asambleas que si bien han conseguido estas prohibiciones, luego de largos años de lucha, actualmente están a la espera de que no se sancionen estos proyectos que permiten la zonificación, y siguen luchando como el primer día para que esto no ocurra.

Notas:
1] Sobre este tema consultar la entrevista a Sergio Martínez, de los Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá, publicada por esta agencia el 11 de febrero de este año.