jueves, 29 de abril de 2010

MÉXICO: ASESINAN  A MILITANTE ECOLOGISTA Y A VEEDOR FINLANDES DE DERECHOS HUMANOS





Betty Cariño, integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Directora del Colectivo Cactus, fue asesinada el pasado 27 de abril en Oaxaca, México. Con ella también fue asesinado Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia.
 
Betty participó activamente con el frente amplio opositor a minera San Xavier y con la REMA en diversas actividades denunciando los atropellos de las trasnacionales mineras en Oaxaca. El  24 y 25 de abril Betty participó en el encuentro nacional de la REMA efectuado en cerro de San Pedro, y la madrugada del lunes 26 salio de la ciudad de San Luis Potosí rumbo a Oaxaca para integrarse a la caravana rumbo a San Juan Copala.
            La Caravana de Observación de Derechos Humanos intentaba llevar ayuda humanitaria a la Comunidad Autónoma Triqui en el municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, que se encontraba cercada por la represión del estado y grupos paramilitares en contra de los indígenas triquis. Desde el mes de enero los niños se encuentran sin escuelas, y la comunidad sin energía eléctrica, ni agua potable ni médicos, y vive el continuo acoso del grupo paramilitar quien ha cerrado todo acceso al poblado. En la agresión armada contra los vehículos de la caravana también se registran desaparecidos y heridos, entre ellos extranjeros y reporteros de los medios de comunicación.
            Ante estos hechos de violencia, hacemos responsables al Procurador General de Justicia Evencio Nicolás Martínez, al Secretario de Gobierno del Estado Jorge Franco Vargas, al  candidato para la diputación local por el PRI Carlos Martínez; a Rufino Juárez Hernández quien actualmente preside al grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), a los miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y al  Gobernador del Estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz. Esta violencia y la presencia de los grupos paramilitares no son posibles sin la anuencia, apoyo y complicidad del ejército mexicano y la policía por lo que también hacemos responsables al presidente de la República Calderón Hinojosa.
 
En http://www.youtube.com/watch?v=TWPkLcoVoaI&feature=player_embedded
Puede verse a Betty hablando frente a la embajada de Canadá en diciembre 2009.
 
http://remamexico.org/
 
www.renace.net

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Acción Urgente. Ataque a Caravana de Observación Internacional de DH y Misión Civil Humanitaria, Oaxaca, México

Adjuntamos a continuación un comunicado que explica la situación y llama a una Acción Urgente a la que les solicitamos sumarse.
Ataque a Caravana de Observación Internacional de DH y Misión Civil Humanitaria, Oaxaca, México
El día martes 27 de abril de 2010 la Caravana salió de la comunidad Huajuapan de León, en dirección a la Agencia Municipal de San Juan Cópala, en el estado de Oaxaca. La Caravana se trasladaba a bordo de tres camionetas para dar cobertura a los maestros que regresan a impartir clases en este municipio. Además, la Caravana tenía como objetivo documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas Triquis, originarios de la región. 
Según las informaciones, la Caravana sufrió una emboscada, alrededor de las 16:00hrs, por un grupo altamente armado en el lugar denominado “La Sabana”, una comunidad ubicada justo antes de llegar a San Juan Copala. De acuerdo a las informaciones recabadas en medios de comunicación, el ataque ha dejado el saldo de dos personas muertas, Beatriz Alberta Cariño, dirigente del Colectivo CACTUS, y Tiry Antero Jaakkola, ciudadano finlandés que acompañaba la Caravana Internacional, además de reportarse al menos 15 personas heridas, entre estudiantes, miembros de las organizaciones que acompañaban la Caravana y la Misión Civil. Además se reporta un número no determinado de desaparecidos, entre los que se encuentran la reportera Érika Ramírez y el fotógrafo David Cilia, de la Revista Contralínea, y quienes cubrían el recorrido de la Caravana, además de Viris Jaakkola y Meni Morne, ciudadanos de Finlandia; David Casinori, ciudadano de Italia; Martín Santana, ciudadano de Bélgica; y los mexicanos David Arellano, Rubén Valencia y Noé Bautista. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce la cantidad exacta y los nombres de las y los defensores de derechos humanos que han sido víctimas de este atentado.

POR FAVOR FIRMA LA ACCIÓN URGENTE
http://www.redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=89 

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Entregan oro y plata de México a trasnacionales.
Otorgadas ya más de 24 mil concesiones para la explotación de minas

Por Érika Ramírez

Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año, la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras. Azure Minerals y Almaden Minerals encabezan la lista de trasnacionales beneficiadas. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La Auditoría Superior de la Federación pone en duda la legalidad de la explotación, pues las leyes sólo la prevén para mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas.
Oro, plata, cobre, hierro y zinc son extraídos de territorio mexicano por compañías de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile, revelan informes oficiales. Lo anterior, a pesar de que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la explotación de minas sólo puede realizarse por mexicanos.
Tan sólo en lo que va de este año, 231 trasnacionales han obtenido concesiones de la Secretaría de Economía (SE) para desarrollar más de 704 proyectos en todo el país. Los trabajos de exploración, extracción y producción se palomean sin que la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuente con una política pública en materia minera que ponga a salvo los derechos de la nación sobre sus recursos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del documento Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, elaborado por la SE y del cual Contralínea posee copia, se desprende que las empresas más beneficiadas en este año son la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp Inc, con 11 autorizaciones.
El mismo informe indica que de las más de 230 trasnacionales, el 81 por ciento de los “permisos” gubernamentales fue en beneficio de filiales con oficinas centrales en Canadá. El resto de las autorizaciones se distribuyeron entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y, en menor medida, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile.
“Socio comercial” de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá tiene en el país 187 compañías en la búsqueda de oro y plata, metal precioso que ha colocado al país latinoamericano en el segundo lugar en su producción mundial.
Los empresarios estadunidenses tienen a 31 de sus firmas en búsqueda de la riqueza nacional; los australianos cuentan con cuatro de sus filiales; Reino Unido, tres. El resto de las concesiones está en manos de India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
La suma de minas mexicanas concesionadas a las trasnacionales supera los 2 millones de hectáreas. De acuerdo con los “permisos” entregados por el gobierno de Felipe Calderón, las compañías extranjeras podrán explotar este territorio mexicano hasta 2050.
Contralínea 179
http://contralinea.info

La minería en América Latina: el ‘premio de montaña’ del libre comercio




Por Mario Alejandro Valencia

El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas. Pero los pueblos de América Latina avanzan en la oposición a la globalización neoliberal, demostrando, con procesos de resistencia y propuestas alternativas, que esto no es inevitable y que sí es reversible.
El río San Sebastián, al oriente de El Salvador, se secó. Fue el resultado de más de 50 años de explotación minera en la región de Santa Rosa de Lima, que ha traído irreversibles impactos ambientales y eliminó las posibilidades económicas de miles de habitantes. Hoy a quienes viven en la rivera de lo que antes era el río solo les queda un drenaje ácido que sale de la mina y sus ingresos de menos de un dólar al día les hace imposible comprar el agua potable que les ofrece la transnacional de agua, cerveza y gaseosa, Sab-Miller. La población que rodea la mina Taladrón se quedó sin el agua, sin el oro y sin las ganancias que de ella provinieron. Como si la miseria en que está sumida la comunidad no fuera suficiente argumento, la transnacional Commer Group, de Estados Unidos, se ha valido del TLC con Centroamérica para demandar por 100 millones de dólares al Estado salvadoreño, con el argumento de obstaculizar el comercio por no otorgarle el permiso ambiental para seguir explotando la mina. Lo mismo hizo la Pacific Rim, de capital canadiense y estadounidense, demandando por la misma suma, por no permitir la explotación de la mina El Dorado, al norte de El Salvador.
En Guatemala, también firmante del TLC con Estados Unidos, la situación no es muy diferente. Las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacan, en la frontera con México, resisten el accionar de la estadounidense Goldcorp, y las comunidades del oriente se preparan para el inicio del proyecto Cerro Blanco, en un área protegida forestalmente. Por cuenta de las medidas tomadas por el magnate y ex-presidente Álvaro Arzú, Guatemala reformó su ley minera y ya no recibe el 6% de regalías, sino el 1%; todo para las transnacionales, nada para el pueblo. Es tanto el asalto que sufren, que sus habitantes dicen que el Estado termina pagándole a las compañías para que se lleven el oro. Ahora Arzú aspira a ser el vicepresidente de Sandra de Colom, esposa del actual presidente, y profundizar la política minera que convierte a estos países latinoamericanos en enclaves neocoloniales de Estados Unidos. En Honduras está concesionado el 31% de su territorio total para exploración minera. Durante la dictadura de Micheletti se aprovechó para aprobar más de 240 concesiones mineras. El gobierno canadiense ha prometido su voto positivo para el reingreso de este país a la OEA si acepta una reforma a la ley de minas que privilegie la inversión extranjera en esta actividad.
El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas: según el PNUD dos millones de salvadoreños, el 35% de su población, viven en tugurios, por debajo de la línea de pobreza. Este ha sido el resultado de 20 años de neoliberalismo en Centroamérica, el mismo modelo que aplicó Colombia desde Céssar Gaviria y que profundizó Uribe Vélez hasta llevarlo a un nivel superior de sumisión y entrega de la riqueza de este país.
Colombia, como país minero, es la máxima apuesta de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea con la firma de los TLC. El objetivo es crear un marco jurídico de carácter supraconstitucional, para obtener jugosas ganancias a través de eliminar los requisitos de desempeño y brindarles Trato Nacional a las grandes compañías mineras. Además, abre las puertas para que podamos ser demandados por estas empresas en caso de que el Estado se interponga en sus intereses económicos o no logren obtener las utilidades esperadas en sus proyectos, caso en el que la nación tendría que indemnizarlos. Para ello ha entregado en concesión cinco millones de hectáreas y otras cinco están en proceso de titulación minera. Son 100.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional que se entregan a los extranjeros, cinco veces más que todo El Salvador, o casi la totalidad del territorio hondureño.
Pero los pueblos de América Latina avanzan en la oposición a la globalización neoliberal, demostrando, con procesos de resistencia y propuestas alternativas, que esto no es inevitable y que sí es reversible. En unos se comienzan a implementar con resultados positivos modelos de desarrollo y consumo diferentes al impuesto por el libre comercio. En otros, como el nuestro, hay un ascenso de los procesos que enfrentan la agresión causada por las transnacionales, en contravía de los intereses de comunidades, trabajadores y pequeños mineros.
Con esa naturaleza se creó recientemente la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional. Su objetivo es articular acciones y buscar la unidad de los sectores que están siendo agredidos y desplazados de sus actividades productivas y laborales por la ilimitada voracidad de las compañías mineras extranjeras, con la complicidad del gobierno nacional. Su avance irá evidenciando el creciente descontento de los sectores democráticos del país frente a este modelo de desarrollo basado en la extracción de nuestras riquezas naturales sin beneficios para los nacionales. La derrota de la actual política minera dependerá de la unidad y movilización de la sociedad colombiana en torno a este objetivo común.
En el mismo sentido caminan los movimientos sociales en el resto del continente. En cada país se vienen constituyendo frentes y redes que confrontan los grandes proyectos mineros, sumados a esfuerzos latinoamericanos de unidad en torno a la gran minería transnacional, como el abierto en el “Encuentro latinoamericano por la defensa de los recursos naturales y la vida de los pueblos”, realizado entre el 20 y el 22 de abril en San Salvador. La Alianza Social Continental también se presenta como un espacio de articulación, apoyo e impulso de estas luchas.
De cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, es indudable que la mejor alternativa para los intereses nacionales será la del candidato cuyo programa de gobierno manifieste sin ambigüedades su oposición al neoliberalismo y al saqueo de los recursos naturales, y plantee un modelo económico alternativo, que se aleje de Washington y se acerque a las verdaderas necesidades de las mayorías de sus habitantes.

www.ecoportal.net
Cedetrabajo/Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca.
www.recalca.org.co/

"DIA VERDE CONTRA LA BARRICK GOLD EN REPUBLICA DOMINICANA.“




El próximo 2 de mayo, se estará conmemorando en más de una docena de países, el día mundial contra la minería irresponsable de la Barrick Gold, esta iniciativa que se desarrolla en simultáneamente en diversas partes del mundo donde la Barrick Gold  opera con sus política de doble moral, escocida y contamínate.
Este año se suma a este grito la Rep. Dominicana, la convocatoria es hecha por el blog Http://luchaportusderechos.wordpress.com plataforma creada por un grupo de jóvenes activista independiente para levantar causas en Rep. Dominicana cuando se presentan amenazas de este tipo.
“Día Verde Contra La Barrick” se realizará  el próximo 2 de mayo, desde las 4:00 PM, en el parque de la Lira, ubicado en las intercesiones de las Ave. Abraham Lincoln, Paseo de los locutores, Ing. Roberto Pastoriza y Lope de Vega.
Música en vivo, estatuas humanas, caricaturas, un derroche de arte, entre otras acciones que planean los jóvenes realizar, una protesta alternativa que lleve conciencia ciudadana y que eduque a la vez sobre el problema y las consecuencias que dejaría Barrick si explota la mina de pueblo viejo ubicada en Cotuí.
Nota: Los organizadores del evento están pidiendo que los asistan porten alguna prenda de vestir verde, en alusión a que el verde vale más que el oro.
Para más información:
Puede acceder al blog, Http://luchaportusderechos.wordpress.com , en facebook buscando el evento, con las palabras: “Día verde contra la Barrick” o enviando un email a: luchaportusderechos@gmail.com
De:
Equipo de Comunicaciones LXD
http://luchaportusderechos.wordpress.com

Lo que no se dijo: vecinos de Gan Gan recibieron a Das Neves con carteles que decían NO a la Mina





Por Humberto Kadomoto *

Cambiar a Cambarieri antes que sea tarde

Aunque los medios de comunicación de la provincia no lo reflejaron, la semana pasada, mientras el Gobernador inauguraba importantes obras en varias localidades de la meseta chubutense (GAN GAN), se encontró con NUEVAS Y ESPONTANEAS manifestaciones populares. Muchos vecinos a su alrededor que portaban carteles, distintivos y leyendas. ¿Que decían?: simplemente NO A LA MINA - EL AGUA VALE MAS QUE EL ORO - mientras repartían folletos a otros presentes.

Nada pasa desapercibido para el agudo ojo de los funcionarios encargados solo de eso, monitorear. Entonces YA ES HORA que se den cuenta que este rotundo NO que ganó primero las calles, los hogares, las escuelas, las universidades, ha trazado el futuro de varios políticos: Maza en La Rioja, Pichetto en Rio Negro, Lizurume en Chubut, Kirchner en Santa Cruz, por nombrar solo algunos importantes, quedando en el tintero varios Intendentes y Concejales.

No a la MEGAminería es ya una realidad indiscutida en nuestro país. Contaminación, saqueo, destrucción, complicidades, ya caracterizan este tipo de emprendimientos e incluso son materia común de estudio y análisis en colegios y universidades. Los medios de comunicación cada vez reflejan mas esta realidad, a pesar de los "enormes" gastos publicitarios de las empresas y los gobiernos.

No podemos tener funcionarios que parezcan empleados de las mineras y se arroguen la potestad "hacer minería donde quieran".

No podemos pagar para que vengan las mismas empresas que quieren llevarse la MAYOR GANANCIA en el MENOR TIEMPO y de la formas MAS ECONOMICA, a contarles a nuestro diputados que la MEGA minería es amigable" con el medio ambiente. ¿Qué quieren que les digan, que contaminan?.

Recapaciten.

Por cada charla minera que "nadie cree" habrá diez "charlas populares" en escuelas y plazas.

Por cada técnico minero que diga que las almendras tienen cianuro, habrá diez profesionales independientes que justificarán la contaminación de esa actividad.

Por cada ejemplo de buenas prácticas mineras, hay cien experiencias de contaminación y saqueo.

Ningún gobierno elegido por la mayoría del pueblo puede dejar respetar lo que la mayoría del pueblo quiere.

Vamos a repetir lo que expresamos el 28 de septiembre del año pasado al Sr. Gobernador:

La salida de la meseta no puede ser una actividad prohibitiva, mejor busquemos una actividad LEGÍTIMA, LEGAL, razonable, posible en el tiempo, acorde al lugar y a largo plazo.

¿Para qué extraer plomo, un metal de extrema peligrosidad para el organismo humano y animal, mientras en el mundo se reduce cada vez más su uso?.

¿Para que extraer oro, plata, cobre o uranio a cambio de envenenar el agua, saquear nuestros bienes naturales, hacer indigno al poblador de la Patagonia?.

¿Por qué pagar a las mineras para que nos roben alevosamente?. Les entregamos la tierra, el agua, la energía con escandalosos beneficios económicos gracias a las leyes vigentes desde 1994.

Sres. gobernantes: La meseta central patagónica NO ES una gran bolsa de basura.

Si confiamos en la creatividad, conocimiento, experiencia y control de la misma población de la meseta sobre su economía, no necesitaremos comprar los ESPEJITOS DE COLORES de las "REGALÍAS" que cada día nos hacen más dependientes.

DEBEMOS comenzar a trabajar con los niños y jóvenes desde las escuelas para pensar a la Región Central Patagónica, Santacruceña, Chubutense, Rionegrina y Neuquina, como una unidad pluricultural; geográfica, ambiental, social, productiva, industrial y comercialmente integrada.

TENEMOS que trabajar en la meseta para lograr un polo tecnológico, donde el estudio de nuevas formas de energía contribuyan al bienestar de los vecinos. Desarrollemos la energía EOLICA Y SOLAR para cada poblado establecido, y de esa forma tener alternativas propias y limpias a la escasez de petróleo y gas.

UTILICEMOS muchísima menos cantidad de agua que las que pretenden envenenar las mineras, para sistematizar el riego y producir:

- Plantas para fijación de suelos tan necesarias en nuestra provincia para frenar el avance de la erosión.
- Plantas aromáticas.
- Producción, procesamiento y comercialización de semillas orgánicas de hortalizas en los valles interiores de la estepa patagónica, con certificación de calidad de origen.

INSTALEMOS pequeñas plantas industriales para el procesamiento y comercialización de minerales en el sitio de producción (lajas; arcillas; pórfidos; bentonita; piedras preciosas para orfebres).

HEMOS DE ORDENAR Y PROMOCIONAR el ecoturismo de observación científica a nivel arqueológico, paleontológico, botánico, entomológico y ornitológico. Ofrezcamos turismo para la salud , la recuperación mental y espiritual en un ambiente sano.

CRIEMOS choiques y guanacos para el propio procesamiento local de su carne, pelo y o plumas.

INTEGREMOS NUESTRO TRABAJO para lograr la identificación, promoción y comercialización de la "LANA MERINO PATAGÓNICA"; a producir en campos donde se respete la biodiversidad del suelo, la carga y rotación de hacienda y sus principios sanitarios; sumando a ello el mayor valor agregado de la lana con el establecimiento de pequeñas industrias locales para su lavado, peinado, cardado, hilado y tejido semi industrial, tarea a conjugar entre las diversas comunidades rurales de los poblados de la región de la estepa santacruceña, chubutense y rionegrina.

COMERCIALICEMOS la artesanía patagónica, de condición genuina, en los centros turísticos de la costa atlántica, la cordillera y el extranjero, controlando que la mayor parte de la renta quede para quien la produce y no para intermediarios.

PuertaE
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Argentina: Reserva natural en peligro.
También en Mendoza, la Justicia frenó el avance de una explotación minera


Tal como sucedió en Jujuy la semana pasada, la Justicia mendocina falló en contra de un proyecto de explotación minera en la localidad de Villavicencio. Se trata de la empresa Depromin S.A. -subsidiaria de la canadiense Tenke Mining Corporation- que intenta extraer oro y cobre en una zona declarada reserva natural protegida.

Este fue, justamente, la razón del fallo, dado a conocer el miércoles pasado, en contra del emprendimiento. A pesar de que existe una ley provincial que prohíbe la explotación minera a cielo abierto, la empresa tenía personal y equipos instalados en la zona.

Propietarios de la firma francesa Danone, propietaria de la empresa de agua mineral Villavicencio, denunciaron que la minera habría invadido sus terrenos sin permiso alguno. "Como consecuencia de ello, Depromin S.A. y la subcontratista están provocando daños sobre el ambiente existente en el inmueble el cual fue declarado Reserva Natural e integrante de la Red de Espacios Protegidos de la Provincia", asegura la denuncia.

Según el mismo fallo, los daños que produce la minera son de extrema "gravedad e irreparabilidad en el ambiente y sus recursos naturales".

Por esto, la titular del Juzgado Civil Nº 11 ordenaron a la minera cesar las actividades mineras iniciadas dentro del inmueble, retirar del mismo el personal, bienes y vehículos hasta que las Direcciones de Minería e Hidrocarburos y de Saneamiento y Control Ambiental resuelvan y queden firmes las impugnaciones presentadas por Danone contra la Declaración de Impacto Ambiental, emitida en forma conjunta por ambas Direcciones. Danone asegura que "resulta indiscutible que cualquier actividad minera produce fuertes impactos sobre el ambiente".

"En este caso se ha demostrado que mas que un posible impacto en el medio ambiente, hay un riesgo cierto que la actividad minera de Depromin S.A. y la subcontratista produzcan un daño permanente irreversible a un recurso natural vital y escaso como es el agua", afirma la denuncia.

Además, Danone denunció como hecho nuevo la presencia de un camión que tenía una capacidad aproximada de 10.000 litros de agua, estacionado al lado de la máquina que se encontraba perforando en el terreno. De acuerdo con lo informado por un técnico apoderado de Depromin, esa agua se inyectaba en la perforación.

También había una perforación de agua que era conducida por una cañería al terreno de la minera, a través de un sistema de diques.

"El agua no estaba limpia, sino que tenía alguna sustancia, pues el agua tenía color marrón verdoso con algunas manchas oscuras, tal vez atribuibles estas manchas a la presencia de hidrocarburos. También era posible ver algunas sustancias que se encontraban en el área de trabajo en recipientes, como por ejemplo, de bentonita".

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que ordenan a la canadiense suspender sus operaciones de búsqueda de oro y cobre en Villavicencio. En 2006, el mismo juzgado frenó preventivamente los trabajos de exploración en la reserva. Pero la empresa volvió a operar. Y ahora anunció que volverá a apelar este fallo.

En comunicado la minera afirmó haber cumplido con todas las obligaciones que el Gobierno exige para conseguir estos permisos, incluido el ofrecimiento de fianza y la obtención del rechazo definitivo en sede administrativa mediante decreto del Poder Ejecutivo de las impugnaciones a la concesión por parte de Danone".

http://www.argenpress.info/2010/04/argentina-reserva-natural-en-peligro.html

La corte de La Haya legitima el modelo de insustentabilidad y dependencia





Por Pablo Sessano

Con su fallo a favor de Botnia la Corte internacional de La Haya, legitima un modelo sostenido en la tecnología, que aprovecha la vulnerabilidad de los países pobres, desestimando la condición y el derecho del ambiente y la opinión de la gente. La justicia existente no considera el principio de precaución como elemento central por lo que solo se puede juzgar si un proceso contamina una vez que contaminó, y además es necesario luego probar la relación causal entre una posible causa o causante y un resultado o victima. Esta demanda técnico-jurídica es uno de los mayores obstáculos que suele encontrar la justicia ambiental. Y el principio precautorio sirve, entre otras cosas, para prevenir esta insuficiencia que favorece claramente los intereses de los contaminadores


Con su fallo a favor de Botnia la Corte internacional de La Haya, legitima un modelo sostenido en la tecnología, que aprovecha la vulnerabilidad de los países pobres, desestimando la condición y el derecho del ambiente y la opinión de la gente.
El fallo de la Corte de La Haya no solo no da cuenta de la relevancia del riesgo que supone para el río, el ecosistema y el turismo en la zona, sino que confirma, legitima, el modelo del saqueo. En el marco del proceso judicial, la justicia liberal impone sus criterios y se va desdibujando, si es que alguna vez fue transparente, el centro del problema que representa el caso de la pastera Botnia frente a Gualeguaychu.
El que se haya ratificado la vigencia del tratado del Río Uruguay de 1975 y el hecho de que Uruguay violara ese acuerdo, constituye un exiguo triunfo de la diplomacia argentina que no se ha caracterizado nunca por su pericia. Uruguay en su momento violó deliberadamente el tratado por que debía responder a poderosos intereses instalados décadas atrás en el país y por que le convenía económicamente. Siempre en términos de los grandes números de contabilidad macroeconómica, porque bien sabemos que una vez finalizada la instalación, Botnia emplea un número de trabajadores que esta lejos de justificar su presencia y, análogamente a las mineras en Argentina, deja poco y nada en el país. Y sabía que perdería la pulseada en un tribunal. Pero como bien apuntó más o menos así, el ex canciller Bielsa, nunca un edificio o instalación ya construida es desinstalada por una decisión judicial.
Por ello eran vanas todas las expectativas referidas a la posible demanda de desinstalar la planta de celulosa. Esta expectativa es una ingenuidad anclada en nuestra insolvente y autocomplaciente memoria. No registramos, aunque ocurre en nuestras narices constantemente, el modo en que los intereses económicos amparados por la justicia liberal avanzan sobre el espacio público, natural y comunitario.
En general todas las ciudades, pero en particular la de Buenos Aires, y Montevideo por caso, crecen al ritmo de los hechos consumados, teniendo como norma la violación de las normas, los requerimientos legales y técnicos y los derechos consagrados de los ciudadanos, a sabiendas de que a posteriori, en el supuesto caso de que prospere una demanda, la justicia les dará razón en la defensa “legítima” del derecho adquirido, sobre la base de la ilegitimidad de violar el de los otros o los del ambiente. Lo mismo ocurre con la minería por ejemplo, el caso de la actividad sobre los glaciares es clarísimo, el veto de la ley no hace otra cosa habilitar este mecanismo, de crear un vacío legal, sobre el cual se puede construir el avance industrial y luego será muy difícil deshacer ese camino. Eso sin contar los pactos políticos y económicos que subyacen a esta clase de operaciones, que tampoco es fácil deshacer. Siempre es más caro y costoso deshacer que prevenir.
El principio de precaución enfatiza precisamente este aspecto. Pero ese principio no parece ser un elemento relevante en la bibliografía jurídica de la corte de La Haya y como bien apuntaba M. Wainfeld en Página 12, la Corte es un tribunal de alto rango, formado por juristas de primer nivel, pero nadie es perfecto: ninguno de ellos es experto en derecho ambiental ni su jurisprudencia registra precedentes similares al caso. El desmantelamiento o la relocalización eran hipótesis casi descabelladas, no se corroboraron. El emprendimiento seguirá, los inversores extranjeros y los intereses nacionales quedaron a salvo, tal el discurso del gobierno del Frente Amplio.
Y hay que decir que no es paradójico que también sea favorable al gobierno argentino, aunque no lo digan. Porque si por un lado, como apunta el mismo periodista, la política, que no equivale a parcialidad, habrá influido la sentencia que llegó a paso de carreta, como es de rigor en estos trámites. En voz baja, argentinos y uruguayos reconocen (y saludan) que el Tribunal postergó su pronunciamiento, que estaba cocinado a fin del 2009, para no interferir en las elecciones presidenciales uruguayas y parlamentarias argentina;, por el otro, una decisión de este calibre se concibe pensando más allá de las partes implicadas: es verosímil que la contienda inédita pueda repetirse en un contexto de creciente interés (y litigiosidad) de los reclamos ambientales. Lo que le da al fallo el carácter de legitimador de los mecanismos que recién referimos, para empujar el desarrollo en nuestra región según lo entienden, desde el poder del mundo, las transnacionales y los estados (o gobiernos) neo-desarrollistas latinoamericanos, mecanismos que, paradójicamente ahora, pueden ponerse en práctica con más seguridad jurídica.
La insolvencia de la Corte de La Haya para asumir competencia e imparcialidad en conflictos devenidos de la crisis ambiental no deja dudas sobre la necesidad de crear un tribunal internacional específicamente dedicado a los conflictos ambientales.
El senador Filmus y la Presidente Cristina han coincidido en que nunca más se va a poder construir una pastera en el río Uruguay sin el consentimiento de los dos países. Precisamente, la idea que debería preocuparnos ahora, es que puedan ponerse de acuerdo sobre la instalación de estos u otros procesos, sin la necesaria licencia social o mediante la manipulación de mecanismos de consenso. Recordemos los términos de las disputas desde el principio y convengamos que siempre quedará la duda respecto a que hubiesen hecho la Argentina y Uruguay si la inversión de las pasteras hubiese sido de este lado. El posicionamiento del gobierno argentino respecto a la cuestión ambiental, no remite precisamente a un imaginario de justicia.
En cuanto a la contaminación, esta bien la pregunta que destaca Laura Vales en su nota “La cuestión ambiental” de Pagina 12, la pregunta que circulaba ayer entre los especialistas en el tema es si el dictamen abrió una puerta para un mayor control o, por el contrario, sentó como precedente una valoración laxa de las pruebas. La Corte de La Haya no dijo exactamente que Botnia no contamina: dijo que en el río se detectaron nonilfenoles (sustancias de uso prohibido), como así también mayores cantidades de dioxinas y furanos y un episodio de floración de cianobacterias, pero sostuvo que la Argentina no pudo probar que la presencia en el río de estos tóxicos se debiera a la actividad de Botnia. No rechazó que se hayan detectado nonilfenoles, sino que dijo que “no hay pruebas que acrediten un vínculo con el funcionamiento de Botnia. “No hay evidencia clara para vincular la presencia de dioxinas y furanos con el funcionamiento de Botnia”. La corte desestimo también la contaminación sonora y visual y seria interesante conocer sobre la base de que criterios pudo arribar a esa conclusión, pues si bien en estos aspectos el factor subjetivo es relevante, ello vale también para la Corte, y en todo caso ocupar un espacio arbolado con una instalación industrial de esa magnitud, fuertemente iluminada por la noche parece un dato significativo por lo menos para hacer controvertible esta conclusión.


Al mismo tiempo, el tribunal puso en claro que la contaminación será el único motivo por el cual, en el futuro, el país podrá reclamar el cierre de la planta. Así las cosas, la razón ambiental quedó como la única vía abierta para litigar contra la pastera.
Pero como decíamos antes, esta única razón en el marco de la justicia existente que no considera el principio de precaución como elemento central, tiene por lo menos dos problemas: solo se puede juzgar si un proceso contamina una vez que contaminó, es decir la medición del daño, y además es necesario luego probar la relación causal entre una posible causa o causante y un resultado o victima. Esta demanda técnico-jurídica es uno de los mayores obstáculos que suele encontrar la justicia ambiental. Y el principio precautorio sirve, entre otras cosas, para prevenir esta insuficiencia que favorece claramente los intereses de los contaminadores.
El tribunal dispuso que Argentina y Uruguay controlen los efluentes de Botnia a través de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Es de suponer que en este caso se ocuparán de ello, pero en modo alguno podemos confiar en que será por una verdadera vocación de protección del ambiente o de los derechos ciudadanos de la gente de Gualeguaychú o de todos los que usamos las playas del río Uruguay y el agua del Río de la Plata. Los sucesivos gobiernos argentinos de las últimas décadas han demostrado su indiferencia en este sentido y su claro posicionamiento industrialista y destructor de recursos, además de un desdén éticamete inadmisible por la salud: el riachuelo y la cuenca del Río Matanza son prueba contundente: 5 millones de personas en riesgo. El actual gobierno solo actúa espasmódicamente cuando los medios, también espasmódicamente, destacan el malestar ciudadano o la Corte Suprema le demanda que haga lo que le ha exigido hace 4 años. Sigue sin haber estudios epidemiológicos, los volcados contaminantes persisten, los basurales se incrementan, los planes son inconsistentes, la lentitud e ineficacia de las autoridades ambientales es prodigiosa, las jurisdicciones se pelean y obstaculizan las operaciones de fiscalización en la cuenca, el Comité de cuenca es virtualmente inoperante.
Es lógico que en este marco surjan las dudas, cuando escuchamos a H. Sejenovich decir que Argentina, en los cuatro años que llevó el juicio, no se ocupó de tener los aparatos para medirlos. No los tenemos en la Argentina ni los tiene el Uruguay. Las muestras se están mandando a analizar a Canadá.
Por que también hay que decir-recordar-que Argentina tiene pasteras y papeleras con baja performance ambiental, que la gestión ambiental Argentina a nivel nacional y provincial es pésima, la asignación para la gestión del ambiente en el presupuesto 2010 no alcanza el 6%!!
En todo caso en lo que a la protección ambiental y a la defensa de los derechos colectivos se refiere, parece que seguimos dependiendo de la voz y la convicción de la gente que sale a defender sus respectivos lugares. Los vecinos de Gualeguaychú seguirán con el reclamo que deberá tomar tal vez otro carácter, habida cuenta de que la parte mas conflictiva y ciertamente no la central del problema, que es el conflicto derivado del corte del paso internacional, ha quedado saldada y con ello buena parte del apoyo conseguido se perderá. Hay que reconocer que salvo para la Asamblea y para no todos los ambientalistas del país y algunos mas, siempre fueron más relevantes o críticos los problemas derivados de la interrupción de paso fronterizo que los “supuestos” problemas de la contaminación.
En este punto los posicionamientos se encaprichan, las voces se distorsionan y las identidades se cruzan y podemos ver como un Enrique Martínez, presidente del INTI, una vos muy seria, constructiva de enfoques alternativos y criticas del industrialismo desarrollista actual, mantuvo desde siempre cerrada oposición al corte de paso fronterizo; y vemos como un De Angelis, líder sojero de dudosa reputación como ambientalista, apoya también cerradamente el corte.
Habrá que ver también como se dirimen al interior de la asamblea de Gualeguaychú los hasta ahora, secundarizados posicionamientos referidos a las prácticas contaminantes, sobre todo en el área de la agroproducción, que constituye sin duda una contradicción en el discurso ambiental de la asamblea.
Pero sobre el remanido tema de los métodos de lucha, la demanda de apertura del puente, ahora constituida en recurso legal, no parece dejar mucho margen a un posible mantenimiento del corte. Será la oportunidad para buscar y encontrar otros métodos y mecanismos para elevar la voz y mantener visible el descontento y el reclamo, pero sobre todo la expectativa de una solución, aunque esta ya no pase por el desmantelamiento de la planta. Como sea, este necesario cambio en modo alguno da la razón a los que en estos años mantuvieron una postura opuesta al corte, al contrario. El corte fue legítimo como método por el solo hecho de haber sido respaldado por el consenso social de los actores principales del conflicto. Y fue, sin duda, el método que forzó el desenlace. Si alguien tiene que revisar aquí sus posicionamientos esos no son los vecinos de Gualeguaychú, no hasta hoy.
Porque como ahora es claramente visible, lo que estaba y esta en juego es la legitimación de un modo de avanzar con el modelo y la relación de fuerzas no da para recurrir a posiciones suaves, es decir posiciones que no alcanzan a afectar intereses concretos, materiales y políticos: porque allí esta, en todo caso, la efectividad de la acción de los colectivos sociales. Mal podríamos pedirles a los vecinos de Andalgalá que se queden en sus casas, pidan una audiencia con el gobernador o se rompan la cabeza ideando “nuevos” quien sabe cuales métodos de lucha, mientras las mineras (o las papeleras) avanzan cruel y calculadamente la instrumentación de una prospectiva planificada y políticamente pactada.
¿Habrá que asumir como un hecho consumado la convivencia con Botnia y discutir otros aspectos?, ¿Devendrá la lucha y los reclamos ambientalistas de Gualeguaychú a un plano más genérico?, ¿Se justificará mantener la vigilia para que este virtual triunfo del modelo tecnológico, exógeno y contaminante no se extienda apoyado en una posible buena performance? Son variadas las preguntas que se abren.
Algo, sin embargo, no ha cambiado, la presencia de la planta de Botnia constituye la manifestación de un modelo productivo que no solo no colabora al desarrollo del país, sino que, a costa de nuestro patrimonio, solo sirve para enriquecer a países y grupos económicos que vinieron a estas latitudes precisamente por que aquí encuentran ventajas impositivas y menores exigencias ambientales. La Corte ratificó, en el marco de la legalidad liberal, esta estrategia. Desde el pensamiento y la militancia ambiental solo cabe seguir demandando un cambio de lógica, incluso dentro del esquema del derecho nacional e internacional vigente, pero los gobiernos Argentino y Uruguayo tienen ahora la opción de simplemente acatar un fallo conveniente y patear hacia delante posibles consecuencias o asumir una responsabilidad publica y un rol estatal jerarquizando en las acciones, la protección ambiental que ya ha sido consagrada en las leyes, en definitiva cumpliendo la ley, y no solo en el caso de Botnia, sino en todos los procesos y emprendimientos que pongan nuestro ambiente y nuestra gente en riesgo, para que no sea la laxitud impositiva y la irresponsabilidad ambiental, la que atraiga a los inversores, mudando o extendiendo el beneficio de la seguridad jurídica, también a los que somos legítimos y originarios titulares del derecho sobre los recursos de nuestro territorio.

www.ecoportal.net
Pablo Sessano

"La Unión Europea es un armazón institucional al servicio de los intereses de las multinacionales"





Entrevista a Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y la red birregional “Enlazando Alternativas”

Manoel Santos
Altermundo



Activista en la médula de numerosas luchas de los movimientos sociales, nadie como Tom Kucharz para repasar punto por punto las consecuencias que tuvieron, tienen y pueden tener las políticas de la Unión Europea en los campos económico, social y ambiental. En resumen, no hay por donde cogerlas.

Manoel Santos-. Más de cien organizaciones se están moviendo y articulando durante la presidencia española de la UE. ¿Cuáles son las principales denuncias?

Tom Kucharz-. Organizamos una campaña de contestación desde los movimientos y colectivos de diferente índole político-social, para contrarrestar las mentiras y la propaganda en los medios de comunicación, pero sobre todo para demostrar que las que generaron la crisis fueron las políticas neoliberales de la UE, apoyadas por partidos como el de José Luís Rodríguez Zapatero. Ellos son los responsables de la crisis y nosotros no la vamos a pagar. También estamos coordinados con otras redes del resto de Europa y de América Latina. La UE demostró ser un entramado institucional antidemocrático al servicio de las multinacionales y de las élites de los estados miembros. Sirva de ejemplo la orientación econonomicista y contraria a los derechos sociales básicos del Tratado de Lisboa, aprobado sin consultar a la ciudadanía. La UE no duda en privatizar los servicios públicos, en rebajar las condiciones laborales y en facilitar los despidos y la destrucción de empleo, como demuestra la doctrina de la "flexiseguridad". Igualmente, defiende con todo su aparato diplomático las estrategias comerciales abusivas de las empresas europeas en países del Sur, con los mal llamados "Acuerdos de Asociación", una forma de neocolonialismo y expolio, tanto de la naturaleza como de las poblaciones del Sur. También denunciamos la política migratoria, en cuyas fronteras mueren millares de personas cada año al intentar entrar a la UE "sin papeles". Con distintas directivas aprobadas se pretende hacer de la UE una fortaleza donde el dinero y los bienes puedan moverse libremente, mientras que a los migrantes les ponen barreras que violan los derechos humanos. Igualmente, el discurso ambientalista de la UE es poco más que papel mojado. La falta de voluntad política de la UE, uno de los mayores responsables en la emisión de gases de efecto invernadero, y su criminal actitud de evadir responsabilidades, coloca la lucha contra el cambio climático en un punto prioritario de los movimientos sociales. Además de los fracasos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Bonn y Copenhague, sabemos que la UE, China y EEUU no tienen voluntad política para llegar a un acuerdo en la próxima Conferencia de las Partes (COP-16) en México a finales de año. Ya hablan de 2012. Este nuevo aplazamiento es inaceptable y escandaloso, sobre todo porque los paquetes multibillonarios de los gobiernos para rescatar bancos, las ayudas a la compra de automóviles o el incremento del gasto militar señalan que no es una cuestión de falta de recursos económicos.

MS-. ¿En que marco se convoca la Cumbre de los Pueblos "Enlazando Alternativas"?

TK-. Es la cuarta vez que organizamos una contracumbre paralela a la de jefes de Estado y de Gobierno de la UE y América Latina y El Caribe (ALC), que tiene lugar cada dos años. Esta vez queremos hacer énfasis en lo que supone la crisis económica y la responsabilidad de la UE. Se están viendo ajustes económicos estructurales en Grecia, un aumento del paro en toda la UE y la pobreza afecta a 84 millones de personas; hay un mundo rural con una fuerte crisis, donde cada minuto desaparece una explotación agraria; hay graves problemas ambientales… Tenemos también fuertes preocupaciones frente a la cumbre de mayo entre los jefes de Estado, porque está legitimando el golpe de estado en Honduras y los graves crímenes de lesa humanidad del Gobierno colombiano.

MS-. ¿Por que tiene especial importancia la Cumbre entre la UE, América Latina y el Caribe?

TK-. La firma de tratados de libre comercio (TLC) entre la UE y Perú y Colombia por una parte, así como con Centroamérica por la otra, son para el Gobierno español uno de los "objetivos prioritarios" para dicha Cumbre, que es el mayor acontecimiento durante la Presidencia española del Consejo de la UE. El Gobierno español propugna una política exterior basada exclusivamente en la "defensa del interés europeo". Los movimientos sociales y la sociedad civil organizada y antagonista tenemos la responsabilidad de dar una señal contundente contra estos TLC. No se pueden mantener relaciones comerciales con países que violan los derechos humanos. Además, los TLC crean condiciones de inversión que ayudan a perpetuar la violencia, como en el caso del desplazamiento masivo de la población de las tierras que luego se convierten en megaproyectos agroindustriales. En la política exterior de la UE, especialmente en los casos de Honduras y Colombia, priman los acuerdos comerciales por encima de los Derechos Humanos, vulnerándose el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas. Especialmente indignante es el caso de Colombia. El conjunto de organizaciones de Derechos Humanos, ONG y sindicatos europeos y colombianos pidieron en reiteradas ocasiones a instituciones de la UE que no apoyen el TLC con Colombia. Los asesinatos políticos, desapariciones forzadas, genocidio, masacres, desplazamientos masivos y torturas, auspiciadas desde las más altas posiciones del Estado colombiano, incluyendo el presidente Álvaro Uribe Vélez, se incrementaron en los últimos años.

MS-. ¿Y en Honduras?

TK-. La reanudación de las negociaciones para un TLC entre la UE y Centroamérica, que incluiría a Honduras, y el reconocimiento precipitado del gobierno de Porfirio Lobo es una señal muy preocupante, que ignora el hecho de que Lobo nunca condenó el golpe de Estado y las violaciones de derechos humanos. El Ejecutivo español y la UE legitiman el llamado "golpe perfecto" y "absuelven" a los militares que secuestraron y expulsaron al presidente constitucional Manuel Zelaya. Tras meses de violaciones, persecuciones, torturas, asesinatos y la restricciones de la libertad de expresión, las elecciones hondureñas –con una participación estimada en torno al 30-35%– constituyeron el núcleo de la estrategia para legitimar el golpe.

MS-. ¿Que impactos tendrían esos TLC?

TK-. En el campo, en Europa y en Latinoamérica, la creciente liberalización del comercio mundial y la continua desregulación de los mercados agroalimentarios provoca que la permanencia de los pequeños productores sea cada vez más difícil y el abandono del campo cada vez más frecuente. La UE está sacrificando la agricultura familiar sostenible y en consecuencia la garantía de una alimentación sana, diversa y segura. En el territorio laboral debemos resaltar que Latinoamérica ya experimentó unas pérdidas de empleo como resultado de la liberalización comercial, incrementando el desempleo de 7,6 millones a 18,1 millones de personas en la década de los ‘90. Las propias evaluaciones de impacto oficiales de la UE estiman "grandes pérdidas de empleo" como consecuencia de las negociaciones comerciales bilaterales, como por ejemplo en el caso del TLC entre la UE y Mercosur. Con la liberalización de las inversiones se fortalecerán los monopolios empresariales, destruyendo fuentes de trabajo, y se reforzará el modelo basado en la extracción de recursos naturales, perpetuando las causas estructurales de pobreza y desempleo. Entre otros muchos impactos destaca la violación del derecho de acceso a la alimentación, al agua potable y a los servicios públicos básicos como la educación y la sanidad y, particularmente, el aumento considerable del precio de los medicamentos y las dificultades de acceso a éstos por los más desfavorecidos.

MS-. ¿Puedes hablarnos del Tribunal Permanente de los Pueblos que tendrá lugar en Madrid?

TK-. Esta nueva instancia del Tribunal, la tercera a nivel birregional, será una de las actividades centrales en el marco del Encuentro "Enlazando Alternativas IV" (EA4). Pretende darles visibilidad a los movimientos sociales y a las luchas ciudadanas en respuesta a las violaciones de los derechos humanos de las empresas trasnacionales, coordinar las luchas y las dinámicas de resistencia, y avanzar en la estrategia y en la construcción de una agenda para desmantelar su poder político y económico. La sesión del TPP de Madrid será un momento para visibilizar el trabajo acumulado en los anteriores, en Viena (2006) y Lima (2008). En esta ocasión se vio necesario focalizar no sólo en las multinacionales sino también en las instituciones, políticas y actores de la UE que incrementan el poder e impunidad de las trasnacionales. La UE, sus Estados y en particular el Consejo Europeo y la Comisión Europea, fueron acusados en las diferentes sesiones del Tribunal en Viena y Lima, de construir un marco legislativo, económico y financiero que les permite a las multinacionales actuar violando los derechos humanos. El Tratado de Lisboa permitirá reforzar esas políticas. Por todo ello se estructuró el tribunal en 3 dimensiones: la complicidad de la UE, el Estado español y sus políticas con las multinacionales europeas en ALC; los impactos de las multinacionales sobre los derechos de los pueblos; y las recomendaciones para un nuevo marco normativo de las trasnacionales.

MS-. ¿Y cuál es la alternativa que presentan los movimientos sociales?

TK-. Es hora de exigir responsabilidades a los actores que provocaron esta crisis: la banca, las multinacionales, las finanzas y sus instituciones internacionales, con la complicidad de gobiernos y partidos políticos que los apoyaron. Y de presionar a las cúpulas sindicales para que les den un giro radical a sus estrategias, para ponerse por fin al lado de la ciudadanía y de los trabajadores. Es hora de movilizarnos por arrebatarles el poder económico a las finanzas (socialización de la banca, erradicación de los paraísos fiscales, control social de los mercados financieros); por garantizar condiciones laborales dignas (no a las políticas de destrucción de empleo como los ERE, reparto del trabajo a través de la reducción drástica de la jornada de trabajo sin rebaja salarial, contra el recorte de las pensiones); por la defensa y la ampliación de los servicios públicos y por la reversión de los servicios públicos ya privatizados; para que la vivienda deje de ser una inversión especulativa y retome su función social; para detener la sobreexplotación de los recursos naturales y energéticos y frenar el cambio climático; por la reducción drástica de las injusticias y desigualdades sociales en el Norte y en las relaciones Norte-Sur: menos crecimiento y más reparto (renta básica de ciudadanía, sistema tributario progresivo y redistribuidor de la riqueza, abolición de la deuda externa de los países empobrecidos, fin de los TLC, de las políticas de liberalización del comercio de bienes y servicios y del expolio de las multinacionales; por la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de todas las personas, sea cual sea su origen, cultura, nacionalidad, religión o sexo; y también por un mundo en el que las personas escojan su futuro sin estar presionadas por las estructuras patriarcales.

MS-. ¿A que llamáis "Consenso de Bruselas" y que paralelismos tendría con el “Consenso de Washington”?

TK-. Las empresas trasnacionales europeas y sus contrapartes en el mundo operan en una arquitectura política, económica y jurídica de impunidad puesta en marcha por instrumentos como el Tratado de Lisboa, la estrategia comercial y de inversión "Europa Global: competir en el mundo", los TLC y los tratados bilaterales de inversión. Igualmente, las políticas del Banco Mundial, el FMI y la OMC, en las que participan los gobiernos europeos, allanaron el camino para las operaciones depredadoras de las trasnacionales. Esto lo llamamos el Consenso de Bruselas, haciendo un paralelismo con el Consenso de Washington de los años ‘90, que tuvo como consecuencia fuertes ajustes estructurales y una onda de privatizaciones en América Latina, con el aumento del desempleo, la pobreza y la violencia. El Consenso de Bruselas también tiene que ver con el plan de rescate a Grecia de la UE, que someterá la población a fortísimos ajustes presupuestarios y limitará la soberanía helena con draconianas medidas económicas impuestas por la UE.

MS-. ¿El gran objetivo de la Presidencia española es la Estrategia Europa 2020?

TK-. La Presidencia empezó proponiéndose dos objetivos incompatibles: salir de la crisis y apostar por el crecimiento económico. La prioridad es la recuperación económica y la aprobación de la estrategia "Europa 2020". Esta va a sustituir a la Estrategia de Lisboa, que finaliza este año, y tiene un objetivo claro: el crecimiento, en vez de la sostenibilidad ambiental y la equidad social. El aumento continuo de la actividad económica es imprescindible para que el sistema capitalista funcione, pero es incompatible con la lucha contra la pobreza. Un caso paradigmático es el de Irlanda. Entre 1994 y 2000, el PIB creció de manera constante y notable. Se convirtió en el "Dragón Celta". Pero, en paralelo, se incrementaron en número las horas dedicadas al empleo por persona, el porcentaje de personas que se declaraban insatisfechas con su vida, las diferencias sociales, los suicidios, el consumo de alcohol y el paro. Estos datos son extrapolables a la UE, donde en los años de bonanza económica se dio un incremento de las desigualdades sociales y la bajada del salario real. Además, el objetivo de que 20 millones de las personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza en la UE salgan de esta situación, recogido en la redacción previa de la Estrategia 2020, fue finalmente eliminado.

MS-. ¿El decrecimiento sería una salida?

TK-. Claro que sí. Resulta evidente que ya excedimos los límites del planeta: consumimos recursos a una velocidad mayor de su capacidad de regeneración y producimos basura a un ritmo imposible de asumir por los ecosistemas. Y vivimos en una sociedad con crecientes desigualdades. Tenemos que evolucionar hacia una economía que no necesite crecer continuamente. Así, en los países sobredesarrollados, como el nuestro, en lugar de incrementar constantemente el consumo de energía y recursos, tendremos que decrecer en su uso. Una Economía Sostenible debería basarse en el respeto a los límites de los ecosistemas y considerar la progresiva reducción de la explotación de recursos naturales, especialmente los no renovables; la reducción de la huella ecológica y de la emisión de contaminantes; la reducción del consumo y la mínima generación de residuos; los principios de precaución y de quien contamina paga; una política fiscal verde real.

MS-. ¿Y frente a las políticas de la "Europa fortaleza" en materia migratoria?

TK-. Libertad de movimiento para todos y el derecho a vivir dónde cada persona elija. Derogar la Directiva de Retorno –o de la Vergüenza– y la política de cierre de fronteras avalada por el Acuerdo de Schengen. Darle plenos derechos a la población inmigrante. Le exigimos a la UE medidas eficaces frente a la extensión del racismo y la xenofobia. Y debemos luchar para derogar los dispositivos de intervención de la agencia para el control de fronteras, Frontex.

MS-. En Galicia, concretamente en Vigo, habrá una reunión informal de ministros de pesca el 4-5 de mayo. ¿Que me dices de la Política Europea de Pesca?

TK-. El 80% de las poblaciones de peces sobre las que se dispone información están explotadas o sobreexplotadas. Aproximadamente la mitad del comercio internacional de pesca tiene su origen en los países del Sur, mientras que más del 72% está destinado sólo a Japón, EEUU y la UE, que es importadora neta de productos pesqueros. El agotamiento de las aguas de la UE por la sobrepesca llevó la pesca industrial a las costas africanas. Como consecuencia, durante los últimos años, la UE formalizó acuerdos de pesca con países de África, Pacífico y el Caribe (ACP) que permiten la captura de varias especies para asegurar el aprovisionamiento de la flota, en detrimento de las condiciones sociales y económicas de esos países y del ambiente. La combinación de acuerdos de libre comercio con subvenciones y ayudas a la penetración de las empresas europeas –especialmente las españolas– de pesca en África , destruye las condiciones de vida y las economías de esas poblaciones. La Política Común de Pesca precisa de una profunda reforma que permita alejarnos de la actual sobrepesca y dilapidación de los recursos de nuestros caladeros. Tenemos que avanzar en la gestión integrada de las zonas litorales y en la conservación de hábitats marinos y costeros; favorecer la reestructuración del sector turístico en los países en los que está fundamentado en el sector urbanístico con una alta depredación de recursos y generación de residuos, desarrollar la estrategia marina europea con una visión de conservación, gestión y explotación implícita en cada uno de los espacios marinos protegidos.

MS.- La UE influye en la mayoría de nuestras legislaciones. Con todo, la ciudadanía muestra un desinterés absoluto por lo que acontece en Bruselas. ¿Culpa de los gobiernos?

TK-. Por supuesto. Los gobiernos potencian el desinterés, la falta de información y socavan la democracia. Eso fue evidente cuando se negoció y aprobó el Tratado de Lisboa, sin ningún debate público, difusión informativa o derecho de opinión y consulta. Para que la población se interese por nuestras campañas contra las políticas de la UE, tenemos que relacionar sus vidas cotidianas con los impactos que tienen las políticas. Y tenemos que ofrecer alternativas que conecten directamente con las necesidades de la población, como implantar una renta básica universal, para atajar las crecientes desigualdades en el seno de la UE, al tiempo de redistribuir las grandes fortunas entre la población, garantizar los servicios básicos y que estos sigan siendo públicos.

*Tom Kucharz es coordinador del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción, así como investigador en temas de justicia ambiental y globalización. Participa de muchas campañas y redes de movimientos sociales, como “¿Quien debe la quien?”, “Nuestro mundo no está en venta”, la red birregional “Enlazando Alternativas” o “Seattle to Brussels”. Muchas de sus referencias bibliográficas y artículos se pueden consultar en: http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Personas&id=9231&opcion=trayectoria#ficha_gloobal

** Manoel Santos es biólogo, experto en Ecosistemas y recursos biológicos y director de Altermundo http://www.altermundo.org NOTA: Traducido del gallego original para Rebelión. Existe una versión muy ampliada de esta entrevista en idioma gallego: http://www.altermundo.org/content/view/3187/1/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Exploradores ingleses son testigos de una lluvia atípica en el Ártico





No hay que ser científico para encontrar como mínimo raro que en el Ártico las precipitaciones caigan en forma de lluvia y no de nieve. Raro, pero sobre todo preocupante, les ha debido parecer a los exploradores británicos que fueron empapados por una lluvia de tres minutos en la base científica de Ellef Rignes Island, a unos 3.800 kilómetros al norte de la capital canadiense, Ottawa.
Pen Hadow, director del equipo expedicionario inglés, confirmó que un campamento canadiense a unos 90 kilómetros al oeste de su base había sido regado por la lluvia al mismo tiempo. Las precipitaciones en el Ártico de Canadá en ésta época, señala Hadow, son un evento extraordinario, con las implicaciones medioambientales que suponemos e incluso con implicaciones prácticas para los científicos que allí trabajan.
La base británica apoya a un equipo que está realizando pruebas científicas, a unos 700 kilómetros más al norte, para identificar el impacto del aumento de la absorción de dióxido de carbono en el mar. Este equipo ya había informado que el hielo estaba inusualmente delgado y se movía más de lo esperado.
Según muchos científicos, el Ártico se está calentando tres veces más rápidamente que el resto de la Tierra. Datos recogidos por Estados Unidos muestran que la capa de hielo ártica en 2009 fue la tercera más baja de la que se tenga registro.
Los investigadores vinculan este inusual ascenso de las temperaturas a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Vía | msnbc.msn.com
Fotografía | U.S. Geological Survey

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Se descubre una profunda corriente oceánica en la Antártida

Circula por debajo de la plataforma marítima de la Antártida.
La temperatura es inferior a 0,2 grados centígrados.

EFE.

Un reciente estudio ha revelado que existe una corriente de agua fría y densa que circula por debajo de la plataforma marítima de la Antártida, a más de 3.000 metros de profundidad, con dirección hacia el norte, según publica esta semana Nature.
La meseta submarina es de origen volcánico Kerguelen
Investigadores de la Universidad de Hokkaido (Japón), detectaron una potente corriente que recorre la meseta submarina de origen volcánico Kerguelen, en las proximidades de la Antártida. 

El equipo, encabezado por Yasushi Fukamachi, utilizó diferentes tipos de medidores, colocados al este de esa meseta, para estudiar durante dos años la profunda corriente que circula en dirección al norte.
Transporta por segundo unos ocho millones de metros cúbicos de agua
Según sus estimaciones, la corriente transporta por segundo unos ocho millones de metros cúbicos de agua -con una temperatura inferior a los 0,2 grados centígrados-, volumen cuatro veces mayor que el registrado en otras corrientes antárticas. 

La corriente recién descubierta es la más densa y profunda masa de agua de los océanos de todo el mundo, que son un importante componente del sistema climático.

20minutos.es

Deuda climática como estrategia política subversiva





Por Nicola Bullard.

- Quizás sin entender plenamente el significado ni las implicaciones, los movimientos progresistas han gravitado en torno a la consigna de la “deuda climática” como un camino hacia el complejo mundo de las negociaciones sobre el clima.

Es fácil entender por qué: la deuda es un concepto simple y en un mundo justo, las deudas deben ser pagadas. Sin embargo, -más que eso- la noción de deuda climática llega al centro de la política en torno al cambio climático. Plantea la cuestión central de la responsabilidad histórica y de quién debe a quién y para qué. Y mediante la redefinición de la “deuda” como un problema sistémico en lugar de un problema financiero, replantea las tradicionales relaciones entre ricos y pobres. Por lo general, son los ricos quienes son los acreedores, exigiendo el pago a los pobres, pero la deuda climática invierte esta relación: ahora son los pobres y los marginados -el Sur Global- quienes reclaman sus deudas, no para beneficio personal, sino para el futuro de la humanidad y la Madre Tierra.
En tal sentido, la deuda climática es una idea potente que vincula problemáticas, grupos sociales y estrategias, con el atractivo añadido de usar un lenguaje sencillo como un caballo de Troya para introducir ideas complejas y potencialmente subversivas. Pero si no tenemos una idea clara de lo que “nosotros” entendemos por deuda climática, siempre existe el riesgo de que los principios e ideas que la sustentan sean cooptadas y se diluyan. Tal vez no exista una definición definitiva de la deuda climática, pero como movimientos y activistas por la justicia social, es útil tener una visión común de lo que queremos decir, y lo que estamos pidiendo.
¿Qué es la deuda climática?

El concepto de deuda ecológica ha estado presente durante varios años. Acción Ecológica de Ecuador habla de la deuda ecológica como “la deuda acumulada por los países del Norte industrial hacia los países y pueblos del Sur a causa del saqueo de recursos, los daños ambientales y la ocupación libre del espacio ambiental como depósito de desechos, tales como los gases de efecto invernadero”.
En términos contables, la deuda climática es sólo un renglón en el balance mucho mayor de la deuda ecológica, pero puede ser dividida en partes comprensibles y medibles.
Una parte de la deuda climática se refiere a los impactos de la emisión excesiva de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: fenómenos climáticos extremos y frecuentes, inundaciones, sequías, tormentas, pérdida de tierras cultivables y de la biodiversidad, enfermedades, falta de acceso a la tierra, migración, pobreza y muchos más. En el lenguaje de la ONU, estos impactos humanos muy reales son agrupados y puestos en “cuarentena” como los costos de “adaptación”.
Un segundo elemento de la deuda climática es el costo de la reorganización de las sociedades y las economías de tal manera que las emisiones de gases de efecto invernadero sean radicalmente reducidas: es lo que se llama mitigación, y abarca a casi todos los aspectos de la actividad humana desde la agricultura, la energía y el transporte, hasta la forma en que las ciudades se organizan, los patrones de consumo y el comercio mundial. Para el gobierno boliviano es equivalente a una “deuda por desarrollo”, que sería compensada al garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios básicos y que todos los países sean lo suficientemente industrializados para garantizar su independencia.
Una tercera parte de la deuda es más difícil de calcular: algunos lo llaman la deuda de las emisiones. Se refiere al hecho de que los países ricos han gastado la mayor parte de la capacidad de la atmósfera para absorber gases de efecto invernadero, sin dejar “espacio atmosférico” para el que el Sur pueda “crecer”. Dado que existe una correlación muy alta entre el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto tecnológico actual, esto equivale a decir que los países en desarrollo deben limitar su crecimiento económico. La única manera de compensar esta deuda es si los países ricos reducen drásticamente sus propias emisiones.
El gobierno boliviano incluye otros dos elementos en el cálculo de la deuda climática. Además de la adaptación, la mitigación y la deuda de las emisiones, identifica una “deuda de migración”, que quedaría compensada por el abandono de prácticas restrictivas de la migración y con el tratamiento de todos los seres humanos con dignidad; y, por último, la deuda con la Madre Tierra.
De acuerdo con el gobierno boliviano, esta deuda es “imposible de compensar por completo, debido a que las atrocidades cometidas por la humanidad han sido demasiado terribles. Sin embargo, la compensación mínima de esta deuda consiste en reconocer el daño causado y la adopción de una Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Madre Tierra, para garantizar que los mismos abusos no se repitan nunca más en el futuro. “
Teniendo en cuenta todos estos componentes, la deuda de los ricos a los pobres es inconmensurable.
¿Quién es responsable de la deuda climática?

Esta pregunta está en el centro de las negociaciones de la CMNUCC, pues, detrás del lenguaje técnico, en el fondo se trata de dinero e intereses económicos. Es por eso que EE.UU. impulsó el Acuerdo de Copenhague durante la COP 15; para redefinir quién es responsable y así evitar el pago de sus cuotas.
La situación actual es que los países ricos -y especialmente los que tienen la mayor acumulación de emisiones históricas- simplemente no están dispuestos a pagar su deuda. Después de haber acumulado su riqueza y seguridad sobre las espaldas de los pobres, a través de la destrucción de la naturaleza y la extracción de recursos, los países europeos ricos, EE.UU., Japón, Australia y Canadá se niegan a pagar la factura, tanto en términos de los costes reales de mitigación y adaptación, como también en términos de cambiar su propio consumo despilfarrador. No sólo se niegan a reducir sus propias emisiones –y de esta forma trasladan a los demás la carga de la reducción- sino que también están tratando de echar la culpa a los países en desarrollo como China, Brasil e India, cuyas emisiones actuales están creciendo a un ritmo rápido.
¿La deuda se podrá pagar?

Si bien algunos aspectos de la deuda se pueden contar y calcular -por ejemplo, los costos de las tecnologías limpias, la restauración de los bosques devastados, el recambio a la agricultura sostenible o la construcción de infraestructura apropiada al clima-, la deuda real no puede ser calculada. Es mucho más que una cifra o dinero; la deuda climática simboliza más de 500 años de relaciones desiguales entre el Norte y el Sur, entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados.
La deuda climática es también una medida de la total locura del capitalismo -ya sea como mercado libre o estatal- como modelo para la gestión de la sociedad humana y los ecosistemas de la Tierra. En última instancia, la única manera de que la deuda se podría pagar es asegurando que las relaciones históricas de desigualdad sean rotas de una vez por todas y que no se acumulen “nuevas” deudas. Esto requiere de un cambio de sistema, tanto en el Norte como en el Sur. Por eso la deuda climática es una idea tan subversiva. (Traducción ALAI).
-Nicola Bullard es integrante de Focus on the Global South -con sede en Bangkok, Tailandia-. http://www.focusweb.org
Publicado en América Latina en Movimiento Nº 454, abril de 2010, “Por un nuevo amanecer para la Madre Tierra”, coedición ALAI – Fundación Solón.

ALAI

Fuente: OPS Sur
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¿De quién es el agua?






Por Paco Puche

La vida nació en el agua. El agua es vida y la vida es agua. No hay vida sin agua; está en las células, en los alimentos, en el transporte de nutrientes y en los organismos vivos -en algunos representa el 90% de su biomasa-. Cuando comemos un kilo de carne de vaca no vemos que para producirla se han necesitado hasta 100.000 litros de agua. Es pues, un elemento vital, vinculado a los ecosistemas, imprescindible, perentorio e insustituible. Por eso decimos que tiene un valor incalculable. Y por esta razón, el poder, especialmente el económico, tiene un extraordinario interés en hacer negocio con ella.


Quizá sólo diga lugares comunes, pero muchas veces las evidencias necesitan ser enfatizadas porque han sido ignoradas durante largo tiempo. El Roto, en el dibujo que vemos a continuación, nos advierte del interés del poder en mantenernos en la ignorancia.
La vida nació en el agua. El agua es vida y la vida es agua. No hay vida sin agua; está en las células, en los alimentos, en el transporte de nutrientes y en los organismos vivos -en algunos representa el 90% de su biomasa-. Cuando comemos un kilo de carne de vaca no vemos que para producirla se han necesitado hasta 100.000 litros de agua.
Es pues, un elemento vital, vinculado a los ecosistemas, imprescindible, perentorio e insustituible. Por eso decimos que tiene un valor incalculable. Y por esta razón, el poder, especialmente el económico, tiene un extraordinario interés en hacer negocio con ella.
La lluvia es un servicio gratuito que nos aporta la Pachamama (Madre Tierra) y gracias a ella 110.000 kilómetros cúbicos (km3) de agua caen sobre la tierra firme del planeta. De ellos sólo 12.000 km3 están accesibles y en la actualidad ya consumimos los seres humanos la mitad, hemos contaminado un 20% y vamos a un ritmo de consumo tal que desde 1950 al 2000 hemos multiplicado por tres dicho consumo.
Como quiera que no llueve a gusto de todos, tanto en África como en Asia la población supera en porcentaje al agua disponible y por eso 50 países se enfrentan en la actualidad a un estrés moderado o severo por falta de agua, acontecimiento que se hará más agudo en el futuro por los incrementos de consumo y por los efectos del cambio climático, con profundas consecuencias para la salud de los ecosistemas, la producción de alimentos y el bienestar humano. Y si hablamos de calidad, hay que anotar que mil millones de personas no disponen de agua potable cada día por lo que las enfermedades derivadas del agua contaminada son abundantes. Es especialmente lacerante que 10.000 personas mueran cada día, en su mayoría niños y niñas, y que políticas como las llevadas, entre otras, por la multinacional Nestlé -la primera empresa de alimentación en el mundo- de promocionar la alimentación con leche en polvo en lugar de la leche materna estén siendo nefastas. Porque a pesar de los respectivos Códigos Internacionales de Alimentación para bebés de la OMS, de 1984 y de 2002, la situación actual sigue siendo desastrosa, “la UNICEF ha evaluado en 4.000 el número de bebés que mueren cada día por ingestión de leche en polvo mezclada con agua insalubre o administrada en biberones sucios. Si se hubiesen alimentado con leche materna estarían vivos”; quién así se expresa es el relator especial de NN.UU. sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler.


El proyecto capitalista en su actual versión neoliberal aboga por la privatización de todo, incluidos especialmente los recursos básicos como el agua.
Pero, ¿de quién es el agua? La respuesta es nítida, el agua no es de nadie en particular. Ya lo dijo el jefe indio Seattle: “Esto lo sabemos: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida: es sólo una hebra de ella”. Es pues, de la biosfera, de todos los seres vivos que la habitan, de todos los seres humanos incluidas las generaciones futuras.
Por eso en ningún caso deber ser privada o privatizada. Debe ser un bien común, con control público y democrático. Y como necesidad básica para vivir debe tener la categoría de derecho humano fundamental.
Como bien común, no puede ser poseído por nadie, no puede excluirse a nadie de su acceso, no puede ser usado de manera ilimitada y requiere una gestión protagonizada por los ciudadanos y los usuarios.
Como derecho fundamental tiene prioridad sobre cualquier otra consideración incluida la económica, en lo que se refiere al agua como alimento sano indispensable.
La situación, sin embargo debido a los esfuerzos de la Organización Mundial del Comercio y a los Ajustes Estructurales a los que han sido sometidos los países empobrecidos a la hora de renegociar su deuda con las Instituciones Financieras Internacionales, está siendo de progresiva privatización, mercantilización y monopolio multinacional. A las multinacionales les interesan dos capítulos especialmente: el agua embotellada y la gestión privada del agua pública. En esos dos aspectos la situación es la siguiente: cuatro transnacionales (Coca Cola, Pepsi, Nestlé y Danone) controlan el 30% del agua embotellada y dos (Suez, Veolia) el 70% de la gestión privatizada del agua, en el mundo.
En España, el siguiente cuadro ilumina esto que decimos:


Fuente: INE, 2007
La conclusión es que siendo el consumo del agua del grifo 444 veces mayor que la embotellada, el gasto final de los consumidores es el mismo. Y el agua embotellada es 200 veces más cara que la del grifo.
Pero además, el agua se privatiza de otras maneras, concretamente con la privatización del dominio público, los acuíferos sin protección y privatización del suelo, las concesiones abusivas y tomas clandestinas, el agua virtual y la dieta muy carnívora: expolio del Sur, y la privación a los ecosistemas y generaciones futuras, por la contaminación.
Siendo el recurso más estratégico de los que existen, pues además de mantener la vida de los ecosistemas y de las plantas, nos alimenta y mantiene la agricultura de regadío, ese estado de abuso, contaminación y privatización oligopólica no se puede admitir.
Por ello son muchos los movimientos que en el mundo se resisten y luchan por el agua como bien común, como derecho fundamental y por preservarla de la contaminación y el despilfarro.
Por poner un ejemplo reciente, la lucha en Cochabamba (Bolivia) contra los abusos inevitables de la multinacional que tenía el agua privatizada hizo que saliera ésta del país y ha supuesto el ascenso del movimiento indigenista y popular hasta cotas nunca conocidas.
Los discursos como los de Gorvachev, de la Cruz Verde Internacional (y de forma similar, de las Filantrópicas del gran capital tipo Avina y Ashoka), en el sentido de que las empresas “son las únicas instituciones con capacidad intelectual y económica para resolver los problemas mundiales del agua y que está dispuesto a colaborar con ellas” (Financial Times 17.05.06), ignora dos hechos fundamentales: uno que más del 80% de los servicios de agua en EE.UU. y en la UE siguen siendo públicos, y los han sido desde siempre, y dos que los bienes comunes pueden ser administrados por la sociedad y el estado con igual o mayor eficacia que los privados tal como ha demostrado Ellinor Ostrom, en una vida dedicada a estas investigaciones por lo que le acaban de dar el Nobel de Economía, siendo la primera mujer que lo recibe en la historia.
Por todo ello, el movimiento mundial por la justicia del agua se acrecienta, por ello todos los mensajes neoliberales o ambiguos deben ser rechazados y por ello, la Vía Campesina (movimiento que tiene 300 millones de afiliados en el mundo) tiene como estrategia fundamental la lucha contra los agronegocios y las multinacionales del campo, incluidas las del agua.
Quizá sólo haya que hablar de lugares comunes.

www.ecoportal.net
Paco Puche - Librero y ecologista - Colaborador de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com

Minería en Argentina: «El Poder Judicial está muy lejos de conocer las necesidades de la población»





Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

La Red de Asistencia Jurídica (redAJ) contra la megaminería tiene por finalidad la socialización de herramientas legales que permitan facilitar, dentro de las instancias previstas por el Estado, las metodologías de lucha y los reclamos contra la industria extractiva que se producen en el seno de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

Es un espacio compuesto por profesionales ―mayormente abogados― que se dedican a brindar asesoramiento jurídico a las asambleas que requieran apoyo para enfrentar los avances de las empresas mineras, cuenta Romina Tello Cortez, una de las abogadas de la red.

Mediante un sitio web, la redAJ pone a disposición de las organizaciones territoriales y grupos civiles que componen la UAC un conjunto de contenidos que visibilizan aquellos casos exitosos donde la solución de los conflictos se ha encontrado mediante la intervención dentro los canales de acción institucionalizados.

Son las mismas empresas mineras quienes «muchas veces captan las voluntades de los funcionarios que supuestamente tienen que representar a esas mismas asambleas ―explica Tello Cortez―, pero que en lugar de hacer eso entregan los bienes naturales a estas empresas para que sean completamente saqueados».

En el último encuentro de la UAC, celebrado el mes pasado en la ciudad de Esquel, Chubut, se reconoció la importancia de que la redAJ actúe en «tiempo real» ante la judicialización de las protestas y la persecución a los activistas que las comunidades movilizadas en Argentina contra los proyectos mineros vienen denunciando.

Es esta asimetría entre el poder de las empresas mineras y la voluntad de las asambleas ciudadanas la que crea la necesidad de articular acciones con la Red de Asistencia Jurídica, advierte la abogada. «Surgió como una respuesta ante las propias demandas que se dieron en el seno de la Unión de Asambleas Ciudadanas».

La consolidación del espacio, agrega, recién tomó forma el año pasado, cuando mediante cursos y talleres de formación los militantes de la UAC recibieron las nociones básicas sobre sus derechos, «sobre todo ―afirma Tello Cortez― en lo relativo a la criminalización de la protesta, que es el problema más urgente a cubrir en estos casos».

Por la diversidad de profesionales que integran la red, dice la especialista, una mixtura de sociólogos, politólogos, economistas y, por supuesto, abogados, encuentran a los problemas una respuesta abordada desde múltiples disciplinas. Y que no siempre se halla en la vía judicial. «Es necesario analizar, cuando una asamblea plantea la necesidad de apoyo de este tipo, si la herramienta jurídica es la que realmente requiere y no otro tipo de herramientas como pueden ser la incidencia en el Poder Legislativo o la protesta misma, las acciones más directas», sostiene Tello Cortez.

―¿Cómo es la articulación con la UAC?, ¿tienen alguna vinculación con la Comisión de Legales?

Tello Cortez.―La redAJ y la Comisión de Legales son dos espacios independientes entre sí. La red lo que se propone es trabajar con las asambleas en cada caso en particular en que sea requerido el apoyo, siempre a petición de las asambleas, respetando la voluntad de la asamblea que esté involucrada en ese momento. Obviamente, para los casos donde el problema abarca más de una asamblea la idea es ir coordinando con todas, haciendo circular la información con la UAC, pero siempre trabajando con la independencia que es necesaria para dar una respuesta rápida a las asambleas.

―¿Participan de los encuentros de la UAC para seguir los conflictos?

Tello Cortez.―Participamos de los encuentros para, en primer lugar, ponernos en contacto con las problemáticas de los vecinos en ese contexto, para conocerlos a ellos y que ellos nos conozcan a nosotros, para aprovechar esos encuentros y, de la misma manera que lo hicimos el año pasado, dar la información básica con la que tiene que contar cualquier persona que está llevando este tipo de reclamos. Cuando se trata de defenderse de la represión, cuando se trata de conocer cuáles son sus derechos en cuanto la cuestión de la consulta [previa], lo que obligatoriamente debiera hacer el Gobierno y la minera cuando se trata de instalar un proyecto de grandes envergaduras y con las consecuencias que tiene para el medio ambiente.

―Las asambleas, ¿tienen conocimiento de las herramientas legales y jurídicas existentes?

Tello Cortez.―Por lo general, para los asambleístas es bastante complicado el acceso a un profesional de la abogacía por una cuestión de costos. A veces porque se trata de lugares del interior del país en los que los abogados tienen muchas relaciones con el poder, ya sea político o empresario, por lo cual no se presentan como personas confiables para depositar en ellos la resolución de este tipo de conflictos; o porque se trata de profesionales que cuando prestan algún tipo de apoyo lo hacen muy esporádicamente y sin tener conciencia de que el apoyo a las asambleas requiere de una presencia en el territorio que tiene que ser constante. Entonces, cuando el abogado se encuentra con estas dificultades, no está interesado o del todo comprometido con la asamblea, ocurre que también deja las presentaciones en la nada y puede ser que los asambleístas vean truncos caminos que podrían serle más útiles para frenar el avance de las empresas.

―¿Sentís que hay una preferencia por la acción directa?, ¿se podría apoyar este tipo de acciones en herramientas jurídicas?

Tello Cortez.―Nosotros, particularmente, consideramos que la herramienta jurídica es una herramienta más a disposición de las asambleas. Muchas veces el reclamo ante las autoridades, en la vía administrativa o en la vía penal a través de denuncias contra los funcionarios o contra las empresas, tiene tiempos que, primero, no responden a las necesidades de las asambleas; y en segundo lugar, muchas veces terminan en la nada. Somos conscientes de que el Poder Judicial está muy lejos de conocer las necesidades de la población. Si las conoce y hace oídos sordos, opta por, de alguna manera, ser cómplice o ceder ante las presiones de estas empresas. Entendemos que la herramienta jurídica no tiene que ser la principal por estos motivos, que puede ir apoyando otro tipo de medidas tomadas por las asambleas, sobre todo las que tiendan a consolidar la democracia directa. Que se termine el estigma que existe hoy en día, y que imponen las propias autoridades y las empresas, contra lo que es la protesta, el corte de ruta. En un caso puntual como lo es Agua Rica, los asambleístas son presentados casi como terroristas al resto de la sociedad, lo que tiende a distorsionar la realidad de los hechos.

―¿Existen casos que la reDAJ esté llevando adelante a nivel judicial?

Tello Cortez.―La red por sí misma no lleva casos. Lo que se hace es poner en contacto un conjunto de profesionales que puedan trabajar articuladamente para la presentación en un lugar puntual del país. Recientemente, nos concentramos por los hechos que son de público conocimiento en lo que está ocurriendo en Andalgalá con la Asamblea El Algarrobo[1]. A los efectos de darles apoyo y darle visibilidad al tema a nivel nacional, hemos hecho una conferencia de prensa en la que los propios miembros de la asamblea han solicitado que las autoridades responsables de la represión de febrero sean removidas, y ese evento contó con la cobertura de muchos medios de prensa y, sobre todo, con la presencia de diputados nacionales que de alguna manera están viendo la necesidad de reformar las leyes que rigen la concesión de proyectos a las mineras, que sobre todo se centran en el Código Minero.

―Teniendo en cuenta los crecientes reclamos de comunidades afectadas por la minería, ¿creen que existen en la legislación argentina las herramientas jurídicas necesarias para frenar el avance extractivo?

Tello Cortez.―Las herramientas existen hace mucho. La cuestión es que los jueces, el Poder Ejecutivo y los gobernantes hacen oídos sordos de los pactos internacionales de derechos humanos. Hacen una interpretación de la ley rebuscada en el que sólo se considera al Código de Minería, a las leyes que promueven las inversiones mineras en detrimento de estos pactos que reconocen, precisamente, el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y a ser consultada cuando se trata de emprendimientos que pueden significar que todo un paisaje y todo lo que un pueblo conoce, y con lo que cuenta para desarrollar su producción, pueda desaparecer. Si bien las herramientas existen, la cuestión no se resuelve sólo por ese medio, sino teniendo conciencia de que en este tipo de proyectos hay involucrados intereses de empresas muy poderosas, que tienen mucho poder económico, que tienen el poder de comprar gobiernos a través de sobornos. El problema no pasa solamente por lo jurídico, sino por que tengamos conciencia de que tenemos que presionar por otros lados. Exigir de parte de nuestros gobernantes que se comporten conforme a los juramentos que hicieron al momento de asumir. Y que seamos conscientes de que las empresas no se mueven todo el tiempo dentro de la legalidad, que en la mayoría de los casos prevén los sobornos e incluso tener cuerpos parapoliciales para abrirse camino en mercados que todavía no les fueron abiertos.

―Esas comunidades que hace años están «condenadas» a padecer los efectos de la minería, ¿por qué creen que sufren esta realidad?, ¿porque no cuentan con las herramientas o el asesoramiento adecuado?, ¿porque el sistema legal se corrompe con facilidad?, ¿o porque es obsoleto?

Tello Cortez.―Es una suma de varias cuestiones. El Código de Minería fue pensado para facilitar la inversión de capitales extranjeros en nuestro país. Como explicaba antes, el tema de que los gobernantes muchas veces sufran las presiones o directamente sean cómplices de estas empresas es un factor importante; otro factor importante es el de todas las acciones que desarrolla una empresa cuando conoce que en el territorio en el cual va a instalar su proyecto se van a detonar una serie de conflictos sociales con los que la empresa no quiere encontrarse. Entonces, nos encontramos con que la empresa misma desarrolla una serie de actividades en el territorio para convencer a la población de que esos proyectos son sustentables a largo plazo, que van a generar trabajo, que la empresa minera va a poder cubrir todas las necesidades que el Estado no cubre o deja de cubrir, precisamente, para propiciar que estas empresas ganen el consenso de la población.

Cuando una empresa se encuentra con una población que desconoce este tipo de maniobras, lo más probable es que el avance se produzca casi sin oposición. El vecino puede ver de inmediato que existen avances en cuanto a la cantidad de escuelas con las que cuenta una ciudad, la cantidad de hospitales y cierta cantidad de empleos, que no son los que siempre promete la empresa. Pero en el largo plazo o en el mediano plazo se encuentra con las consecuencias directas sobre su salud, sobre la disposición del territorio, que muchas veces se ve cercado más allá de los límites que se le han concedido a la empresa. De repente se encuentran con que se cerca un río y la población se ve impedida de hacer uso de ese río por el simple hecho de que la empresa así lo quiere.

―Escuchamos muchas veces de los vecinos con quienes hemos conversado que uno de los reclamos más fuertes que tienen es la derogación del Código de Minería, ¿crees que ésta puede ser una realidad posible?

Tello Cortez.―Advertimos que existen muchos legisladores, muchos más de los que existían hasta hace un tiempo, interesados en impulsar una reforma del código minero. Pero también reconocemos que los tiempos del Poder Legislativo no son siempre los tiempos que quisiera la sociedad, los propios vecinos que están viendo amenazada su forma de vida por emprendimientos que ya se están instalando en sus territorios. Muchas veces vemos que proyectos de reforma de este tipo se ven frenados por la agenda que fijan ciertos intereses en un momento dado. Cuando estos temas absorven totalmente la discusión en el ámbito parlamentario es bastante difícil impulsar otro tipo de reformas, sin perjuicio de que existan legisladores que puedan estar interesados en que estos proyectos avancen. Sabemos que todavía no existe el suficiente apoyo a nivel legislativo como para que esta reforma salga lo más rápido posible.

―Existen provincias argentinas que actualmente cuentan con leyes que prohíben algunos tipos de minería, ¿crees que estas legislaciones pueden llegar a tener algún futuro?

Tello Cortez.―La ofensiva de estas empresas en pos de conseguir recursos es constante, entonces, no se ve frenada por el solo hecho de que un gobierno sancione una ley de prohibición de determinado tipo de minería; siempre van a seguir avanzando. Un ejemplo claro de esto es el intento en provincias donde, si bien está prohibida la minería a cielo abierto contaminante, existen ahora proyectos de parte de los gobiernos de establecer zonas que se llaman de «sacrificio», zonas en las que será posible iniciar este tipo de proyectos e instrumentarlos como resultado de la modificación de una ley que antes los prohibía. Hay muchas asambleas que si bien han conseguido estas prohibiciones, luego de largos años de lucha, actualmente están a la espera de que no se sancionen estos proyectos que permiten la zonificación, y siguen luchando como el primer día para que esto no ocurra.

Notas:
1] Sobre este tema consultar la entrevista a Sergio Martínez, de los Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá, publicada por esta agencia el 11 de febrero de este año.