No existen contradicciones en impulsar la minería (?)





Así lo expresa el ingeniero Roberto Tronelli, ex director General de Minería e Hidrogeología de Río Negro y Director de Promoción Minera de la Nación, y reflexiona a partir de las últimas opiniones de la legisladora Magdalena Odarda contra la minería.

Nuevamente se alzan voces con acento apocalíptico sobre la minería y su desarrollo. La legisladora Odarda, con la cual mantengo una relación amigable, recientemente emitió una opinión queriendo demostrar que existen contradicciones entre el estatus legal y las manifestaciones políticas sobre la necesidad de desarrollar la minería. 
Para ello, en primer lugar, comenzó en su escrito con la consabida estrategia del miedo diciendo: 
“Tal vez el más emblemático sea el Caso La Alumbrera y el más doloroso sea el Caso Abra Pampa, donde cerca del 80% de los niños sufren graves problemas de salud por la plombemia provocada por los residuos de escoria de plomo causados por una mina cercana…” 

Sobre ello les aclaro a los lectores que: 1º La Alumbrera en Catamarca no tiene ningún problema ambiental y 2º El caso de Abra Pampa, en Jujuy, es producto de operaciones de hace de 30 a 40 años atrás, época en la que la conciencia social no tenía en cuenta el hecho ambiental, lo que  hacía practicable operaciones industriales sin los resguardos ambientales adecuados, por lo que no puede la legisladora esgrimir un hecho acaecido en otras épocas, para condenar a una minería ambientalmente regulada en la actualidad y que se desarrolla con tecnologías adecuadas para ello. O sea, no es lícito apelar a tergiversaciones de la realidad para instalar miedo y tener un terreno propicio para que cualquier aseveración sea fácilmente aceptada por un público de buena voluntad pero con poca información.

Siguiendo con la conformación de ese terreno propicio sigue en su escrito la legisladora continúa con ambigüedades, diciendo:
“…Y es que la explotación de minas a cielo abierto es una fuente inagotable de delitos ambientales…”. 
Decir que es una fuente inagotable de delitos ambientales, es fácil, pero demostrar que es cierto en la moderna minería actual le sería más difícil.

Sobre los delitos citados expone una vinculación estrecha con la corrupción en el sector del Estado, diciendo: 
“…Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y, habitualmente, quienes promocionan la industria minera en el ámbito del Poder Ejecutivo son los mismos a los que se les encomienda el control de la contaminación…” 
Con lo cual envía dos mensajes que calan hondo en el espíritu de los ciudadanos que son: 1º El Estado es un ente incapaz de controlar ambientalmente a los procesos productivos por ineficaz y por corrupto, o sea el Estado está contra los interesas del pueblo, y 2º Muestra como una incompatibilidad que el Estado a través del organismo específico promueva una Minería sustentable y que por otro organismo controle la posibilidad de la contaminación. La coexistencia en el Gobierno de dichas funciones es un hecho que se desprende de las obligaciones del mismo. Este hecho ha sido reconocido por la misma Odarda, cuando en su discurso en la legislatura promocionó la creación de un ministerio de ambiente, lo que de alguna manera en el nuevo gobierno se ha realizado haciendo depender al organismo ambiental rionegrino, el CODEMA, directamente del Gobernador. Muy mala memoria la de la legisladora; para un observador, en ello, existe una confusión o una contradicción. Aunque la legisladora diga que esos conceptos no son de ella sino que las atribuye al: “…Fiscal Antonio Gustavo Gómez - Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán - Argentina - en una reciente nota titulada “Minería y Delito..”, tanto para ella como el tal fiscal valen los dichos. Es de seguro que un Gobierno ético, decidido a asumir en su política de estado, la responsabilidad de formar dentro de las estructuras gubernamentales cuadros profesionales aptos, bien remunerados, financiados con fondos provenientes de las mismas empresas a las que se auditen, capaces de ejercer real control ambiental de los procesos mineros, y que  se encuentren a la altura de discutir en paridad de condiciones con los técnicos y empresarios de la actividad privada, puede dar a la sociedad un mensaje de confianza alejando los fantasmas de la corrupción y protegiendo ambientalmente a la comunidad.

Sobre lo que dice de: 
“…que en apariencia se ofrece a los crédulos como “progreso, desarrollo sustentable, fuentes de trabajo, etc”, y tantas otras ficciones que utilizan tanto las empresas como algunos espacios de poder gubernamental…”
Les cuento que en el año 2002 los puestos de trabajo vinculados con la actividad minera alcanzaban a los 75.000, en esta década subieron a 400.000. 

La legisladora cita:
“…La apropiación a través de las prácticas extractivistas de la minería a gran escala, es una forma más de acumular a través de la desposesión de los bienes naturales comunes que se encuentran bajo la tierra. Las consecuencias de esta forma de generar riqueza para beneficio de las empresas, solo ha provocado inequidad, violencia y daños enormes a la naturaleza que repercuten indefectiblemente en la vida y las economías de los pueblos…”
Yo les digo que es una frase de bombos y platillos. Vamos a desglosarla: 1º La minería a gran escala es la única forma económica de extraer ciertos materiales que en la naturaleza se dan en pocos gramos por tonelada. O amigo lector, ¿de donde cree que sale el cobre con el cual convive todo el día de su vida y si él cual usted no tendría ni electricidad, ni aparatos domésticos, transportes, etc.? ¿Sabe de donde? De explotaciones mineras que por día remueven más de 100.000 toneladas de rocas mineralizadas!! No de una bucólica vetita de mineral de cobre de otros tiempos, cuando la humanidad estaban muy lejos de alcanzar la cifra  cercana a los 3 mil millones de habitantes. 2º Habla de “desposesión de los bienes naturales comunes que se encuentran bajo tierra” y yo les digo bienes son solo los que se ponen a disposición de la humanidad, los que siguen bajo tierra no son “bienes” y si una vez extraídos existen leyes que no fomentan la distribución de la riqueza generada, allí está la función del político y de los gobiernos de hacer leyes que lo contemplen. Que quede en claro que, la factibilidad técnica existe y que la distribución de las riquezas depende de las leyes. La realidad actual de los precios internacionales de los metales hace que necesariamente deban reverse las leyes promociónales existentes, para que las empresas tributen mayores regalías a la comunidad, asociando las mismas a una ecuación precio-costo.

La diputada aboga por:
“La ley rionegrina no debe derogarse. Principio de No Regresividad… Rio Negro tiene una ley que prohíbe la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas como el cianuro… llegar a modificar o derogar la ley se producirá una violación al principio de Progresividad de la ley General Del Ambiental 25675, que define a este principio en el Articulo 4 de este modo: “Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.”. 
Para ello se apoya diciendo que se ha avanzado y por lo tanto no se puede retroceder. Es un artificio para apoyar su rotundo NO al desarrollo minero. Se olvida a Legisladora que la ley anti cianuro se basa en el Principio Precautorio, el cual dice que si no hay seguridades de que no se contamine, se prohíbe la actividad, por lo tanto le pregunto, ¿qué pasa si aparecen las seguridades? ¿debe seguir vigente la ley porque ya existe o se puede cambiar dada las nuevas evidencias? El Principio Precautorio no es un elemento congelante del tema, sino un desafío a buscar seguridades para llevar adelante una tarea. El Principio de Progresividad no es aplicable a este caso. Lo lamento.

Por último la amiga Odarda finaliza diciendo: 
”... El Estado provincial deberá consolidar la vida democrática en favor de la paz social y no del conflicto, respetando los derechos reconocidos y escuchando a las organizaciones sociales que recogen, difunden y alertan acerca de las actividades extractivas, siendo la voz de los pueblos afectados por la minería. (CC/ARI…” 
Yo le digo, ¿porqué no le pegunta hoy a los amigos de nuestra denominada Línea Sur? Se llevaría una sorpresa.

Los que pensamos que puede hacerse minería compatibilizando su accionar con la sustentabilidad de las demás actividades y la vida, tenemos la obligación social de comunicarlo, señalando que:

•    Existen la factibilidad técnica de realizarlo,
•    Los planes ambientales para conducirlo,
•    La posibilidad de control y participación,
•    La existencia de planes de contingencia de riesgos con alertas tempranas,
•    Los planes de remediación y de atención al cierre de los emprendimientos mineros.

Creo que el desarrollo de la minería en nuestra provincia y el país, aparece como un factor de desarrollo que potenciará las actividades tradicionales, logrando aumentar la diversificación de los recursos, aumentando con ello la estabilidad del sistema económico en los tiempos de baja de algún sector de la producción, y como creadora de riqueza. Esto pondrá en manos de los organismos de nuestra sociedad organizada, la responsabilidad de elaborar las regulaciones adecuadas para que la distribución de ese aumento de la riqueza alcance a todos los habitantes de nuestro país y en especial a los de las zonas donde se instalen las operaciones mineras.

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